Hace ya algunos días, el ministro Indalecio Dangond ordenó eliminar la palabra campesino de los documentos oficiales de la entidad y propuso usar, en cambio, la expresión “pequeño empresario del campo”, al mejor estilo de las viejas estrategias fascistas de empobrecimiento del lenguaje, de las que nos habla la novela 1984, de George Orwell. 

Según explicó, la medida sería una forma de “elevar el estatus” de quienes producen los alimentos. Bajo su mirada, solo quienes actúan guiados por una racionalidad empresarial son merecedores de aprecio. Solo así se entiende que el nombre campesino sea “despec in tivo”, como también afirmó. Para él, la vida que transcurre más allá de esa racionalidad  carece de valor. Lo que no dijo el ministro —pero su propuesta deja entrever—, es que si la palabra campesino le resulta molesta es porque evoca aquello que la de pequeño empresario borra: la trayectoria de lucha de familias, comunidades y organizaciones. En últimas, la experiencia, vitalidad e imaginación política del campesinado. 

Por esos mismos días, el ministro también anunció su intención de detener la compra de tierras para adelantar la reforma agraria. A esto se sumó la decisión de revisar la pertinencia de las Áreas para Protección de la Producción de Alimentos (APPA), así como la existencia de figuras territoriales campesinas como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM).

No se trata de asuntos desconectados. La coincidencia entre medidas que debilitan los derechos adquiridos por la población campesina y acciones dirigidas a modificar la forma en que hablamos de ella revela, de manera cruda, el papel que juegan las palabras y los procesos de significación en la implantación de modelos de vida y en la legitimación de formas desiguales de repartir la precariedad. En efecto, al presentar como más respetuosa la expresión “pequeño empresario del campo”, se instituye como deseable una forma de relación de quienes habitan el campo con la naturaleza, con los otros y con el propio Estado, subordinada a la lógica del capital. A su vez, al borrar el término campesino —y con él, su vínculo con una larga historia de luchas— se busca naturalizar precisamente aquello contra lo cual esas luchas se han levantado: el reparto desigual de bienes, espacios efectivos de decisión política y reconocimiento social sufrido por el campesinado, y su exposición particularmente aguda a la privación, la explotación, la represión y el desprecio.

No es la primera vez que algo semejante ocurre en Colombia. En 1972, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero, a través del Pacto de Chicoral, se puso fin a la ya tímida y lenta reforma agraria. Al mismo tiempo, se adelantó una estrategia que contribuyó a debilitar a la  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la organización campesina entonces más grande del país. El resultado fue la división de la ANUC en dos: la Línea Armenia, de carácter oficialista y con una alta participación de campesinos con tierra, y la Línea Sincelejo, que se opuso al cambio en la política agraria y rural del Gobierno y con una amplia representación de campesinos sin tierra.  Ese cambio político estuvo acompañado por otro menos visible que se inició en esa década y se consolidó en las siguientes: una transformación en la manera en que, desde el Estado, se hablaba de y con la población rural.

Esa transformación tuvo, por lo menos, dos fases. La primera comenzó en la década de 1970 y consistió en reducir -empobreciéndolo- el significado político de la palabra campesino. El segundo se hizo más evidente desde la década de 1990, cuando el término empezó a desaparecer del lenguaje institucional, normativo y censal. El proceso fue mucho más lento y soterrado que el que vemos hoy, pero compartía una misma pretensión: quitarle su traza política -experiencial e imaginativa- a dicha palabra. 

Veamos.

A inicios de la década de 1970, la palabra campesino nombraba mucho más que un sector económico, un modo de producción o una población rural. Nombraba, principalmente, un sujeto político estrechamente vinculado a la lucha por transformaciones profundas en las condiciones de trabajo en el campo y de acceso a la tierra. 

Desde la Revolución Mexicana de 1910, y a lo largo de las décadas siguientes, el campesinado se hizo visible en América Latina y en otras regiones del mundo como una fuerza social capaz de disputar profundamente el orden social y político existente. En muchos contextos, incluso con mayor centralidad que el proletariado industrial, los campesinos aparecían como protagonistas de procesos revolucionarios y de movimientos que ponían en cuestión tanto las estructuras de propiedad como las formas establecidas de autoridad en el mundo rural.

En nuestro país, en particular, la palabra campesino venía siendo puesta en movimiento desde la década de 1920 por movimientos de colonos, arrendatarios, obreros agrícolas e indígenas terrazgueros en sus luchas por mejores condiciones de trabajo, acceso a la tierra y de vida en el campo. Gracias a eso, durante las décadas siguientes, la palabra fue ganando el poder de evocar las memorias de las luchas sociales que habían protagonizado: las de las ocupaciones, las marchas, las huelgas, los paros y las grandes asambleas. A su vez, en su uso cotidiano, la palabra campesino también permitió conectar con las memorias de otras luchas -menos visibles y más silenciosas- ligadas al trabajo cotidiano de hacer finca, hacer vereda, hacer comunidad y hacer organización con otros. Como ocurre con algunas prendas que nos acompañan a lo largo de la vida, los nombres nos conectan con aquello que hemos hecho y experimentado mientras los llevábamos puestos.

Hasta 1970, entonces, campesino abarcaba tanto a quienes tenían títulos sobre la tierra como a quienes carecían de ellos; sin embargo, con el cambio de enfoque en la política de desarrollo rural, esa palabra pasó a designar sólo a los primeros. Esto ocurrió cuando la política de reforma agraria fue sustituida por el Desarrollo Rural Integrado (DRI), enfoque impulsado por el Banco Mundial a nivel global, bajo la presidencia en esta entidad de Robert McNamara, exsecretario de Defensa de los Estados Unidos. Bajo su dirección, ganó fuerza la idea de que la ayuda a los países del llamado Tercer Mundo debía enfocarse en la “guerra contra la pobreza” como una forma de extender hacia los campesinos las ventajas del desarrollo y así prevenir el avance del comunismo. Al hablar de pobreza —y no de desigualdad— se esquivó la responsabilidad de los países más ricos, de los grandes dueños de la tierra y de los gobiernos en la reproducción de aquello mismo que decían combatir.  

De esa manera, el campesino se tornó equivalente al “pequeño productor rural” (la traducción del small farmer, en inglés), dejando por fuera de esa sombrilla a aquellos que no habían resuelto el problema de la tierra y que además se habían movilizado para exigir la reforma agraria. La respuesta para estos últimos no fue una política de reparto de tierras, sino una política asistencial de acceso a alimentos: el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN). Así, pasaron a ser nombrados con otro rótulo: “los más pobres”. 

Un segundo cambio importante llegó después de la Constitución de 1991. La promesa democratizadora vino de la mano de una política de corte neoliberal impulsada por César Gaviria. Durante su gobierno —y los que le siguieron— el término campesino prácticamente desapareció de los documentos, las normas y las instituciones estatales. En su lugar, proliferaron términos bajo los cuales se organizó la focalización neoliberal: vulnerables, desplazados, víctimas, resto poblacional. En las políticas de desarrollo rural se impuso luego el término emprendedor rural. Incluso, en términos semejantes a los del ministro Dangond, en agosto de 2020, la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) señaló: “Yo creo que, para los jóvenes, el reto y el sueño no es ser campesinos. En la nueva definición en Colombia de ese sueño, es ser emprendedores del campo”. 

En “La lengua del Tercer Reich”, Víctor Klemperer nos recordaba que “las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico: uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico”. Su metáfora le hace justicia a las operaciones lingüísticas de los fascismos, en sus viejas y en sus nuevas versiones. Y es que uno de los efectos que puede producir el consumo de arsénico es la anemia por disminución o daño de los glóbulos rojos; es decir, la eliminación o el daño de aquello que necesitamos para mantenernos con fuerza y, en última instancia, con vida. 

Sustituir una palabra por otra —como ocurre al sustituir campesino por pequeño empresario del campo, o como ocurriría si, de manera comparable, se intentara reemplazar estudiante por usuario de servicios educativos— no es un juego de palabras inocuo. Es, en cambio,  una forma de pretender dañar aquello que nos sostiene, de vaciar al cuerpo social de aquello de lo que depende su vitalidad e imaginación política: la experiencia de lucha. Esa lucha se hace siempre con otros. 

Como me lo dijo Esperanza Idrobo, una dirigente campesina de Nariño que desde la década de 1980 viene luchando por la aplicación de la reforma agraria en ese departamento: “Porque yo pienso, como mujer campesina, que la palabra campesino es lucha, es trabajo, es fuerza, … es una palabra que encierra la dignidad del campo, la dignidad de hombres y mujeres campesinos”. Y, si es así, por más operaciones discretas o ruidosas de empobrecimiento y distorsión del lenguaje, de las políticas y de las relaciones, difícilmente podrán quitarnos lo luchado —o eso, al menos, quiero pensar—.

*Profesora del Departamento de Antropología y Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá.