Lucía* fue violada cuatro veces por un vecino que acababa de mudarse a su vereda, al sur de Córdoba. Él tenía 18 años y ella 14. La amenazó con matar a su mamá y a su hermano si contaba.

Muerta de miedo, la niña tardó en hablar. Al enterarse, su madre la llevó a un hospital en Montería, donde les notificaron que tenía cuatro meses de gravidez y que contaba con tres opciones: interrumpir voluntariamente el embarazo (IVE), dar al bebé en adopción o ser mamá. Lucía vio la ecografía y le impresionó que el feto se viera tan formado. Su madre le dijo: “si lo quieres tener, te apoyo”.

“Al principio le dije a mi mamá que no quería tenerlo”, cuenta ella mientras arrulla en sus brazos a su hijo recién nacido. “Luego me arrepentí. Era una personita que no tenía la culpa de lo que me hicieron. Pensaba que se volvería un delito abortar y que me iba a doler porque lo veía grande”.

Para denunciar y a la vez protegerse de revictimizaciones, Lucía abandonó su colegio, su familia y su tierra en el sur de Córdoba, y se desplazó a Bogotá donde hoy vive con su abuela.

UNA DE CADA DIEZ NIÑAS ABORTA

Dicho protocolo, diseñado para orientar a funcionarios públicos y privados que atienden casos como este, busca proteger a niñas como Lucía y a sus hijos, pues según estudios nacionales e internacionales, estas no cuentan con la madurez física para parirlos ni psicológica para hacerse cargo de ellos.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, presentan doble riesgo de muerte materna frente mujeres de más edad, y como lo reconoce el mismo protocolo, sus hijos tienen mayor chance de nacer prematuros y con bajo peso. También, especialmente cuando se ven obligadas a continuar con un embarazo no deseado, se ve comprometida su salud mental, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud (OMS), e igualmente, como lo mostró un estudio de Profamilia basado en la Encuesta de Demografía y Salud de 2015: nueve de cada diez niñas que quedan en embarazo en Colombia abandonan su colegio. Frustrados sus estudios, luego tienen menos posibilidades de encontrar trabajo, lo que reduce su capacidad de generar ingresos en la adultez, según la OMS.

El año pasado, el informe del Estado de la Población Mundial del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), concluyó que “los embarazos no planeados se relacionan con el aumento de la pobreza y la reducción de las perspectivas de movilidad económica de las mujeres”.

 Atendiendo a este tipo de alertas, el Ministerio de Salud expidió el protocolo: una ruta de manejo para este tipo embarazos que se consideran de alto riesgo, que se asumen en gran parte de los casos como producto de una violación, y que obliga a los funcionarios del sector salud, protección y justicia a brindarle a las niñas una atención integral, además de información completa, veraz y oportuna sobre las tres opciones disponibles que se le dieron a Lucía.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha denunciado persistentemente que las mujeres, niñas y adolescentes colombianas enfrentan barreras que les impiden o dilatan el acceso a esta información . “Las barreras son sistemáticas y generalizadas entre distintos actores y operadores del sistema de salud, del sector justicia o de instancias administrativas”, asegura la organización.

Su denuncia ha sido corroborada por algunos funcionarios estatales. “Las niñas abusadas sexualmente que acuden a ejercer su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo terminan revictimizadas, llevando el embarazo a un punto donde es peligroso. Adicionalmente, las denuncian penalmente por aborto porque están en un estado de gestación muy avanzado, cuando la Corte no ha determinado un límite para la interrupción”, dijo dos meses atrás María Paula Suárez, quien recientemente dejó su cargo como asesora de Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Una funcionaria que trabaja en el Centro Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas) y una activista, nos compartieron un caso reciente que ilustra la dimensión de este problema. Hace unos meses, una niña de 14 años llegó al lugar embarazada, producto de la violación de la pareja de su mamá. A la niña no solo le negaron la denuncia, poniendo en duda que se trataba de un crimen, sino que luego funcionarios del ICBF se negaron a darle información completa sobre la IVE, y la persuadieron para que no abortara. La niña y su madre persistieron en su decisión de abortar y lo lograron; sin embargo, cuando terminó el procedimiento, se encontraron con que un grupo de funcionarios del CTI de la Fiscalía las esperaba en el hospital para decirles “que reclamaran el feto y que le dieran cristiana sepultura”, según cuenta la activista. Ambas fuentes pidieron la reserva de su nombre.

Según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cadem), este tipo de barreras promueve el “embarazo infantil forzado”, producido cuando una niña menor de 14 años “queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo”.

“Sabemos que hay casos en los que una niña ha tomado la decisión de hacerse una IVE pero cuando habla con el defensor de familia, los procesos se hacen demasiados largos para que al final no aborte”, aseguró Marcia Castro, subdirectora Técnica de Restablecimiento de Derechos del ICBF, durante una plenaria reciente sobre el tema en el Congreso. La Mesa por La Vida ha clasificado las barreras en tres grupos: desconocimiento del marco legal, interpretación restrictiva de la ley y fallas en la prestación de servicios de salud y de profesionales administrativos.

¿Es posible que, además de lo anterior, también intervengan posturas morales y hasta religiosas de los funcionarios? En 2015, una encuesta formulada por la organización Médicos por el Derecho a Decidir a 273 ginecobstetras, reveló que el 76% de los encuestados profesa la religión católica y el 50% cree que las leyes sobre aborto en Colombia deberían ser más restrictivas. El estudio también arrojó que el 59% nunca había realizado una IVE en su vida. Una ginecóloga objetora de conciencia, quien aceptó hablar con nosotras de forma confidencial, contó que “bajo ninguna circunstancia” realizaría ese procedimiento porque va contra sus principios religiosos. “Yo soy médica, fui formada para salvar vidas, no para asesinar a nadie y menos para cometer un crimen tan vil como matar a un ser que no se puede defender”.

Sumado a las barreras de funcionarios de las ramas de protección, salud y justicia que se resisten a la idea del aborto, algo de lo que poco se habla es que estas barreras se trasladan de lo institucional a lo familiar. Para el profesor Luis Bermúdez, famoso por haber reducido a cero los embarazos en el colegio Gerardo Paredes de Bogotá, cuando una niña queda en embarazo, condiciona su decisión a lo que diga el novio o sus papás. “Si la familia le dice que la va a apoyar, entonces decide tener el bebé. Si ve que es muy difícil, empieza a contemplar la IVE. Esta última no la toma entendiendo que es un derecho, sino como última opción”.

El DANE señala que el 70% de los hombres que embarazan a las niñas son mayores de 18 años y el 41% vive con ellas, en un contexto de alta asimetría de poder. Se trata de hombres que no son sus pares, según Carlos Pacheco, docente de la Universidad de Antioquia y una de las personas que más ha investigado el embarazo infantil. Para el experto, estos hombres son “responsables de su propio accionar, con capacidad de reflexión, que saben lo que están haciendo y que tienen la responsabilidad de reparar penalmente a las niñas”.

“En el momento que me explicaron las opciones, me sentí confundida y entonces lo que hice fue decir que no quería abortar”, explica Lucía, quien el próximo año espera volver al colegio mientras su abuela cuida de su hijo.

La OMS ha recomendado varias estrategias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos a las niñas, y una de ellas es permitir el acceso a un aborto seguro. Colombia, al menos en el papel, ya ha avanzado en esa dirección, sobre todo luego de que la Corte Constitucional dejara en firme la semana pasada el derecho a la IVE sin límite de tiempo.

Sin embargo, en la práctica, el control de los cuerpos de las niñas parece seguir quedando en manos del Estado. Internacionalmente, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer ha denunciado que en la región “se continúa ejerciendo sobre ellas la violencia patriarcal, hasta lograr que sean madres. Luego quedan libradas a su suerte”.

Las niñas parecieran vivir entre dos mundos. Uno, en que el Estado les dice que les garantiza el ejercicio de sus derechos y su proyecto de vida, y otro que considera que la maternidad, así sea a destiempo y prácticamente inflingida, “es una bendición”, como lo afirma la misma Lucía.

En las primeras páginas de su diario, ella escribe algunas memorias de esa libertad que dejó en Córdoba: “La infancia es uno de los más bonitos recuerdos que he tenido. Allí es donde uno logra ser la persona que quiere, sin importar los motivos o problemas que tenga”.

*La identidad de la niña ha sido protegida

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Este reportaje hace parte de #HablemosDeLasNiñas: la primera conversación social sobre violencia sexual contra las niñas en Colombia. Participa, conoce más de la iniciativa y haz tu aporte en www.mutante.org.

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Aclaración: Una primera versión de este reportaje, publicada en la versión impresa de El Espectador, llevaba por título: “¿Deseada o forzada? la maternidad de las niñas colombianas”. Para evitar confusiones, en la versión web la palabra “deseada” fue cambiada por “voluntaria”, pues esta hace referencia con mayor precisión a un acto que “nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquella”, según la definición de la RAE.