El balance de la primera legislatura del Congreso “del cambio” no podría reducirse al destino de los tres grandes proyectos a los que el Gobierno le apostó gran parte de su capital político: la reforma laboral –que se hundió tras no ser aprobada ni en primer debate– y las reformas de salud y pensional que siguen vivas, pero solo avanzaron en el primero de cuatro debates.

Más allá de estos proyectos, en el Congreso se aprobaron, avanzaron y hundieron muchas más iniciativas que permiten ampliar la mirada sobre las conquistas y retos, sobre todo de cara a las promesas y esperanzas para los movimientos sociales frente al momento histórico de tener en el poder al primer presidente de izquierda del país.

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación señala que de 37 proyectos priorizados por el Gobierno en el primer año, seis fueron sancionados y otros cinco están pendientes de sanción presidencial, pero también terminaron archivados nueve y se quedaron sin presentar diez. Los demás están entre el segundo y tercer debate en el Congreso. 

Entre los sancionados se pueden enlistar la ratificación del Acuerdo de Escazú, así como la creación del Ministerio de la Igualdad, que es transversal a muchas de las demandas de los movimientos sociales, y la aprobación de la reforma tributaria como una apuesta por tener más recursos para la gestión del Gobierno. Entre los que se hundieron están, además de la reforma laboral, el proyecto de modernización del sistema carcelario, la reforma política y la adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Más allá de esa mirada panorámica, ¿qué se ganó y qué se perdió? Desde la perspectiva de tres integrantes de movimientos sociales, este es su balance.

En clave campesina 

Jorge López Ardila, integrante del Coordinador Nacional Agrario, reconoce triunfos que obedecen a luchas que el campesinado viene dando hace varios años. En primer lugar, destaca el proyecto que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y que solo está pendiente de sanción presidencial. “Fue presentado siete veces antes para que fuese aprobado”, nos contó.

Pese a la conquista que representa, espera que en la reglamentación de esa ley se avance más, porque –dice– “le quitaron la palabra ‘político’ y aún no se adopta la resolución de la ONU” sobre los derechos de los campesinos y trabajadores rurales.

También resalta la creación de la jurisdicción agraria, “que es un avance en el ajuste del Estado para tramitar los conflictos de tierras”. López Ardila lamenta que en esta jurisdicción no se creó un tribunal de cierre, es decir, una última instancia como lo es la Corte Suprema de Justicia para asuntos penales o civiles, y agrega que como campesinado buscarán conquistar más en el fortalecimiento de las funciones social y ecológica de la tierra.

En tercer lugar, destaca que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado fueron reconocidos los territorios campesinos agroalimentarios, “que esperamos que se reglamenten en conjunto con las organizaciones que los hemos impulsado y materializado” y que, efectivamente, tengan prioridad en inversión. Sin embargo, dice que frente al PND quedaron con un sabor agridulce porque la mayoría de propuestas que surgieron de la Convención Nacional Campesina no quedaron dentro de ese texto.

López Ardila considera que en la próxima legislatura podrían “tensionarse más” los intereses en disputa entre grandes empresarios terratenientes e intereses del campesinado. Entre estos intereses están, por ejemplo, las demandas de que los Tratados de Libre Comercio sean revisados. Otro tema es la profundización de las iniciativas de reforma agraria integral “para la soberanía alimentaria y la erradicación del hambre”. 

También está la discusión de la política ambiental, en relación con el campesinado, así como los avances en el desmonte del paramilitarismo. Pese a las intenciones de negociar la “paz total”, el proyecto de ley de sometimiento para estos grupos se hundió y el Gobierno lo volverá a presentar después del 20 de julio próximo. 

Finalmente, López Ardila espera mayores avances en materia de política alternativa de drogas con participación de los territorios y poblaciones. “Tenemos propuestas que no han sido tenidas en cuenta”, dijo.

En clave de género 

María de los Ángeles Ríos, coordinadora de incidencia de la Red Nacional de Mujeres, coincidió en señalar que el PND significó avances. Específicamente se refiere al reconocimiento de aspectos como la autonomía económica de las mujeres, “pero persiste una resistencia al reconocimiento de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo”, nos dijo.

Resaltó que varios de los proyectos tramitados en favor de las mujeres durante la legislatura que terminó se basan en atender las violencias basadas en género. Es el caso del proyecto aprobado de “alerta rosa”, que adopta medidas de prevención, protección y reparación para niñas, adolescentes y mujeres que sean víctimas de desaparición. Además, se aprobó el proyecto que busca prevenir la violencia política contra las mujeres, que está pendiente de sanción presidencial. Añadió, también, que se radicó –pero quedó para la siguiente legislatura– un proyecto que busca reconocer, sancionar y prevenir la violencia vicaria, aquella que se ejerce contra los hijos con el objetivo de causar daño a un progenitor, como forma de violencia de género contra las mujeres.

“Sin embargo, estos proyectos a favor de los derechos de las mujeres están muy enfocados en el reconocimiento de violencias. Hay un gran reto: el avance de proyectos de ley relacionados con el ejercicio de autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y de ocupar espacios de poder”, señala Ríos.

En materia de autonomía política, si bien se aprobó una ley de paridad que garantiza la participación igualitaria de las mujeres en escenarios de poder de las tres ramas públicas, este proyecto no cambió la actual ley de cuotas que establece un mínimo de 30 % de mujeres en las listas a corporaciones públicas como concejos y asambleas, como tampoco lo hizo el código electoral aprobado. “Reconocemos el avance, pero es muy problemática la eliminación de la paridad en las listas de partidos para cargos de elección popular”, resalta María de los Ángeles.

Para conocer más sobre la paridad y el código electoral puedes escuchar este Space de Twitter en el que conversamos al respecto con analistas de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Otro proyecto que considera regresivo, y que fue aprobado en el Congreso, es el de ‘brazos vacíos’, como se conoce a la iniciativa para la atención de las mujeres que pierden a sus bebés durante el embarazo en casos de maternidad deseada. Para varias organizaciones, agrupadas en Causa Justa, este proyecto resulta “innecesario, reiterativo y regresivo” porque ya había instrumentos para casos de ese tipo, como la Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado  y puede poner en riesgo la autonomía reproductiva, como ampliaron en este hilo de Twitter. Entre las razones, señalan que podría imponer barreras a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y reconocer a los no nacidos derechos que califican como inconstitucionales.

En clave indígena

Óscar Montero, líder del pueblo kankuamo de la Sierra Nevada, también destacó la aprobación del PND. Nos contó que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez “cumplió con hacer la consulta y el consentimiento previo, libre e informado” con los pueblos indígenas para su participación en la formulación de ese plan, que representa la hoja de ruta que marca el rumbo del país durante la actual administración.

De ese proceso salieron 231 acuerdos que se aterrizaron a nivel nacional y en varios territorios. Y en el Congreso, gracias a la incidencia e insistencia de las organizaciones indígenas (incluida la Guardia Indígena), lograron la aprobación de unos seis artículos que abordan temas como la gestión catastral, la formalización del Sistema de Administración del Territorio y la política pública para la erradicación del racismo y de la discriminación racial.

La jurisdicción agraria también es considerada una conquista para los intereses de los pueblos étnicos, pero “debe concertarse y avanzar de manera conjunta con las instancias y autoridades de los pueblos indígenas”, considera el líder kankuamo. Asimismo, destaca avances que no han tenido que pasar por el Congreso, como los acuerdos con la Unidad de Víctimas para la reparación específica de las víctimas del conflicto de estas comunidades, o la creación de una alta instancia de concertación dentro de esa Unidad con los nukak, uno de los últimos pueblos nómadas del país.

Dentro de las urgencias para la siguiente legislatura destaca la despenalización del mercado de cannabis. Ese proyecto sobre mercado para uso adulto no pasó en el último debate. “Los indígenas estamos insistiendo en esto desde hace mucho rato”, tanto por reconocer el valor que tiene para ellos la marihuana y la hoja de coca, con usos ligados tanto a lo espiritual como a las prácticas de medicina ancestral, como por la defensa de los territorios donde se siembra, que terminan bajo el control de grupos armados, impactándolos directamente.

Otros pendientes pasan por el Gobierno, aunque al respecto el Congreso podría tener protagonismo desde su papel de control político. Por ejemplo, la reglamentación del Decreto 4633 de 2011, sobre asistencia, reparación y restitución de derechos a los indígenas como víctimas del conflicto armado. O la respuesta efectiva del Estado a las crisis humanitarias que ponen en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, a través de escenarios como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Todos estos pendientes de los movimientos sociales podrán volver a ser debatidos en el Congreso desde el 20 de julio, cuando empezará una nueva legislatura. Allí se seguirá midiendo el margen de maniobra del Gobierno y el poder de incidencia de los movimientos sociales en sus proyectos de interés o sobre aquellos que consideren lesivos, en un escenario probablemente más difícil por las pugnas hacia las elecciones regionales de octubre.