Era viernes por la tarde y Scarleth* vendía uvas y manzanas en el mercado Mama Chepa de Comayagüela cuando recibió una amenaza que cambiaría su vida. “Un policía se me acercó y me dijo que lo mismo que le habían hecho a su hermano [también policía], le pasaría a mis hijos”, recuerda. Confundida, primero no entendió el mensaje pero luego comprendió que si no salía del país, sus hijos serían asesinados. 

Eran las dos de la tarde cuando Scarleth dejó su puesto de trabajo como comerciante en la ciudad gemela de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Su casa estaba cerca del mercado, en una colonia denominada “caliente” por los índices de criminalidad. Solo en 2022 en Honduras hubo 346 denuncias por homicidios, 2482 por amenazas, y 61 denuncias por extorsión, según el Ministerio Público.

Scarleth llegó a casa y empacó lo que pudo. Dos días después emprendió su camino a Estados Unidos. No le quedó tiempo siquiera para despedirse de su abuela. 

No era la primera vez que dejaba Honduras para irse a Estados Unidos.

En enero de 2019 Scarleth salió de su país para buscar mejores oportunidades laborales. Cuando llegó, trabajó limpiando casas. Pero al poco tiempo recibió una llamada desde Honduras que cambiaría su rumbo. En ella le contaban que su expareja, quien se había quedado con los hijos de ambos de 3 y 5 años, estaba en la cárcel. 

Según le contaron a Scarleth, un año antes, mientras él vendía uvas y manzanas en una carreta, cerca del Congreso Nacional, un policía llegó y le decomisó la mercadería. El agente habría tirado al suelo las uvas y las habría pisado. La versión oficial, registrada en una nota del Ministerio Público en 2019, dice que el policía “observó que varios vendedores ambulantes obstaculizaban el paso de los peatones frente al edificio de la Cancillería, por lo que intentó desalojarlos, no obstante los vendedores respondieron con agresiones físicas al lanzar piedras, palos y demás objetos que encontraran a su alcance”.

La versión que llegó a Scarleth es que su expareja golpeó al policía en la cabeza con un garrote. El policía quedó en estado vegetal y el comerciante fue condenado a once años de cárcel. “Mis hijos quedaron huérfanos de padre por el delito que él cometió. Cuando me enteré, pedí el retorno voluntario, no tenía quién cuidara mis niños”.

Consultamos a la Gerencia de Orden Público del Municipio del Distrito Central sobre las formas en que los policías municipales hicieron el decomiso —pisando la mercadería de los comerciantes— que terminó con el ataque a uno de sus agentes. El gerente Marco Méndez respondió que ellos no hacen “lo que hizo la administración pasada para reprimir a los vendedores ambulantes, que a puro garrote y a puro gas lacrimógeno los tenían domados”. 

Para cuidar de sus hijos, Scarleth volvió a Honduras, donde se dedicó a vender frutas. Pero muy pronto, dice, “la localizaron”. “En Honduras uno le tiene más miedo a un policía que a un delincuente porque ellos matan y hacen lo que quieren con permiso”, agrega Scarleth. 

En Honduras, dice Berta Oliva de Nativi, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, hay una violencia generalizada. “Hay unos niveles de violencia en los ciudadanos que ya nada se les puede mencionar…esa es la herencia que hemos recibido, y eso no le favorece a la sociedad”, dice.

Luego de la amenaza en el mercado, Scarleth decidió, nuevamente, irse a Estados Unidos. Esta vez no se fue sola, lo hizo con sus dos hijos y su actual pareja.

La defensora de Derechos Humanos y experta en migración, Itsmania Platero, dice que más del 70 por ciento de las personas que migran desde Honduras son mujeres y niños. 

¿Por qué migran las mujeres?

“Hay varios factores que impulsan a las mujeres a migrar como las amenazas a la integridad y libertad provocadas por la desigualdad de género en todos los ámbitos”, explica la psicóloga y consejera familiar Sonia Tercero, que ha trabajado con personas refugiadas. 

La especialista menciona que la violencia de pareja, la trata de personas, el acoso sexual, el femicidio, la explotación sexual y los delitos que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos son amenazas a la seguridad que afectan principalmente a las mujeres en el país. 

Las implicaciones de migrar para las mujeres

La psicóloga Tercero dice que entre los riesgos para las mujeres en la ruta migratoria están la desinformación, el limitado acceso a documentos de viaje, el acoso policial, la violencia sexual, y la violencia económica —la que es ejercida para que las mujeres dependan económicamente de sus parejas y así sea más difícil de salir del círculo de violencia. 

A la lista le suma el riesgo de caer en redes de tráfico y trata de personas, el limitado acceso a servicios de salud, y la exposición al transporte inhumano e inadecuado. 

En general, las mujeres  sufren discriminación o exclusión social durante su paso por otros países.

La violencia por razones políticas también obliga a migrar

Marcela, una mujer de 32 años, huyó de Honduras en 2022.

Primero tuvo que dejar su trabajo por las amenazas que recibió, según ella, por temas políticos. “Trabajaba desde hace nueve años en el área de atención al cliente de un hospital, y a finales del año pasado comencé a recibir mensajes donde me decían: te tenemos vigilada, sabemos dónde vivís, donde estudia tu hija, así que vas hacer lo que nosotros te digamos, pensé al inicio que era una broma, pero a los días las amenazas siguieron”.

Marcela estaba afiliada al Partido Nacional (PN) —que gobernó el país después de un golpe de Estado durante doce años. En 2017, el entonces presidente Juan Orlando Hernández se reeligió a pesar de que esto estaba prohibido por la Constitución de la República, lo que generó una crisis política y social que en las calles se reflejó en protestas, represión y violencia.

Marcela participó en las giras de la campaña política del ex presidente Hernández y estuvo en mesa electoral como representante del Partido. Ella estaba afiliada, principalmente, para poder tener un empleo en el sector público.

Durante el gobierno, empleados y empleadas obtuvieron sus trabajos por recomendaciones políticas del Partido Nacional, ellos y ellas donaban parte de sus sueldos para la “cuota del partido” y obtenían bonos por marchar en apoyo al candidato.

Hernández tuvo un primer periodo con índices altos de popularidad, pero tras la reelección y a pesar del apoyo de su partido y sus afiliados, la popularidad fue bajando, sobre todo por las acusaciones de corrupción y narcotráfico en su contra. Tras dejar su puesto como presidente y tras la pérdida de las elecciones en 2021, Hernández fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en la Corte del Distrito Sur por delitos de narcotráfico.

“Tus días están contados, te vamos a mostrar antes de matarte como matamos a tu hija”, dice Marcela que le decían en las llamadas telefónicas. “Nunca supe por qué me amenazaban de esa forma. Opté por llamar a un amigo ex policía para contarle lo que sucedía y me recomendó interponer la denuncia inmediatamente”, cuenta Marcela. 

También le contó de las amenazas a un compañero y fue él quien le dijo que probablemente venían de los grupos denominados “Colectivos de Libre” del partido Libertad y Refundación (Libre) que surgió del golpe de Estado. Las personas que pertenecen a estos colectivos son simpatizantes de Libre que actualmente gobierna en Honduras, y que han protagonizado diferentes actos violentos en contra de las personas afines al Partido Nacional que todavía continúan trabajando en las instituciones públicas, como Marcela.  

Un ejemplo de ello ocurrió en 2022 cuando Fabricio Sandoval, diputado del Partido Libre, presentó un proyecto de ley para derogar los contratos laborales de los actuales empleados públicos. Cuando Sandoval fue consultado sobre este tema por trabajadores de la Secretaría de Salud, un grupo de motorizados afines al gobierno actual, le dieron una golpiza a uno de los empleados en la instalaciones de la secretaría. 

Las decisiones en torno a lo laboral en el gobierno de Xiomara Castro no ha sido precisamente respetuoso con los derechos humanos: sólo entre el 27 de enero y el 1 de junio de 2022, la Secretaría de Trabajo recibió 1825 denuncias en contra de dependencias estatales por casos de abuso laboral y despido injustificado. También, los empleados públicos de la antigua administración han sido tachados como “narco empleados” por altos funcionarios como la Secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque.

A pesar de este contexto, Marcela se sentía confundida por las amenazas que ella creía que eran gratuitas.

Para entender el origen de las amenazas, siguió averiguando. Una compañera le dijo que era probable que las personas estaban “molestas” porque ella, por ser parte del PN, no podía ser despedida. Es decir, tenía beneficios que los otros compañeros no.

“El sindicato me protege pese a que el Partido Libre está gobernando el país. Están amenazándonos para que nosotros renunciemos de nuestros trabajos”, se queja. Este partido tiene como coordinador a Manuel Zelaya, esposo de la presidenta y ex presidente de Honduras. 

Consultada sobre la denuncia de Marcela, la coordinadora departamental de la zona sur del Partido Libertad y Refundación (Libre), Mercedes Veroy Santamaría dijo que a esa coordinación específica “no han llegado denuncias de esta naturaleza ni verbal ni escrita”. Si hacen la denuncia, continuó,“hacemos la investigación y veo de qué forma solvento”.

Además, agregó que “es natural que militantes del partido Libre se sienten incómodos porque en algunas instituciones siguen mandando los nacionalistas, pero no podemos estar peleando”. 

Marcela decidió poner una denuncia en la Policía. Pero en el trayecto recibió un nuevo mensaje de texto, del mismo número, que decía: “ya fuiste a la Policía maldita perra, te toca que te mande la moto, eso le pasa a los cachurecos sapos, arrastrados, mejor andate de aquí, o que preferís tu chamba o que te saquemos en bolsas”.

Con eso, cuenta, entendió que quienes la amenazaban la estaban persiguiendo porque describían cómo estaba vestida y supieron que había ido a la Policía. La denuncia derivó en un caso que actualmente se encuentra bajo investigación.

Para Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, la violencia por parte de los militantes de partidos políticos es un problema en el país. “¿Qué mensaje le estamos enviando al resto de la población? Que así se resuelven conflictos”, opina y agrega que deberían establecerse mecanismos de diálogo y negociación antes de que estos conflictos terminen en agresiones.  

Para Marcela, la amenaza que recibió fue el motivo para irse.

La psicóloga Sonia Tercero explica que en Honduras, las mujeres huyen y no tienen espacio para tomar una decisión. Además de los casos de Scarleth y Marcela, uno por violencia institucional y otro por temas políticos, Tercero menciona otras de las principales razones por las que las mujeres huyen. “Lo hacen para salvar sus vidas tratando de alejarse de un agresor que puede ser su propia pareja o en el contexto de la criminalidad de maras y pandillas que se presentan en las comunidades, también la falta de acceso a actividades económicas”. 

Pasaron los días y Marcela no volvió a recibir mensajes amenazantes. Pero una tarde, tras salir del turno en su trabajo, y mientras esperaba tomar un bus, vio dos hombres en moto que se le acercaban. “Uno de ellos sacó un arma y me apuntó a la cabeza, me dijo ‘no hiciste caso a los mensajes, hoy te morís maldita perra’”, recuerda aterrorizada.

En ese momento, “cerré los ojos, esperando lo peor, pero no logró darme el tiro en la cabeza”. En la calle, venía un carro que casi impacta a los dos hombres de la moto entonces los desestabilizó. Marcela se tiró al suelo buscando dónde refugiarse, le dispararon varias veces sin lograr que ninguna bala la impactara. “Estaba desconcertada, estuve a punto de morir, pensaba en qué iba a ser de mi hija si me asesinaban”.

“Al llegar a la casa, comencé a arreglar lo necesario, alisté a mi niña y me fui, pasé por el banco retirando parte de mis ahorros, lo otro se lo dejé a mi mamá”, dice. Luego tomó un bus hacia la frontera con Guatemala y en el camino tuvo que pagar extorsión a los policías para que le permitieran pasar hacia Guatemala con su hija menor de edad. En Guatemala tuvo que estar unos días hasta que tomó otro bus con rumbo a México.

“Me tocó caminar por varias horas, durante el trayecto me quisieron agarrar con todo y mi hija, luego encontré un bus que me llevara con rumbo a Sinaloa,  al llegar se subieron varios hombres con armas de grueso calibre, a revisar quienes íbamos, comenzaron a bajar a la mujeres jóvenes para secuestrarlas” narra. Uno de ellos, dice, la quedó viendo y le dijo “qué me ves”, por eso agachó la cabeza. 

Cuando se fueron los hombres, ella se bajó del bus. Luego tomó otro hasta llegar a Mexicali donde finalmente cruzó la frontera. 

Hoy la mujer de 32 años y su hija de 6 años viven en Los Ángeles. “Trabajo lavando platos en un restaurante”, dice.

Por las amenazas, Marcela no encontró otra opción que salir huyendo de Honduras. Fue un trayecto difícil. Nunca se imaginó que durante ese camino vería situaciones de violencia en manos del crimen organizado en contra de las mujeres y niñas, como tampoco pensó que tendría que pagar extorsión a los policías de fronteras. Sabía que no iba a ser un camino fácil pero pensó primero en salvar su vida y la de su hija. Sabía que en Honduras no encontraría seguridad para ambas. 

En una entrevista para un artículo de un medio mexicano, la presidenta de la Fundación Chiapaneca de Mujeres Migrantes, Fabiola Díaz, dijo que la violencia que sufren las mujeres centroamericanas que deciden migrar es demasiado alta. 

Para explicarlo, dijo que en la Fundación Chiapaneca que ella dirige, de cada mil mujeres centroamericanas, entre ellas hondureñas, que fueron entrevistadas en México, 900 manifestaron que sufrieron violaciones, secuestros, abuso sexual, extorsión, entre otros.

Entre los otros tipos de violencia que viven las mujeres en tránsito, mencionados por Diaz, está la violación por parte de las maras. Para evitar quedar embarazadas, han contado las mujeres entrevistadas, toman anticonceptivos o pastillas de emergencia.

*Nombre cambiado a solicitud de la fuente para proteger su identidad.