Un fantasma recorre las montañas de Jericó.

Porfirio Garcés, uno de los hombres más longevos de las montañas altas del municipio, dice que es un fantasma que no los deja vivir tranquilos. En las veredas dicen que es un espectro y, atemorizados por él, elevan plegarias a la Madre Laura. Que no se nos meta la empresa minera, rezan.

Hace al menos 19 años que los campesinos del corregimiento de Palocabildo —en especial de las veredas La Soledad y Vallecitos— no celebran una Navidad sin pensar en la minera. Palocabildo, al occidente de Jericó, corona una trocha agreste desde el pueblo que hace sudar al conductor más experimentado. 

El día que Porfirio Garcés le habló a Mutante del fantasma de la minería tenía el cañón del río Cauca a su espalda. El campesino, de 86 años y un portentoso cantante aficionado de tangos y boleros, estaba en el mirador de la vereda La Soledad. 

“Una panorámica que no tengo palabras para contar”, dijo rendido ante la montaña. “Ha sido para mí el sitio más hermoso de Jericó desde mi infancia”.

Porfirio no es el único campesino en La Soledad que se opone a que la minería a gran escala de AngloGold Ashanti, una multinacional sudafricana que desde hace casi 20 años quiere romper los cimientos de esa montaña. Tampoco será el último. De eso están seguros él y sus compañeros de causa. 

En el último año empezaron a llamarlos “los 11 de Jericó”: once campesinos defensores del agua que estuvieron a punto de ser arrestados por su oposición a la multinacional AngloGold Ashanti. Pero, en esa tarde de diciembre de 2025, mientras los adornos de Navidad cuelgan en los zaguanes y fachadas de las casas jericoanas, Porfirio no hace una plegaría sino una protesta.

“Esto no va a ser pan de la minería”, dice con las palabras reverberando en el cañón del Cauca. “Porque es que este panorama, estos paisajes, estos sitios, valen mucho más que el oro”.

No somos un pueblo minero

“Resulta y pasa que acá abajo —dice Argiro Tobón, señalando el fondo de la montaña—, van a hacer los túneles que van a caer hacia El Chaquiro, donde está el depósito de lo que ellos necesitan sacar”.

Argiro está sentado en el mirador de La Soledad, la vereda donde nació y una de las zonas del área de influencia del proyecto Quebradona.

“¿Ustedes se oponen a que las rompan?”, le digo.

“Que no sean explotadas las montañas, a eso nos oponemos”, responde.

En Jericó, un pueblo declarado patrimonio desde 2013, dicen que no son un pueblo minero. 

A pesar de que la minería ha sido un vecino fantasmal desde hace casi dos décadas, muchos insisten en que son un pueblo de vocación agrícola.

Fueron rocas volcánicas las que formaron los suelos de Jericó, especialmente la parte alta donde viven los campesinos de Palocabildo. El profesor Nicolás Pinel, de la Universidad Eafit y cofundador del Observatorio de Suelos y Ecosistemas del suroeste Antioqueño (OSESA), explica que estos suelos hacen parte de la Formación Combia, definida por primera vez por el geólogo alemán Emil Grosse en 1926 como los “volcánicos neoterciarios”.

De origen volcánico —tanto de sedimentos como de roca— la Formación Combia surgió en el Mioceno, hace más o menos seis millones de años, según el profesor Pinel. En un planeta que tiene 4.550 millones de años, el Mioceno es un tiempo geológico que abarca desde los 5,3 hasta los 23 millones de años: es el período en el que se formó la cordillera Occidental colombiana donde está el suroeste antioqueño y Jericó.

Pinel dice que su origen, así como ser una formación rica en fisuras y en agua, favorece que Jericó tenga suelos fértiles. “De muy buena vocación agrícola, al menos por su contexto mineral”, apunta. Y agrega que son suelos con la capacidad de nutrir cultivos y comunidades de plantas justo por todo lo que han recibido: “todas las cenizas volcánicas de las últimas decenas de miles de años”.

Es por eso que a los campesinos no les sorprende que donde siembran una semilla prospere un cultivo. “Toda la semilla que usted quiera que surja. Este clima produce hasta amor”, dice Porfirio Garcés de pie en el mirador de La Soledad, con el río Cauca serpenteando en la tierra baja.

Además de su riqueza geológica, o justo por ella, Jericó no tiene una, sino dos tierras: la caliente y la fría. Una, explayada a 574 metros de altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), colindante con el río Cauca; y la otra encaramada en lo alto del escarpe, que alcanza los 2.550 m.s.n.m., la zona donde está la casa de Porfirio y donde cuelga una bandera que dice “No a la minería”.

En ese rango altitudinal de casi 1.000 m.s.n.m. crece lo que se quiera. Desde críticos y ganado en la tierra caliente, hasta el cultivo de café, cacao, plátano, cardamomo, aguacate hass y gulupa, según datos de Corantioquia.  

“Por aquí, mire, donde ve, en toda esta región no hay una finquita que no tenga una matica de plátano sembrada, no hay ninguna finquita que no tenga sus palos de café sembrados”, dice Argiro, al que todos sus vecinos llaman de cariño Míster. 

Como si con sus palabras sembrara, enumera los cultivos con los dedos de las manos. “De eso vivimos”, dice y las extiende para preguntar: “¿A dónde ha sido esto minero?”.

Míster trabaja la tierra que le entregó su papá hace casi cuarenta años. En ella cultiva café, plátano, fríjol y yuca. En el tiempo libre, ayuda a vecinos que lo contratan por días. Por eso, la única vez que trabajó en la empresa minera lo hizo por tres meses. 

Entró como auxiliar de campo para hacer plataformas de exploración. Llegó a llenar hasta 1.500 costales de tierra para aplanar el terreno donde estacionaron una máquina perforadora. “Desde que dentré, dentré chequeando todo a ver qué resultados traería la minería”, cuenta. 

Pero cuando empezó a ver que el trabajo de hacer plataformas implicaba también desmontarlas, y desempacar la tierra que había puesto en los costales para que “quedara intacta la tierra” —de la que a veces talaban algunos árboles— , pensó que quizás lo que decía la empresa sobre no dejar daños a su paso podría no ser cierto. 

“Yo me preguntaba. ¿Eso no queda lo mismo? No queda lo mismo”, cuenta.

Míster no fue el único al que cautivaron las promesas de progreso y prácticas de minería sostenible que llegaban con el proyecto Quebradona en los primeros años de los 2.000. Rodolfo Tobón, campesino de la zona, cuenta que la empresa minera cautivó la atención de muchos habitantes en las veredas con ofertas de trabajo.

“La gente de la empresa se acercaba a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC)”, dice Rodolfo, para que ayudaran a distribuir las vacantes. Incluso él trabajó seis meses allí. El trabajo en turnos de quincenas, intermediados por las JAC, era bien reconocido. “Una quincena demasiado buena, porque era mucha plata”, asegura.

El dinero de la multinacional comenzó a circular con buena fama. A las mulas que cargaban materiales les pagaban el flete más caro. A los conductores de la ruta veredal también les empezaron a remunerar mejor los viajes. Muchos dejaron sus propias parcelas para irse a trabajar con la minera, según Rodolfo.  

Su esposa, Marleny Tamayo, recuerda esa época recostada en la ventana de la casa que construyó tabla a tabla con él, hace 15 años, en un filo de La Soledad. Dice que, cuando menos pensó, llegó la empresa y dijo que iba a haber mucho trabajo para los hombres que quisieran. 

“Que iba a haber unas oportunidades muy buenas”, recuerda. Con las ofertas de trabajo también llegaron las celebraciones para el Día de la Mujer y el Día de la Madre. Cuando escuchaba que algunos desconfiaban de la empresa, ella solo pensaba que daba mucho trabajo. “Ellos lo que uno pedía, de una nos lo daban”. 

Luego, entre 2007 y 2008, empezaron a llegar los helicópteros y su pensamiento cambió. “A quién le dan tanto así, de esa forma. De eso tan bueno no dan tanto, como dice el dicho”.

La llegada de la multinacional a las veredas de Palocabildo coincidió con un momento difícil para el campo. Eran tierras muy productivas, “con mucho café y muchos plátanos” a su llegada, pero la región se estaba recuperando de una crisis de la roya, la enfermedad más devastadora para los cafeteros y que puede arruinar hasta la mitad de una producción.

“Ahí es donde [la empresa] se aprovechó de los campesinos”, dice Mauricio Londoño, un agricultor, proveniente del municipio de Amalfi al norte de Antioquia, que llegó a Jericó hace 26 años.

“Estaban en unas crisis cafeteras muy duras. Mucha gente dijo: ‘Ah, una oportunidad muy buena esta empresa que vino a trabajar de la mano con nosotros y pagando unos sueldos muy altos’”, cuenta.

Durante un tiempo, la ilusión de los salarios altos hizo escasear la mano de obra para los cultivos. La bonanza parecía real hasta que a las mulas ya nos les ofrecieron trabajo y a los conductores dejaron de llamarlos. 

“Cambiaron por camionetas de ellos e hicieron a un lado a los conductores”, cuenta Rodolfo. El reemplazo también afectó a las mulas, a las que cambiaron por vehículos más poderosos. “Iba mermando el empleo. Un carrito de esos [similar a una cuatrimoto] hacía el trabajo de ocho o diez trabajadores”.

La desilusión del trabajo efímero se fue transformando en preocupación y luego en conciencia sobre lo que estaba en juego. Con los años, hacia 2012, los planes comerciales del proyecto minero empezaron a hacerse más claros. 

“Nos dio ya mucho miedo cuando mentaron de los túneles y por dónde iban a pasar”, dice Míster, que permanece sentado en el mirador de La Soledad, con el cañón del río Cauca transpirando una majestuosa bola de humedad a sus espaldas. Míster se refiere a los túneles con los que AngloGold Ashanti perforaría la montaña para explotar y transportar el cobre subterráneo.  

“¿Quién dice que no exista la minería?”, insiste. “Y debe existir, pero no aquí. Aquí nunca se ha vivido de la minería. Aquí se ha vivido es de la agricultura y del café”.

Entonces, mientras la gente de las veredas de Palocabildo empezaba a dividirse entre quienes estaban dispuestos a trabajar para el proyecto minero y quienes no, ocurrió algo que cambió la historia hasta ahora conocida con la minera.

La empresa hizo una perforación durante una de sus labores de exploración. Rodolfo todavía trabajaba allí cuando ocurrió. “Quedó botando esa agua y se nos secó un nacimiento de acá de la vereda”, cuenta.

Fue la época en la que comenzaron los plantones.

El caballo de Troya

En la tierra natal de la Madre Laura, la primera santa colombiana, la gente recuerda que hace casi veinte años los helicópteros pasaron por encima del casco urbano como encantadores de pueblos. 

Durante un tiempo, nadie supo exactamente qué hacían ahí.

Monseñor Noel Londoño estaba recién llegado cuando algunos de sus fieles empezaron a hablarle de los helicópteros sin tregua. En junio de 2013, el Papa Francisco lo había nombrado obispo de Jericó, un mes después de canonizar a Santa Laura Montoya.

“Me dice la gente que llegaron hace veinte años con un helicóptero especializado y les dijeron que iban a hacer un levantamiento de geología y geografía para indicarles qué cultivos darían mejor en esta zona”, recuerda sobre AngloGold Ashanti.  

Solo supieron la misión real de los helicópteros tiempo después.

“Esta empresa venía era para meter la gran minería de maquinaria extraordinaria”, dice monseñor sobre el proyecto de Minera de Cobre Quebradona, un depósito llamado Nuevo Chaquiro que se encuentra a 400 metros de profundidad en Palocabildo, y a 12 km del área urbana de Jericó, casi a cuarenta minutos en carro.

La empresa bautizó el depósito con el mismo nombre de la vereda donde se encuentra: Quebradona. Algo que los lugareños todavía reprochan. En ese depósito proyectó extraer cerca de 4.9 millones de toneladas de concentrado de cobre (80 %) —además de oro y otros minerales— durante 21 años. En su publicidad lo presentó como “un proyecto de clase mundial”.

Al comienzo, esa magnitud no estaba clara para los lugareños que vivían alrededor del proyecto, agricultores en su mayoría. Ellos no esperaban que un forastero llegara con la intención de cambiar los cultivos por metales.

Ese desencuentro de expectativas terminó enfrentando a la empresa con una parte del campesinado. Más de dos décadas después de la llegada de AngloGold a Jericó, el proyecto sigue sin iniciar su etapa de explotación.

Desde 2007, la multinacional intenta conseguir el apoyo de la comunidad a la que contribuyó a dividir y obtener la licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para pasar de la exploración a la explotación.

A lo largo de casi 15 años, la multinacional ha hecho perforaciones para estudiar el depósito y su dimensión. “Actualmente, el proyecto avanza con la ejecución de perforaciones geológico – geotécnicas e hidrogeológicas, ensayos de laboratorio de suelos y de rocas, monitoreo hidrológico (variables climatológicas y caudales de corrientes de agua) e hidrogeológico (monitoreo de profundidad de agua subterránea)”, explicó a Mutante en respuesta a un cuestionario.

Con esos estudios, la minera ha buscado obtener información técnica para “conocer las propiedades del subsuelo y el comportamiento del recurso hídrico en el área del proyecto”. Asegura que es lo que le permitirá garantizar “una minería responsable” con las comunidades y el medio ambiente.

Sin embargo, en las calles y veredas de Jericó, la gente tiene dudas sobre esto. En especial los campesinos de Palocabildo, que trabajan y viven cerca de las fuentes de agua que recargan los acueductos veredales, gestionados comunitariamente mucho antes de que llegara AngloGold.

Algunos recuerdan vívidamente cómo fue que todo comenzó. 

Dionisio Tobón, un agricultor que habla susurrando, dice que la llegada de AngloGold cambió el espíritu y la tranquilidad de Palocabildo, un corregimiento de fincas cafeteras y casas coloridas. “De esa época a esta hemos llevado una vida muy compleja”, afirma.

Como vecino de la vereda La Soledad, una de las que componen Palocabildo, Dionisio no solo conoce bien los cultivos que se dan en esos suelos, donde él mismo siembra yuca, plátano y el café “que es mi sorbo”, sino el valor que tiene el agua para una tradición que siente amenazada por la minera.

“Ellos en esa época vinieron muy suaves. Comprando conciencias con sus malticas [una bebida gaseosa muy popular en Colombia] y paquetes de galleticas”, cuenta.

En las veredas de Palocabildo no olvidan cómo la multinacional ocultó sus objetivos reales al principio y ofreció estudios que prometían “un buen mantenimiento” para todos los caficultores de la región. 

“Y resulta y pasa que esos estudios eran más bien como falsos”, sostiene Dionisio.

“Dejamos que entraran a las fincas a sacar muestras de tierra”, dice bajo el sol, al borde de su cafetal, José Luis Bermúdez, otro campesino que vive más abajo, en la vereda Vallecitos. 

Casi cuatro meses después, como un pájaro de mal agüero, José Luis vio llegar un helicóptero con un cuerpo metálico colgante. Entonces, empezó a sospechar de las promesas de la minera.

“Porque un detector de metales es un aparato que sale del helicóptero con una cuerda, y le daba vueltas a todo este territorio”, dice bajando la mirada del cielo, con el rostro cubierto por un sombrero vueltiao y el brazo dando círculos veloces por los aires.

José Luis no era el único desconcertado. Víctor Ramírez, un agricultor que creció en La Traviesa, una vereda al nororiente de Jericó, y que fue concejal por el Partido Verde, también se preguntaba qué hacía un aparato de esos en un cielo tan solitario.

Los helicópteros eran una novedad en Jericó. En el pueblo sabían reconocer solo tres: el amarillo, casi naranja, que era el helicóptero de la Gobernación; el azul, más pequeño, del que decían que surtía los bancos del municipio; y el verde oscuro de las Fuerzas Armadas.

Pero uno gris y con un cuerpo de metal colgante no estaba entre sus cuentas.

“Uno en el campo en ese tiempo era muy inocente y confiaba en que realmente querían ayudar al campesino”, dice el exconcejal Ramírez. “En un contexto colombiano en donde el campesinado no ha tenido mucha ayuda de los entes gubernamentales”.

La confianza en que la multinacional haría estudios de suelo se evaporó pronto. Dionisio recuerda que cinco años después de entrar al pueblo, la empresa comenzó a perforar y a hacer plataformas mineras: unos planchones de tierra donde instalaba maquinaria para explorar minerales preciosos. 

“Entonces, ya nos despertamos”, recuerda José Luis. “Aunque somos campesinos sin estudio, la realidad la conocemos”.

La empresa sostiene que ha mantenido una comunicación transparente con las comunidades de la zona de influencia del proyecto, como la de los campesinos de Palocabildo, y que su trabajo se rige por estándares de derechos humanos y diálogo.

En la respuesta que entregó a Mutante asegura que ha consolidado esta política de relacionamiento “como parte integral de su debida diligencia en el marco de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los estándares nacionales de relacionamiento con grupos de interés”.

Pero casi 20 años después de llegar a Jericó, los campesinos piensan otra cosa cuando recuerdan los supuestos estudios de suelo que la empresa les prometió para fortalecer el agro. 

“Al sol de hoy, era como un caballo de Troya que aprovecharon para entrarle con confianza al campesino”, dice Víctor.

El acuífero

El amanecer despide la lluvia, que se aposa en los canalones de los tejados de Jericó. Las luces de la navidad de 2025, que brillaron durante la noche, anuncian que el espíritu religioso del pueblo entrará en un esplendor. 

En Palocabildo, los campesinos ya han dispuesto los pesebres y arbolitos con adornos coloridos para la llegada del Niño Dios. En el pueblo, la gente se prepara para el primer día de la Novena de Aguinaldos y un sacerdote de 93 años, monseñor Nabor Suárez, corretea por su pequeña capilla mientras una mujer desempolva las figuras gigantes del pesebre. Este año les cogió la tarde, dice.

A pocas cuadras de allí, en la catedral de Jericó, un edificio de más de 50 años, está por empezar la misa de doce. Cuando termina, el párroco bendice a los feligreses con una oración: “Santa Laura bendita”. “Ruega por nosotros”, responden devotos.

“Ay santa Laura bendita, bajo tu manto ayúdanos”, reza Marleny, la esposa de Rodolfo, en La Soledad. “Ayúdanos en esta defensa, que no se nos meta la empresa minera”, dice que le pide con fervor. 

En su casa, como la de Luz Dary Tobón, su suegra, y las de varios campesinos de Palocabildo, hay imágenes de la santa, uno de los motores de la devoción jericoana y del turismo religioso inusitado tras su canonización hace poco más de una década.

“Desde que nos bautizaron nos echaron agua”, dice Luz Dary. “Y la tenemos que cuidar hasta lo último, porque de eso vamos a vivir todos los años que nos toquen”.

A la santa también se encomiendan muchos de los campesinos que se oponen a la minería. Le piden que les ayude a defender su territorio. 

“Para muchos campesinos ella es una líder espiritual”, afirma Elizabeth Rúa, una religiosa de la comunidad de las Lauritas, la congregación misionera que fundó Laura Montoya Upegui en mayo de 1914.

“Todos se van a la capilla de nosotras en el pueblo a orar y a pedirle a ella que los acompañe”, cuenta. 

Los campesinos dicen que, como la santa es de Jericó, no va a permitir que nada les pase mientras se oponen a la instalación de plataformas mineras.

“Nosotros sabemos cómo se arma una plataforma, cómo perfora y los daños que hace”, dice Mauricio Londoño cuando empieza a hablar del acuífero, la desgracia que repiten como un misterio doloroso en Palocabildo.

Uno de los dilemas que persisten en torno a la minería en Colombia es qué hacer con el control y disposición de los recursos naturales no renovables, sobre todo los que están en el subsuelo, como ocurre en Jericó. A esto se suma la incertidumbre sobre los pasivos y daños ambientales que deja la extracción. En Palocabildo, la mayor preocupación es el posible deterioro o pérdida de los acuíferos. 

Un acuífero es un milagro más grande que el oro para los campesinos que consultamos, pues donde hay aguas subterráneas una comunidad tiene una reserva bajo sus pies para sostener acueductos veredales, pozos y jagüeyes.

Para la ciencia, un acuífero es un depósito de agua subterránea formado por la filtración de aguas superficiales a través del suelo. Un acuífero es uno de los trotes cíclicos del agua entre la atmósfera, la tierra y los océanos.

En 2022, el Estudio Nacional del Agua, el octavo hecho en el país desde 1998, encontró 68.397 puntos de agua subterránea en el país. También advirtió que, pese a que casi el 80 % del territorio podría aprovechar esas aguas subterráneas, solo se conoce el 15 % de los sistemas acuíferos del país.

“Colombia no cuenta con información suficiente sobre el uso o la gestión de las aguas subterráneas de su territorio”, concluyó el documento.  El Ministerio de Ambiente y el IDEAM, responsables del estudio, advirtieron que el país necesita con urgencia una red de monitoreo de aguas subterráneas. 

La investigación, además, dejó en evidencia que la gestión de las autoridades ambientales —las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)— es limitada y deficiente: solo la mitad de ellas entregaron respuestas a las solicitudes de información para el Estudio y, las que lo hicieron, reportaron información escasa sobre nuevos estudios hidrogeológicos adelantados en su jurisdicción.

Rodolfo Tobón llevaba algunos meses trabajando en la empresa minera cuando pasó “el daño del acuífero”. Recuerda que entonces empezó a crecer la preocupación: “Esto hay que mirarlo, a ver cómo hacemos pa que no sigan”, dice que comenzaron a plantearse.

“Ellos lo dañaron [la empresa]”, dice Dionisio Tobón, un vecino de Rodolfo. “Y esa agua se la pasaba pa arriba y pa abajo. No valían ni los veinte bultos de cemento para taponar, y no fueron capaces”, cuenta.

Las actividades de exploración minera en Jericó, además de una fuerte tensión ambiental, han provocado una tensión narrativa sobre qué pasa con el agua. 

Los campesinos insisten en que vieron cómo las perforaciones de exploración minera dañaron un acuífero. Declaran que la minería no es bienvenida en su territorio porque representa un riesgo para los nacimientos de agua del área de influencia del proyecto. 

AngloGold tiene otra versión. Afirma que algunos críticos de su proyecto “han construido una narrativa que no corresponde a la verdad”.  En respuesta a un cuestionario, la multinacional aseguró que sus trabajos corresponden a perforaciones diamantinas —que hacen recuperación de núcleos de rocas—, “las cuales no utilizan dinamita y no causan inestabilidad del subsuelo y/o macizo rocoso”.

Sus estudios, según explicó, le han permitido obtener información “robusta” para establecer que “las rocas que conforman el subsuelo del área del proyecto presentan características de porosidad y permeabilidad muy bajas, lo cual permite confirmar con base en soportes científicos e información primaria que no hay presencia de acuíferos en las inmediaciones del proyecto minero”.

De hecho, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que AngloGold presentó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en 2019, niega la presencia de acuíferos en la zona, según encontró un análisis del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional.

“Aunque allí se ubica el acuífero correspondiente al sistema hidrológico del macizo rocoso de la Formación Combia”, advierte el análisis publicado en 2024.

El observatorio señaló, además, que entre las razones por las que la ANLA archivó en 2021 la solicitud de licencia ambiental del proyecto de AngloGold está la falta de información para “determinar el flujo de agua subterránea, la existencia de acuíferos y la potencial disminución de caudal en cuerpos hídricos no contemplados previamente”.

Sobre lo que sí reconoce responsabilidad AngloGold es sobre la plataforma #10. “El hecho fue ubicar dicha plataforma a aproximadamente a quince metros del cauce y no a treinta metros como lo indica la norma”, le dijo a Mutante.

En 2011, y durante 16 días, AngloGold perforó 650 metros de profundidad en la zona de retiro de la quebrada La Fea, en un predio llamado El Chaquiro, ubicado en la vereda Quebradona.

En ese momento, Juan Camilo Quintero, gerente de Asuntos Corporativos de AngloGold, dijo que habían hecho una mala interpretación de la norma [ambiental]. “Hay que recordar que hemos realizado 230 perforaciones. En esta ocasión pareciera que hubo una equivocación”, declaró.

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) se enteró de lo sucedido con esa plataforma por una queja ciudadana que llegó en febrero de 2016. Casi cinco años después, en una resolución del 31 de diciembre de 2020, sancionó a AngloGold con una multa de 288 millones de pesos.

“Procedimos de inmediato a ubicar la plataforma a los treinta metros requeridos y pagamos la sanción”, respondió la multinacional a Mutante. “No importa si hay daño o no: la sola intervención ya configura una infracción y fue por esa razón que nos sancionaron”.

Rodolfo recuerda que ver el acuífero roto los movilizó. Comenzaron a organizar expediciones para recorrer nacimiento por nacimiento. Andaron, uno a uno, desde La Soledad, una vereda de la zona media de Jericó, hasta La Estrella, una vereda de la zona alta, a unos doce kilómetros de distancia.

Esas travesías dejaron vigías en las montañas. Rubiel Arango, un campesino intrépido de Palocabildo, es uno de ellos. Delgado y de palabras lentas, dice que camina hasta tres y cuatro horas por la montaña, que la conoce a ojo cerrado. 

“Hay muchas, demasiadas fuentes de agua. Es una estrella hídrica”, dice mientras con su mano marca en el aire las cumbres que rodean su casa. En sus recorridos, Rubiel se ha encontrado varias veces con trabajadores de la minera mientras hacen perforaciones de exploración. 

Una vez, uno de ellos sacó una piedra del bolsillo para mostrarle la riqueza que estaban recogiendo. “No me interesa eso”, le dijo con parquedad. Tiempo después, a otro funcionario de la minera le respondió que no dejarían hacer estudios para la minería. “El respeto pal agua. Todo lo que hay ahí me hace el favor y lo respeta”.

Las expediciones cambiaron la forma en que los campesinos de Palocabildo miraban su territorio. “Nosotros no conocíamos qué teníamos”, dice Rodolfo. “Debido a eso llegamos a conocer nacimientos de agua que nunca imaginamos”, afirma. Su descubrimiento no era improbable. Según el Estudio Nacional del Agua, Colombia todavía desconoce aspectos fundamentales de sus acuíferos, como la oferta y la demanda de aguas subterráneas.

Así fue como, al finalizar la primera década del 2000, empezaron a ser más frecuentes sus plantones. Ningún carro de la empresa pasaría hacia Palocabildo, protestaban. En sus veredas no harían plataformas mineras ni perforaciones, insistían. Nadie tocaría las aguas que garantizaban el abastecimiento de sus acueductos veredales, exigían.

Su persistencia fue tal que, el primero de octubre de 2013, la empresa acudió a una reunión en la cancha de fútbol de Palocabildo y, frente a un centenar de personas, se comprometió a no transitar ni hacer ningún trabajo de exploración minera en las veredas La Soledad, Vallecitos y La Hermosa.

Sin embargo, la empresa rompió la promesa pronto y empezó a instalar plataformas de exploración en las veredas incluidas en el acuerdo. Defraudados, entre los campesinos comenzó a crecer la indignación. 

También la preocupación, ya no solo por el agua sino por el paisaje de sus adoradas montañas. Si AngloGold supera la fase de exploración y estudios, y obtiene la licencia ambiental, iniciará la explotación: abrirá dos túneles de seis kilómetros para fracturar la tierra, acceder a la reserva de cobre y conectarla con la zona de beneficio, en la parte baja del río Cauca.

Un informe hecho por la caja de compensación familiar, Comfama, para determinar “la coexistencia” de un parque ecoturístico del suroeste con el proyecto Minera Quebradona, concluyó que la subsidencia —o hundimiento progresivo causado por la minería subterránea— y los depósitos de relaves —las zonas para almacenar los residuos del proceso minero— modificarían el paisaje al punto de hacerlo incompatible con la actividad turística.

“AngloGold Ashanti eligió una alternativa que generará afectaciones permanentes y complejas sobre el paisaje, su localización es la que mayor impacto visual tendrá sobre el entorno paisajístico”, dice el documento publicado en 2019. 

Almacenar durante 21 años los residuos de la explotación minera, a solo dos kilómetros del río Cauca, crearía una montaña artificial de 218 metros de altura, casi tan alta como la piedra del Peñol. Así lo muestra un video de simulación de impactos paisajísticos elaborado por la propia caja de compensación.

“Uno lo dice porque uno lo ha visto, lo ha encontrado y todo”, afirma Mauricio Londoño, que bajó hasta la casa de Rubiel para recordar cómo han sido los más de 15 años de resistencia pacífica al proyecto Quebradona.

“Es que uno contarla, y otra cosa verla, es algo impresionante”, dice levantando las cejas, sentado en uno de los corredores de la casa. “Y otra cosa es cuando perforan y usted ve salir agua”, agrega agitando sus manos hacia arriba como un chorro.

Entonces, Mauricio pronuncia la única pregunta que tiene pendiente: “Si esto es así comenzando, ¿cómo será explotando?”. 

“A nosotros no nos van a meter los dedos a la boca”, dice. Al fondo, las guirnaldas de navidad que puso la familia de Rubiel se sacuden en el borde del techo por el viento frío de la mañana.

Varias semanas después, cuando la Navidad ya ha dejado paso a las añoranzas del año nuevo, la comunidad de Palocabildo se encomienda nuevamente a la Madre Laura, la santa a la que atribuyen el milagro de que la minera aún no rompa sus montañas. 

En procesión, el último día de enero de 2026, se congregan en la curva de un sector de la vereda Vallecitos donde levantaron un monumento cobrizo en su honor. Rodeada de heliconias como ofrendas, la figura de la santa recibe las oraciones de los campesinos y la bendición del Obispo de Jericó. “El señor protege los cambios de los justos”, responde al salmo que proclama monseñor Noel Londoño.

Como si el rezo fuera la tregua de todas sus batallas, por un instante sus voces se elevan con una última plegaria: “Madre Laura, protege nuestras montañas”.

El día de la plataforma

Cuando los geólogos llegaron, besaron las piedras. Llor Wili los recuerda celebrando en voz alta, como si hubieran encontrado algo sagrado. “Pero, pues nadie entendía”, cuenta.

Con la empresa recién llegada, deslumbrando, los campesinos se ofrecían para trabajar con ella. Entre 2006 y 2007, la multinacional, que había ofrecido estudios de suelo que luego muchos consideraron engañosos, se convirtió en un empleador de sueldos extraordinarios y benefactor de un nuevo futuro para la región.

Llor era un niño y vió cuando la empresa llegó a su escuela a repartir regalos. “Unos cuadernos y unos computadores”, recuerda. Al poco tiempo, como traída de otro mundo, apareció una “cátedra minera”.

“Una idea que se le sale a uno de la cabeza”, asegura. “Porque nosotros somos un pueblo agrario, necesitamos es un complemento sobre el agro, sobre la montaña”.

Las dádivas de la minera no solo llegaron a las escuelas de las veredas de Palocabildo, también a la Alcaldía. Lo hicieron en forma de convenios público privados. 

Entre 2012 y 2025 —con un período de 2016 a 2019 en el que no hubo aportes— AngloGold Ashanti, a través de su filial Minera de Cobre Quebradona, entregó al menos $5.621.724.391 a la Alcaldía de Jericó para obras que van desde comprar combustible para maquinaria del municipio, hacer placa huellas o mantenimiento en vías y acueductos veredales, hasta patrocinios para el Festival de la Cometa y la Cultura o para la celebración del Día del Campesino —45 millones de pesos en 2024—, y aportes para los adultos mayores o el transporte escolar.

Según los datos entregados por la Alcaldía de Jericó en respuesta a un derecho de petición de Mutante, el transporte escolar ha sido el aporte más constante de la multinacional: $1.477.394.623 a lo largo de trece años. 

Aunque es el único transporte disponible, muchos de los hijos e hijas de los campesinos que se oponen al proyecto Quebradona han renunciado a ir a sus escuelas rurales en él y van caminando todos los días, o sus propios padres los llevan y recogen en moto. 

Con el paso de los años, los campesinos y vecinos de Palocabildo han ido entendiendo qué significó realmente que los geólogos encontraran y besaran las piedras. Esa euforia comercial por el tesoro bajo tierra significaba que una parte debía ser sacrificada. Como ellos no querían serlo, empezaron a bloquear sus actividades.

AngloGold vio cómo sus antiguos trabajadores y defensores no solo bloqueaban las carreteras o hacían plantones para impedir la instalación de sus plataformas de exploración, sino que empezaron a desmontarlas con sus propias manos.

Como sucedió en la vereda La Soledad, el 13 de diciembre de 2023. La gente de Palocabildo lo recuerda por lo que vino después.

Ese día de diciembre, la hermana Elizabeth Rúa estaba en el pueblo. Una pareja amiga la invitó a una protesta en la vereda La Soledad. “Porque Quebradona entró a una finca de uno de los grandes terratenientes de allá”, le contaron.

La hermana, que había llegado a Jericó en 2022 enviada por la congregación de las Lauritas para cumplir su labor como misionera, recuerda que, por entonces, ya se sabía que el propietario de la finca la había arrendado a la empresa minera para hacer perforaciones. La compañía, cuenta, tenía incluso las máquinas listas para ese fin.

Mientras un numeroso grupo de personas llegaba a La Soledad para sumarse a los campesinos que mantenían un plantón hacía varios días a la entrada de la finca, a la hermana le pidieron que preparara una oración. 

Al llegar, leyó un pasaje de la encíclica Laudato si’ que el Papa Francisco escribió en 2015 sobre la casa común. Todavía no sabía que la protesta estaba a punto de cruzar el portón cuando escuchó: “Hermana, vamos a entrar”.

Entonces los vio. Eran unos trescientos campesinos reunidos. Venían todos del morro. A la hermana se le escapó el aliento: “¡Ay, Dios mío, de dónde sale tanta gente!”.

Mauricio Londoño, uno de ellos, enumera los lugares de dónde se desperdigaban los campesinos como las cuentas de un rosario. “Vinieron del suroeste: vinieron de Támesis, vinieron de Pueblorrico, vinieron de Valparaíso. ¡Mucha gente!“, dice.

Algunos de los campesinos habían trabajado antes con la minera. “Ellos sabían cómo se armaban y se desarmaban esos aparatos”, cuenta el hombre. En protesta, muchos llevaban días de vigilia en el plantón. Se habían dado cuenta que hombres de la empresa habían entrado la noche anterior, sigilosos, a montar una plataforma.

Un año atrás, trabajadores de AngloGold habían llegado a una finca en la vereda Vallecitos disfrazados de recolectores de café para evitar ser reconocidos y hacer trabajos de exploración. Por eso para los campesinos era doblemente inaceptable que entraran nuevamente sin el consentimiento de la comunidad.

Porfirio Garcés, el más longevo de los campesinos, dijo el día de la plataforma, en un video, que había sido armada a espaldas de ellos y muy cerca de un cuerpo de agua en riesgo.

“Nosotros hemos conservado una paciencia única”, dice José Luis Bermudez, que estaba ese día en la finca, igual que Porfirio, portando su sombrero vueltiao y una bandera de Colombia que ondeaba en un palo. “Hemos aguantado todo lo que la minera nos haya provocado”, afirma.

Desde el fondo de la montaña, los campesinos organizaron una llamada de protesta.

“Nos telefoneamos con los demás compañeros de otros municipios, gente de la región”, cuenta José Luis. Convocaron centenares. Por eso la hermana Elizabeth les vio bajar como un hormiguero humano cuando arribó al portón de la finca.

Cuando terminaron de desmontar la maquinaría, cuatro hombres la levantaron y se la echaron al hombro. La sacaron caminando, acompasados, como si cargaran un santo de Semana Santa. 

La hermana Elizabeth los vio pasar a su lado con un paraguas negro abierto sobre la cabeza. Sintió alegría al ser testigo de la unión de los campesinos. Detrás del cuerpo cargado de la máquina perforados, los vítores de los campesinos hacían un coro: “¡Fuera AngloGold!”.

“¿Pero ustedes buscaban dañar la maquinaria?”, indago.

“¡Ni riesgos!”, dice José Luis con el sombrero vueltiao testigo sobre su cabeza. “Nosotros la desarmamos y en esos mismos momentos bajó un camión vacío, ahí la montamos”.

María José Cano, amiga de José Luis y de muchos de los campesinos de Palocabildo, estaba con ellos ese día y grabó lo que sucedió con su celular. Desde la carretera señala el lugar de la finca donde estaba la carpa y, debajo, la perforadora “ya lista para trabajar”. Todo es fácilmente visible sin cruzar la cerca de alambre de púas que indica que el predio es propiedad privada.

Una vez sacaron la máquina hasta la carretera, la subieron con cuidado al camión que la llevaría al pueblo para entregarla en la Alcaldía. Entonces apareció la Policía.

Antes de que arrancara, los campesinos amarraron a la parte trasera del camión un cartel escrito a mano: “De: Los campesinos y defensores del territorio. Para: La Alcaldía y AngloGold Ashanti”.

El mensaje se alejó trocha abajo. Días después llegarían las querellas.

María José, que es concejala desde febrero de 2026, fue una de las primeras en enterarse de las querellas. Encabezaba una lista de 61 querellados por la empresa y el propietario del predio. Cuando recibió la citación, entró a Google y tecleó: “Qué es una querella”. La acusación incluía invasión a predio privado y daño a maquinaria.

“Fue un golpe bajo. Era como… ¡Qué es esto! O sea, estamos siendo citados por la inspección de policía”, cuenta.

Entonces, comenzaron las audiencias, una tras otra. Para ella, 2023 y 2024 fueron unos años muy desgastantes. Dice que las querellas son la prueba de que AngloGold sabe que no cuenta con aprobación social en Jericó para su proyecto Quebradona y que por eso acude a acciones “más camufladas”.

“Se ve la desesperación de la empresa por entrar a estas veredas para conseguir sus estudios”, sostiene. “Como si eso nos apagara e hiciera que los campesinos no siguieran saliendo con tanta determinación a parar los carros, a no dejarlos trabajar. Pero pasó todo lo contrario”.

La empresa argumenta que en el lugar donde ocurrió el desmonte de la plataforma se adelantaban estudios ambientales autorizados y que ha documentado los hechos que dieron lugar a las querellas. Las acciones legales, afirma, “obedecen a la necesidad de proteger los derechos adquiridos por la empresa y sus empleados”.

En respuesta a un cuestionario de Mutante aseguró estar comprometida con el diálogo “franco, abierto y fundamentado en el rigor técnico”, y que por eso promueve espacios permanentes de información y conversación con la comunidad.

“Sin embargo, algunas personas que afirman que no generamos escenarios de participación, o que señalan que actuamos de manera clandestina, no asisten a las socializaciones pese a ser invitadas formalmente. Por el contrario, optan por vías de hecho para obstaculizar el desarrollo de las actividades del proyecto minero”, sostuvo.

Sor Elizabeth Rúa, de 67 años, se enteró que estaba querellada por un mensaje de WhatsApp. “Ellos dicen que hubo bala y no, allá nadie sacó ni un machete. Todo fue muy pacífico”, afirma.

A sus oídos llegó el comentario de que ella y los campesinos podían ir a la cárcel. No se asustó. Se decía a sí misma que el hijo de Dios estaba siempre del lado de los pobres y que, en consecuencia, también ella.

“Qué liase, me voy para la cárcel”, recuerda haber pensado. “Allá hago mi labor como misionera de la madre Laura. Me organizo con las mujeres y preparo gente también, porque es que nosotros tenemos que aprender a no comer todo grueso”.

En diciembre de 2025, sor Elizabeth habla sin arrepentimientos sentada en una de las viejas poltronas de la casa de retiro donde viven las hermanas longevas del Convento de la Madre Laura, al occidente de Medellín. Hasta allí la envió su congregación para continuar su vida misionera, después de los años que pasó en Jericó.

Cuatro días atrás, el 13 de diciembre, recibió de la Asamblea Departamental de Antioquia la Orden al Mérito Cívico y Social María de Los Ángeles Cano la Flor del Trabajo, en reconocimiento a su acompañamiento a los campesinos de Jericó. 

Sor Elizabeth estuvo a punto de negarse a recibirla. “Eso es de los campesinos. No soy yo, son los campesinos”. Después vuelve a acomodarse en la vieja poltrona.

El código minero

En la casa de monseñor Londoño hay un mapa con las treinta parroquias de la Diócesis de Jericó, una foto panorámica del pueblo casi del tamaño de un muro de dos metros y, en la sala de televisión, un santo de vestir sin brazos, tallado en madera hace 150 años. 

Monseñor, con traje clerical y una pesada cruz de plata en el pecho, espera que el Vaticano acepte su renuncia. Cumplió 75 años hace varios meses. “Tuve que renunciar por edad porque es obligatorio según el Derecho Canónico”. 

“Aquí dicen que la gente no quiere que usted renuncie”, le digo.

“Depende. Los que están con la mina sí dicen dizque: ‘Cuándo se va a ir el obispo’. Y yo he dicho: no tengo problema en irme, si conmigo hacen maletas también los de la mina”, sostiene.

Una carta en 2013 le avisó que el Papa Francisco lo había nombrado obispo de Jericó. “Yo ni conocía por aquí”, dice. Llegó del Eje Cafetero y un año después, y ya como obispo, firmó una carta sobre la minería junto a los otros once obispos de las diócesis de Antioquia y Chocó, lanzando un llamado de alerta.

Señalaron que los efectos de la actividad minera en ambos departamentos, especialmente los de la minería a gran escala, estaban dejando a su paso ríos desviados, páramos y zonas de reserva de agua extintos, deforestación, pérdida de biodiversidad y menoscabo de la actividad agrícola. 

“Sería bueno tener presente que se puede vivir sin oro o sin petróleo, pero no se puede vivir sin agua”, exhortaron en la misiva.

La minería es una actividad longeva en Colombia. Y aunque aún existe la minería artesanal, que lava arenas para recoger materiales preciosos en algunas regiones, la minería mecanizada o a gran escala ha ido dominando la explotación de minerales desde principios de este siglo. Monseñor tiene claro que no sucedió por favor divino, sino por obra humana. 

Dice que en Colombia fue obra del Código de Minas, una ley promulgada en agosto de 2001, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y que marcaría cada rincón del país a partir de ese momento. 

El código minero abrió la puerta a la inversión extranjera y declaró a la minería como actividad de utilidad pública e interés social. También estableció que los minerales yacentes en el suelo o el subsuelo son propiedad exclusiva del Estado, y que solo quien tenga un título minero puede explorarlos y explotarlos.

Fue entonces cuando el subsuelo colombiano empezó a poblarse de multinacionales y que a montañas recónditas del país llegaron sus geólogos y detectores de metales, como ocurrió en Jericó.

“Yo nunca me he opuesto a esta empresa como empresa, me he opuesto al código minero”, dice monseñor. Y agrega: “porque la trampa no está en la empresa, sino en el código”.

Aunque monseñor no lo menciona específicamente, al analizar la historia del Código de Minas que han documentado distintas organizaciones de la sociedad civil en Colombia, es posible advertir que “la trampa” radica en la manera cómo fue diseñado y aprobado y en el momento en el que apareció en escena.

A finales de los años 90, la explotación de minerales e hidrocarburos se presentó como el “salvavidas de países subdesarrollados o en desarrollo que merecían crecer más y desarrollarse mejor”. Así lo explica Luis Álvaro Pardo B. en un artículo de la revista Ideas Verdes, publicado por la Fundación Heinrich Böll Colombia en 2018.

A medida que se abría paso un clima favorable para la minería y la inversión extranjera en Colombia, se iba delineando, casi en paralelo, la arquitectura legal que la haría posible. Era necesario fijar las reglas de juego. 

Para muchas voces críticas, esas reglas terminaron materializándose en un código minero hecho a la medida de las empresas mineras. Para algunos, incluso, el resultado fue un “monólogo del capital transnacional”, como señaló Censat Agua Viva en un informe de 2010.

Allí mismo, Censat Agua Viva advirtió que la construcción del Código de Minas fue delegada a consultoras provenientes de Canadá y que tuvo la injerencia de 11,3 millones de dólares canadienses de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).  

Años antes, Sintraminercol, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera Minercol Ltda., ya había sacado el tema a la luz. En 2003 denunció que el proyecto de ley del código había sido redactado tres años antes por la firma de abogados Martínez Córdoba & Asociados, la misma que representaba jurídicamente a la mitad de las compañías inscritas en el registro minero nacional. 

El Sindicato fue más allá en el libro en el que el sindicato documentó estas denuncias. Afirmó que el Gobierno colombiano “envió a sus abogados a copiar lo peor de la legislación minera latinoamericana, la de Chile y Argentina”. 

El debate del código en el Congreso fue álgido. Según cuenta el sindicato en el libro, estuvo atravesado por tres asuntos claves: la desaparición de Minercol —el ente estatal de control minero—, la reforma tributaria “a favor de la gran minería” y la duración de la concesión minera “que pasó de 25 a 90 años por las prórrogas”. Todo esto sin que se cumpliera el requisito de consultar a las comunidades indígenas.

Aprobado en 2001,  los efectos del código no tardaron en aparecer. Una de las primeras consecuencias se sintió en la minería tradicional. Según advierte Censat Agua Viva, el código minero “se ha constituido también en la muerte de la minería a pequeña escala de la que dependen miles de familias en Colombia”. 

En la práctica, el código eliminó la diferencia entre pequeña, mediana y gran minería, “obligando a los dos primeros a competir en las mismas condiciones que la última”.

Dos de sus artículos, el 34 y 37, redefinieron las reglas de juego. Según el informe Regalándolo Todo: Las Consecuencias de una Política Minera No Sostenible en Colombia, el artículo 34 permitió levantar la protección ambiental de reservas forestales nacionales para habilitar proyectos mineros.

El artículo 37 fue más lejos e impidió que los municipios prohibieran la minería en sus territorios. Esa disposición estuvo vigente hasta que la Corte Constitucional la declaró inexequible en 2016.

“La minería ha sido declarada de ‘interés público’ y por lo tanto tiene prioridad sobre cualquier otra actividad”, subrayó el informe publicado en 2012 por cinco agencias británicas e irlandesas que trabajan en Colombia. 

La conflictividad que causa la legislación minera en Colombia no es una excepción. En 2024, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo advirtió en un informe que “los impactos a perpetuidad no están contemplados en ninguna parte de la legislación minero o ambiental del país”.

Entre enero de 2022 y febrero de 2024, la entidad registró 249 conflictos socioambientales relacionados con el sector minero energético. La mayoría estaban relacionados con proyectos de hidrocarburos —de petróleo y gas—, pero cuatro de cada diez correspondían a la minería.

Además, señaló que no solo existen diversos actores en el país que cuestionan las leyes minero energéticas por haber puesto primero el interés económico que al medio ambiente y los derechos fundamentales, sino que estas mismas leyes han provocado procesos de participación deficientes que han roto a las comunidades por dentro.

Monseñor Londoño es uno de esos críticos del Código Minero. Por eso incluso se ha ganado el apelativo del “cura rebelde más rebelde de Colombia”. Insiste en que el problema no es la empresa. “La empresa es avispada. Como el código minero es tan flojo, como los pagos de regalías son tan suaves y las condiciones ambientales son tan flexibles”.

Sentado en la sala de televisión donde todo parece suspendido entre paréntesis y custodiado por un santo de vestir sin brazos antiquísimo, el obispo de Jericó se preocupa por el futuro. 

Le preocupa, por ejemplo, “las piscinas de relave” donde la empresa, si consigue explotar el depósito de cobre, verterá los residuos de su producción después de triturar varias veces el mineral y convertirlo en una partícula más pequeña que un grano de arena. 

“¿Quién asegura que en 25 años eso no se va a verter en el río Cauca? Nadie”, dice.

Despierta Jericó

Los querellados aparecieron en primera página. 

En la portada de la edición número 125 del periódico Despierta Jericó, impresa a blanco y negro en mayo de 2024, los campesinos no parecían personas sino seres míticos con cuerpo de montaña. “Todxs somos querelladxs”, decía el titular.

La editorial de ese número condenó la actitud de una “empresa obstinada” en su afán minero. 

“El desafío y hostigamiento de la empresa obstinada en la explotación del Distrito Minero Quebradona, se dirigen directamente contra las familias campesinas de las veredas Vallecitos y La Soledad, defensoras de la montaña abastecedora de agua para los acueductos de Támesis, La Pintada y Jericó”, decía.

Sin embargo, la primera editorial del periódico había salido muchos años antes, en febrero de 2013. En apenas ocho páginas anunció no solo su primer número, sino su primera lucha: “La polémica bandera de Jericó NO A LA MINERÍA”.

Entonces cuenta que hubo un tiempo en que las banderas de “NO A LA MINERÍA” llegaron a estar en casi todas las casas de Jericó. 

“La empresa misma pagaba para que se retiraran violentamente de las casas en las noches”, dice volviendo las manos sobre uno de los periódicos. “Y a quien llevara banderas a las oficinas de la empresa le daban una cantidad de dinero”.

Algunas persistieron muchos años después colgadas en los aleros del pueblo. La de su casa sigue ondeando mientras él habla.

Ese primer número se repartió gratis y continúa siendo así, hasta hoy. Para sobrevivir, Despierta Jericó, que se define como un “órgano informativo independiente”, mantiene una rifa mensual, una cuenta de ahorros, donaciones y el trabajo voluntario. Nada más.

“El tema de los campesinos de Jericó es realmente una lucha de David contra Goliat”, dice Fernando. Y no es el único que usa la comparación bíblica para referirse a ellos. Lina Velasquez y Alonso Cardona, dos investigadores sociales del suroeste, reseñaron su lucha ambiental como la de un “David moderno” en el título del libro que publicaron sobre el conflicto socioambiental de Jericó en 2024.

Despierta Jericó ha registrado cada momento del conflicto con la minera. En sus páginas quedó, por ejemplo, la crónica de una de las primeras audiencias de las querellas que la multinacional interpuso contra campesinos de Palocabildo, en 2024. Fue en el Teatro Santamaría de Jericó, a pocas cuadras del parque.

Antes de entrar, Sor Elizabeth, la monja querellada, hizo una súplica breve: “Que Dios nos acompañe”.

Porfirio Garcés, el más longevo de la lista de querellados, lanzó una declaración: “Yo defiendo mi territorio y lo seguiré defendiendo cueste lo que cueste”.

La audiencia no terminó ese día. La defensa solicitó suspenderla. A la salida un grupo de personas gritó enérgico: “¡Agua sí, mina no! ¡Agua sí, mina no!”.

Igual de importante que las querellas fue el hallazgo arqueológico que hizo un joven caficultor de ojos claros en la vereda La Soledad, donde se ha concentrado la lucha por el agua. El periódico lo registró como un acontecimiento único para proteger la montaña.

Llor Wili Tamayo, de 23 años, estaba mambeando mientras buscaba herramientas en una cueva —o abrigo rocoso— de la finca Mirantonio, la finca de su familia, cuando encontró entre la tierra fragmentos de otro mundo.

Al principio no supo qué hacer con esos pedazos de cerámica. Sintió alegría pero también miedo. “Era algo muy nuevo para mí y para el territorio también”.

Poco tiempo después supo que era un vestigio de una civilización pérdida que había habitado esas mismas montañas entre los años 234 y 418 después de Cristo. El lugar del hallazgo está en el costado occidental del escarpe del cañón del río Cauca, entre cafetales sembrados por generaciones de su familia.

Despierta Jericó le dedicó la portada de su número 135 a las imágenes de la reconstrucción arqueológica de una de las vasijas halladas. En total fueron 277 piezas de cerámica ceremonial fragmentadas y cinco artefactos líticos o herramientas de piedra.

“Las diseñaban para venir a ofrendar”, explica Llor, que meses después del hallazgo se convirtió en investigador comunitario del proceso de excavación —o rescate estratigráfico—, trabajando junto al equipo del arqueólogo Pablo Aristizábal, doctor en Arqueología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y líder de las labores arqueológicas sobre las culturas prehispánicas del Valle de Aburrá en 2015. Así aprendió a leer la montaña capa por capa para descifrar el pasado.

“Ofrendaban a los dioses del agua y de la montaña, porque cuando llegaron al territorio encontraron un valle muy fértil, lleno de cascadas, conectado con Cerro Tusa [una pirámide natural de 1.950 m.s.n.m. también en el suroeste antioqueño]. Tenían agua, entonces ofrendaban para agradecer por toda esa riqueza natural”, sostiene.

El arqueólogo Aristizabal escribió un artículo en Despierta Jericó: “El hallazgo, que ya está reportado en el Atlas del ICANH, es un sustento importante que será presentado a la ANLA como argumento de que la Mina Quebradona no es viable porque afectaría de manera definitiva sitios arqueológicos únicos e inmuebles, como estas cuevas sagradas y el paisaje en el cual se encuentran ubicadas”, expuso.

Advirtió que dinamitar los sitios ceremoniales ubicados alrededor de la roca del hallazgo, durante 25 años de posible explotación minera, “afectaría la integralidad del conjunto”. Semanas después, en una charla pública en Medellín contó algo más.

El día en que Pablo y Llor —y el equipo que procesaba el hallazgo— terminaron el trabajo de campo, un águila se levantó por el filo de la montaña. Detrás apareció un cóndor de la selva. “El rey gallinazo. Hermoso, blanco”, dijo Pablo.

En el auditorio, Llor estaba sentado a su lado con gesto reservado. A la sala arqueológica comunitaria que construyó contiguo a un cafetal que se desliza por la empinada montaña, le puso la Vista del Águila. Otro esfuerzo por frenar el avance de la minería.

Llor sabe que si la montaña donde ocurrió el hallazgo es perforada por los túneles de la mina de cobre, no solo desaparecerían los cultivos de café o el agua, también lo harían los rastros y ofrendas de quienes habitaron ese lugar hace más de 1.500 años.

Cuando en la charla le pidieron que hablara de la lucha que representan esas piezas arqueológicas que halló, soltó una frase escueta: “No queremos más destrucción disfrazada de desarrollo”.

Los once

La noticia corrió veloz por las montañas del suroeste. Y pronto por las de Antioquia y el resto del país. Once campesinos de Palocabildo, defensores del agua, denunciados penalmente por oponerse a la minería de AngloGold Ashanti. 

Tras la protesta y el desmonte de la plataforma en Vallecitos, en diciembre de 2023, la empresa y la familia propietaria del predio —familia de Rafael Arteaga, exconcejal y exalcalde de Jericó— los denunciaron. Acusaron al grupo de los once de intervenir maquinaria de la minera y de retener a funcionarios. 

La denuncia llegó al estrado del pequeño juzgado de Jericó en abril de 2025, donde el día de la imputación de cargos no cabían los vecinos, amigos, familiares y pueblerinos preocupados por la suerte de los once. 

Cuando la Fiscalía enumeró los delitos, muchos de ellos no entendían cómo sus nombres sonaban junto a cosas como secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Cómo podían ser reducidos a eso por una protesta legítima.

La notificación de la audiencia les llegó mientras estaban en otra protesta, un plantón en Vallecitos que llevaba días. “Ya nosotros estábamos judicializados”, recuerda José Luis Bermudez. Allí buscaban impedir la instalación de una nueva plataforma de la empresa que, según ellos, avanzaba de forma clandestina.

En Jericó lo recuerdan como se recuerdan las gestas bíblicas: “los cuarenta días y cuarenta noches”. 

Hasta el plantón, que sumó más de un mes, los comerciantes del pueblo enviaron carne y víveres para apoyar la lucha ambiental de los campesinos de Palocabildo y de otros tantos que vinieron de Támesis, Fredonia, Santa Bárbara, La Pintada, Jardín, Andes y Pueblorrico, todos pueblos del suroeste antioqueño. “Y valió la pena haber estado sufriendo en esas noches de invierno, amaneciendo en el frío”, afirma José Luis. 

Cuando tuvo que sentarse en el juzgado, José Luis llevó un sombrero puesto sobre su cabeza y escuchó en silencio cada uno de los cargos. “Eso a mi no me perjudica porque yo sé claramente lo que estoy defendiendo. No tengo nada qué temer”.

Mientras tanto, en el pueblo empezaron a llamarlos “los 11 de Jericó”. También en redes sociales. Algunos incluso les decían “los verracos de Jericó”, por enfrentarse a una poderosa multinacional con solo el coraje de un David.

A la comunidad le costaba creer que a vecinos, conocidos de toda la vida, les estuvieran acusando de algo tan injusto. “Defender el agua no es ningún delito ¡Libertad y justicia pa los campesinos!”, gritó el día de la audiencia un grupo de pueblerinos por las calles empedradas de Jericó, con banderas, carteles y pitos. 

La Defensoría del Pueblo rechazó la judicialización. En un comunicado dijo que el Estado debía garantizar el derecho a defender derechos, y que el derecho penal “no debería ser usado como herramienta de represión frente al ejercicio de la defensa de derechos fundamentales y colectivos”. Organismos internacionales como la ONU también expresaron preocupación por la judicialización de líderes ambientales de Jericó.

En la respuesta enviada a Mutante, AngloGold Ashanti afirmó que no tolera lo que considera “vías de hecho” ni conductas ilegales contra sus trabajadores o su operación. La empresa aseguró que “respeta plenamente el derecho de cualquier ciudadano a oponerse o criticar proyectos mineros”, pero que no pasará por alto situaciones donde “se han evidenciado vías de hechos” y conductas que considera ilegales contra la empresa y sus colaboradores.

Por su parte, la Alcaldía de Jericó señaló, a través de una respuesta a un derecho de petición enviado por Mutante, que ha garantizado el derecho a la protesta de los campesinos “en concordancia con la Constitución Política y la normatividad vigente”. Además, que la reconoce como un derecho fundamental y una expresión de participación ciudadana.

Según explicó, la administración municipal ha desplegado varias acciones para este fin, como acompañar las jornadas de manifestación, abrir canales de comunicación directos con líderes sociales, participar con sus diferentes secretarías en las mesas de diálogo y trabajar junto a la fuerza pública.

Rodolfo Tobón, a quien nunca se le cruzó por la mente estar a punto de ir a la cárcel por proteger el agua de los nacimientos, le preocupaba su familia y su vulnerabilidad ante un aparato de justicia desconocido y que ahora estaba en su contra.

“Es una cosa impresionante ponerlo a uno en un proceso de estos por cuidar este líquido vital que le sirve al mismo juez que me irá a juzgar a mí”, le dijo a la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC), que cubrió la audiencia de abril.

Muchos de los campesinos imputados nunca habían pisado un juzgado. Rodolfo dice que no conocía el de Jericó. “Vine a conocer la inspección de policía ahora en esas querellas”. Aunque es uno de los once, asegura que quisiera no serlo. “Yo digo que aquí los once semos, prácticamente, todo el suroeste”.

Tan rápido como la noticia de su judicialización, corrió la primera decisión del caso. Dos meses después de recibir los cargos, en junio de 2025, el juez negó la solicitud de prisión domiciliaria hecha por la Fiscalía. Los once podían seguir el proceso libres.

Agolpada a la salida del juzgado, en plena plaza de Jericó, la gente estalló de alegría como si los once bajaran resucitados. Incluso algunos lloraron al verlos salir por las estrechas escaleras del juzgado. 

“¡Se hizo justicia! ¡Se hizo justicia!”, gritaban y se abrazaban.

Antes de zambullirse en el aire húmedo y cargado de mosquitos de uno de los lotes de su cafetal, José Luis vuelve sobre la fecha que desencadenó todo: “Esta lucha empezó en 2007”.

No la olvida porque nunca se olvida la llegada de una multinacional a un pequeño pueblo, ofreciendo estudios de suelos. Durante años ha sentido que esa fue una mentira que le ofende. Como le ofende que, desde el escritorio en Bogotá, los gobiernos autorizaran las actividades de la empresa.

“Firmaban sin saber la problemática que venía encima. Los gobiernos también trataron de pisotearnos”, dice asestando un puño en el aire. 

No en vano, luego de 19 años de luchar con plantones, marchas, y de enfrentar a alcaldes simpatizantes de la minera, querellas y ahora un juicio, dice que ya nadie les puede convencer de lo contrario: que el Estado son ellos y no los del escritorio en la capital, en Bogotá. 

La lucha de los campesinos, defensores del agua de Palocabildo, ha sido un ejemplo para la región, el país y mucho más allá. Lina Velásquez, una activista, periodista e integrante de la Mesa Ambiental de Jericó —creada en 2008—, dice que la empresa subestimó la verdadera fuerza de los campesinos. 

“Creo que no entendieron el sentido de pertenencia que había por ese territorio. Ignoran que es un territorio que siempre ha vivido bien económicamente, donde la gente valora el paisaje, el agua, la biodiversidad”, sostiene.

Tampoco esperaba la empresa que por el camino se unieran muchas otras fuerzas. Empezando por la Iglesia Católica, con el obispo y las religiosas lauritas, o la Mesa Ambiental de Jericó, que recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025, por su valiente lucha por la defensa del agua y la vocación cafetera junto a los campesinos. 

Ni mucho menos esperaba que esa lucha convocara a activistas de otros pueblos de la región, abogados, organizaciones de derechos humanos y a los jóvenes del suroeste, que se han organizado para rechazar la minería y hacen comunicación alternativa y trabajo comunitario para resistir pacíficamente al proyecto Quebradona. 

“Realmente es una integración generacional”, dice la concejala María José Cano, que también es una de las cofundadoras del colectivo Imagina Jericó. “No he conocido un Jericó sin la discusión de la minería”, agrega la joven que nació en 2001, y que decidió estudiar Comunicaciones en la Universidad de Antioquia para aportar a la resistencia contra la minería.

Muy cercana a los once y a su proceso de resistencia de los últimos años, María José dice que su judicialización fue un duro golpe emocional. Y aunque tiene un espíritu aguerrido, por un momento reconoce que luchar por tanto tiempo también los ha cansado.

“Nos quita tiempo”, dice. “Tiempo para trabajar en proyectos políticos comunitarios que caminen hacia donde queremos caminar, que es el cuidado del agua y de sus ecosistemas, pero también oportunidades diferentes para el campesinado que conduzcan a la agroecología”, agrega.

Monseñor, que cuestiona públicamente la minera a gran escala y hasta rechazó, iluminado por el espíritu santo, una catedral de cobre que le ofreció AngloGold, dice que a la empresa le salió “el tiro por la culata” con el uso de la justicia para paralizar la protesta. 

“Y eso es muy bueno para que la empresa entienda que hay gente resiliente y tenaz: ese es el espíritu de estos campesinos”, asegura.

Un hombre como Pedro Sánchez, miembro del Comité Coordinador de la Red de Iglesias y Minería en América Latina, que ha seguido de cerca el caso de los campesinos de Palocabildo, considera que, además de ser ejemplo, los campesinos han evangelizado a monseñor, a la Iglesia y al país.

“Se ha visto al campesino digno, al campesino que no agacha la cabeza, que sabe lo que quiere y que respeta su cultura. Se han convertido en un referente, no solamente para Jericó y toda Colombia, sino para toda América Latina”, apunta.

El alcalde verde

“No es un advenedizo tecnológico”, dice Carlos Augusto Giraldo sobre AngloGold Ashanti. Eso es algo que le da tranquilidad.

El hombre, que lleva una camisa rosada y un sombrero blanco en una tarde de julio, alguna vez fue elegido el Alcalde Verde de Colombia —por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y del Ambiente (Inderena), que dejó de funcionar en 1993 e integró algunas de sus funciones desde entonces al Ministerio de Ambiente—. Hoy es uno de los principales defensores del proyecto minero que más divide a Jericó.

Agricultor y dos veces exalcalde de Jericó, cuenta que en su segunda alcaldía —entre 2008 y 2011—  la primera instrucción que recibieron los geólogos del proyecto minero que llegaron a inspeccionar fue que tuvieran cuidado con él, porque lo más probable es que terminara amarrado a los árboles.

Pero Giraldo, en lugar de amarrarse a los árboles, se acercó al proyecto minero.

“Para esclarecer dudas”, dice. Empezó solicitando información a la empresa y pidiendo que tanto él, como la gente del pueblo, pudieran ir a ver cómo hacían los primeros huecos de la exploración o qué pasaba cuando intervenían un bosque o una zona de agua. 

“Exigí que se reuniera mucho a la comunidad y les contaran eso en qué consistía”, cuenta.

Él, “un hombre de universidad” que no conocía la minería, no solo no la rechazó, sino que movido por la curiosidad viajó por el mundo para visitar grandes proyectos mineros de cuenta propia.

“Me fui a ver el proyecto de plata en Guatemala. Después, fui a ver unas minas en Brasil. Vi minas en Alemania”, cuenta.

Regresó convertido en entusiasta, tras ver que era posible hacer “buena minería”. Convencido de que la minería a gran y mediana escala podía ser ambientalmente responsable, se hizo portador del milagro que la ingeniería ya había descifrado.

Entonces, en su gestión como alcalde ayudó a crear el Miércoles Minero, para conocer el proyecto desde adentro, e impulsó la creación la Veeduría Ciudadana al Uso y Preservación de los Recursos Naturales en Jericó —UPRNJ— para hacer observaciones al proyecto mismo y al manejo de los recursos que producirá.

Por eso, no le cierra la puerta al cobre: “Un proyecto de innovación tecnológica de uno de los metales indispensables para la transición energética en el mundo”, sostiene.

Abre la ventana de su casa y divisa toda la zona lejana de la tierra fría de Jericó, donde se ubica el proyecto Minera de Cobre Quebradona. Su brazo traza una línea en el aire. En esa dirección, donde quedaba la finca de su abuelo y antes pastaban las vacas, hoy se proyecta el epicentro del cobre.

Ya no hay vacas ni manos que las ordeñen. El campo de Jericó ha ido cambiando mientras el cobre se conserva silencioso en la montaña y la gente va tomando partido por el proyecto o en contra.

Giraldo toma en sus manos unos apuntes con cifras del Servicio de Extensión Agropecuaria de Jericó —antes conocido como la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA)— y se pone sus lentes. Lee las pruebas de la metamorfosis agrícola: de las 3.500 hectáreas de café, un cultivo insignia de la región en el siglo XX, hoy asegura que apenas sobreviven 1.308, una tercera parte.

“Pero no por la minería”, apunta. “Hay un cambio no de vocación productiva, sino de mano de obra. ¿Por qué se ha acabado la caficultura? Porque no hay quien lo haga”. 

Mientras tanto, advierte que otros cultivos se han multiplicado a la par de la exploración minera, como el aguacate y las plantaciones forestales, que generalmente son administradas por empresas a las que los campesinos tercerizan la gestión agrícola de sus tierras. Son monocultivos que no están exentos de discusiones sobre el consumo de agua y los impactos sociales que dejan en las poblaciones que los integran a su economía.

Y aunque de la montaña aún no han sacado un gramo de cobre, Giraldo está convencido de que la agricultura, el comercio y el turismo pueden crecer y convivir en Jericó al mismo tiempo que la minería tecnificada de AngloGold Ashanti. 

La profecía de Giraldo es la técnica.

Si a algunos de sus vecinos les preocupa que la minería afecte el agua, a él le inquieta que no dejen que la técnica establezca si ese riesgo existe. Cuando oye que la mina podría hundir la montaña con sus túneles, dañar el paisaje y ahuyentar el turismo, recuerda los grandes túneles construidos en Antioquia, cuyos taludes de concreto, tapizados con maní forrajero, terminaron por integrarse al paisaje.

Es un hombre que confía. Confía en la profecía de la mina “más moderna de América”, automatizada con robots. Confía en los estudios hidrogeológicos y en los de impacto ambiental. Y, además, confía en la vigilancia de la Gobernación de Antioquia, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Minas.

Dice que la  gran mayoría de sus paisanos respalda el proyecto minero o simplemente opina que se haga sin daño. “Hay unos poquitos muy adoctrinados que sí se oponen radicalmente. Pero, insisto, no con argumentos, sino con el discurso de siempre”.

Con la habilidad que tiene para referir cosas del pasado, recuerda que fue testigo de la llegada de AngloGold a Jericó y que la gente estaba enterada de qué estaban haciendo los funcionarios enviados por la multinacional. 

“Desde 2003, que llegaron por primera vez, supimos que estaban haciendo exploración minera”, afirma. 

Al principio, todo el mundo decía que lo que buscaba el helicóptero de la minera era oro. Incluso su padre, que era un campesino “común y corriente”, se refirió al supuesto oro un día que se murió una vaca: “Hombre, ¿y si iba y el oro lo encuentran aquí donde estamos nosotros enterrando esta vaca?”.

“Allí en aquel potrero”, señala girando el cuerpo con vigor. “Yo lo vi pasar”, agrega.

Y aunque su recuerdo es vívido, en Jericó hay personas que afirman lo contrario: que la multinacional ocultó sus intenciones, los engañó y los convenció de que se trataba de un estudio de suelos para mejorar sus cultivos. 

Entre ellos Porfirio Garcés, el más longevo del grupo de los once y compañero de Giraldo para escuchar tangos. “Para pelear [se encontraban] porque una canción peruana él decía que era de Ana Belén, y yo de María Ortiz”.

“Yo sé que él no es secuestrador”, afirma tajantemente.

El exalcade cree que el proceso contra Porfirio y los otros diez campesinos ha sido contado de una manera incompleta. “Es que suena muy bien: once campesinos héroes que se oponen a una multinacional ahora son acusados”, sostiene. Para él, el titular sería otro: “Once campesinos, que quizás fueron instrumentalizados, son acusados por la Fiscalía; no de oponerse al proyecto, sino de secuestro”.

Pero por un momento los tangos vuelven y suspenden la mina, la Fiscalía y la tensión del proceso judicial. Giraldo dice que le pregunta a Porfirio si sabe “en qué se metió”. Tan pronto Porfirio empieza a hablar de las multinacionales, Giraldo corta el tema: “Bueno, Porfirio, quédese ahí no sea que le toque asumir las consecuencias”. Después, cuenta que vuelven a hablar de tangos.

La cima

En Colombia, hacer el tipo de defensa ambiental que hacen los campesinos de Palocabildo es una actividad que puede atraer a la muerte, incluso si están en las montañas de una santa, apoyados por una comunidad devota y por las autoridades eclesiásticas. 

El país es el lugar del mundo más letal para defender la tierra y el ambiente, y América Latina la región más peligrosa. Ocho de cada diez de los 146 casos documentados durante 2024 alrededor del mundo se dieron en la región, según Global Witness: 48 personas fueron asesinadas en Colombia, la mayoría de ellos campesinos. 

Ninguno de los campesinos de Palocabildo ni la gente que los rodea desea una corona fúnebre en su comunidad. Por eso les preocupa su seguridad en un momento donde la promesa minera que se cierne sobre su territorio ha atraído, además del apetito extractivo de una multinacional, la presencia de un grupo armado ilegal.

En noviembre de 2025, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) alertó que el Clan del Golfo —que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— había trasladado desde el Occidente antioqueño hacia el suroeste a una de sus unidades más especializadas en minería. 

En el informe que presentó junto a otras cuatro organizaciones de la sociedad civil, señaló que se trata del Bloque Edwin Román Vásquez, reconocido por “las sanguinarias operaciones a sangre y fuego para establecer control sobre minas tan importantes como la Buriticá, explotada por la empresa minera china Zijin-Continental Gold”.

Advirtió que los yacimientos auríferos aluviales, al igual que los polígonos donde se proyecta la minería de oro y cobre a gran escala, se han convertido en objetivos prioritarios de esta avanzada armada. En el suroeste antioqueño, cerca del 80 % del territorio está bajo solicitud o titulación minera de empresas transnacionales interesadas en explorar y explotar minerales metálicos y carbón.

Las AGC han puesto la mira en la minería como una fuente de mayor rentabilidad y control criminal, más allá del microtráfico de drogas y la extorsión. “Todo el que interfiera en este interés extractivista pone en riesgo su vida, seguridad, libertad e integridad con este grupo”, advirtió la organización en su informe.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó y de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila, que lleva su nombre en memoria del exconcejal y defensor ambiental de Jericó, mira 2025 como la cima de un movimiento. En ese punto más alto de la lucha, el proceso judicial de los once —aún por concluir— y la respuesta masiva en favor de su libertad, marcaron un hito. 

Pero la otra cara es la presencia amenazante de un grupo armado ilegal en la zona rural de Jericó, donde se concentra la oposición al proyecto Quebradona. “Ha estado incursionando en la zona que es de exploración de la empresa minera y que es el lugar de vivienda de nuestros compañeros”, sostiene. Le preocupa profundamente. 

El hombre canoso, sentado en una pequeña salita de la casa, dice que en Colombia ya quedó en evidencia lo estéril que es responder con violencia a los conflictos. Y enumera con calma los logros pacientes tras un año difícil. 

Uno de los más significativos es la decisión del Ministerio de Ambiente, en junio de 2025, de declarar una reserva ambiental temporal de más de 37.000 hectáreas en seis municipios del suroeste: Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada.

La reserva temporal, con una vigencia de tres años prorrogables a cinco, es un freno para la apertura de nuevos procesos de titulación minera, por eso los campesinos de Palocabildo la ven como una protección, incluso un milagro más de Santa Laura.

AngloGold, sin embargo, podrá continuar con las labores de exploración de Quebradona, al contar ya con un título minero vigente. 

Además de hacer estudios hídricos que permitan comprender el sistema de acuíferos de la zona, con la reserva el Ministerio se comprometió a estudiar la conectividad ecológica de la zona y a identificar las áreas que requieren restauración, en especial en ecosistemas sensibles como el bosque seco tropical.

“Vemos venir aproximadamente cinco años de estudios técnicos científicos que demostrarán lo que sabemos: que la montaña que nos une con Támesis, donde la empresa tiene el proyecto minero, es una zona de recarga de acuíferos de gran cantidad de manantiales y, por tanto, debe ser un área de reserva natural permanente”, sentencia Fernando.

La navidad de 2025 llegó con otras dos noticias que en Palocabildo festejaron tanto como la llegada del Niño Dios. A inicios de diciembre, la Agencia Nacional de Minería negó la prórroga de Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para la etapa de exploración de su título ubicado entre Jericó y Támesis, la cuarta y última que le quedaba al proyecto. 

Un mes antes, en noviembre, el Ministerio de Agricultura declaró 5.270 hectáreas como Área de Protección para Alimentos (APPA) en una resolución que está en etapa de implementación.

Porfirio Garcés, José Gabriel Suárez, José Luis Bermúdez, Juan Carlos Salinas, William Gaviria, Mauricio Londoño, Argiro Tobón, Albeiro Cardona Pulgarín, Rodolfo Tobón, Gustavo Arboleda y Rubiel Arango, los 11 de Jericó, esperan que la justicia actúe y los declare inocentes. 

En agosto de 2026, los once campesinos esperaban que el juzgado reanudara las audiencias de su caso y escuchara el alegato de la Fiscalía. Pero, unos días antes, la diligencia fue aplazada y reprogramada para marzo de 2027. 

El proceso ya no solo promete ser largo, sino que se dará en un escenario político distinto. El nuevo gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, ha anunciado con algunos nombramientos de su gabinete la reactivación de la minería, incluso en ecosistemas protegidos como los páramos. Además, recientemente informó que derogará las Áreas de Protección de Alimentos (APA), creadas por el gobierno saliente de Gustavo Petro. “Se acabaron”, dijo en el video en el que dio a conocer la decisión.

Y mientras la justicia y la política siguen su curso, en Palocabildo hay una convicción intacta. A quien los visita le dicen que de la minería “no quedan sino desastres”. No quieren ver sus veredas acabadas, sin campesinos y sin cultivos. Preguntan dónde existe un pueblo minero que también sea próspero. “Sépalo que las tierras, donde hay minería, ni regaladas se pueden recibir”, le repite Mauricio a sus compañeros.

Mucho menos quieren terminar sembrando cebollas en tierras cedidas por la multinacional, después de haber cultivado sus propias parcelas, donde creció el café y todo lo que sus ancestros quisieron sembrar. “Queremos que nos dejen tranquilos. Es lo único”, remata Mauricio.

En la cima del mirador de la Soledad, Porfirio Garcés, el mayor de los once, luce la camisa y sombrero elegantes que se puso ese día. Dice que aunque la minería es un fantasma que no los deja vivir tranquilos hace años, ellos llevan todo ese tiempo espantándolo con el cuerpo y el alma, en una protesta permanente.

“Aunque el amo me mate, a la mina no voy. No quiero morirme en un socavón”, canta. Sus versos, trovas ya nebulosas en el aire, se hacen una con el cañón del río Cauca a sus espaldas.

Nota editorial: monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago fue obispo de Jericó hasta julio de 2026, después de 13 años de misión episcopal. El Papa León XIV nombró al padre Diego Luis Rendón Urrea como su sucesor.