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Es lunes en la noche y las calles residenciales de El Poblado están en calma. Menos en el Parque Lleras, la zona rosa más turística de Medellín y uno de los lugares que concentra la prostitución callejera. Para entrar en él hay que atravesar una cerca de barandas. Son feas, pero no ahuyentan al turismo. Se supone que son un mecanismo de control, pero por las barandas pasa de todo, especialmente hombres. Muchos. La mayoría son extranjeros que andan en grupos y hablan inglés entre sí o un español con acento foráneo. Algunos vienen a buscar mujeres jóvenes locales. 

A ellas sí las requisa la policía, inspeccionan hasta el diminuto fondo de sus bolsitos brillantes, pero con eso no detienen la explotación sexual infantil y juvenil. Más bien parece un dispositivo de control de apariencias, que intenta mitigar el escándalo de un parque lleno de niñas y adolescentes que hacen un gran esfuerzo por vestirse y maquillarse de manera llamativa, hipersexualizadas, como las trabajadoras sexuales mayores de edad que legalmente pueden trabajar en el Lleras.

La fantasía sexual en el ‘paraíso’

La escena no es nueva, pero es cada vez más masiva. Cerca de un millón de extranjeros visitaron Medellín entre 2022 y 2023. El Sistema de Inteligencia Turística de la ciudad señala que el 60 % son hombres y que la mayoría tienen entre 18 y 39 años. Los turistas estadounidenses, según los registros del Sistema, son casi el 40 % de los visitantes extranjeros que llegaron a la capital antioqueña en el último año.

Son ‘buenas noticias’ para la economía local, que se lucra de la búsqueda de la narco-fantasía de la fiesta, drogas y mujeres sensuales de los extranjeros. Armando Zuluaga, educador popular y activista del Movimiento Acción Corazón, dice que en la ciudad el comercio sexual “se volvió un importante renglón de la economía popular”. Va más allá del Parque Lleras y de la prostitución en otros sectores del Areá Metropolitana. “También está todo el ambiente de rumba en Medellín, que de todas formas está bastante hipersexualizado y erotizado, ”agrega. 

En la ciudad también hay un lucrativo mercado sexual en las esferas privadas, el de la pornografía y los estudios de modelaje webcam. Se trata de una industria gigantesca, con treinta mil modelos solo en Medellín, que mueve $600 millones de dólares al año en el país, según la Federación Nacional de Comercio Electrónico para Adultos a través del Sistema Webcam (Fenalweb). 

La prostitución,  la pornografía y el modelaje  webcam son negocios legales habilitados para mayores de edad, pero no inmunes a formas criminales de explotación sexual con menores de 18 años. Los proxenetas y las redes de trata no han tardado mucho en apropiarse de ese ambiente para expandir la oferta de servicios de esta naturaleza –online o en la calle–  a los turistas, incluso si estos involucran a menores de edad.

Se cruzó  la oferta ilegal de drogas y rumba con experiencias girlfriends (acompañantes sexuales jóvenes, algunas menores de edad) y la situación comenzó a salirse de control. “¿Venir acá para un explotador o pedófilo? Un paraíso”, condena Jazmín Santa, una docente universitaria y miembro del secretariado técnico de la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (Escnna) de Medellín. 

No es un fenómeno de los últimos meses o años. Al menos, desde 2016, la Alcaldía de Medellín lo tiene identificado. “¿Cómo se sienten ustedes cuando llegan a Colombia después de unas semanas en Estados Unidos? Yo siempre tengo esa gran sensación de libertad y felicidad”, dice un comentario rastreado por una investigadora del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), de la Alcaldía de Medellín, para un informe de 2017 sobre la explotación sexual de menores de 18 años en El Poblado.

“El choque de ver chicas sexis en todas partes después de haber visto a las gorditas de Ohio es increíble”, continúa el comentario que fue tomado de una página web de una organización criminal dedicada a ofrecer paquetes turísticos en Medellín, que incluían sexo con menores de edad. “Además, es fantástica la sensación de que aquí todo es posible. ¡Esto es pura emoción y me fascina!”. 

Desde 2013, cuando la Alcaldía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicaron los resultados de una investigación que describía el vínculo criminal entre el turismo (nacional y extranjero) y la explotación sexual de menores de edad, está claro cómo operan los proxenetas, las redes criminales que se lucran de este negocio y los turistas que lo solicitan.

“La cuestión es económica, cuando se hace la conversión de dólares a pesos todo es muy barato. Tengo unos amigos puertorriqueños que vienen una vez al mes y esa es la razón”, relata el testimonio de un extranjero recogido por esa investigación en su capítulo de hallazgos.

Violencias previas y una gran vulnerabilidad 

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es una grave vulneración de derechos. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) la considera una forma moderna de esclavitud. Para una ciudad como Medellín es, a la vez, un problema de seguridad, una expresión de las desigualdades sociales, un delito transnacional, un drama y una tragedia humanitaria, en proporciones cada vez más preocupantes.

Un reciente informe de la Mesa Intersectorial contra la Escnna de Medellín, afirma que el incremento de los casos ha sido sostenido desde 2012. “Existe una tendencia al alza, con un pico en 2015”, señalan. Según su diagnóstico, 788 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en Medellín entre 2020 y 2022. Un promedio anual de 263 víctimas, según su cotejo con reportes de la Fiscalía General de la Nación. Son cifras que no escapan a un gran subregistro. “La mayoría son adolescentes y preadolescentes”, indican.

Esto es así, porque la explotación sexual de menores de 18 años está normalizada, como en el resto del país.  “Y legitimada”, añade María Cristina Hurtado, una abogada exdefensora del pueblo en derechos de infancia y adolescencia y coredactora del Código de Infancia y Adolescencia colombiano. “Sucede ante los ojos de todos y de todas. La sociedad, las familias y el Estado están involucrados”, señala la experta. La convicción de que todo esto tiene que ver con la precariedad que envuelve la vida de las niñas y adolescentes en Medellín y en Colombia, no deja de rondar la cabeza de Hurtado. “Es un país de extremas pobrezas”, anota. 

Y es un país donde las niñas y los niños son víctimas de abusos y violencias en sus casas desde temprana edad. En 2023, Medellín fue la tercera ciudad de Colombia con más registros de delitos sexuales contra menores de 18 años (594 en total). Los delitos sexuales son más de la mitad de las lesiones no letales contra las niñas, niños y adolescentes en todo el país, según Medicina Legal. Al finalizar el primer mes de 2024, en el país ya existían 1.283 reportes por presunto delito sexual contra menores de edad.

Esto incide en que después sean presas fáciles para la explotación sexual por parte de otros actores que controlan las redes de trata y prostitución. “Uno pone el foco en la explotación, pero cuando uno piensa en la víctima, la víctima tuvo una cadena de violencias previas”, subraya Santa.

Un testimonio, incluido en un informe del Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín en 2017, deja en evidencia la relación que en la práctica existe entre el abuso sexual, la violencia intrafamiliar y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (Escnna) en la ciudad. “Si a mí me abusaba mi padrastro, ahora yo qué me voy a poner con problemas, más bien le cobro al otro por lo mismo que me hacía mi padrastro. Y él no me pagaba, sino que me pegaba”, relató una de las adolescentes entrevistada por integrantes de la Mesa para el reporte.

El informe fue contundente en su diagnóstico. “Cuando se indaga con la mujer en ejercicio de prostitución sobre a qué edad empezó, el 80 % empezaron siendo menores de edad”, dice en el apartado que habla sobre los factores de riesgo. “Fueron víctimas de Escnna, llegaron a la adultez y siguieron en prostitución”.

La rentabilidad en combo

Armando Zuluaga asegura que la explotación sexual de niñas y adolescentes es la tercera renta criminal de los grupos armados ilegales en Medellín, después del microtráfico y la extorsión. 

No es algo que derive únicamente de la percepción de Zuluaga. El informe del Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, realizado en 2017, revela datos sintomáticos. Señaló que la explotación sexual de menores de 18 años es, directa o indirectamente, una renta criminal. Uno de los puntos que el informe no pudo determinar fue la magnitud de esta renta criminal en particular.

“Los grupos armados actúan como proxenetas y prestan vigilancia a los turistas”, indica Zuluaga, que ha trabajado con sobrevivientes de explotación sexual infantil y juvenil. Desde su fundación en 2010, la Mesa ha observado y alertado cómo los grupos criminales o ‘combos’ se adaptan más rápidamente al delito que las autoridades de la ciudad. 

Los grupos criminales controlan la economía subterránea de Medellín y no solo han entendido la rápida mutación de la explotación sexual de niñas y adolescentes en redes sociales, y las rentas que deja a través del material de abuso en línea con menores de edad, sino que se han adaptado eficazmente a la demanda de un mercado de turismo que solicita experiencias con mujeres cada vez más jóvenes. 

Ya no son casos aislados, dice María Cristina Hurtado. “Esto hace parte de redes internacionales”. “Porque cada vez los proxenetas y los puteros las quieren más jóvenes. Este es el mercado de la carne y de la carne joven y pobre; de los niños, niñas y mujeres en condiciones de exclusión y de indignidad”, anota.

Medidas espectaculares, pero poco efectivas

 El alcalde Federico Gutiérrez ha utilizado el mismo tono de sheriff que caracterizó su primera Administración, (2016 – 2019) para anunciar medidas contra la explotación sexual de menores de 18 años, de la mano de una imagen de justiciero de redes sociales que hace visitas sorpresas a los negocios nocturnos del Parque Lleras. 

Los anuncios que ha hecho durante los tres meses y medio de su nuevo gobierno se han enfocado en los menores de edad —las víctimas del problema— con toques de queda que limitan su movilidad. Su extraordinaria intervención mediática, a partir del caso de Timothy Alan Livingston, un estadounidense de 36 años que huyó del país sin responder por los hechos de explotación sexual en los que estuvo involucrado con dos niñas de 12 y 13 años en el hotel Gotham, en El Poblado, le ha dado un protagonismo nacional. 

“Son medidas de mucho impacto mediático, pero de poco impacto concreto”, comentó el concejal José Luis Marín, quien citó a la única plenaria que ha habido en el Concejo Municipal para discutir el tema desde la llegada de Gutiérrez a la Alcaldía. “El decreto que impide la circulación de menores de edad, por ejemplo, coloca el problema donde no está, o sea, en las víctimas y no en el victimario”, señaló Marín.

Es algo que suscita desconfianza entre quienes trabajan diariamente para erradicar el problema, y conocen las fallas históricas de la justicia y las autoridades con estos casos, como Hurtado. “En su anterior Administración [Gutiérrez 2016 – 2019], pululó la trata con fines de explotación sexual asociada a la Oficina de Envigado y a estructuras paramilitares”, apuntó la experimentada especialista en derechos de infancia y adolescencia.

El alcalde Gutiérrez, por su parte, ha asegurado que está “dando la guerra” en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Mientras tanto, mucho más allá de las barandas de control del Parque LLeras, los nuevos decretos y los titulares de prensa, hay voces que insisten en que aún se está lejos de tocar la médula criminal y cultural que ha sostenido el problema durante décadas. 

La Directora de Fiscalías de Medellín indicó en una respuesta del 4 de abril que la entidad aún está en proceso de determinar si existe un entramado criminal dedicado a la explotación sexual de menores de edad en la ciudad. 

“Ha sido conformado un equipo interinstitucional integrado por fiscales y policías judiciales especializados en el tema”, señaló la directora Yiri Milena Amado, refiriéndose al proceso a su cargo. La funcionaria indicó que el equipo está siendo apoyado por entidades nacionales y de agencias internacionales “para atacar el fenómeno de manera integral”.

Las fuentes consultadas por Mutante coinciden en que la acción judicial es una de las más urgentes e importantes. Solo el 5 % de los casos de explotación sexual de menores de edad en Medellín alcanzan una condena. “Necesitamos sentencias”, dice María Cristina Hurtado. La impunidad es otro de los elementos a erradicar, ha insistido la Mesa en varias de sus intervenciones públicas. 

 “La gran dificultad de la lucha contra la explotación sexual en Medellín tiene que ver con la desarticulación de la respuesta”, dice Armando Zuluaga. La Mesa, organizaciones sociales, concejales y expertos insisten en que para erradicar el problema la ciudad necesita una mayor coordinación entre la oferta social e institucional, en manos de las Secretarías municipales, y las autoridades judiciales, como la Policía y la Fiscalía.

A medida que aumenta la indignación por los casos de explotación que involucran a niñas y adolescentes cada vez más jóvenes, toma mucha más fuerza la pregunta sobre a quién le corresponde hacer algo para detenerla. La insuficiencia de las medidas tomadas hasta ahora solo ha profundizado una respuesta: la ciudad entera es corresponsable. “Pero hoy tenemos una sociedad civil muy parca, muy tibia, que pasa inadvertida la vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, dice Zuluaga. 

Es imposible pensar en una solución única. Las barandas y el escándalo de las niñas y adolescentes llegando al Parque Lleras haciéndose pasar por  trabajadoras sexuales mayores de edad ocurren en la adinerada Comuna 14, El Poblado; pero ellas han llegado allí desde las laderas de la zona nororiental y el centro, Comunas 1, 2, 3, 4 y 10, y aunque lleguen ataviadas  con otra vestimenta, en sus casas persiste la pobreza.

“Escasea la respuesta social”, agrega Zuluaga. La estrechez de la vida y falta de oportunidades son el común denominador en estas comunas. “Se nos están llevando las niñas del barrio”, le contaron meses atrás al concejal Marín varias madres y vecinas preocupadas. “Les están haciendo propuestas económicas”.