Esta semana el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dijo ante el Congreso que los campesinos ya “no se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo”, argumentando que se trataba de un término “despectivo”. Además, Dangond anunció que detendrá la compra de predios a privados para la Reforma Agraria y que suspenderá 10 mil contratos en el marco de programas dirigidos a campesinos.

Uno de los temas que ha marcado el debate público durante el primer mes del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella es exactamente el mismo que ha estado en el corazón de la violencia y de la desigualdad en Colombia: la tenencia y el uso de las tierras. 

El nuevo encargado de la cartera de Agricultura, Indalecio Dangond, ha sido asesor y consultor externo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) –un sector que ha mantenido tensiones con la apuesta de economía campesina—. Además, ha trabajado con entidades que abordan el campo desde la financiación y los créditos, como Finagro y la Caja de Crédito Agrario. Tanto su trayectoria, como sus últimos anuncios, han generado alertas en sectores de la academia y en el movimiento agrario del país.

En primer lugar, Dangond recibió su cargo con la directriz de De la Espriella de derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), figuras territoriales impulsadas por el gobierno anterior. Además, apenas unos días después de asumir el Ministerio, trabajadores de esa entidad denunciaron que fueron desalojados mientras sus computadores eran registrados, por orden del nuevo ministro. 

Estos elementos, sumados a otros de orden público como amenazas contra líderes campesinos y beneficiarios de la Reforma Agraria, demuestran que las discusiones sobre la tierra y el campo podrían ser de las más álgidas durante los próximos cuatro años.  

Además, marcan un cambio importante de la política agraria. El gobierno progresista de Gustavo Petro apostó por una reforma “redistributiva” y de la agricultura campesina “que es la que abastece más del 70 % de los alimentos en Colombia”, asegura Martha Carvajalino, quien fue ministra de Agricultura durante los dos últimos años del gobierno y que actualmente se desempeña como Procuradora Judicial, Ambiental y Agraria.

Mutante conversó con Carvajalino sobre los resultados de la gestión de tierras con las que arranca este Ministerio, las principales amenazas y también los retos que tiene el movimiento campesino, indígena y afro para el periodo que está comenzando.

NDV: Su Ministerio en el gobierno Petro inició con una meta de cuatro millones de hectáreas formalizadas y 1 millón 500 mil que debían ingresar al Fondo Nacional de Tierras. ¿Cuánto de esto se logró y qué faltó?

MC: En el proceso de formalización llegamos a 2,2 millones de hectáreas. Y lo hicimos avanzando con una cosa que había sido engavetada, que era el saneamiento, ampliación y constitución de los resguardos indígenas. Yo creo que el gobierno Petro, más o menos, tituló 1,5 millones de hectáreas a pueblos indígenas.

Otra cosa es que no está en esos indicadores fue que recuperamos ciénagas, las deslindamos y se las entregamos a campesinos y pescadores. Cerca de 60 mil hectáreas están en ese sentido. 

Ahora, el Acuerdo de Paz habla de tres millones de hectáreas que deben ingresar al Fondo Nacional de Tierras y ser adjudicadas. El gobierno le apostó a un millón 500 y llegamos a 806 mil en el momento en que yo salí del gobierno. Ahora debemos estar cerca de las 820 mil. 

NDV: ¿Podríamos desglosar las fuentes de adquisición de las tierras que entraron al Fondo?

MC: El proceso de adquisición tocó reconstruirlo en el régimen jurídico porque en el Plan de Desarrollo del segundo gobierno de Uribe Vélez se proscribió la compra de tierras para campesinos y campesinas en Colombia. Lo recuperamos en el Plan de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro y se empezó a comprar tierras para campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras. 

Además se hizo la gestión para recuperar del Fondo de Reparación para las Víctimas y del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) que administra la SAE. 

Entre la compra de privados y estos bienes, que ni siquiera aparecían en el inventario, nos permitieron gestionar más de 450 mil hectáreas. Eso sumado a la recuperación de baldíos son 820 mil hectáreas. 

NDV: Mirando hacia atrás y teniendo en cuenta los resultados, ¿volvería a priorizar la “oferta voluntaria” y la compra para la adquisición de tierras?

MC: La compra por oferta voluntaria es todo un dilema teórico. La mayoría de las reformas agrarias han tenido componentes de mucha tensión y mucha disputa, decisiones de intervención por parte del Estado muy fuertes. Y para la particularidad del país, la tierra ha sido origen de la disputa violenta.

Por eso, la tesis que creó el gobierno —de Gustavo Petro—, y yo creo que es una tesis que sigue siendo vigente mucho más en la coyuntura política del país, es que debe haber un acuerdo entre el Estado, quienes no tienen tierra y quienes tienen tierra para lograr que la disputa por la tierra no sea violenta. Y eso implica que el Estado haga un esfuerzo fiscal importante y le compre a quienes venden voluntariamente la tierra.

Ahora, hay que decir que, a mi juicio, faltó decisión de los propietarios de la tierra para poder avanzar, partiendo de la tierra que necesita el Estado y no de la tierra que ellos quieren vender. 

NDV: ¿Con qué tipo de tierras se encontraron en ese proceso de la oferta voluntaria?

MC: Había muchos predios que no acreditaban propiedad, es decir que se presumen como bienes baldíos; predios que se presumían de propiedad privada pero estaban sobre bienes de uso público, como ciénagas desecadas. 

Las tierras realmente grandes y fértiles no se ofertaron y hubo muchas ofertas de pequeñas propiedades que no son las que le interesan al Estado. Lo que realmente necesita es comprar la tierra altamente concentrada e ineficientemente explotada para poder revertir la lógica de concentración e ineficiente explotación. 

Sin embargo, yo creo que permitió que el país volviera a hablar de reforma agraria, no como una tensión necesariamente violenta, sino que tenía un curso institucional. 

Yo mantendría la oferta voluntaria de tierras como un mecanismo para lograr un gran acuerdo nacional que saque la violencia de la disputa agraria. Pero hay que tener claro que para el nivel de redistribución que necesita el país, realmente se requiere una intervención muchísimo más eficiente del Estado que el de la compra voluntaria. 

NDV: Hace algunas semanas se desató una controversia por predios que se entregaron a campesinos durante el gobierno Petro, pero que todavía no tenían títulos. ¿Cómo se explica esto? 

MC: Yo te pongo ejemplos que demuestran lo difícil que es entregar un predio adquirido por el Estado. 

Finca Las Catas, en Ayapel, Córdoba. Un predio de la Dirección Nacional de Estupefacientes que fue entregado a la ANT, en ese momento al Incoder, después del 2012. Han pasado cuántos gobiernos por allí y no ha llegado la adjudicación definitiva porque hay que hacer tránsito jurídico entre las entidades. Sin embargo, es un predio que está ocupado, entregado de manera provisional.

Hoy todavía estamos registrando títulos de adjudicación de baldíos y de bienes fiscales del noventa porque el proceso de registro tiene muchas dificultades.

Además, redistribuir la propiedad en Colombia tiene un reto inmenso. Una finca de 30 mil hectáreas que no tiene vías, que solo tiene pastos y potreros, cuando usted la subdivide debe hablar de vías terciarias, de las servidumbres de acceso al agua. Y ese proceso debe ser muy cuidadoso para poder llegar finalmente a la adjudicación definitiva. 

NDV: ¿Con qué tipo de predios está ocurriendo esto?

MC: Son los bienes del Frisco, que administra la SAE en el marco de un convenio de enajenación de las tierras con capacidad productiva que están en el marco de un proceso de extinción. Entonces la ANT revisa el inventario, va e identifica los predios física, jurídica y agrologicamente y empieza el proceso de transferencia. 

Cuando los identificamos se hace una aprehensión material y para que esa tierra cumpla la función social se hace una entrega provisional de esos bienes a quien no tiene tierra o la tiene de manera insuficiente.

La ANT entonces debe finiquitar el trámite de incorporación al Fondo Nacional de Tierras. Jurídicamente queda a nombre de la Agencia y se empieza a hacer el proceso de parcelación. 

NDV: ¿Y después de eso?

MC: Este es un proceso cuidadoso y delicado. Se deben verificar las condiciones subjetivas y objetivas y ahí sí se saca la resolución de adjudicación definitiva, no es una escritura. Después debemos pasar al proceso de registro y ahí hay también cuellos de botella. 

Claro, si usted lo que hace es utilizar la existencia de una escritura para cuestionar la presencia de la gente en ese territorio, lo que usted está haciendo es sembrar un manto de duda que termina legitimando lo que ha venido pasando. 

Los anteriores propietarios no tienen derecho a explotar o usufructuar esos bienes porque fueron sacados de su disposición y explotación por una decisión judicial. 

Ese manto de dudas ha generado que ellos estén llegando a los predios a decirle a los campesinos que deben salir de ahí porque ya la ANT no tiene ninguna posibilidad de dar órdenes. Incluso han llegado actores violentos a amenazar a beneficiarios de la reforma agraria, lo cual sin duda no solo es ilegal sino que anuncia un nuevo ciclo de despojo que este país debe evitar y debe prevenir.

NDV: Uno de los primeros anuncios que hizo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella fue la derogación de las resoluciones de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), bajo la excusa de “proteger la producción rural”. ¿Qué son las APPA y bajo qué objetivo fueron creadas? 

MC: El Plan de Desarrollo del gobierno del gobierno Petro estableció como segunda determinante del ordenamiento el derecho humano a la alimentación y para ello la protección de los suelos que garantizan  la producción alimentaria, a través de dos figuras: las Zonas de Reserva Campesina y las zonas declaradas por el Ministerio de Agricultura como Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos. 

Esto implica que el municipio no puede simplemente cambiar el uso para poder ponerla en términos de construcción o explotación de recursos naturales. 

Nos dimos a la tarea de identificar cuáles son esos suelos, que son los que tienen la mayor capacidad productiva y que tienen además la condición de ser los lugares de abastecimiento alimentario de las grandes ciudades. 

Se declararon cerca de 1 millón de hectáreas. Una zona muy importante en Córdoba, pero se trabajó en Cundinamarca, en Santander, en Antioquia, en el Tolima.

NDV: ¿Cuáles serían las implicaciones de eliminarlas?

MC: Cuando uno declara las APPA lo que está diciendo es que esa zona se debe conservar para producir alimentos. Derogarlas significa que esas presiones que están sobre ese suelo rural agropecuario puedan avanzar y vamos a perder la capacidad productiva que tenemos alrededor de las grandes ciudades. 

Seguir alejando la producción de alimentos de las grandes ciudades es generar un impacto en el costo de los alimentos porque van a estar más lejos, porque sus costos de producción van a ser distintos, porque estamos desplazando la producción agropecuaria, no solo de los centros de consumo, sino a suelos con muchísimos más requerimientos, lo que indica más costos de producción y finalmente con ello desplazar a quien trabaja la tierra. 

No hay posibilidad alguna de que la actividad agropecuaria frente a la renta de la tierra por cambios de uso pueda sobrevivir y eso es lo que están defendiendo las APPA. 

NDV: En este contexto, ¿también habría riesgos para otras figuras territoriales (Territorios Campesinos Agroalimentarios, Zonas de Reserva Campesina)?

MC: Yo creo que la historia agraria del país demuestra que todo es susceptible, en la decisión política, de transformarse. 

Nosotros hemos tenido cuatro intentos profundos de reforma agraria o redistribución de la tierra con diferentes dinámicas. La de 1936, que habló de la función social de la propiedad; la de 1961, que habló de la redistribución de la tierra; la de 1994, que habló de las territorialidades campesinas; y la que se hizo bajo el gobierno de Gustavo Petro, que habló del conjunto de instrumentos para reconocer toda la dimensión histórica de la lucha agraria en Colombia. 

En ese tiempo también hemos tenido tres contrarreformas. La de 1944, que generó garantías para la gran propiedad; la de 1972, que fue un acuerdo para favorecer la gran propiedad y frenar la apuesta redistributiva; y la gran contrarreforma violenta paramilitar, después del 1996, que sacó al campesinado de su tierra y legitimó procesos de concentración y de acaparamiento.

NDV: Entonces, ¿cuál sería la mayor amenaza? 

MC: Que nuevamente hubiese una contrarreforma. Y que ojalá no pase, pero que ha pasado, y es que la fuerza violenta, no legal, no institucional que termina fortaleciendo la lógica de concentración y acaparamiento, vuelva a validarse, legitimarse. 

Yo creo que sería la gran amenaza.

NDV: ¿Hay algún tipo de blindaje o mecanismo a través del cual se pueda evitar que esto ocurra?

MC: Yo creo que todas las normas que se han sacado han sido discutidas en los tribunales. Se solicitaron sendas medidas cautelares contra las decisiones que el Ministerio de Agricultura tomó y la mayoría de ellas fueron negadas; casi todas las decisiones, no recuerdo una que haya sido suspendida, están en firme. 

Será en los estrados judiciales donde la gente pueda discutir la protección o legitimidad, validez y legalidad de estas normas. Ese es un escenario.

El otro tiene que ver con un movimiento agrario que se reorganizó y fortaleció sus instancias de concertación. Esas instancias de concertación tendrán un espacio para avanzar con el gobierno que sea para poder discutir su apuesta.

Finalmente yo creo que hay un escenario de la academia, de las fuerzas vivas, de la democracia que se pregunta hacia dónde va el país en términos de la guerra, del conflicto armado y al centro de eso está la tierra. 

Y sin duda, con lo que se viene anunciando, la dinámica política tendrá que llegar a un punto donde las fuerzas políticas y las fuerzas vivas de este país se pongan de acuerdo para frenar la guerra en Colombia. 

NDV: ¿Cuáles deberían ser las líneas prioritarias de trabajo o de debate de estas fuerzas vivas y, en general, el movimiento agrario durante los próximos años?

MC: Yo creo que hay tres líneas de trabajo que son fundamentales. La primera es acompañar a los beneficiarios de la Reforma Agraria. Si permitimos, como hubo en esas tres contrarreformas, que esas 350 mil hectáreas que hoy están en manos de la gente regresen a ser parte de los procesos de concentración y acaparamiento, pues vamos a tener una cuarta contrarreforma de la cual difícilmente nos recuperaremos. 

Un segundo elemento tiene que ver con el litigio estratégico del suelo, del agua, de los bosques, alrededor de la defensa de las apuestas de la Reforma Agraria, del desarrollo rural, del Acuerdo de Paz. 

Y finalmente, yo creo que ya que hemos logrado que sea público el debate sobre el sector agropecuario. Es muy importante que el país siga asumiendo discusiones que, a veces parecen técnicas, pero que son fundamentales.

Esto hay que hacerlo en un trabajo en red. Y esta red de defensa de la Reforma será un escenario muy importante para poder hablar de lo que hay, lo que viene y lo que ese mundo agrario requiere para la Colombia que todos nos soñamos.