Victoria Rubio Guerrero respira con fuerza y contiene el aliento con cada contracción. Ella está pariendo en su casa, de la mano de su esposo y su hija, entre las montañas del Quindío. Victoria inhala y exhala con los ojos cerrados. Este es el primer parto que viven en pareja y con el apoyo de dos parteras. Según cuenta, parir en su casa, junto a su familia, se convirtió en uno de los momentos más felices de su vida. 

“No solo fue mi parto, también fue el de mi hija. Ella sufrió las contracciones conmigo y pudo sostener a su hermana después de nacer, así llenita de sangre, con sus pelitos, con su cérvix puesta, con su lanugo. Eso fue una conexión total”, comparte.

A su primera hija la parió en un hospital y durante el trabajo de parto recibió violencia obstétrica. El personal de salud no la dejaba moverse con libertad ni ponerse en la posición que la hiciera sentir más cómoda durante las contracciones y les molestaba que se quejara del dolor. En un momento de angustia, Victoria escapó al baño y se sentó durante varios minutos en la taza y, según recuerda, fueron los únicos segundos de alivio que tuvo en ese momento.

Por eso, cuando se enteró que estaba embarazada por segunda vez, buscó la forma de tener un parto diferente. Así que llamó a la partera Angélica Valencia, del colectivo Wachay e Infinito Centro Ceremonial, quien lleva 6 años atendiendo partos en el Eje Cafetero. Días después, se unió la partera Tatiana Romo, con experiencia y formación en partería intercultural de la Escuela Huytaca. Durante su gestación, Victoria tuvo el acompañamiento de ambas y se practicó también las ecografías y los exámenes necesarios con su médica. Esta fue la recomendación de las parteras para conocer si existían complicaciones de salud y evaluar si era posible acompañarla a parir en casa o debía dar a luz en el hospital.

Sin embargo, toda la preparación y el cuidado que habían tenido Victoria y su esposo por meses, así como los conocimientos y las experiencias de sus parteras, fueron invalidados y borrados con una sola frase: “parir en casa es ilegal”. Ese fue el cuestionamiento con el que se encontró la pareja, después de dirigirse al Hospital Universitario San Juan de Dios en Armenia, Quindío, para que le aplicaran las vacunas a su bebé recién nacida.

Así que ambos, buscando probar su maternidad, le muestran a las enfermeras algunas de las fotografías y videos del nacimiento de la bebé, incluso Victoria les explica que tiene varios puntos de sutura en su vagina, que dan cuenta de su reciente parto, pero los señalamientos escalan, la acusan de haber robado a su bebé y llaman al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que se encarga de velar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto la llevó a compartir su caso en las redes sociales y buscar de esta manera ayuda. Publicó un video denunciando que el personal del hospital estaba reteniéndola y no le permitían ver a su hija.

Mientras todo esto ocurría en el Quindío, a unos kilómetros, Ana María Giraldo en Risaralda, se preparaba para vivir “su parto soñado”. Quería parir en el hospital acompañada de su pareja o de su doula Marcela Ocampo, una mujer que se dedica a apoyar y enseñar a otras sobre cómo controlar la respiración para manejar el dolor, qué posición adoptar con cada contracción y qué masajes hacerse en esos momentos, herramientas que le permitieron confiar en su cuerpo y no temer en el momento del parto. Pero nada de eso ocurrió. El personal de salud no dejó que ninguno de los dos ingresara con ella a la sala de parto. En 2021, cuando parió Ana María, aún no había sido aprobada la Ley de parto digno, humanizado y respetado en Colombia, así que no hubo manera de que ella pudiera exigir ese acompañamiento como un derecho y no como “un capricho”.

“Prácticamente se desentienden de mí. Yo estoy todo el tiempo en un cubículo sola. Nadie está pendiente de qué necesito, si estoy cansada, si quiero tomar algo, si necesito un masaje…”, recuerda ella.

Con estas dos historias inicia el primer episodio de la segunda entrega de la investigación periodística “Parir, un asunto político”, un podcast publicado gracias a la alianza con los medios Salud con Lupa, de Perú, Vorágine y Mutante, de Colombia. En cinco capítulos varias mujeres cuentan cómo sufrieron la violencia obstétrica antes, durante y después del parto en tres regiones de Colombia: desde lo profundo de las montañas en el Eje Cafetero y el Cauca, hasta las playas del Caribe colombiano.

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Camila Cruz perdió a su bebé en la Clínica Crecer de Cartagena. Su hija salió muerta de su vientre y el personal de salud no supo qué decirle frente a su pérdida. A los pocos minutos del parto la llevaron a la sala de maternidad, donde estuvo rodeada de otras mujeres que compartían con su familia la alegría de la llegada de sus bebés. Mientras estuvo hospitalizada, Camila no recibió ningún tipo de atención adecuada en salud mental y ningún trato diferencial por parte del personal médico.

Tres años después de esta experiencia, Camila aún no sabe la causa de muerte de su bebé. Desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, le dijeron que no encontraron nada extraño en su hija, ningún problema de salud. Por eso, existe la posibilidad de que su muerte esté relacionada a una negligencia médica.

La pérdida por la que atravesó Camila tiene un nombre: duelo perinatal, que es el dolor que experimentan una madre y su familia tras la muerte del bebé durante el embarazo, el parto o los primeros meses de vida. Ángela María Muñoz sufrió una pérdida similar hace más de cinco años. Su hijo Juan Isaac Castañeda murió días después de su nacimiento. Por eso, en 2018, en su búsqueda por resignificar su muerte y enseñar al personal médico cómo acompañar a quienes viven estas pérdidas, creó JIC Fundación.

Ángela María ayudó a materializar la Ley brazos vacíos, aprobada en agosto de 2023. Con esta norma, el Ministerio de Salud tuvo que expedir el primer lineamiento para atender y cuidar la salud mental de las mujeres y familias que viven pérdidas durante su gestación, parto o posparto en Colombia. Sin embargo, poco antes de que se aprobara la ley, al menos dos hospitales en Colombia ya habían creado sus propios proyectos para acompañar estos casos, a partir de la experiencia de dos familias: el Hospital Universitario San José de Popayán, Cauca, con su proyecto “María Belén”, y el Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia con “August” y el programa “Da, de, di, do, du”.

Hoy, este país junto a Chile, con la Ley Dominga, de 2021 y Argentina con la Ley de procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal de 2023 son algunos países de América Latina que han legislado sobre cómo dar un trato digno a las mujeres tras una pérdida como esta.

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La serie podcast presenta varias experiencias de mujeres en el parto. En el episodio tres, abordamos la historia de Paola Benavides y su esposo Santiago Sierra en Manizales, Caldas. Esta familia tenía muy claro desde el inicio que no se arriesgaría a la violencia obstétrica que es frecuente en varios hospitales. “A esas historias de terror”, como las define Paola, quien relata el proceso de parir a dos bebés en casa y la resistencia de sus familiares ante la idea de ser “acompañada por una doula y una médica”.

Hay muchas mujeres como Paola que deciden parir en sus casas, en las tulpas de sus resguardos, en hogares de paso o las casas de parto, bajo el cuidado de los médicos tradicionales, las parteras y las doulas, quienes son reconocidos por sus aportes a la cultura de sus territorios y dentro de sus comunidades, mas no como actores del sistema de salud colombiano. Mientras tanto, países de la región como Argentina, Chile y México cuentan con legislaciones claras y a favor del parto en casa, atendido no solo por las parteras, sino también el personal de la salud. Por otro lado, en Sudáfrica, Ruanda, Australia, Polonia, Bélgica, Hungría, Francia e Inglaterra el parto en casa está regulado y/o brindan programas de profesionalización en partería.

Los mayores avances frente al tema han sido liderados por la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa), que logró el reconocimiento de la partería tradicional afrodescendiente como patrimonio cultural en Colombia y una sentencia de la Corte Constitucional para su integración al Sistema de Seguridad Social en Salud, en 2022. Por otro lado, en el departamento del Cauca, a través del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), los pueblos indígenas unen la medicina occidental con los saberes ancestrales de sus médicos y parteras tradicionales para brindar una mejor atención del parto. En el episodio cuatro, Jimena Chavaco, coordinadora de la IPS-Indígena Totoguampa, Jesús Ulchur, coordinador de Sabiduría Ancestral de la misma IPS-Indígena y Silvio Fernández, coordinador del área de Ginecobstetricia del Hospital Universitario San José, nos comparten de cerca cómo viven la experiencia de la atención intercultural del parto en Silvia y Popayán, Cauca.

Para finalmente adentrarnos en el quinto episodio con la historia de Ágata Quintero y su esposo Edwin Salcedo, quienes impulsaron la aprobación del primer lineamiento en Colombia que habló de parto respetado: el Acuerdo 81 de 2021, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena y que busca garantizar las prácticas de parto respetado en las clínicas y hospitales, adelantándose un año al Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva (MNSSR) que consolidó la Ley de parto digno en 2022.

Su historia empezó en 2020, cuando quedaron en embarazo y empezaron a prepararse para ese momento junto a su doula. Siguieron todo el conducto regular para solicitar el 11 de octubre el acompañamiento de ella durante su trabajo de parto en la Clínica Santa Cruz de Bocagrande. El primer mecanismo que usaron fue el derecho de petición, pero fue negado por la clínica, que alegó que no era posible por la pandemia por covid-19.

El segundo fue la tutela, que el Juzgado 16 Penal de Cartagena falló a su favor el 16 de noviembre de 2020, pero ya era muy tarde: Ágata había parido días antes con frío, hambre, sed, violencia obstétrica y sin su doula. Ella y su esposo pasaron meses con la angustia de que su bebé hubiera quedado con secuelas, pero era Ágata quien había quedado con las más visibles.

Estuvo cuatro horas pujando a su bebé, mientras el personal de salud le decía que no sabía pujar y que mejor se dejara hacer una cesárea. Le practicaron la maniobra de Kristeller —una presión sobre el abdomen para tratar de acelerar el nacimiento— y la episiotomía —un corte vaginal para intentar facilitar la salida del bebé— sin informarle ni  pedir su consentimiento previo.

Por estas y otras prácticas que ya se identifican como violencia obstétrica, el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva venía trabajando desde 2018 para impulsar una ley que garantizara una atención respetuosa en el parto y el posparto. Pero el camino no terminó cuando lo consiguieron, en 2022. Este movimiento generó una de las más recientes encuestas sobre parto y nacimiento en Colombia, cuyos resultados fueron publicados en 2023.

En la actualidad, el Observatorio Huitaca, que hace parte del MNSSR, está organizando la campaña “Mi parto, mi decisión” o Marea roja, una iniciativa que proviene de las parteras y colectividades de Argentina y que pretende incidir políticamente y visibilizar la violencia obstétrica que se ejerce hacia las mujeres cis, hombres trans y personas no binarias con posibilidad de gestar, en sus procesos sexuales y reproductivos.

Son muchas las organizaciones que promueven el parto respetado en Colombia, y recogimos algunas en este mapa de experiencias para seguir aprendiendo y siendo acompañadas antes, durante y después del parto.

Esta historia fue desarrollada gracias a un acuerdo de colaboración entre Salud con Lupa, Vorágine y Mutante.

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