La idea de generar energía a partir del movimiento del agua parece, en principio, una opción ambientalmente sostenible: aprovecha un recurso natural renovable sin producir gases de efecto invernadero por la quema de combustibles. Pero ya se ha demostrado el enorme impacto ambiental de las grandes hidroeléctricas: interrumpen el caudal y la conectividad de los ríos, producen metano (otro gas de efecto invernadero más peligroso que el CO2), cambian el microclima de las áreas aledañas al espejo de agua, y durante su construcción se deforesta el bosque y se contamina la cuenca del río.

Las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) tienen un impacto menor. Son proyectos sin embalse, que no detienen el río y generan energía a partir del movimiento continuo del agua. En Colombia hay 132 proyectos activos de esas características. Y, según el último estudio que midió el potencial energético de los ríos de Colombia, el caudal del país tiene un potencial de 56.100 megavatios (MW), mucho más que la matriz energética actual de Colombia (19.000 MW) y el doble del potencial calculado en eólicas y solares en La Guajira (25.000 MW). Por eso están contempladas dentro de los planes de transición energética del gobierno. 

Pero no hay energía sin un costo ambiental y social. Los efectos de las pequeñas hidroeléctricas en zonas como el oriente antioqueño han motivado a las comunidades a organizarse para resistir. Así lo retrata el testimonio del líder comunitario Juan Alejandro Echeverri, que abrió la conversación de Mutante sobre el agua y la energía.

Este artículo continúa ese diálogo sobre el lugar del agua en la transición energética del gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué tan ‘limpia’ es la energía producida por pequeñas hidroeléctricas?

Además de ser consideradas “limpias” porque no tienen embalse, las PCH son vistas como una buena opción para la transición energética por ser una fuente de energía renovable más confiable que la solar o la eólica. Aunque los ríos bajan y suben su nivel, los cambios en el agua ocurren de forma más lenta que en el viento o el sol. 

Estudios recientes, sin embargo, ponen en cuestión que las PCH sean tan limpias como se piensa. De hecho, “hay una falta de conocimiento y reconocimiento de los impactos sociales, medioambientales y acumulativos de las pequeñas centrales hidroeléctricas”, señala un artículo académico que revisó 3.600 artículos de revistas científicas y normativas para examinar las repercusiones y políticas públicas que han impulsado el auge de las PCH, y que fue publicado por la revista Energy Policy.

Este artículo afirma que las PCH pueden afectar profundamente a las comunidades locales, especialmente a las que viven en zonas montañosas. La construcción de este tipo de proyectos en esas áreas, sensibles por su biodiversidad, pueden aumentar su vulnerabilidad a la crisis climática (las zonas montañosas ya presentan una mayor  variabilidad climática y un aumento de la temperatura por encima del promedio). Por tal motivo, un número mayor  de PCH está asociado a una serie de impactos negativos y a un aumento de los conflictos sociales.

Por otro lado, una monografía de la Universidad de Antioquia revisó dos estudios de caso de pequeñas centrales: el Retiro en Norte de Santander y La Chorrera de Puerto Rico en Antioquia. Señala algunos impactos como la pérdida de biodiversidad, contaminación, pérdida de cobertura vegetal, erosión, pérdida de calidad del agua, fragmentación de los ecosistemas terrestres e hídricos. Y añade que pueden ser de magnitud y/o criticidad igual o incluso mayor que los derivados de las grandes centrales hidroeléctricas.

En general, las actividades que producen los impactos más fuertes en la construcción de las PCH, según lo describe la monografía de la Universidad de Antioquia, se pueden dividir en tres grupos. Primero: los impactos en la adecuación del terreno (remoción de la vegetación, excavaciones, adecuación y construcción de instalaciones temporales, creación de carreteras para transportar los materiales) que afectan los ecosistemas terrestres y acuáticos; segundo: las derivadas de las actividades constructivas que generan contaminación; tercero: las que suceden durante la operación, donde se capta parte del caudal, lo que promueve impactos severos sobre el río, el cauce, las comunidades ribereñas y acuáticas.

Existen medidas de manejo ambiental como la restitución de la cobertura vegetal y la conectividad, la restauración de los ecosistemas degradados, el control de la contaminación y los pasos para peces que pueden ayudar a mitigar la mayoría de los impactos. La responsabilidad de vigilar que se cumplan estas medidas es de la autoridad ambiental. En el caso de las pequeñas hidroeléctricas, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Cada CAR fija las condiciones que le pone a una pequeña hidroeléctrica para darle la licencia, por lo que hay una discrecionalidad amplia en las exigencias y algunas pueden ser más estrictas que otras. 

En 2017 el Ministerio de Ambiente publicó unos términos de referencia que deberían seguir todas las autoridades ambientales, que incluyen la exigencia a las hidroeléctricas de planes de compensación por pérdida de biodiversidad. Sin embargo, la monografía de la Universidad de Antioquia, basada en los estudios de caso, recomienda mejorar esos términos de referencia para que “incorporen de forma explícita estrategias que permitan rehabilitar el ecosistema”.

“Obviamente las medidas de manejo ambiental que se deben aplicar dependen de cada proyecto en particular, sin embargo, es posible que la autoridad ambiental no sea tan rigurosa en algunos casos, o que aún solicitando estas medidas de forma clara, no se estén revisando exhaustivamente”, complementa William Henao, quien trabajó como especialista en hidrología, hidráulica e ingeniería ambiental en la UPME y hoy es consultor experto independiente. 

¿Qué lugar le ha dado el gobierno de Petro a las pequeñas hidroeléctricas? 

La posición de Petro frente a las PCH ha sido ambigua. Por un lado, el presidente ha sido un crítico de los impactos ambientales de las hidroeléctricas, incluso de las pequeñas. Pero, al mismo tiempo, las PCH son un punto central del plan de transición energética del Ministerio de Minas y Energía.

Petro ha demostrado hace años su predilección por la energía solar y eólica sobre la que proviene del agua. “Es una tontería hacer una hidroeléctrica en el norte del Tolima cuando en el desierto de la Tatacoa, en el norte del Huila, se podría construir una gran granja solar”, dijo en noviembre de 2019 sobre un proyecto a filo de agua; es decir, sin embalse.

Tres años después, en la campaña de 2022, Petro no hizo ninguna mención a las pequeñas hidroeléctricas en su programa de gobierno. Y tras ganar la presidencia estableció en la reforma tributaria un impuesto de renta del 3 % para las empresas hidroeléctricas, incluidas las pequeñas centrales sin embalse. Solo quedaron excluidas hidroeléctricas muy pequeñas, con capacidad instalada menor a 1 MW.

Sin embargo, ese lugar secundario de las hidroeléctricas en la agenda de Petro ha cambiado mientras avanza el gobierno.

El primer cambio  fue en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado el pasado mayo. En ese documento, que fija la ruta de los próximos tres años, se estableció que se consideran “pequeños aprovechamientos hidroeléctricos” a las centrales a filo de agua con capacidad instalada – que son como los caballos de fuerza— de 50 Megavatios (MV).

Para dimensionarlo, la demanda de energía en tiempo real de Colombia, que varía diariamente, ronda los 7.000 MW. Y una gran hidroeléctrica como Ituango, con sus ocho turbinas, tendría una capacidad instalada de 2.400 MW. 

El Plan de Desarrollo hizo que muchas pequeñas hidroeléctricas con capacidad superior a 20 MW sean ahora consideradas Fuentes No convencionales de Energía Renovable (Fncer). Es decir: tienen los mismos beneficios tributarios que aplicaban desde 2014 para proyectos eólicos y solares, como la reducción del IVA para insumos.

En el plan de transición energética del Ministerio de Minas a 2050 las pequeñas hidroeléctricas tienen el mismo protagonismo que los proyectos eólicos en tierra, como los que Petro ha intentado impulsar en La Guajira. El objetivo es que, a 2050, 6.000 MW de la matriz energética de Colombia provengan de pequeñas centrales hidroeléctricas. Las eólicas, por su parte, cubrirían 7.000 MW de la demanda al mismo año. 

El gobierno ha intentado conciliar ese lugar estratégico de las hidroeléctricas con los reclamos de las comunidades. “Hay regiones que han sufrido de una explotación descarada del recurso, reforzando la idea de que la transición energética justa era una sustitución tecnológica que no garantizaban abandonar el modelo extractivista”, explicó María Victoria Ramírez, directora de energía eléctrica del gobierno.

Por eso, destacó Ramírez, buscan un nuevo enfoque: las comunidades energéticas. Son proyectos energéticos renovables pequeños en veredas o pueblos, desarrollados con la población, entre los que están pequeñas centrales hidroeléctricas. “En el Pacífico y la Amazonía nos han manifestado muchas expectativas que tienen sobre la posibilidad de desarrollar comunidades energéticas aprovechando el agua”, agregó.

Santiago Ortega, cofundador de la empresa de energía sostenible Emergente, que tiene proyectos hidroeléctricos, es optimista con el nuevo panorama: “Las medidas del gobierno igualan la cancha. Las grandes hidroeléctricas no se van a ver más porque no hay condiciones de mercado. Pero el gobierno tiene claro que el potencial de pequeñas hidroeléctricas en Colombia es muy grande”.

En la estrategia aún está pendiente, sin embargo, un plan para fortalecer la veeduría desde las autoridades ambientales ante un crecimiento de las pequeñas hidroeléctricas. Mutante le preguntó al Ministerio de Ambiente al respecto y hasta el momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

¿Qué representan las pequeñas hidroeléctricas para la matriz energética y qué alternativas hay? 

Actualmente la cantidad máxima de energía que las pequeñas centrales hidroeléctricas pueden entregar es poco representativa: 1.082 MW, el 8 % del total de la energía hidráulica y el 1,76 % de la capacidad instalada total del país. 

El Primer Atlas Hidroenergético realizado por la UPME en 2015, sostiene que Colombia tiene el potencial para  producir con hidroeléctricas a filo de agua —sin embalse— 56.187 MW. Si se contempla únicamente el potencial de centrales de menos de 50 MW, se podría generar la energía que estima el gobierno en su plan a 2050: 6.000 MW.

Como quedó demostrado luego del apagón de 1992 y 1993 durante el gobierno del expresidente César Gaviria, Colombia depende de la hidrología: el 68 % de la capacidad instalada para la generación de energía proviene de hidroeléctricas. Mientras llueva tenemos energía, pero si deviene una sequía, el país queda en riesgo.

Por eso, dejar de lado las hidroeléctricas y crecer solo en energía eólica y solar es inviable para los expertos del sector. Estas fuentes dependen de que el viento corra y el cielo esté despejado, por lo que requieren complementarse con otras opciones más fijas. 

Amylkar Acosta, ministro de Minas y Energía durante el gobierno de Juan Manuel Santos, explica que fuentes como la energía solar y la eólica “hacen más resiliente la matriz eléctrica al ser contracíclicas”. 

Esto significa que, ante circunstancias climáticas distintas, el país cuenta también con fuentes distintas. Cuando el Fenómeno del Niño es más fuerte, el verano es más intenso y disminuye el nivel de los embalses, la velocidad del viento es mayor, tenemos más horas de sol y mayor radiación solar. El futuro energético es  la  complementariedad entre las fuentes no convencionales de energía renovable y las convencionales; con el viento, el sol y el agua como los motores.