La justicia que necesitan las víctimas de violencias basadas en género es lenta y prejuiciosa. Así lo evidencian las cifras oficiales. Los delitos sexuales, que se cometen mayoritariamente contra las mujeres, representaron en 2024 la tercera carga más significativa para la Fiscalía General de la Nación, con un total de 246.546 procesos. Sin embargo, cifras de años anteriores muestran que la mayoría (más del 80%) de los casos permanecen en etapa de indagación. Lo mismo sucede cuando se trata de delitos contra personas LGBTIQ+. En estos, además, los eslabones de la cadena de justicia cometen errores en el registro de información, que impide conocer la orientación sexual o identidad de género de las víctimas.

Para revertir esta situación, que se viene arrastrando desde hace años, la Comisión de la Verdad recomendó al Congreso y al Gobierno acordar ajustes necesarios. Atendiendo esa recomendación, el Ministerio de Justicia conformó, en diciembre de 2023, una comisión para reformar la justicia. En ese espacio se ha empezado a tratar el tema: cómo construir e implementar un modelo de justicia especializado para violencias basadas en género. 

Hasta el momento, hay dos propuestas sobre la mesa que han sido discutidas con el movimiento de mujeres y las comisionadas de la reforma a la justicia. Desde el Ministerio, quien lidera este proceso es Mariana Ardila Trujillo, directora de Justicia Transicional de esta cartera, abogada con amplia experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres y una de las expertas detrás del movimiento Causa Justa, que logró que el aborto fuera libre hasta la semana 24 de gestación en Colombia. 

Beatriz: Las cifras de violencias contra las mujeres y  las personas LGBTIQ+ son muy altas. ¿Por qué la justicia no es más efectiva ante estos casos? 

Mariana Ardila: Hay muchos factores que las organizaciones de mujeres, feministas y de defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ han estudiado y denunciado. Primero, la justicia ha sido históricamente revictimizante, se ve en todos los actores que participan en las distintas etapas del proceso: la policía que puede recibir la denuncia,  el o la fiscal, el juez o la jueza. Históricamente, no han dado un buen trato a estos tipos de violencias. Fruto de eso, se ha ido rompiendo y debilitando la confianza en que la justicia puede responder, sin revictimizar, a esos tipos de violencias. 

¿Por qué pasa? Porque hay estereotipos de género, hay preconcepciones aprendidas de vivir en la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos, que se trasladan o se aplican consciente o inconscientemente en todas las instituciones que deben operar para que la justicia funcione. Son tipos de violencia que requieren una investigación y un juzgamiento distinto y, en algunas ocasiones, no hay la capacidad o la experticia. Luego no hay una sanción efectiva y eso, a su turno, incrementa la desconfianza. 

Lo que muestran los estudios es que las mujeres tienen necesidades jurídicas que son altas, pero mayores barreras de acceso para acudir a una solución institucional a esos problemas. Uno de los grandes delitos que el sistema de justicia tiene que procesar es la violencia en el entorno familiar, en el entorno de pareja y la violencia sexual. No son crímenes residuales o aislados, sino que le ponen un reto al sistema de justicia de responder satisfactoriamente y todavía no lo ha logrado hacer. 

B: ¿De qué se tratan las dos propuestas que, hasta ahora, han esbozado para reformar la justicia en este sentido?

M.A.: Planteamos ciertas cosas para la discusión. Hay una solución que, de pronto, puede ser en algún sentido sencilla y fácil, que el Consejo Superior de la Judicatura ya ha hecho en algunas oportunidades, y es dedicar ciertos juzgados, con las competencias y el poder que ellos tienen, a ciertos tipos de violencia que afectan particularmente a las mujeres. Y luego dijimos: realmente el tema no es solo de juzgados. Una de las más grandes fallas y reclamos es la articulación. Porque evidentemente no queremos llegar al feminicidio o al transfeminicidio.

Sí queremos que el Estado, a través de sus mecanismos de protección, de justicia y de atención, llegue a tiempo para que estas violencias no escalen. Eso implica que debe haber una cadena muy bien aceitada de instituciones con diferentes competencias, que puedan entrar a tiempo y dedicarse a todo lo que requiere prevenir, atender y sancionar formas de violencia menos graves para que no lleguemos al feminicidio.

La meta no es tener un millón de condenas por feminicidios, la meta es que no existan los feminicidios. 

B: ¿Cómo se aceita esa cadena de instituciones para que funcione mejor?

M.A. Tiene que ser un sistema que combine lo administrativo con lo judicial. En un proceso judicial debemos tener investigadores que sepan investigar esos delitos; fiscales que sepan acusar, investigar, presentar ante los jueces; jueces que sepan juzgar estos delitos sin estereotipos. Pero no es lo único. Al mismo tiempo, también debe haber soluciones administrativas que sean más inmediatas y permitan ciertas protecciones para prevenir que la violencia escale. Las comisarías hoy tienen unas competencias solo para unos tipos de violencias en el contexto familiar, pero no todas las violencias contra las mujeres se presentan allí. ¿Qué pasa con los crímenes por prejuicio contra la población LGBTIQ+? ¿Qué sistema de justicia requeriría eso? ¿Qué tal si  pensamos en unas comisarías para estos otros delitos que no están siendo atendidos por comisarías de familia? ¿Qué fortalecimiento requeriría la Policía? ¿Qué fortalecimiento requerirían los programas de los municipios para atender ese tipo de violencias y poder reaccionar? Si una mujer está en riesgo, pues lo ideal es que tenga dónde quedarse, cómo alimentarse, cómo estar con sus hijos, etcétera.

Por eso pensamos en una propuesta más compleja, en un sistema. Está en discusión y podrá ser mucho mejor, pero hay que tomarnos esto en serio ya. Es el momento: hay un proceso de reforma a la justicia, hay un gobierno comprometido con implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, un Ministerio de la Igualdad y la Equidad recién creado, unas comisionadas en la reforma a la justicia que saben del tema, un movimiento de mujeres que nos ha dicho: nos interesa que hablemos del tema, nos interesa que lo discutamos, nos interesa que lo trabajemos juntos. 

B: Dentro de las opciones que propone la reforma está la creación de juzgados penales para conocer los delitos basados en género, cometidos contra las mujeres y personas LGBTIQ++. ¿Cómo se haría esa división? ¿Cuáles delitos irían a estos juzgados y cuáles no? Por ejemplo, el feminicidio es un delito que no siempre se tipifica de esa manera en un inicio.

M.A.: Hemos tenido discusiones preliminares interesantes. Por ejemplo, ¿esto debe ser solo penal? Porque ya sabemos que las violencias contra las mujeres tienen afectaciones en temas civiles, en temas de familia, incluso en temas laborales, con temas de acoso en el lugar de trabajo. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución de justicia? ¿Ese tipo de justicia debe conocer de todo o no? ¿Podría seleccionar algunos casos? No es que los otros pierdan competencia, pero ese tipo de justicia podría, al menos en un inicio, seleccionar unos casos. ¿Cuáles deben ser las categorías? ¿Violencia de género o violencia por prejuicio? ¿O debe haber una lista de delitos? Todo eso está para la discusión. 

Pero creo que hay varios acuerdos. Uno, que la justicia no le está sirviendo a las mujeres y a la población LGBTIQ+, a pesar de que seguramente hay avances. Y claro que se reconocen, pero no es satisfactorio que haya esos niveles de falta de denuncia, de falta de condenas, de falta de confianza en la justicia.  Lo otro sobre lo que hay acuerdo es que esto requiere equipos y experticia particular: investigar, tomar la denuncia, ejecutar una orden de captura, diseñar una medida de protección o juzgar este tipo de delitos no es lo mismo que hacerlo con otros. Se requiere una mirada particular, una comprensión distinta, unas habilidades. Y eso en algunas partes de esta cadena existe, en el papel o en la realidad, y en otras no existe. 

B: ¿Cómo tiene que darse este proceso? ¿Qué actores participan en él?

M.A.: Hay que hablar con todos los actores involucrados. Desde la abogada que va al juzgado y sabe qué es lo que el juez promiscuo municipal le dice cuando presenta su alegato, hasta el Consejo Superior de la Judicatura. El ministro invitó públicamente a la nueva fiscal a ser parte del proceso de reforma a la justicia, pero ahí hay otros actores que habrá que involucrar también en su momento: Policía, comisarías, secretarías de la mujer o secretarías de gobierno. 

Esto lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de la Igualdad y la Equidad y la primera semana de mayo tenemos un compromiso, los dos ministerios, con el movimiento de mujeres para sentarnos en una jornada intensiva donde esperamos tener ideas, hablar con congresistas, hablar con Fiscalía, hablar con otros actores. Queremos que esta sea una conversación pública, y siento que los últimos casos, aunque son los que ocurren todos los días y a todas las horas, han demostrado que estas soluciones inmediatistas se pierden cuando pasa el boom de la noticia. Entonces, vamos a prohibir y vamos a endurecer, y no sé qué, y después ¿dónde quedó todo eso? 

B: Cuando hablas de acontecimientos recientes, ¿te refieres al caso de Timothy Alan Livingston, que fue encontrado con dos niñas en el Hotel Gotham de Medellín y a quien la Policía dejó ir, sin articularse con la Fiscalía para su judicialización?

M.A.: Sí, pero antes de eso, el de una mujer a la que su expareja decapitó en la calle. Y antes, el feminicidio de una mujer en Unicentro en Bogotá, que también conmocionó a la sociedad. Y así podríamos echar para atrás. Más los casos que no salen en las noticias. Entonces, cuando una los ve con estos lentes, se da cuenta de qué está fallando: la Policía todavía cree que necesita una denuncia (cuando se trata de delitos contra menores de edad, el Código de Procedimiento Penal establece que no es necesaria la denuncia. Además, el Código de Infancia y Adolescencia indica que debe presumirse la minoría de edad cuando, en un delito, no se conoce la edad de la víctima), la Fiscalía no llegó a tiempo, la Policía no le informó a la Fiscalía. La mujer había ido 30 veces a la Comisaría de Familia y no le pusieron cuidado o le pusieron unas medidas que no sirvieron para nada. 

Es el caso de Medellín, pero son los casos de todos los días. 

B: Esta necesidad de reformar la justicia con enfoque de género implica territorializar, capacitar personal, contratar. ¿Hay recursos para eso?

M.A.: Esa es la pregunta que siempre sale y dicen: no, será muy costoso, no hay plata para eso. Pero yo te diría: lo primero es determinar qué se quiere hacer, qué se necesita, para después ponerle números. Por años se ha gastado, por ejemplo, en capacitación. ¿Eso ha servido? ¿En qué nivel hay que mantenerlo o ya es momento de destinar esos recursos a otra cosa? No estoy diciendo que tenga que ser así, sino que esas son las preguntas que hay que plantearse.

O, ¿cuánto le cuesta al Estado tener ese nivel de denuncias por violencia intrafamiliar y por delitos sexuales? ¿Cuánto le cuesta después, cuando la familia de la mujer muerta demanda al Estado? ¿Cuánto nos cuesta tener programas desarticulados?

Si empezamos por asumir que va a ser muy costoso y no hay plata, no estamos dando la discusión. Es un problema que afecta a gran parte de la población y no puede seguir pasando frente a nuestros ojos sin una solución más integral.

B: ¿Qué resultados han dado propuestas similares en otros países?

M.A.: Revisamos las experiencias de Guatemala, España y también de Kenia. Hay unos datos que tenemos de Guatemala, donde hay juzgados especializados, creados progresivamente desde 2010, que alcanzaron una cobertura nacional en 2023. Es más de una década. El análisis que hicieron en 2016 fue que el porcentaje de sentencias condenatorias en estos juzgados superaba el 30%, comparado a cuando se hacen en juzgados ordinarios que no tienen especialidad. Entonces, eso te da una esperanza. Tener este nivel de especialidad y de atención a esas violencias sirve.

En España, que tienen justicia especializada para violencia en contexto familiar, incrementa la celeridad del proceso en un 67%. Ahora, no de todas las experiencias hay datos. Por ejemplo, los juzgados de Kenia recién se crearon, o sea, todavía no hay mucho dato para medir el impacto. No hay datos positivos. Pero también de todas estas lecciones se aprende. 

B: ¿Podríamos estar caminando hacia una justicia feminista?

M.A.: Está por verse. Una justicia especializada no necesariamente es feminista. Ojalá fuera feminista, en el sentido de que escucha a las mujeres, les cree, desmantela esos prejuicios y esos estereotipos. Habría que llenar de contenido qué significa eso, que lleguemos a ese punto en el que podamos tener esa conversación, institucionalidad y movimientos sociales, sobre qué significaría una justicia feminista. Lo que sí hay que decir, es que las luchas de los movimientos feministas nos ha llevado a plantearnos esas preguntas, ¿no? 

B: Lo pregunto porque esta conversación puede hacer pensar a algunos que la justicia va a dejar de ser imparcial, o que va a estar parcializada en favor de las mujeres. Son argumentos que hemos escuchado cuando se toman acciones para cerrar algún tipo de brecha en materia de género. ¿Como involucrar y cómo comunicar claramente a la población que no se trata de irse en contra de los hombres o de la población heterosexual, sino de responder a unas necesidades de justicia que tienen las mujeres y la población LGBTIQ+?

M.A.: De acuerdo. Aunque de entrada una dice: ¿quién va a estar en desacuerdo con que haya una mejor justicia para las mujeres? Pero van saliendo los ‘peros’, que van desde los costos, hasta si esto sería una justicia que no fuera imparcial.  Una vez alguien me presentó este argumento y yo le dije: espere, mire, incluso en España, donde tienen justicia especializada, condenaron por un delito mucho menor en el caso de violación grupal que se conoce como “la manada”. Incluso, en formas de justicia especializada, hay que seguir trabajando el tema de los estereotipos, en diseños procesales distintos, porque el procedimiento también está construido desde otra óptica: los momentos, las posibilidades  de participar, que tienen las partes de intervenir, quiénes pueden estar, quienes pueden hablar, quienes tienen voz, quienes definen, etcétera.

Lo que espero y esperamos desde el Ministerio, al activar esa conversación, es que sea franca y honesta, que no sea entendida como estar acusando al otro de que lo ha hecho mal y el otro defendiendo su gestión. Entendemos que cada institución tiene algo para mostrar. La idea es ver cuales son las lecciones aprendidas y cómo mejoramos, fortalecemos lo que ha funcionado, lo aceptamos, lo articulamos mejor y lo llevamos al siguiente nivel.