La defensa del agua en el Oriente antioqueño me ha enseñado que los ríos y las montañas no nos separan; por el contrario, nos unen sin que nadie pierda su esencia. Por eso, quienes nos oponemos a su explotación y reivindicamos su valor vital y cultural, nos autodenominamos como un río de gente recuperando su cauce.

Además de hacer periodismo, hago parte del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE), una plataforma organizativa que agrupa a habitantes de 12 municipios del Oriente antioqueño. Estamos preocupados, entre otras cosas, por los impactos de la industria hidroenergética en nuestra región, considerada una estrella hídrica en el corazón de la Cordillera Central.

Este año participé en la primera generación de la Escuela Mutante de Conversación Social, una iniciativa de este medio para explorar el aprendizaje colectivo y abrir la discusión social sobre las preocupaciones de los y las jóvenes de varias regiones de Colombia. El 13 de abril, activamos un grupo de WhatsApp llamado #HablemosDelAgua, al que se sumaron más de 180 habitantes del Oriente antioqueño.

En ese espacio compartimos reflexiones y diálogos en torno al agua, un elemento que atraviesa los recuerdos y las vidas de las personas en esta región. Algunos de los mensajes evocaban: los días “regando las plantas con mi abuela”, las épocas en que “bajaba al río a lavar ropa”, la sensación de calma “cuando lo escucho correr”, la vez que “casi me arrastra el río” o la imagen de “mi hija de seis años aprendiendo a nadar”. Para el Oriente antioqueño, el agua no es importante por su valor comercial, sino por el vínculo cultural, lingüístico, emocional y pedagógico que tenemos con ella, y que hemos heredado por generaciones.

Pero nuestra visión choca con otra muy distinta, la del llamado desarrollo para Colombia, en la que el Oriente antioqueño desempeña un papel fundamental. En 2022, esta región generó el 20,45 % de la energía que se produjo en todo el país, según datos entregados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). El total de esa energía fue generada por una termoeléctrica y 15 hidroeléctricas, construidas en seis de las siete cuencas hidrográficas que atraviesan el Oriente antioqueño (el río Negro, el río Arma, el río Nare, el río Guatapé, el río Samaná Norte y el río Cocorná).

Ese número podría aumentar a 37 si sumamos dos Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) —aquellas que producen hasta 50 megavatios (MW)— que están en construcción, más 18 proyectos que ya cuentan con licencia ambiental de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), y otros dos proyectos que tienen licencia ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas).

Son esas PCH, precisamente, la principal amenaza a la geografía mental, los paisajes sonoros, las prácticas comunitarias y la relación del Oriente antioqueño con el agua. Desde MOVETE seguimos insistiendo en que el tamaño no importa. Sean grandes, medianas o pequeñas, las hidroeléctricas provocan afectaciones sociales, culturales y ambientales, incluso antes de ser construidas.

Integrantes del grupo de WhatsApp #HablemosDelAgua recalcaron que la industria energética es responsable del “cambio de la idiosincrasia campesina” y “la fertilidad de los árboles”; “limitaciones a la movilidad y a bienes comunes”; “desplazamientos” y “cambios en la humedad relativa”; “inundación de tierras fértiles” y “sequía de los ríos”; también de una fuerte “ruptura de los lazos de confianza, cooperación y reciprocidad”, debido a la división entre quienes apoyan este tipo de proyectos y quienes se oponen a ellos.

Aparte de los comentarios que fueron apareciendo en el chat de WhatsApp, visité Sonsón y San Carlos para recabar testimonios de sus habitantes sobre las afectaciones causadas por estos proyectos.

El acoso en Sonsón

En Sonsón, Ramiro Quintero me contó que trabajadores de Hidroarma, la empresa que quiere construir el proyecto hidroeléctrico Cañaveral, lo ridiculizaron ante sus vecinos cuando les dijo que el río Arma estaba vivo y que su hermano sacaba sabaletas de él: “No olvido ese tonito cuando me dijeron: ‘tan de buenas que es su hermano, sacar peces en un río estéril”. Este hombre, que es una de las pocas personas que le hace veeduría al proyecto, también aseguró que la empresa recurrió a presiones y hostigamientos para que las personas aceptaran el precio ofrecido por los predios que necesitan para construir la hidroeléctrica. Ese acoso, según Ramiro, fue el causante de la isquemia cerebral que sufrió su papá en noviembre de 2012: “Papá ya no tenía tranquilidad. Tenía noches con muy mal sueño, siempre tenía pesadillas porque veía las máquinas volteando los cafetales”.

A los habitantes de Arenillal, Caunzal, Las Brisas y Llano Cañaveral, las veredas de Sonsón impactadas por la hidroeléctrica, Hidroarma les dijo que si no aceptaban el dinero ofrecido, podía expropiarlos. La mayoría de personas cedieron por miedo a quedarse sin tierras y con las manos vacías. Solo un puñado de pobladores tenían la capacidad económica para pagar un abogado, llevar el litigio de expropiación hasta las últimas instancias y lograr que un juez obligara a la empresa a pagar un monto mucho mayor por las tierras. Aunque Corpocaldas otorgó licencia al proyecto en 1999, la construcción de la hidroeléctrica no ha empezado, según Ramiro, porque aún faltan litigios de expropiación por resolver. Intenté hablar con la empresa para tener certeza sobre la fecha de inicio y escuchar su postura frente a las denuncias de la comunidad, pero hasta la fecha de esta publicación no obtuve respuesta.

Sonsón es la fábrica de agua del Oriente antioqueño, el símbolo de la abundancia; también en ese municipio, la hidroeléctrica Aures Bajo S.A.S E.S.P ha causado múltiples daños sociales y ambientales desde que empezó su construcción en 2015. Al levantar el muro de contención que represa el río Aures, la empresa tumbó una garrucha artesanal utilizada por las familias de El Carmelo y La Polca Abajo para cruzar de una orilla a la otra. Esa cuerda suspendida en el aire era el único medio que tenían los habitantes de estas veredas de Abejorral para llegar a Naranjal Abajo —la primera o última vereda del cañón— y luego a Sonsón.

Edilson Marín aseguró que en varias reuniones, la empresa prometió la construcción de un puente del que aún no existen ni las bases. Debido al incumplimiento, el hermano de Edilson decidió amarrar un lazo de un extremo a otro y elaborar una balsa improvisada con cuatro canecas y cuatro tablas para cruzar el río. El rústico invento lo usa toda la comunidad, incluidos adultos mayores y mujeres con niños en brazos; a veces la fuerza de la corriente provoca más de un susto.

Otros habitantes que entrevisté denunciaron afectaciones a nacimientos de agua como el de la vereda El Limón; el no pago de perjuicios causados a las fincas como en el caso de Misael Henao Álzate; y el abandono obligado de predios como en el caso de Leonel Chica, un adulto de 83 años. Al ser consultada sobre estos temas, la empresa Aures Bajo S.A.S E.S.P aseguró que las peticiones, quejas, reclamos, y compensaciones fueron atendidas en su totalidad. También señaló que adquirió un predio sobre la margen del río que pertenece a Abejorral, para reinstalar la garrucha, sin embargo “el vendedor se ha negado a suscribir la correspondiente escritura pública”. Además, afirmó que nunca se comprometió “con la construcción de un puente sobre el río Aures con destino a la vereda El Carmelo”.

Actualmente la misma empresa está construyendo otra hidroeléctrica aguas arriba de este lomo montañoso de Sonsón. Si tenemos en cuenta los proyectos que ya tienen licencia para ser construidos, los ríos que atraviesan el municipio abastecerían ocho hidroeléctricas: dos sobre el río Sonsón —que ya están operando—, dos sobre el río Arma, dos sobre el río Aures, y dos sobre la subcuenca del río Sirgua, que está conectada con la cuenca del río Arma.

El lodo negro en San Carlos

En el caso de San Carlos, el municipio colombiano donde hay más hidroeléctricas, Isagen anunció en el primer semestre de 2022 que le haría un mantenimiento a la Hidroeléctrica Calderas, pues la cantidad de sedimentos acumulados bajo el espejo de agua ponía en riesgo la operación del proyecto. A finales de 2022 y principios de 2023, la Mesa por la Defensa de los ríos San Carlos y Calderas, un colectivo que ha estado haciendo veeduría a los trabajos realizados por la empresa, publicó varios videos en redes sociales en los que denunciaba que Isagen abría las compuertas de la presa en horas de la noche y arrojaba sedimentos río abajo.

Idalí Gallego, cuya casa está ubicada a 10 minutos del río y a 40 minutos del espejo de agua, me aseguró que desde su casa había visto la descarga de sedimentos. Dijo que era un “lodo negro y feo” que dejaba las piedras blancas como si las hubieran lavado con hipoclorito o como si estuvieran hechas de icopor.

Yorman Giraldo, integrante de la Mesa por la Defensa de los ríos San Carlos y Calderas, me dijo que su mayor preocupación es que Isagen esté haciendo en Calderas un ensayo para repetir el mismo procedimiento en otros embalses que no tienen una población colindante. “¿Hasta dónde se pueden mitigar o reparar los daños ambientales y sociales que ha vivido la región? No sé”.

La remoción de los sedimentos también sacó a flote otros reparos represados. Daniel Rivera y otros campesinos, cuyas fincas colindan con la hidroeléctrica, aseguran que la humedad y las lluvias generadas por el espejo de agua han disminuido la productividad de la tierra. Daniel me dijo que los 10.000 palos de café, que antes producían ocho o diez cargas, hoy solo producen la mitad debido al microclima de la zona.

Isagen, que además se provee de las aguas de San Carlos para abastecer los embalses de Jaguas y Punchiná —esta última capaz de producir 1.240 MW, casi el doble de lo que genera actualmente Hidroituango—, respondió a un derecho de petición en el que explicó que la hidroeléctrica Calderas se encuentra en un proceso de mantenimiento, no en un proceso de repotenciación para ampliar su vida útil, como plantea la Mesa por la Defensa de los ríos San Carlos y Calderas. Señaló además que “para esto se cuenta con los permisos correspondientes y las autorizaciones de la autoridad ambiental”; que las actividades de dragado no afectan la flora, fauna o recursos hidrobiológicos; que el Consorcio Calderas, encargado de la remoción de sedimentos, es una firma especializada en ese tipo de labores; y que esperan terminar el trabajo para el último trimestre de 2023.

¿Dónde está la autoridad ambiental?

Después de recabar los testimonios de personas que señalan distintos problemas, cabe preguntarse qué está haciendo la autoridad ambiental para prever, mitigar y hacer veeduría a las afectaciones causadas por las hidroeléctricas en esta región.

Oladier Ramírez Gómez, secretario general de Cornare, reconoció los “impactos sociales negativos” de las hidroeléctricas y añadió que Cornare evalúa con todo el “rigor técnico y jurídico” los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas. Sin embargo, cuando le pedí precisar qué balance de los impactos había encontrado en sus estudios hasta la fecha, no dio una respuesta concreta.

Cornare ha recibido más de seiscientos mil millones por transferencias del sector eléctrico entre 1993 y junio del 2023. El hecho de que no haya una postura más contundente ante las evidentes afectaciones causadas por las hidroeléctricas explica por qué Cornare fue uno de los actores más mencionados en el grupo de #HablemosDelAgua. Algunos de los integrantes plantearon que la entidad “no cumple con el control y cumplimiento de la ley”; “es muy triste porque se supone que Cornare debe defender el territorio y el de sus habitantes, y sentimos que no es así”; “Cornare fue creada para dar viabilidad a los proyectos de explotación de los territorios; “Cornare no es ambiental”.

Transición energética sin diálogo en el Oriente

Pedro Adrián Zuluaga, director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), me dijo que: “Difícilmente, en el país volveremos a ver una gran central tipo embalse”, como el de Guatapé, por ejemplo. Pero aseguró que las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) jugarán “un papel importante” en la Transición Energética Justa impulsada por el Gobierno, que busca “descarbonizar la economía, cortar la dependencia del petróleo, el carbón y el gas, y extender el uso de energías limpias” que provienen de la biomasa, el viento, el sol y el agua, según ha explicado el presidente Gustavo Petro. “Todas las fuentes tienen algún nivel de impacto social y ambiental, pero se les dice verdes si su energético primario no quema combustibles fósiles,” añadió Zuluaga.

La idea es diversificar el portafolio energético del país –para reducir el uso de combustibles fósiles, más contaminantes, y aumentar la generación de energía solar, eólica e hídrica, consideradas fuentes de energía más limpia–. También se busca alcanzar la soberanía energética de Colombia, es decir, convertirse en comercializadora de energía y no depender de fuentes externas para satisfacer la demanda.

El actual gobierno dice que uno de los mayores retos es no repetir los errores y las lógicas extractivas del pasado, que detonaron conflictos sociales, y para eso propone una mayor participación de las comunidades en cualquier proyecto nuevo. Incluso ha propuesto que sean socias, a través de un mecanismo llamado “comunidades energéticas”, una política cuya implementación aún está en fase de diseño.

Según Paula Hernández, asesora del Ministerio de Minas en temas socioambientales para la Transición Energética Justa, el Gobierno ha realizado 27 diálogos sociales que buscan escuchar los reparos, las preguntas y las voces de los territorios, sobre esta ambiciosa apuesta. Pero ninguno de estos se desarrolló en el Oriente antioqueño, pese a que el 19 de mayo MOVETE tuvo un espacio de interlocución con funcionarios del Ministerio de Minas y de Medio Ambiente, en el que se expuso el caso paradigmático de la región.

Coincido con Joanna Barney, codirectora de INDEPAZ y responsable del área de conflictos socioambientales, cuando plantea que, de momento, la transición energética justa es una nueva fase del extractivismo clásico, pues el discurso del Gobierno ha cambiado, pero aún no logra consolidar sus ideas en los territorios, ni proponer algo claro que permita pensar que las beneficiadas serán las comunidades y no las grandes empresas extractivas.

La ciencia y la política coinciden en que cualquier forma de generación de energía tiene un impacto. Eso significa que alguien tiene que asumir el costo. Para quienes hemos expuesto razones por las que nos resistimos a la construcción de más proyectos hidroeléctricos en el Oriente antioqueño, nos resulta paradójico, y a veces difícil de entender, que para usar menos carbón y petróleo, y así ser una potencia mundial de la vida (como reza el lema del Gobierno), sea necesario explotar y represar el agua que origina y sostiene esa vida.

 *Periodista de Periferia Prensa, integrante del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE) y de la primera generación de la Escuela Mutante de Conversación Social