Diana tiene 35 años, una hija y un embarazo de 10 semanas. Una mañana de invierno del 2022 acudió a la clínica pública México-España, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, para interrumpir ese embarazo. Sabe que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, así que buscó en internet el procedimiento, los lugares y los requisitos.

La mañana que acudió a la clínica era la décima en la fila. Antes de ella había una joven que venía de Querétaro acompañada de su mamá; y una chica con uniforme de secundaria acompañada de dos amigos con el mismo uniforme, entre otras mujeres. A las 7 de la mañana ya eran unas 30 personas y para las 8, cuando entregaron las fichas, la mitad se tuvo que ir a su casa por no alcanzar turno.

Cuando la trabajadora social le revisó sus documentos le dijo que le faltaba una prueba de sangre. “Eso no está en los requisitos de internet”, espetó, “pero se necesitan y sin ellos no puedes entrar”, le respondió la mujer. Ni hablar. Diana regresó a casa con su ficha y su embarazo. 

Al día siguiente decidió no volver a intentarlo ahí, porque no le darían permiso en el trabajo y no quería exponerse a más incertidumbre en un proceso ya de por sí complicado. Terminó yendo a una clínica particular donde pagó 3,500 pesos (unos US$ 193) por el procedimiento de aspiración sin anestesia. Hubiera elegido no sentir el dolor que sintió, pero no tenía los 2,500 pesos adicionales para ello.

Después de luchar 50 años por la despenalización del aborto y lograrlo desde hace 15, en la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero el acceso a este derecho enfrenta muchas barreras: de información, de recursos materiales y humanos, administrativas y de clase. 

Citlali es una joven del Estado de México. Cruzó la frontera invisible con la Ciudad de México para realizarse un aborto. Llegó a una de las clínicas públicas en el norte de la ciudad y, además de que la trabajadora social la quería disuadir de hacerse el procedimiento, le quiso cobrar 3,000 pesos. Citlali no sabía que tiene derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, solo había escuchado que podía abortar sin el riesgo de ser llevada a la cárcel. 

Abortar en la Ciudad de México y la forma en cómo lo hacemos es una cuestión de privilegio.

Caída estrepitosa

Desde el año 2007 que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el gobierno local ha practicado 256 mil 665 procedimientos, el 85% a través de medicamento y el resto por AMEU (aspiración manual uterina). Sin embargo, desde el 2014 la cantidad de procedimientos ha disminuido.

¿Qué significa esta disminución de los servicios brindados por el Estado? Para activistas, es un reflejo de la falta de accesibilidad al derecho, para la Secretaría de Salud local es más bien una estabilización de casos, luego de un repunte por la disminución de abortos considerados “clandestinos”, sumado al confinamiento pandémico.

Y si bien el confinamiento complicó el traslado y el acceso de las mujeres a procedimientos en instituciones públicas, y fueron otras mujeres, las acompañantas, las que solventaron esa ausencia del Estado, eso no explica la caída sostenida desde 2014.

Colas, fichas, gasas y papel de baño

Si una mujer quiere interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, en los servicios gratuitos del Estado, tiene que llamar al ILETEL (555132-0909) o acceder a internet y buscar las clínicas y los horarios en que se ofrece el servicio. 

Uno de los primeros resultados de la búsqueda es la página oficial de la Secretaría de Salud (Ssa). Ahí leerá que no puede ir a cualquier clínica, pues solo se ofrece en siete unidades médicas y ocho hospitales; que el horario inicia a las 8:00 am, pero en la práctica sabrá que tiene que hacer fila a las 6:00 am para alcanzar una de las 20 fichas que se reparten. Si no alcanza, deberá intentarlo al día siguiente, con las complicaciones que ello implica: volver a pedir permiso en el trabajo, volver a encargar a lxs hijxs y volver a gastar dinero en el transporte público.

En la capital del país, el acceso a la interrupción legal del embarazo público no es una garantía. Esta es una de las principales quejas que hacen usuarias, acompañantas y organizaciones de defensa a los derechos humanos. 

Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, dice: “Antes pensaba que el principal obstáculo eran las leyes y la falta de gratuidad, o sea, que las mujeres no accedían a abortos seguros porque solo estaba garantizado en CDMX, pero el hecho de que ya sea legal en otros estados me ha cambiado la visión. Ahora creo que el problema, más bien, es la falta de información y los estigmas que hay alrededor (…) Casi todas las feministas sabemos cómo usar el misoprostol y que abortar es nuestro derecho, pero lo sabemos nosotras. Hay muchísimas mujeres fuera de nuestros círculos que no lo saben, que creen que conseguir ‘miso’ es difícil e ilegal, incluso tenemos muchos casos donde acuden a médicos que les recetan procedimientos incompletos o erróneos porque, aunque son médicos, no están actualizados en el tema, no conocen el uso del ‘miso’, por negocio o simplemente porque anteponen su supuesta ética a la salud y deseos de la paciente”.

Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, asegura que “en efecto, hay todavía muchas personas, incluso en la Ciudad de México, que no saben que se puede acceder a un aborto en las clínicas públicas”.

En la página de internet se establece que los requisitos para acceder a la ILE son:

• Identificación oficial, en original y copia.

• La Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar a residentes y ciudadanos mexicanos.
• Comprobante de domicilio en original y copia (último recibo de predial, luz, agua, gas, televisión paga, teléfono fijo o servicio de internet).
• Cédula de Gratuidad (residentes de la Ciudad de México).

• Se recomienda acudir con un acompañante con identificación oficial en original y copia.

Pero en la práctica cotidiana, las mujeres señalan que se les exige también prueba de sangre, la recomendación de acompañante se vuelve obligación y se les piden insumos como gasas, papel de baño o cloro porque la clínica pública no tiene recursos económicos para ello.  

Incluso en algunos casos, mujeres han testimoniado el cobro por el servicio que debería ser gratuito, como el caso de Citlali, la joven del Estado de México a quien una trabajadora social quiso cobrarle 3,000 pesos por un procedimiento en un hospital público. Su testimonio fue recogido por Lurel Cedeño Peña en su tesis doctoral “La experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas: entre el estigma y el empoderamiento”. 

Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en CDMX, al mes de febrero de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha armado 16 expedientes de queja vinculados a la presunta violación a los derechos a la salud y de las mujeres, relacionados con la ILE. En los casos registrados se observa que:

• En 10 de los 16 expedientes, se manifestó que hubo obstrucción o restricciones por parte del personal médico para poder realizar el procedimiento.
• En todos los casos se declaró que recibieron malos tratos por parte del personal que atiende en los hospitales.
• La mitad de las personas peticionarias o agraviadas denunciaron que fue necesario acudir a más de un hospital para conseguir la atención.
• En solo uno de los casos, la autoridad señalada como responsable no fue la Secretaría de Salud, sino personal de la Fiscalía especializada.
• En uno se refiere a que el procedimiento del ILE no fue correctamente practicado y se puso en riesgo la salud de la paciente.
• En tres casos solicitaron requisitos adicionales, como análisis clínicos, testigos o estudios clínicos pagados de manera particular.

“El servicio funcionaría si hubiera conciencia de las barreras para llegar al aborto y se actuara para combatirlas”, dice Maricarmen Teolli, acompañanta. “Por ejemplo, solo por referirnos a las barreras económicas: tener saldo en el teléfono para hacer una llamada en busca de información, llegar, regresar, pagar pruebas de sangre, los insumos que piden… Muchas veces el que una mujer ejerza su autonomía depende de tener 100 pesos de saldo en el celular”.

Actualmente, solo en dos lugares, el Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada y la Clínica de Salud Reproductiva Beatriz Velasco de Alemán, ambas ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del centro de la ciudad, dan atención ampliada e incluso los fines de semana. 

“Eso es muy importante porque hay quienes no tienen la posibilidad de acudir entre semana”, porque tienen que pedir permiso en su trabajo, dice Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, y agrega que para que una mujer pueda ir a pedir el servicio a las 6 de la mañana debe echar mano de muchas herramientas y redes de apoyo: el ejercicio del derecho a abortar es un tema de justicia sexual y reproductiva.

Del total de interrupciones legales del embarazo que realiza el gobierno local, el 68.7% son a mujeres que radican en la Ciudad de México y el resto a otros estados del país, siendo los principales: Estado de México (con el 87.5% del total de procedimientos a foráneas), Hidalgo y Puebla.

Y si bien Patricia López, acompañanta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), reconoce que una buena práctica es la prioridad que dan a las mujeres foráneas para atenderlas el mismo día, mediante el procedimiento de AMEU, para las que sí radican en CDMX no hay suficiente atención.

Lo ideal, propone Stephanie Lomelí, es que el servicio de ILE se proveyera en cualquier centro de salud, clínica u hospital de la ciudad, y no que se limitara a unos cuantos, como sucede actualmente.  

En ello coincide Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica, que lucha por el acceso a abortos seguros: “si bien no estamos diciendo que desaparezcan las clínicas de ILE, nos parece que hoy por hoy cualquier mujer debería poder llegar a una clínica, decir que lo necesita y obtener el servicio con la misma calidad”. 

En experiencia de las acompañantas, los servicios públicos también deberían mejorar la publicidad y atención para que sea cálida, clara, sin estigmas y sin presión para llevarse un método anticonceptivo. 

La falta de información pública sobre este derecho ha dado pie a que en la entrada de las clínicas haya personas anti-derechos que, disfrazados de médicos y enfermeras, desinformen y coopten a las usuarias para obstaculizar el acceso al aborto. Mujeres que, según la titular de la Administración del Seguro Social (Ssa), Olivia López, inhiben la interrupción del embarazo con información falsa, e “incluso a mujeres que no están embarazadas les realizan el ultrasonido y proyectan imágenes de fetos que no existen en su vientre”.

Adolescentes y su derecho a la justicia reproductiva

El documento “Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública”, realizado por el gobierno de la CDMX, señala que se ha reducido más el número de ILE entre niñas y adolescentes, que entre las mujeres adultas, aunque no refiere razones. Y señala también que en alcaldías menos urbanas, como Milpa Alta, la probabilidad de embarazo infantil es muy elevada, y muy reducida la probabilidad de que las niñas accedan a la interrupción.

El Comité de Expertas de Belém Do Pará señala sobre los embarazos infantiles que “todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”. 

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en la CDMX se registraron 635 violaciones sexuales contra niñas de 1 a 17 años, solo de 2019 a 2021, es decir, una cada dos días. Aunque seguramente son más, porque como señala la directora de esta organización, Tania Ramírez, “hay un subregistro de estos casos”.

En caso de una violación, la Norma Oficial Mexicana 046 establece que se puede acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)  incluso sin denuncia judicial de por medio, y no hay un límite de semanas gestacionales para llevar a cabo el procedimiento. 

Sin embargo, el número de IVE es muy bajo. Por ejemplo, en ese mismo periodo en el que hubo 635 violaciones sexuales contra niñas (2019-2021), solo se registraron 116 IVE en mujeres en general, aunque de acuerdo con las autoridades, eso se debe a que muchas prefieren acceder a la ILE para evitar cuestionamientos.

Pero si ese es el caso, ¿cómo van a saber las adolescentes que pueden acceder a un aborto si no hay campañas de difusión?, cuestiona Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María: “Vemos a veces campañas que hablan de la vacunación o de otro tipo de servicios, y pues ILE nunca está presente”.

Las cinco alcaldías con mayor índice de fecundidad en adolescentes son Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa.  De acuerdo con un análisis realizado por Verónica Esparza, coordinadora de Investigación en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en Milpa Alta y Cuajimalpa hay menos información, menos presupuesto y, por lo tanto, menos posibilidades de acceso a una ILE. Lo cual tiene un impacto en la vida presente y futura de esas adolescentes. 

Al respecto, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX explica que es necesario mucho equipamiento para llevar el servicio a las alcaldías más alejadas, por lo que se concentran en prevenir el embarazo, mediante campañas sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos en escuelas de educación media y media superior.

Uno de los requisitos para que las adolescentes puedan acceder a una ILE o una IVE es que vayan acompañadas por su padre, madre o tuto, lo cual, de acuerdo con acompañantas, complica el acceso por el estigma que hay alrededor del embarazo adolescente.

La criminalización permanece 

La falta de información sobre el aborto afecta también a las mujeres adultas que viven en las zonas menos urbanas, “como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, donde todavía hay mucho estigma”, dice Patricia López, acompañanta de Ddeser. En su experiencia, en esas zonas “todavía hay muchos mitos y estereotipos al respecto, como que un aborto es culpa de la mujer”. 

A la falta de información se suma el hecho de que el aborto sigue siendo un delito contemplado en el Código Penal: “mientras eso continúe, las mujeres seguirán teniendo temor de solicitar o buscar servicios, porque están preocupadas de sí su caso cuadra o no en un marco legal”, dice Mara Zaragoza, de Ipas Latinoamérica.

Se trata de un temor fundado: la CDMX es la entidad donde hubo más Carpetas de Investigación (CDI) por aborto en el año 2022 en todo el país: 192 personas fueron denunciadas por ese delito, una denuncia cada dos días. 

También en el acumulado de 2015 a 2022, la capital del país quedó en primer lugar con 945 denuncias. 

Que el aborto siga como delito en el Código Penal hace también que el personal de salud sienta riesgos, “y esa incertidumbre legal, lo único que trae como resultado es mayor rechazo, falta de atención y negación de servicios, que ponen en juego lo que se supone que es lo más importante: la salud y bienestar de las mujeres”, agrega Mara Zaragoza.

Abortar en clínicas privadas

Mientras el aborto siga siendo más un privilegio que un derecho, las mujeres optarán por interrumpir sus embarazos con acompañantas, pero también en clínicas privadas, donde tampoco hay garantía de una atención sin prejuicios o incluso a un precio justo. Además, los hospitales privados no están obligados a informar a la autoridad sobre el número de servicios de ILE o IVE que dan.

Este relato lo comparte Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, quien acompañó a una amiga a realizarse una ILE en una clínica privada en el año 2012.

“Acompañé a una amiga que en ese entonces tenía 21 años y tenía 10 semanas de gestación. Somos de Toluca, así que tuvimos que trasladarnos en bus primero, llegar a (la estación) Observatorio y de ahí a la clínica que estaba por la estación Indios Verdes. Cuando llegamos le empezaron a cuestionar por su salud, que si tenía un TAC, que si no estaba alimentándose bien para que no se le notara, frente a todas las demás pacientes. La persona que estaba en el mostrador era un hombre y le hizo un interrogatorio extenso. Ella pidió ver el ultrasonido y la ginecóloga le dijo que si quería verlo era porque no estaba segura y ella no podía perder el tiempo, tenía muchas pacientes. Mi amiga quería de alguna forma despedirse del embrión. Luego le dijo que tenía 13 semanas y media y que, por eso, el costo era más alto y tenía que ser otro proceso. Mi amiga quería un AMEU y le dijeron que sí, pero además la forzaron a pagar más y a tomar una dosis de ‘miso’. Mi amiga comenzó con mucho dolor, escalofrío y náusea, síntomas fuertes del ‘miso’ y estaba muy asustada. El encargado del mostrador le gritó y la maltrató. Llegamos a la clínica a las 9:30 a. m. más o menos y la atendieron cerca de las cuatro o cinco de la tarde, pero a mí me dieron informes hasta las seis. No la anestesiaron, sintió todo y la ‘gineco’ la regañaba por moverse, por respirar profundo. Después la dejaron una hora esperando, semidesnuda, leyendo sobre anticonceptivos. Le volvieron a hacer un ultrasonido para que viera que el útero estaba vacío. Por días tuvo dolor y después, una infección”.

Julia Escalante, activista por los derechos sexuales y reproductivos, realizó una investigación sobre el servicio de ILE en clínicas privadas y encontró —con excepciones— que hay lugares donde hacen trabajar al personal médico 10 horas seguidas, con poco tiempo de descanso por lo que no dan consejerías ni explican las señales de alarma. Lo cual implica un riesgo para las usuarias; además de que se les exige practicar y vender los procedimientos y métodos anticonceptivos más costosos. Encontró también una alta fluctuación de personal en las clínicas.

Escalante registró el caso de una mujer que tenía un embarazo ectópico y la aspiración mal practicada terminó en una perforación. Días después del procedimiento ella llamó a la clínica para decir que tenía dolor, le dijeron que era normal. “Terminó en un hospital con una infección y una cirugía que costó 70,000 pesos (unos US$ 3.785)”.

Otra experiencia que acompañó Daniela Medina sucedió en otra clínica privada, en la colonia Roma:

“Mi acompañada tenía 20 años y 8 semanas, ella quería abortar con ‘miso’. Le dijeron que no podía usar medicamentos porque tenía más de 12 semanas y tenía que ser forzosamente con AMEU (que salía mucho más caro, que con medicamentos). Le hicieron firmar una especie de deslinde de responsabilidades si se ponía mal en Toluca. Yo aún no sabía cómo funcionaba el ‘miso’ y pues creímos en lo que decía la ‘gineco’. En ese momento yo tenía unos 2 años acompañando, no conocía muchas clínicas y no tenía tan presente el concepto de violencia ginecológica ni de derechos que tengo hoy”. 

Para Daniela, estas experiencias que acompañó son ejemplo de cómo se sigue castigando a las mujeres por decidir y cómo se lucran de nuestro desconocimiento. “En las clínicas privadas es común que intenten cobrarles de más a las mujeres, que aumenten el precio por cada semana de gestación. En casi todas las clínicas dicen que hay acompañamiento psicológico, que es libre de estigmas, pero esa vez parecía todo lo contrario”.

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.