Las llantas de los carros rebotaban por una trocha mientras veíamos las montañas tapizadas por distintos tipos de verde. De vez en cuando una casa interrumpía el paisaje, pero sabíamos que estaba en abandono o en venta. 

Durante los trayectos, cada pared pintada, árbol talado y espacio vacío contaba una historia que descubrimos a lo largo de una semana que duró la Caravana Humanitaria, una iniciativa de al menos diez organizaciones nacionales y una comisión internacionalista que recorrió el Catatumbo entre el 25 y el 31 de julio de este año. 

Fue un recorrido que trajo consigo los gritos de un pueblo digno que se abraza a sus montañas para no permitir que la historia la cuenten otros. 

Los medios de comunicación ya han dicho mucho sobre el Catatumbo, especialmente entre enero y febrero de este año, cuando estalló un fuerte conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc. 

Pero lo más importante de su historia no está en las notas de prensa escritas desde los lejanos escritorios de Bogotá o del centro del país, ni en muchos de los libros académicos de quienes no conocen la región, sino en las cicatrices que permanecen en la tierra y en la gente. 

Desde hace décadas, esta región fronteriza, de tierras fértiles y minerales, ha sido codiciada por multinacionales como Ecopetrol y Drummond, ignorada por gobiernos y disputada por distintos actores armados como el Bloque Catatumbo de las AUC, las antiguas Farc-Ep, el ELN, el EPL y ahora también las disidencias de las Farc. Para ellos es un botín, pero para los catatumberos y catatumberas es vida y arraigo. 

Sus voces campesinas, las que protagonizan este texto y que han estado ausentes en gran parte de los análisis, hoy relatan con persistencia las consecuencias de la violencia, directa y estructural. Son las mismas voces que advirtieron desde hace casi dos años el recrudecimiento del conflicto armado, pero que fueron ignoradas por la institucionalidad. 

Porque, mientras el motivo sea únicamente proteger vidas campesinas sin aportar votos o créditos mediáticos, para la opinión pública o las instituciones gubernamentales ‘en el Catatumbo, como en otras regiones del país, no ha pasado, ni está pasando, ni pasará nunca nada’.   

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Llueve

Llovió cuatro años, once meses y dos días…

(Gabriel García Márquez, Cien años de soledad)  

Después de varias horas de viaje llegamos a El Tarra, también llamado el ‘corazón del Catatumbo’. Allí está ubicada la finca La Aurora, un centro de experimentación y aprendizaje construido por y para el campesinado, liderado por el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca). En este lugar, la ciencia y el conocimiento ancestral se ponen al servicio de quienes, históricamente, han sido despojados de estas herramientas.

“Siéntanse como en su casa”,  dice una voz a lo lejos, como seguramente se lo ha dicho a decenas de grupos de trabajadores y trabajadoras campesinas que llegan para reforzar sus conocimientos en agroecología y mejoramiento genético de bovinos. 

Hace veinte años se llevó a cabo la primera versión de la Caravana Humanitaria, impulsada por la Red de Solidaridad y Hermandad con Colombia, la misma que hoy nos trae esta acá. Esa Caravana, en 2005, recorrió el Catatumbo en un contexto de cerco paramilitar y dejó una semilla que, poco después, germinó en la resistencia en el Cisca. 

Desde entonces, el Cisca se ha consolidado como núcleo organizativo y de resistencia que, a partir del trabajo colectivo, construye alternativas para vivir dignamente y permanecer en el territorio. 

Veinte años después, el Cisca ha crecido, pero sigue enfrentando la amenaza —ahora con prácticas más contemporáneas— que acompañó sus primeros pasos: la estigmatización que actualmente ocurre de manera digitalizada, a través de redes sociales, y se materializa con la persecución y el confinamiento.

“Es preocupante que todos los días aparecen integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y personas del Cisca perfiladas” denunció María Ciro, lideresa del Cisca, durante el recibimiento de la Caravana en la Finca. 

El secretario de una de las JAC complementó que “muchos compañeros no pudieron venir porque hace pocos días difundieron montajes de ellos en Facebook y TikTok. Nos intentan callar […]. Yo estoy aquí, pero no sé si más tarde mi foto estará circulando en redes y poniendo en riesgo mi vida”.

La violencia contra quienes defienden la vida persiste en los territorios de siempre, pero acompañada de nuevas tecnologías, a través fotomontajes difundidos por WhatsApp, Facebook y TikTok.  En ellos se ha perfilado a liderazgos comunales, a la Asociación de Personeros, a William Villamizar, el gobernador; a Pepe Ruíz, defensor del pueblo del departamento, e incluso a un funcionario de la ONU. 

Organizaciones de la región han condenado la criminalización de los líderes y de los campesinos, asegurando que se han registrado cuarenta casos similares, en los cuales se sospecha que la autoría del Frente 33 de las Farc. 

En estas imágenes se intervienen los cuerpos de las personas para poner sobre ellos elementos alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) o descripciones donde los relacionan con esa insurgencia. La difusión de ese contenido plantea dos opciones para las personas: vivir en el terror del confinamiento o desplazarse de su territorio. Con el desplazamiento se llevan consigo la continuidad de los proyectos comunitarios. 

“Nos están involucrando en un conflicto que no es nuestro. No tenemos nada que ver con esos grupos […]. Nuestro delito es velar por los pobres, por el acueducto veredal, el puesto de salud…”, dijo otro líder comunal de la región, que prefiere no ser nombrado por su seguridad. 

A pesar del temor, muchos de estos líderes han decidido permanecer en sus veredas para continuar con los procesos sociales que lideran y no ceder ante el impulso de deshabitar la región.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante los tres meses posteriores al 13 de enero, cuando se agudizó el conflicto armado en el Catatumbo, aproximadamente 65 mil personas fueron desplazadas. Sin embargo, la comunidad señala que esta cifra es muy dudosa.

“Esas cifras son mentirosas. Muchas personas se tuvieron que ir de sus casas, sí; pero no salir del Catatumbo. Se instalaron en alguno de los municipios o corregimientos vecinos. Hay muchas familias que se fueron para Cúcuta, para Ocaña… pero también muchas están resguardadas en otra parte del territorio mientras se calma la cosa”, contó otro líder, quien recalca que poco se habla del desplazamiento interno en la misma región.

Los liderazgos también denunciaron que la situación de inseguridad aumentó luego de que el mismo presidente Gustavo Petro dijera en el Consejo de Ministros televisado, del 3 de marzo, que: “sabemos que muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander están permeadas por las armas, subordinadas a las armas”.

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No escampa

Se compuso una cara de convaleciente para celebrar la escampada, pero pronto se 
acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento.

(Gabriel García Márquez, Cien años de soledad)  

Bajo un sol de fuego llegamos a Filogringo, otro corregimiento de El Tarra. Su nombre (Filo del gringo) conserva la memoria de un hambre que llegó de otras tierras: la del extractivismo. En mayo de 1999, los paramilitares llegaron al corregimiento con ayuda de la fuerza pública.

Quienes vivieron ese momento, recuerdan que aproximadamente 115 casas de campesinos fueron quemadas y tomaron las escuelas como trincheras. Además, amenazaron y asesinaron a civiles, profesores y médicos, haciendo que las personas que cubrían necesidades básicas de la comunidad abandonaran el corregimiento, obligando a los demás a irse, según el informe El Tarra: una guerra que no cesa, del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Años después, las personas retornaron para recuperar sus casas. Por eso, muchos de los habitantes de Filogringo dicen  que ‘esto no es solo desde el 16 de enero, la guerra viene de décadas’.

Este año, el 19 de marzo del 2025, “se vino el cielo encima” por primera vez, a través de drones cargados con explosivos. Según el personero del municipio, los ataques con drones ya cobraron tres vidas — un niño de 12 años y dos adultos mayores— y dejaron 11 heridos.

La zozobra que cae del cielo ha sido uno de los motivos por los cuales el 70 % de la población del corregimiento de Filogringo ya se ha desplazado. 

Los ataques con drones no solo han ocurrido en este corregimiento. Según la Personería de El Tarra, en la vereda San Isidro, ubicada en alto Orú (El Tarra), los drones han dejado veinte viviendas afectadas, sólo permanecen en el territorio siete familias, de las 96 que lo habitaban antes y al menos treinta escuelas han cerrado porque los caminos que las comunican están minados.

Una mujer, habitante del sector, también nos manifestó la dificultad para que los jóvenes permanezcan en el territorio, pues no hay alternativas laborales, y las vías y redes de mercado son muy precarias. “A las mujeres nos duele la guerra, nos duele nuestro sufrimiento y el de nuestros hijos. […] Queremos seguir sosteniéndonos en el Catatumbo, no abandonar la tierra en la que nacimos y crecimos”.

Para responder a la crisis que enfrenta el Catatumbo, el Gobierno emitió el Decreto 62 de 2025, el cual dio lugar al Estado de Conmoción Interior, una medida muy cuestionada por varias comunidades campesinas y por las cuatro organizaciones sociales más importantes de la región, debido a la prioridad que se le dio al componente militar, en contraste con alternativas de carácter social. 

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Se construye 

—No nos iremos —dijo [Úrsula]—. Aquí nos 
quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo.

—Todavía no tenemos un muerto —dijo él—. Uno 
no es de ninguna parte mientras no tenga un 
muerto bajo la tierra. 

(Gabriel García Márquez, Cien años de soledad)  

Llegamos a El Aserrío, un corregimiento en el municipio de Teorama.  “Nos sentimos en conmemoración por los líderes que han asesinado en el corregimiento del Aserrío. Estamos por Trino Torres y Juan Daniel Guerra”, anunció el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas).

A José Trinidad, la comunidad lo llamó ‘Trino’, quizá para acortar su nombre, dándole uno que, en la música, aporta vida a una nota principal. Trino fue asesinado el 26 de julio de 2005 en la vía que conduce del Aserrío a San Juancito (donde actualmente se encuentra su tumba).

San Juancito era entonces (2005) como Macondo: una aldea de doce casas construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. El pueblo era tan reciente, que muchas cosas carecían de existencia, y para hacerlas aparecer, había que pensarlas, señalarlas con el dedo y trabajarlas en comunidad. 

Trino luchó por desprivatizar la tierra donde se asentaba su pueblo y consiguió un lote cercano para instalar el manejo de aguas, y que todos en San Juancito pudiesen abastecerse de agua con igual esfuerzo. Gracias a su legado, San Juancito es hoy un pueblo con decenas de casas y espacios que solo existen porque las JAC y la comunidad los hicieron posibles.

Un año después del asesinato de Trino, mataron a Juan Daniel Guerra. En 2004, Juan Daniel llegó al municipio de Convención, donde se convirtió en uno de los primeros líderes del Cisca. Allí contribuyó a los planes de educación comunal, la campaña de cedulación y registro, y el proyecto comunitario de procesamiento de café. En 2006 fue asesinado por las Farc-Ep en el corregimiento del Aserrío, Teorama, según reconoció públicamente ese mismo grupo. El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos afirmó que este fue el segundo líder del Cisca asesinado por las Farc-Ep.

“Hoy aquí estamos los que hacemos vida y nos queremos juntar para construir un territorio diferente, que se construya desde la base, con todos los que vivimos en las veredas […]. Exigimos respetar a la población civil y a los liderazgos comunales. Defendemos el derecho a construir territorio y comunidad”, dijo Uber Conde, el alcalde de Teorama a la Caravana.

Estas palabras no responden solo a la persecución que viven actualmente los líderes y lideresas, sino que también son el eco de una larga historia de lucha en el Nororiente colombiano, escenario del emblemático Paro del Nororiente, un hito de movilización para el país y para el campesinado de esta región. En 1987 más de treinta mil personas se movilizaron bajo un pliego de peticiones que exigía al Gobierno responder a sus necesidades con inversión social. En ese entonces, “aquí no había nada: no había escuelas, no había vías, no había puestos de salud. Por eso salimos al Paro del Nororiente. Desde allí han venido matando líderes. Los líderes del paro la mayoría fueron asesinados”, señaló un líder comunal. 

Los puntos del pliego fueron construidos por las mismas comunidades que, casi cuarenta años después, han visto la construcción de algunas escuelas a la par del asesinato de muchos dirigentes que participaron en las movilizaciones.

Los catatumberos se sostienen en la memoria de sus muertos, pero también la de sus vivos. “Desde que nos estábamos criando, los padres recogían platica de los bolsillos para pagar un profesor. No hemos luchado con un fusil, hemos luchado todos poniendo del bolsillo para construir carreteras y puentes. Nunca nos hemos puesto un uniforme, sino los zapatos para arreglar las vías y trabajar con la comunidad”, aseguró el presidente de Asojuntas de San Juancito. 

Cuando el presidente declaró, este año, el Estado de Conmoción, mencionó también que este decreto permitiría dirigir recursos al Pacto Social por la Transformación del Catatumbo, una propuesta impulsada desde julio de 2024 por las distintas organizaciones sociales. Este es un plan de organización territorial que comprende cinco ejes: ordenamiento territorial participativo y popular, modelo regional de salud, red educativa regional y universidad del Catatumbo; transformación económica, agroindustrial y productiva para el desarrollo endógeno del Catatumbo; conectividad, infraestructura vial y transporte intermodal; y la Paz Total, como eje transversal. 

Sin embargo, para las comunidades con las que conversamos en la Caravana, el Gobierno empezó a confundir dos cosas muy distintas: la construcción de paz con la comunidad y la negociación con las insurgencias, pues la negociación con la comunidad no la hacen los grupos armados.  Así, el presupuesto para el Estado de Conmoción Interior “embolató” el presupuesto para el Pacto. 

“Los recursos a movilizar se quedaron para fortalecer las fuerzas militares y el pacto por el Catatumbo se sigue dilatando”, afirmó un líder comunal. 

En efecto, el Estado de Conmoción Interior finalizó en mayo y la fuerza pública se desvaneció, al igual que las promesas de cambio que venían con el Pacto cuyo documento aún no ha sido firmado por los ministerios. Para los líderes catatumberos, este territorio considerado periférico, que tiene necesidades urgentes, no puede seguir siendo objeto de marketing político en cada gobierno. 

“Nuestros padres murieron en esta tierra y queremos nosotros vivir acá, que nuestros hijos vivan de una manera digna. Por eso trabajamos desde la dirigencia para construir un lugar donde eso sea posible”, recalcó una lideresa comunal. 

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Se resiste

[...] Pero la india les explicó que lo más temible de la enfermedad del
insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía
cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación
más crítica: el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba
a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de
la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último la
identidad de las personas y aun la conciencia del propio ser, hasta hundirse
en una especie de idiotez sin pasado.

(Gabriel García Márquez, Cien años de soledad)  

Nos tomó seis horas de viaje llegar a la comunidad Bridikayra del pueblo Barí, ubicada en el municipio de Convención. Era de noche y cuando se apagaron las luces, los relámpagos anunciaron la lluvia de la madrugada.

Para el pueblo Barí, Ishtana es la vida y el medio natural, es el conjunto de conocimientos, usos y costumbres que han construido desde épocas milenarias y que deben conservarse para pervivir en la selva.

Cuando el colonialismo volvió el siglo pasado, con el traje de grandes empresas como la Colombian Petroleum Company (Colpet) y la South American Gulf Oil Company (Sagoc), logró incrustarse como un parásito en el corazón del territorio. 

Así, los Barí fueron asesinados y desplazados, primero por las empresas extractivistas que llegaron y después por los paramilitares cuando incursionaron. De esta forma, el despojo y la violencia marcaron el origen de la lucha por la supervivencia de una cultura que ha persistido en el tiempo. 

En una reunión entre la Caravana y la comunidad, un Ñatubai (cacique) denunció que la Ishta de los Barí sigue amenazada. Sus suelos pretenden ser utilizados para la minería, carbón y la reactivación de pozos petroleros, lo cual genera preocupación ante el posible regreso de algunos actores armados. 

Para ellos, la conexión tierra/vida (Ishta) va más allá de los símbolos: es la base de su existencia. La tierra que les arrebataron el siglo pasado —cuando las petroleras los relegaron a la parte media y alta del Catatumbo— también implicó el etnocidio más significativo de su historia. Corrieron ríos de sangre y claudicaron muchos de sus lugares sagrados. Fue entonces cuando adoptaron el sedentarismo, dejando atrás su movilidad ancestral para defender, desde límites impuestos por un Estado que los ignora, cada hectárea que les queda.

“Sin nuestro territorio no hay vida. Es muy importante la seguridad territorial para las comunidades”, reivindicó el cacique. “Estamos olvidando la cultura. En otras comunidades no hay bohío… Aquí tenemos uno, pero quedan muy pocos”, continuó.

El bohío es el lugar donde está la cocina colectiva. Es un sitio donde hacen presencia los espíritus, donde se consolida su vínculo ancestral y donde ocurre la transmisión de saberes. Es una estructura irregular hecha con hojas de palma y madera, lo suficientemente grande para albergar a cientos de personas. Alrededor de este bohío hay algunas casas que fueron construidas por el Estado y que ya cuentan con sus propias cocinas. Un miembro de la comunidad nos comentó que, hace ocho años, no existían tantas cocinas “privadas”, pues esto es ajeno a su cosmovisión y que, por ende, ha implicado una reestructuración de sus costumbres.

Aunque la comunidad Bridikayra mantiene una relación de cooperación con las comunidades campesinas, los mismos indígenas cuentan que el Estado ha promovido una disputa entre ambos. Así, cuando los campesinos exigen proyectos productivos, el Estado usa de excusa la presencia del resguardo indígena; y cuando los indígenas exigen el cumplimiento de la Sentencia T052 de 2017, la cual reconoce la delimitación de los Resguardos Indígenas Motilón Barí y Catalaura, el Estado usa como excusa la presencia del campesinado. 

“Nosotros queremos que se respete nuestro territorio. Que los campesinos resuelvan lo que es de los campesinos y nosotros lo que es de nosotros. Los Barí no tenemos que andar peleando con los campesinos. El problema debe resolverlo el Gobierno”, aseguró un líder Barí. 

Tanto los campesinos como los Barí tienen puntos de encuentro en sus apuestas: una educación que permita que los jóvenes se queden en el territorio, el respeto de su cultura y memoria, un sistema de salud real y eficaz que salvaguarde la vida de campesinos y Barí, así como la disposición de que la tierra debe ser para quienes la trabajan y se debe reconocer la conexión ancestral que tienen con la misma. 

“Campesinos y Barí hemos vivido como hermanos”, sostuvo un líder comunal de la vereda Honduras. “Tanto los Barí como nosotros somos hijos de esta tierra, cada uno con sus propias necesidades que deben ser atendidas”, concluyó. 

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Se sostiene 

“La comunidad que se ha construido con base en la
memoria, tendrá la oportunidad de permanecer”

Alberto Castilla, líder social del Catatumbo

Nos detuvimos en la carretera destapada del corregimiento de Cartagenita, del municipio de Convención. Al subir una colina encontramos la entrada de un colegio, cuyos egresados Dairer Suárez y Leonardo Blanco fueron asesinados este año en el marco del conflicto que atraviesa el Catatumbo. 

“La estigmatización y el señalamiento han tenido un propósito. Buscan que nos veamos entre nosotros como enemigos y destruyamos el tejido comunitario. El propósito de los señalamientos es que la comunidad no confíe […] Debemos recordar cuando salíamos a arreglar el camino: íbamos llenos de alegría, preparábamos el lonche. Hay algo que no se puede acabar: el ser comunidad”, declaró Alberto Castilla, líder del Cisca. 

Para las comunidades estos actos buscan fracturar su colectividad. Dicen que la mejor forma de sanar estas heridas es a través de la organización, pues han sido ellas mismas quienes han asumido el mantenimiento de sus escuelas, han contratado profesores, construido puentes y, en general, han autogestionado múltiples necesidades de los catatumberos.

“Tenemos que seguir buscando mecanismos para cuidarnos entre todos. Somos defensores y defensoras de la vida […] Desde la acción comunal seguimos apostándole a otro mundo posible”, dijo otro líder comunal, reafirmando la razón de la unidad y reivindicando la terca esperanza que mantiene a este territorio y a su gente en pie, insistiendo en la vida.

Durante todo el recorrido de la Caravana vimos personas que comparten un profundo dolor por la muerte de sus hijos, sus amigos, sus dirigentes; pero también comparten la alegría del camino que, con sudor, siguen abriendo para las nuevas generaciones que escuchan expectantes los discursos de quienes resisten.

La experiencia ha demostrado a los líderes y lideresas del Catatumbo que una comunidad organizada puede abrir mucho más que carreteras y reconstruir lo que por momentos parece perdido. El pueblo Catatumbero sabe lo que ha significado trabajar la tierra y defenderla para seguir viviendo en ella; sabe que su lucha es por el derecho a soñar con la paz y que ni el silencio ni el olvido podrán copar el Catatumbo, esa que se conoce como la tierra del trueno.