Flavio Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva llegan a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, este domingo, estadísticamente empatados. El próximo presidente del país más poderoso de Suramérica se decidirá por un margen estrecho en una campaña que, por momentos, ha recordado lo que sucedió en Colombia hace unos meses. 

En ambos países, la elección se disputó entre una izquierda que busca reelegirse —Lula, actual presidente, compite por su cuarto mandato presidencial no consecutivo— y una derecha alineada con Donald Trump, la “batalla cultural”, y un discurso militarista que habla abiertamente de matar criminales y construir megacárceles para obtener seguridad. 

Esa ha sido la línea que ha seguido en Brasil Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien aventajó a Lula en la primera vuelta y busca ratificar ese resultado en la segunda vuelta este domingo. “El delincuente será sacado de circulación, en pie o tendido, porque quienes tenemos que andar sin miedo por la calle somos nosotros”, dijo Bolsonaro en un acto de campaña en agosto.

Sus palabras siguen un libreto que fue exitoso para Abelardo de la Espriella en Colombia, y resuenan con un electorado en Brasil cuya principal preocupación es la violencia armada. El 31 % de los brasileños consideran que la seguridad es el principal problema del país, por encima de temas como la economía, la salud y la corrupción, según una encuesta del último mes de la firma brasileña Quaest.

La seguridad es un terreno difícil para la izquierda en varios países de la región, incluido Brasil. “Una de las marcas de los gobiernos progresistas en Brasil ha sido no preocuparse por una política nacional de seguridad”, señala Marianna Araujo, directora del Instituto Fogo Cruzado, una organización brasileña que monitorea la violencia armada en ese país y tiene la mayor base de datos sobre el tema en América Latina.

En entrevista con Mutante, Araujo explicó cómo se ha instalado en Brasil un discurso que propone sacrificar derechos y garantías democráticas, a cambio de una respuesta armada de la Policía en las calles. 

Bolsonaro propone profundizar una política de seguridad con vía libre para la Policía Militar, una institución heredada de la dictadura en Brasil, y que arrastra un legado de muerte: en los últimos siete años, 1.137 personas han muerto en masacres policiales solo en Río de Janeiro. La mayoría de los muertos son personas negras y pobres.

Mutante buscó a Araujo para entender cómo esta discusión sobre violencia armada en Brasil, y lo que está en juego en estas elecciones, pone en juego el futuro de las garantías democráticas en toda la región. Y los límites que los gobernantes tendrán permitido atravesar de ahora en adelante.

Juan Manuel Flórez: ¿Por qué han tenido tanta aceptación en estas elecciones discursos que prometen usar la fuerza letal del Estado?

Marianna Araujo: En los últimos 30 años, la población brasileña ha vivido un repertorio muy pobre de políticas de seguridad. Nunca ha experimentado una política planeada a nivel nacional. En Brasil cada estado tiene su policía militar, que funciona como una fuerza armada controlada por cada gobernador. Es un diseño heredado de la dictadura militar. Esta Policía Militar no investiga, solo hace actividad ofensiva en las calles.

Los que investigan son los policías civiles, pero ambas fuerzas no se hablan mucho entre sí. Y los policías militares tienen más recursos, ganan más dinero, tienen más uniformados. Ese es parte del problema. Además, Brasil no investiga los crímenes. De cada diez muertes, se investigan cuatro. Tenemos mucha violencia y poca investigación. La Policía Militar está en el centro de la política de seguridad, y es una política que va a la calle a matar.

JMF: ¿Y de qué actores ilegales proviene parte de esa violencia? ¿Cuáles son los grupos y a qué intereses responden?

En ese mercado, los protagonistas son grupos armados como Comando Vermelho y Primero Comando da Capital (PCC). Y son grupos que ya no trabajan solo con la cocaína, están conectados con otros mercados. Están conectados con el tráfico de madera, con el transporte, con el servicio de internet en los barrios. En Sao Paulo, hay estudios recientes que demuestran que de las 22 compañías de buses, 12 son controladas por el PCC.

Estos grupos se conocen como facciones. Y por otro lado están las milicias: son grupos más regionales, conformadas sobre todo por policías o expolicías que empiezan a vender su capacidad de matar. Son la evolución de los grupos de sicarios que había en Río de Janeiro, pero ya no son un fenómeno únicamente de Río. Y también ejercen control sobre barrios enteros.

En Río de Janeiro el 35 % de la población vive bajo control o influencia de grupos armados, milicias o facciones.

JMF: Fogo Cruzado ha documentado que esa violencia armada la sufren las personas más pobres. ¿Cuáles son las conexiones entre la desigualdad y la violencia en Brasil?

MA: Las principales víctimas de la violencia armada son los hombres negros. Son los que más mueren y ocupan la mayoría de las cárceles en Brasil. Eso está conectado con una desigualdad. Para mantener el status quo, en Brasil se ha transformado a los hombres negros en enemigos de la sociedad. Por eso mueren tanto y no pasa nada, la sociedad sigue su curso.

Por ejemplo, en octubre del año pasado ocurrió la mayor masacre policial de Río de Janeiro: 117 hombres fueron asesinados por la Policía en una favela llamada Complexo da Penha. Las imágenes son impresionantes. Los cuerpos estaban en la calle, y no pasaba nada. Hay una deshumanización casi total. 

Es un país desigual que no quiere buscar soluciones para eso, entonces su solución es matar a esos hombres o ponerlos en la cárcel.

JMF: ¿De qué forma ha influenciado la campaña presidencial ese contexto de inseguridad? ¿Cómo han respondido las campañas de Lula y Bolsonaro?

MA: Brasil ha experimentado cuatro ciclos de gobiernos progresistas en el siglo XXI —tres gobiernos de Lula y uno de Dilma Rousseff— y una de las marcas de estos gobiernos es no preocuparse por una política nacional de seguridad. A comienzos de los años 2000, la izquierda tenía una idea de que al mejorar la calidad de vida de la gente la violencia iba a disminuir, pero eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque el mercado internacional de la cocaína es muy fuerte y los grupos no pararon de crecer.

Todo esto sin una política integral para responder a esa violencia. En ese contexto, la estrategia de Flavio Bolsonaro ha sido trabajar con el miedo de la gente. Apelar a esa preocupación. Y el malestar con la seguridad siempre es un terreno fértil para el autoritarismo. Si hoy le preguntas a los brasileños: ¿estarías dispuesto a perder derechos o libertades en nombre de la seguridad? Muchas personas te dirían que sí.

JMF: ¿Y cómo logra Bolsonaro capitalizar ese miedo de las personas si algunas cifras,como las de homicidios, llevan varios años disminuyendo en Brasil?

MA: Hay una idea construida del miedo, sobre todo en las grandes ciudades, que va más allá de las cifras. Está alimentado por los discursos políticos y por las redes sociales, por las que todo el día llegan videos y noticias de crímenes, reales o falsos.

La televisión también tiene una responsabilidad muy grande: hay una tradición de los programas policiales de la tarde que transmiten la idea de que el crimen acontece mucho más y está en la puerta de tu casa. Así las cifras de homicidios estén bajando desde el año 2020.

JMF: Fogo Cruzado ha criticado el uso político de las intervenciones letales del Estado. ¿Cómo se lleva a cabo esta utilización de las muertes?

MA: Creo que el caso más notable es el de Río de Janeiro y la operación de octubre del año pasado, en la que la Policía mató a 122 personas. El jefe de la Policía Civil en esa operación se llama Felipe Curi. 

Y este año Felipe Curi fue candidato a diputado con el número 1122, en referencia a la cantidad de personas asesinadas por la Policía. Y resultó elegido. Felipe Curi es aliado de Bolsonaro y es solo un ejemplo de ese uso político de las muertes.

JMF: Académicos como Bruno Paes han dicho que la lógica del bolsonarismo es similar a la de las milicias: como una expansión de las milicias a nivel nacional. ¿Qué opina de esa lectura?

MA: Nuestra historia muestra que la mano dura es casi que una política miliciana: quitar garantías, empoderar a la Policía, dejar que salga a la calle a hacer lo que quiera. En resumen, dejar que los grupos del Estado cobren y hagan negocios con los criminales.

En ese sentido, es interesante la obsesión que tienen Bolsonaro y sus seguidores con poner más armas en la calle, con quitar las regulaciones para el porte de armas. Esto fue algo que hizo Jair Bolsonaro cuando fue presidente. La consecuencia fue que pasamos de tener 800.000 armas civiles en las calles a más de tres millones de armas actualmente. Y hoy los civiles en Brasil son los principales proveedores de armamento para los grupos armados. Armas legales compradas por civiles y luego vendidas a grupos armados.

JMF: ¿Qué tan involucrados están estos grupos armados con la política en Brasil? 

MA: Te voy a dar un ejemplo: hay un exdiputado que se llama TH Joias, aliado de Flavio Bolsonaro. Bueno, hace unas semanas la Corte Suprema lo detuvo por ser, presuntamente, el representante político de Comando Vermelho.

Otro ejemplo: hace una semana detuvieron al diputado estatal más votado de Río, Márcio Canella, también por vínculos con Comando Vermelho. Y es otro aliado de Flavio Bolsonaro.

El círculo político del bolsonarismo está conectado con el crimen de muchas formas, ya sea Comando Vermelho, el PCC o las milicias. Hay una capacidad construida en el Estado de hacer negocios con el crimen que ya no discrimina a ningún grupo.

JMF: Entonces cuando Bolsonaro promete “neutralizar” a los criminales, al tiempo que su círculo tiene vínculos con esos criminales, ¿a quién va a neutralizar realmente?

MA: Al que van a matar es al niño que está en la puerta de su casa en la favela. La política de mano dura va contra el niño en la calle, contra el criminal menor. Pero no hay un interés real de ir contra la estructura de los grupos armados. Porque Comando Vermelho y PCC son los jefes de varios diputados y senadores que están conectados con el grupo político de Flavio.

JMF: ¿Qué tan eficaz ha sido la respuesta de este gobierno de Lula al tema de la seguridad?

MA: La sensación de la gente de que este gobierno hizo muy poco por la seguridad es real. La creación del Ministerio de la Seguridad es una promesa de la campaña de 2022. Estamos en 2026 y Lula está prometiendo que ahora sí va a hacer el ministerio. En su cuarto mandato. 

Desde las organizaciones sociales llevamos cuatro años diciendo que es necesaria esa política nacional. Que haya núcleo de inteligencia nacional para investigar a los grupos armados. Hoy el Ministerio de Justicia no tiene esa capacidad. 

Pero si ves las declaraciones de Ricardo Lewandowski —ministro de Justicia de Lula durante la masacre del año pasado en Río—, lo primero que dijo fue que la seguridad era un asunto de competencia de los estados. ¿Cómo va a ser de los estados si las organizaciones criminales son nacionales, si la política de armas para civiles es nacional? Yo creo que esa respuesta de Lewandowski es muy diciente de la visión del gobierno de Lula.

Llevamos varios años diciendo que este es un problema grande y que la cuenta va a ser cara. Ahora es difícil para la izquierda, a los 45 minutos del segundo tiempo, prometer que se van a hacer cosas después de cuatro mandatos en los que se hizo poco.

JMF: ¿Hubo algunas acciones de este gobierno de Lula en temas como la regulación de armas?

MA: Sí, volvió a poner algunas restricciones y cambió el control de armas del Ejército a la Policía Federal (Nacional), bajo el mando del MInisterio de Justicia. Eso es importante porque el Ejército ejercía muy poco control. 

JMF: ¿Cuál es el riesgo para Brasil, en términos democráticos y de violencia, si Bolsonaro gana las elecciones?

MA: La democracia no se pierde de una sola vez. En el mundo moderno esa pérdida se da poco a poco. Es muy claro con el tema de las armas. Bolsonaro las desreguló y ya no es posible volver al estado anterior. Lula hizo cosas, pero ya teníamos muchas más armas en la calle. La próxima desregulación va a ser peor que la primera.

El modelo Bukele, que es el que propone Bolsonaro, es una ficción en Brasil. Las organizaciones criminales como Comando Vermelho y PCC son mucho más poderosas que las que había en El Salvador. Tienen un poder económico y una capacidad de comprar agentes del Estado mucho más grande. 

Lo más probable para Brasil es un escenario parecido al de Ecuador: un conflicto generalizado con más armas e intereses de los grupos en juego.