En Colombia, cada vez más personas acceden a la educación superior. En 2007 eran alrededor de 1,3 millones de personas, y para 2021 esta cifra ascendía a 2,4 millones. Aunque la cobertura ha crecido en los últimos años, también lo ha hecho el déficit de las universidades públicas, que reciben a más estudiantes con plantas docentes congeladas y posibilidades limitadas de mejorar la infraestructura, por falta de recursos.

Una reforma que está pendiente desde hace varios gobiernos y que podría solucionar estos problemas es la reforma a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país. En 2011, una impopular propuesta de reforma llevó a miles de estudiantes universitarios y otros sectores a salir a las calles. El proyecto del gobierno de Juan Manuel Santos, entre otras cosas, le abría la puerta a la educación con fines de lucro en las universidades. Las movilizaciones contra la iniciativa se extendieron por casi nueve meses hasta lograr que el proyecto fuera retirado y la fuerza de esa movilización se tradujo en que varios estamentos universitarios intentaron construir una contrapropuesta que sí se ajustara a sus necesidades y visiones de la educación, sin lograr convertirla en proyecto de ley. Más de una década después, la Ley 30 sigue vigente. Esto podría cambiar, pues el gobierno de Gustavo Petro acaba de presentarle al país, el pasado 20 de julio, una nueva propuesta de reforma.

Esta vez no se trata de un solo proyecto. Son dos los borradores que el Ministerio de Educación divulgó la semana pasada, pero que aún no se han radicado en el Congreso porque antes de hacerlo buscará consensuar las propuestas.

El primer proyecto es un borrador de ley estatutaria que, a lo largo de 21 artículos, busca consagrar la educación como derecho fundamental desde la primera infancia hasta el nivel superior. Hasta ahora, el artículo 67 de la Constitución establece que la educación es un servicio público con una función social y un derecho de la persona, pero no fundamental, por lo que la obligación del Estado es menor. Y el segundo proyecto es la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, una promesa del gobierno de Gustavo Petro que, según el Ministerio, se construyó recogiendo varios de los reclamos históricos de los movimientos sociales.

De las demandas históricas al borrador

Según dijo la consejera para la Juventud del Gobierno, Gabriela Posso, durante la rueda de prensa con la ministra de Educación, Aurora Vergara, en la que hablaron de las propuestas, se han realizado cerca de 14 asambleas populares en varias regiones para recoger los insumos de los universitarios sobre cómo resolver los problemas de la educación superior. Entre estos están la financiación de instituciones de educación superior públicas, la ampliación de la cobertura y la política de gratuidad, la gobernanza universitaria, las políticas de bienestar y salud mental, la calidad y la situación en las regiones.

Algunos de los temas que más han reclamado los estudiantes en una reforma integral a la Ley 30, según tres personas que participaron en esos espacios con quienes hablamos, son la financiación y la democracia universitaria.

Respecto a la financiación hay una propuesta presentada en la pasada legislatura por la representante a la Cámara y exlíder estudiantil, Jennifer Pedraza. El proyecto que ya fue aprobado en primer debate. No se trata de una reforma integral, sino que se concentra en los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que se refieren a la financiación. Según nos explicó Pedraza, su objetivo fue construir un consenso sobre ese punto particular, uno de los más apremiantes debido al déficit acumulado que se calcula en 15 billones de pesos en las universidades públicas como resultado de los problemas de la ley vigente.

Pedraza explicó que lo que se busca es que el criterio del dinero que se gira a las universidades, es decir la base presupuestal, ya no sea el Índice de Precios al Consumidor (IPC, la inflación), como es actualmente, sino que se construya un Índice de Costos de Educación Superior (ICES) que pondere cada año el crecimiento de gastos en las universidades públicas. La fórmula le agrega a esto un incremento para cubrir los aumentos por puntos salariales de los docentes, que actualmente cubren las universidades de su propio presupuesto, y también plantea incrementos presupuestales para ampliar la actual planta docente.

Efectivamente, al borrador presentado por el Ministerio plantea que los aportes del Presupuesto General de la Nación a las universidades nacionales, departamentales y municipales, así como los aportes de las entidades territoriales “se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada Universidad en el año inmediatamente anterior por ese mismo concepto y ajustándose como mínimo cada año por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las Universidades públicas, calculado por el DANE”. Además, la propuesta de modificación del artículo 86 agrega que se dispondrán recursos adicionales orientados al aumento progresivo del acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes de pregrado.

Según el docente de la Universidad Nacional Diego Alejandro Torres, en un análisis publicado en Razón Pública, el ICES “es un paso en la dirección correcta”, pero será insuficiente frente al tamaño del déficit “y a los costos propios de actividades de investigación y planes de mejoramiento”. Torres califica el proyecto de “incompleto”.

Y en el artículo 87 del borrador dice que el Gobierno incrementará sus aportes a las universidades por encima del 50 % del incremento del Producto Interno Bruto, pero que estos no harán parte de la base presupuestal. Actualmente el tope es el 30 %. Y en un artículo nuevo, propone constituir la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas (ITTUS). Esto responde a una necesidad que nos explicó la representante Pedraza: en el país hay 33 ITTUS, pero más de 13 no reciben dinero del gobierno nacional y los entes territoriales no tienen suficiente músculo financiero.

En materia de democracia universitaria, la representante Pedraza señaló que al respecto hay distintas posiciones dentro del movimiento social universitario, por ejemplo, sobre figuras de asambleas universitarias, pero que puede existir cierto consenso en la necesidad de que las rectorías se elijan de forma democrática “y en la participación de representantes estudiantiles elegidos por voto en los consejos de las universidades privadas. No es un capricho, los escándalos de corrupción en algunas de esas universidades pasan porque no hay una representación estudiantil que pueda hacer veeduría”, dijo la representante a la Cámara.

El borrador del gobierno sí pretende darle más fuerza a los estamentos universitarios en la dirección de las universidades públicas. Por un lado, plantea que estas pueden conformar asambleas multiestamentarias “como cuerpos colegiados de participación” que podrán incidir en las políticas institucionales, pero que cada entidad decidirá en el marco de su autonomía cómo conformarlas. Y cambia la conformación de los consejos superiores universitarios, que son el máximo órgano de las universidades: pasa de uno a dos representantes de los docentes, elegidos por la asamblea multiestamentaria, y de uno a dos representantes estudiantiles, con la misma forma de elección.

Además de estos, hay otros aspectos transversales que vienen reclamando los estudiantes y que, según la presentación del proyecto, están recogidos en este primer borrador, como el fortalecimiento del bienestar universitario y disposiciones para la equidad de género y contra las violencias basadas en género.

“Una lista de mercado”

La discusión de estas propuestas estará marcada por el antecedente de cómo se construyeron, pues algunos de los estudiantes que han participado las asambleas tienen críticas al proceso previo. Uno de los participantes en esas asambleas fue Juan Manuel Bedoya, estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia e integrante de la Oficina Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de esa universidad. Según él, quien asistió a la asamblea popular en Pereira el 10 de julio, a esos encuentros el Gobierno no llegó con una propuesta clara sino “con cinco puntos que ni siquiera dicen nada”.

Bedoya cuestiona la metodología, siente que las horas de trabajo no fueron suficientes para construir el articulado de una ley y que hacerlo a 10 días de presentar un borrador era indicador de que no lograrían recoger todos los aportes. En la presentación, la ministra Vergara dijo que el borrador recoge “algunos” de los insumos de esos espacios.

En el mismo espacio estuvo Mariana Céspedes, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional e integrante de la Oficina Estudiantil de la sede Medellín, de la organización Ciudad en Movimiento y del Congreso de los Pueblos. Para ella, esa asamblea fue “fallida” en lo metodológico, pues parte de la jornada se dedicó a decidir cómo llevar a cabo la discusión, y no a la discusión misma.

“La propuesta del Gobierno era más bien, como hemos visto varios estudiantes, como hacer una lista de mercado”, asegura Céspedes. Explica que el Gobierno planteó unas mesas generales en las que, más que abrir discusiones puntuales, se dedicó a recoger quejas y propuestas de todos los participantes como en una lluvia de ideas.

Desde Villavicencio, Leonardo Mendoza coincidió en varios de estos balances. Él es egresado de Economía de la Universidad de los Llanos y considera que la asamblea popular en la que participó el 16 de julio en esa universidad “fue un espacio preliminar” al que el Gobierno llegó con generalidades, con declaraciones de intenciones, pero no con ideas concretas. “Se mantiene la línea de discurso en términos de la necesidad de aumentar el presupuesto, mejorar las condiciones de democracia en las universidades, pero algo concreto y específico no lo puedo identificar”, nos dijo Mendoza justo un día antes de que se publicaran los borradores.

Tres proyectos y diferencias de trámite

Según dijo en un video editorial Jairo Miguel Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), los proyectos presentados por el Gobierno implican un orden en su trámite en el Congreso. Para él, se debe tramitar primero la ley estatutaria, que sería el marco general sobre el derecho fundamental a la educación, y solamente cuando sea aprobada podría radicarse el articulado que busca reformar la Ley 30 de 1992, pues esta sería una reglamentación específica de ese derecho fundamental.

La ley estatutaria, según explicó, establece una nueva concepción sobre la educación, “un cambio sustancial en relación con la actual ley de educación superior”, pues pasa de concebirla como un servicio público cultural a un derecho fundamental progresivo en todos los niveles del sistema, desde prejardín hasta pregrado.

Para él, si bien es necesario ajustar en la discusión ese proyecto de ley estatutaria, “es un avance en términos de un Estado Social de Derecho, en términos de un Estado de Bienestar, inmenso”, pero la conversación tendrá que apuntar a cómo lograrlo porque considera que hoy el Estado no tiene las capacidades reales para hacerlo.

En cambio, la representante Jennifer Pedraza, autora del proyecto de reforma que ya está en el Congreso, espera que todos los proyectos puedan avanzar a la par. Nos dijo que su ponencia se construyó junto al Ministerio de Educación y el de Hacienda, y por eso no cree que las propuestas riñan. “No es ninguna disyuntiva. También creemos que es fundamental reformar toda la Ley 30”, dijo.

Mientras su proyecto se concentra en los artículos sobre la financiación, el del Gobierno plantea una reforma estructural a la Ley 30. Pero ambos, al referirse al mismo tema, pasan por las comisiones sextas, mientras que la ley estatutaria debe comenzar su trámite en comisiones primeras por ser un derecho fundamental.

Según la ministra Vergara, el semestre pasado se radicaron más de 10 proyectos que buscaban reformar la Ley 30. “Lo que tenemos en este momento es una síntesis de todas esas propuestas” de congresistas y técnicos, aseguró. Insistió en que es una primera versión y que espera que se construyan consensos sociales. Allí los estudiantes jugarán un papel fundamental, pero aún están definiendo sus posiciones sobre los borradores presentados y cuáles serán los mecanismos para expresarlas al Gobierno, más allá de los canales institucionales dispuestos hasta el momento.

Aunque el objetivo inicial era radicar los proyectos el 20 de julio, la ministra Aurora Vergara dejó abiertos los plazos para ponerlos a consideración del Congreso de cara a los acuerdos que esperan construir con los sectores sociales. Dijo que esperan que el proyecto de ley estatutaria esté listo “en las próximas semanas” y que esperan que ambas iniciativas se tramiten “idealmente” en esta legislatura.