Martina* no volvió a su pueblo, en Veracruz, México, de donde tuvo que salir para buscar interrumpir un embarazo, producto de una violación, que ponía en riesgo su vida. Tenía 13 años. En los Servicios de Salud le negaron la atención que necesitaba y se vio forzada a desplazarse, lejos de su casa.

“Tememos por la integridad de mi hija, que alguien la moleste, que sea señalada porque como es un lugar tan pequeño, se supo lo que había pasado. Todo tiene secuelas, nos queda temor a la sociedad”, contó Gabriela*, mamá de Martina.

Son originarias de Teocelo, Veracruz, un estado donde fue aprobada una reforma en junio de 2021 que despenaliza el aborto durante el primer trimestre de embarazo y elimina el plazo en los casos de víctimas de violencia sexual, como sería cualquier niña con diagnóstico de embarazo.

Pero, como evidencian las cifras, aún no hay garantías para que las niñas víctimas de violencia sexual accedan a un aborto seguro y gratuito y esto significa que siguen expuestas a vivir la realidad de Martina y su familia.

De acuerdo con la Dirección General de Salud de Veracruz, 699 niñas, de entre 10 y 14 años, parieron en 2021. El 53 por ciento de ellas tuvo su primera consulta en alguna institución pública durante el primer trimestre de embarazo. Estaban a tiempo de ser atendidas de manera segura, pero por alguna razón, cientos de ellas siguieron con ese embarazo. En ese año el total de interrupciones realizadas por los Servicios de Salud fue de seis. Las demás niñas, o viven obligadas a ser mamás, o buscaron la interrupción por su cuenta fuera de Veracruz, como Martina. 

En 2022, el año siguiente de la reforma, el panorama no cambió. De hecho la cifra llegó a 747 casos de niñas que tuvieron que parir. De ellas, 376 fueron a su primera consulta dentro del primer trimestre de embarazo. El total de interrupciones en los servicios de salud en este año fue de seis también.

Es decir, en dos años y en el contexto de la despenalización del aborto, el Estado habría negado o hecho caso omiso a la restitución de los derechos de 1.446 niñas, que viven obligadas a ser mamás, sin contar las que resolvieron abortar por fuera del sistema de salud, que son casos que no entran en las cifras oficiales.

Todas son víctimas de agresión sexual ‘porque son menores de edad, niñas como Martina, y no puede considerarse que sus relaciones sexuales sean consentidas’. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un fallo emitido en septiembre de 2021.

El primer trimestre del embarazo es cuando las condiciones son más favorables para que las niñas puedan someterse a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La mayoría de las víctimas han logrado acudir al Estado durante ese término.

“Es muy preocupante porque esos números son de partos, de nacimientos que tuvieron su primera consulta en un momento importante donde hay menos riesgo”, dijo Adriana Fuentes Manzo, abogada de Equifonía A.C. , la organización que representó a Martina y la ayudó a interrumpir su embarazo lejos de Veracruz.

Con o sin reforma, el Estado no ha garantizado los derechos de las niñas que están dentro de esas cifras, salvo las 12 que sí fueron atendidas en 2021 y 2022. Se trata de un problema de salud pública que no solo se vive en Veracruz, o en los 31 estados más de México. 

Las maternidades forzadas en niñas son una epidemia silenciosa que está golpeando fuertemente a la región. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en donde los partos de niñas menores de 14 años siguen aumentando, como ha documentado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). 

Se habla de que son embarazos que ponen en riesgo la vida porque, por ejemplo, una niña que queda en embarazo tiene cuatro veces más riesgo de presentar complicaciones que una mujer adulta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que de dos millones de niñas menores de 15 años que paren en el mundo, 70.000 de ellas mueren durante el embarazo por algo tan sencillo como que el suelo pélvico no está preparado para llevar el embarazo y hay mayor riesgo de preclamsia, que aumenta el riesgo de muerte.

Además, esta realidad tiene impactos más profundos. Un gran número de niñas del continente, a quienes se les ha forzado a mantener embarazos producto de violaciones, ha considerado quitarse la vida y algunas lo han hecho, porque no ven futuro posible.

Martina no quiere ir al colegio

Martina estudiaba la secundaria, pero un día no quiso volver al colegio. No quería nada. “La niña tuvo miedo de hablar con nosotros, no nos contó lo que estaba pasando”. Así fue hasta que presentó desmayos y la llevaron a una clínica donde les dieron la noticia. Entonces contó todo. Su agresor fue un tío que tenía 20 años. 

“Nos comentó cómo sucedieron las cosas. Fue algo muy duro, muy difícil. No sabíamos qué hacer, mi esposo estaba muy alterado, yo en shock. Fue algo increíble”, narró Gabriela.

Denunciaron al agresor y eso les valió el rechazo de la familia. Se desbarataron acuerdos que tenían sobre su casa y la perdieron. Se les empezó a derrumbar todo lo que habían construido.

A Martina le negaron la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) dos veces.

La primera porque el director de la clínica de Teocelo les recomendó que debía parir (se encontraba en la semana 15 del embarazo) y al mismo tiempo se negó a que se le atendiera, lo que puso en riesgo su vida.

“Hablamos con el director del Centro de Salud, pero no nos dio el apoyo. Nos decían que aquí no estaba permitido, que era un riesgo para mi hija y que lo más recomendable era seguir con el embarazo. De la Fiscalía vinieron a hablar con el director para apoyar la razón del riesgo para la salud (de seguir con el embarazo). Aun así, no nos quisieron apoyar”, dijo la mamá de Martina.

Las enfermeras que habían hecho el ultrasonido se acercaron por su cuenta a la familia y les dieron el contacto de Equifonía. “Afortunadamente en el hospital hay enfermeras amigas de nosotros y nos apoyaron”.

Esa circunstancia fortuita definió el rumbo de la vida de Martina y su familia. Siguieron adelante con acompañamiento.

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz, que ya había iniciado una carpeta de investigación por la denuncia de violación, condujo a Martina al Hospital de Especialidades Médicas, que está en Xalapa, la capital de Veracruz.

En ese momento Equifonía pensaba que solo daría una asesoría a la familia, pero las cosas se complicaron. Llegó la segunda negativa:

Un doctor del Centro de Especialidades Médicas de Xalapa (capital de Veracruz) se declaró objetor de conciencia en un Comité de Bioética en el cual se decidió que Martina debía ser mamá, pese a que su vida estaba en riesgo.

Eso fue antes de la reforma, pero para entonces ya existían bases legales para que el Estado garantizara los derechos de esta niña de 13 años embarazada por un violador.

La Norma 046 -que ya estaba vigente- señala el derecho de las víctimas de violencia sexual y la Ley General y otras leyes estatales de víctimas lo contemplan como un servicio de restitución de derechos, con lo cual -dijo Adriana Fuentes Manzo- podrían haber hecho una “interpretación amplia” en favor de la víctima cuya vida estaba en riesgo.

“Al final dijeron que el marco normativo los restringía y que no podían hacer nada”, contó Manzo, que estuvo en esa reunión. El embarazo de Martina superaba las 12 semanas y los doctores decidieron no intervenir. “Volvieron a hacer lo mismo (que el primer doctor). Sin análisis. No hicieron una interpretación amplia que podrían haber hecho para salvaguardar los derechos de la niña”, agregó la abogada.

El hospital entregó un documento a Equifonía donde les informó que no podía realizar la interrupción y que era una decisión tomada durante el consejo.

“Derivado de la sesión médica del día de hoy, en la que constituidos en colegio médico, con la participación de especialistas de este nosocomio, así como de expertos en la Nom-046-SSA2-2005 de la jurisdicción sanitaria, personal de Trabajo Social y Unidad de Género; previo estudio del caso y escuchadas las opiniones técnicas y en apego a la normatividad aplicable al caso, específicamente en lo tocante a que la paciente cursa 15 semanas de embarazo, con fundamento en las fracciones II y III del artículo 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, NO A LUGAR A LA PRÁCTICA DE LA I.L.E. (Interrupción Legal del Embarazo) a la paciente de identidad resguardada. Adicionalmente se hace refregamiento a quien corresponda para que a través de otra institución de la salud pueda ser re valorada la paciente” (sic), dice el documento.

La representación legal de Martina esperaba que, si los Sistemas de Salud pública no podían dar solución, la enviaran a una instancia específica donde sí se pudiera. La Fiscalía había cuidado toda la cadena de los indicios que se iban a recabar tras la intervención médica.

El Estado, en opinión de Equifonía, tenía la oportunidad de hacer una interpretación que le restituyera sus derechos a la niña de 13 años, agredida durante un momento en que se quedó a solas con alguien en quien confiaba por ser su pariente.

Si bien la objeción de conciencia está contemplada en la Ley General de Salud, la Suprema Corte se pronunció declarándola inválida.

“Esas sesiones deberían ser a favor de ellas, garantizando su derecho a la salud. Son niñas víctimas de violencia sexual que no saben que están embarazadas y cuando se enteran superan las semanas. Martina es un caso concreto”, dijo la abogada.

“Con el tema de las niñas nos preocupa mucho que después de las 20 semanas se nieguen porque no hay capacitaciones, insumos. Hay consejería que trata de disuadir, ahí se puede colar la objeción de conciencia, que es personal y no institucional”, agregó.

En opinión de la abogada Adriana Fuentes, la reforma penal de Veracruz “ha sido un logro” pero los Servicios de Salud no van a la par de ese logro, como lo muestran las cifras de 2021 y 2022. “Es la brecha de implementación lo que está fallando”.

Durante el proceso, Martina, su mamá y su papá enfrentaron otro tipo de trabas, situaciones propiciadas desde los sistemas de Salud que apuntaban a disuadirlos de su decisión.

Las dudas acechan a la familia. El papá, que en ese momento no tenía trabajo, “se entregó a la voluntad de Dios” y se resignó a que su hija continuara el embarazo. La mamá pugnó por seguir el proceso de interrupción.

Sigue sucediendo después de la despenalización del aborto en Veracruz. La mayoría de partos en niñas violentadas son precedidos de consultas durante el primer mes de embarazo. Los datos de los partos de niñas apuntan a que esas primeras consultas no están orientadas a restituirles sus derechos y a guiarlas a un aborto seguro y gratuito.

De hecho, en noviembre de 2021, con la reforma penal ya en vigor, esa organización recibió otro caso de una joven de 16 años que sufrió una violación en la calle y quedó embarazada. No conocía al agresor. Acudió a ellas y pidió que la canalizaran directamente a la Ciudad de México porque no quería que los Sistemas de Salud de Veracruz intentaran disuadirla.

“Dice que desconfía de las instituciones, que no quiere que se le someta a Aborto Seguro porque evalúa después de 20 semanas y da la opción de dar en adopción pese a que ya lo tienen muy, muy claro. Dar una consejería de adopción revictimiza. Es lo que quería evitar”, dijo Manzo.  

Tenía 26 semanas de gestación y en Veracruz “no están capacitados en Servicios de Salud” para tomar un caso así. Es decir, no están capacitados para aplicar la reforma que despenalizó el aborto, como sucede en todo el continente latinoamericano, donde hay alguna ley parcial o total a favor de esta interrupción.  

“El acompañamiento nos abrió puertas, gracias a ellas conocimos lo que es la IVE y tomamos esa opción por mi hija, porque era muy chiquita y corría un riesgo de perder la vida por su corta edad, entonces sin pensarlo, optamos por esa opción”, narró Gabriela.

El caso fue derivado a Fondo María, que hizo un estudio socioeconómico y un plan económico para recibirlas, atenderlas hasta que regresan bien. Alquiler de vehículos, hospedajes, alimentación. Gastos que el Estado nunca asumió. Así inició un proceso que culminó con Martina sana.

Rehacer la vida

Martina, su mamá y su papá no volvieron a vivir a Teocelo. Se fueron por esa carretera llena de curvas trazadas en bordes de acantilados que comunica a su pueblo con Xalapa. Intentaron volver, pensaron que podían retomar la vida como estaba antes. No pudieron.

– ¿Cómo vivieron el proceso?, se le preguntó a Gabriela.

-Nosotras desconocíamos tantas cosas, hubiéramos cometido el error de que mi hija hubiera seguido con su embarazo porque si el director del Centro de Salud nos dice que mi hija tiene que seguir con el embarazo, pues tal vez hubiéramos optado por ello.

-¿Cómo está Martina?

-Se recuperó bien, su cuerpo reaccionó bien, es una niña sana. Emocionalmente sí le afectó. Decidimos cambiar de residencia precisamente por la integridad de mi hija. Nos recomendaron terapias, lo seguí al pie de la letra. Siguió terapia de ginecología y psicología”.  

-¿Decidieron no volver?

-Tenemos nuestra casa en Teocelo, nuestra familia, nuestras raíces, pero en realidad no tenemos definido cuándo nos vamos a regresar a Teocelo definitivamente.

-¿Tienen temor de algo?

-Temor a agresiones físicas, no. Pero sí por la integridad de mi hija. Que alguien la moleste, pero ella es muy valiente y madura y está sabiendo llevar las cosas muy bien. La metemos a terapias, hace deporte, tratamos de que siempre esté en actividades y que no le afecten comentarios.

Durante los últimos siete años, Veracruz abrió 214 carpetas de investigación por casos de aborto. En 2021, sucedieron 25 de esos casos, el año en que se concretó la reforma, y 26 ocurrieron en 2022. 

La Marea buscó a la diputada Mónica Robles, quien presentó la iniciativa ante el Congreso Local de Veracruz, para conocer su opinión sobre el resultado de la reforma, después de más de un año y medio de su aprobación. Sin embargo, hasta el momento no ha respondido a la invitación.

Araceli González, directora de Equifonía, cree que en Veracruz y el resto de los estados de México donde se ha despenalizado el aborto, la reforma “solo fue el primer paso” y ha sido el único para que los derechos de las niñas víctimas estén garantizados.

El segundo paso será que se diseñe un programa para que los que toman las decisiones estén capacitados para aplicarla.

“El gran reto ha sido la implementación de una medida”, dijo la activista veracruzana y añadió: “El personal que debería capacitarse, esos servidores públicos que ocupan los puestos clave para que se garantice el acceso a este servicio, no cuentan con la capacitación adecuada (…) 

No hay colaboración entre instituciones para garantizar que a estas niñas, cuyos derechos habían sido vulnerados, se les restituyan sus derechos. 

Mientras tanto, las cifras oficiales dicen que solo hay 12 niñas a las que sí les restituyeron sus derechos y hay un universo de 1,375 niñas que podrían ser casos en que el Estado no cumplió con el espíritu de la reforma.

Desde los 13 años, cuando estaba en tercero de secundaria, Martina era “alegre y muy firme”. Durante su proceso de interrupción en la Ciudad de México “estuvo muy tranquila”. Volvieron a Teocelo y ella a su aula, a seguir siendo niña. 

Tenía un núcleo muy fuerte de amigas que la arropaba, tuvo las fuerzas para volver. “Pero el pueblo se enteró” y eso le creó un entorno a ella y su familia que prefirieron evitar. 

No volvió a vivir a Teocelo, un pueblo colonial, poblado por comerciantes, cafeticultores y artesanos, ubicado en una de las serranías de la zona centro de Veracruz. Su vida está reconstruida lejos, en algún lugar del centro del país.

-¿Cómo es su vida ahora?                                                  

-Está tomando las cosas con calma, está en el último semestre de prepa, quiere tomar una carrera de medicina. Alejarnos de aquí le sentó muy bien. Conoció otro tipo de pensares. Todo eso siento que le ayuda. 

-¿Tienen acompañamiento del Estado?

Una beca para que estudie.

-¿Cómo va la familia?

-Tratamos de pasarla lo mejor que podamos porque sabemos que días pueden estar mal, días pueden estar bien. La experiencia que vivimos nos cambió la vida. Todo tiene secuelas. Nos queda temor a la sociedad.

Martina a veces vuelve

Martina se ve contenta cuando visita Teocelo, al menos eso cree su mamá. Hoy es una chica alta, de 18 años, dice. Pasa por las imponentes barrancas, los cafetales, y los bosques de niebla con sus aguaceros. Mira las casas con humedad en las paredes y techos de tejas invadidas de vegetación. Le gusta el aroma del café, las fiestas patronales, la pirotecnia. 

Reconoce, con esa firmeza suya, a las personas que sí la ayudaron dentro de su comunidad. Está agradecida, “las recuerda mucho”. Pero se va. Siempre se va.

*Nombres cambiados a solicitud de la fuente para proteger su identidad.

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.