La Picota, una de las cárceles más famosas del país, está ubicada al suroriente de Bogotá (en la localidad Rafael Uribe Uribe). Su estructura gris, con algunos detalles azules, resalta en un predio amplio que se extiende a lo largo de varias cuadras. Tiene unos huecos pequeños y alargados por ventanas; a través de ellos cuelgan algunas prendas de colores que pertenecen a las aproximadamente 7 mil personas que permanecen privadas de su libertad.  

El 4 de noviembre de 2026, un equipo de personas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), una ONG defensora de derechos humanos que hace visitas humanitarias en esta cárcel, no pudo entrar. Un integrante de la guardia, acompañado por otro funcionario, insistió en que no podían darles la autorización que suelen otorgarles al menos dos veces al mes porque ahora hay “una directriz que viene desde arriba”.

Esta “directriz”, que según el relato de otro dragoneante, llegó de manera informal a través de un correo electrónico, determina la suspensión de las actividades académicas relacionadas con derechos humanos y paz que estén dirigidas a listas específicas de personas privadas de su libertad. En el correo nos dijeron “que cualquier cosa que tenga que ver con derechos humanos o con presos políticos ya no es permitido”, aseguró el mismo guardia de La Picota. 

Antes de este Gobierno entrar a las prisiones tampoco era sencillo, pero en las últimas semanas “los obstáculos para realizar labores de seguimiento y formación dentro de los penales se han agudizado gravemente”, sostiene Manuel Olarte Enciso, encargado del área carcelaria del Equipo Jurídico Pueblos (EJP).

El 19 de octubre, el EJP, una organización de la sociedad civil que acompaña a personas privadas de la libertad, recibió un correo firmado por el Coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el cual se les informaba que a partir de la fecha estaría suspendida la posibilidad de dictar talleres o hacer procesos de formación relacionados con derechos humanos y paz. Ese mismo correo también lo recibió el Movimiento Nacional Carcelario.

Después de esta fecha, a las organizaciones que llevan a cabo procesos formativos y de acompañamiento se les han negado al menos cinco ingresos a distintas cárceles y Centros de Detención Transitoria (CDT). 

El correo proveniente de la presidencia, así como los obstáculos para ingresar a las cárceles, preocupan a las organizaciones que durante años han realizado un acompañamiento de la población recluida y que ven en estas visitas uno de los pocos mecanismos para conocer qué está pasando al interior de las prisiones y en la formación una manera de dignificar a las personas que viven allí. 

En Colombia las condiciones de vida al interior de las cárceles son precarias. El hacinamiento, sumado a la falta de acceso a agua potable, alimentos en descomposición y brotes de enfermedades contagiosas, son situaciones que afectan la dignidad de las personas privadas de la libertad sobre las cuales la Corte Constitucional se ha pronunciado desde hace treinta años. 

Para las organizaciones sociales, esta restricción para entrar a las cárceles por motivos humanitarios es una muestra de la postura que ha mantenido este Gobierno de reducir las condiciones de quienes están privadas de su libertad. 

El Presidente Abelardo de la Espriella ha mencionado en varias ocasiones la necesidad de transitar hacia modelos de reclusión similares a los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, implementó en su país. Un modelo en el que las personas privadas de la libertad permanecen en condiciones de encierro y aislamiento total, disposición cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por desconocer los procesos de rehabilitación y reinserción, objetivos centrales del sistema penitenciario y que no responden solo a la jurisdicción colombiana. Están consignados en instancias internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Por eso, privar estas visitas y de las formaciones representa un riesgo para las personas que permanecen recluidas, así como una posible profundización de su segregación y estigmatización.

Las organizaciones: el canal de comunicación principal desde las prisiones

Para responder al hacinamiento del 44 % que había en las cárceles de Colombia a finales del siglo pasado, la Corte Constitucional declaró en 1998 el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), una figura jurídica que se utiliza para alertar situaciones graves y persistentes de violación de derechos fundamentales. En este caso, en el sistema penitenciario y carcelario.

Quince años después, en 2013, el alto tribunal reiteró el ECI, una determinación que se mantiene hasta hoy. Actualmente hay unas 22.813 personas que ya no caben en los centros de reclusión, según datos del INPEC.

Cuando una persona es privada de su libertad no puede satisfacer por sí misma algunas necesidades que son fundamentales para una vida digna. Por eso, es obligación del Estado garantizar los derechos fundamentales de estas personas, como la alimentación, las visitas familiares, el acceso a la salud y el debido proceso. Así, el ECI  se traduce en una vulneración permanente de estos derechos cuyo garante debería ser el mismo Estado.

Para documentar la situación, en 2015 se creó la Comisión de Seguimiento de la Vida en Prisión, integrada por 15 organizaciones de la sociedad civil que reportan y visibilizan las violencias y abusos contra las personas privadas de la libertad. Desde 2018, la Corte Constitucional ordenó al INPEC garantizar el ingreso sin restricción de quienes hacen parte del seguimiento. En sus últimos reportes han documentado intoxicaciones masivas por el mal estado de los alimentos, la propagación de enfermedades, cortes de agua y energía, así como un incremento en los intentos de suicidio. 

Estas visitas “son una de las pocas maneras de saber qué pasa dentro de las prisiones y de prevenir la tortura y los malos tratos”, asegura Daniel Echeverry, encargado del área de cárceles del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y vocero de la Comisión de Seguimiento. “Cerrar la puerta a las organizaciones deja a las personas privadas de la libertad sin posibilidad de hacer denuncias y en esas condiciones es muy posible que crezcan los abusos y violaciones de derechos humanos”, continúa Echeverry. 

Muchas de estas organizaciones no solo hacen procesos de verificación sino también de formación. Realizan talleres sobre los derechos que tienen las personas privadas de la libertad y los mecanismos de los cuales pueden hacer uso para defenderlos (cómo presentar una acción de tutela, cuáles son los derechos que pueden exigir, cómo hacer una demanda, por ejemplo). 

El EJP considera que el impulso de escenarios de formación para estudiar la cárcel y los derechos humanos, parten de la consideración de que quienes están recluidas son personas que tienen agencia y que acceder a estos espacios hace parte central de tener una vida en dignidad. 

Para el colectivo El Mal Rebaño, integrado por mujeres en libertad y privadas de ella en la Cárcel El Buen Pastor, esta es una estrategia central para disputar formas de organización y uso del tiempo en las prisiones. A pesar de que uno de los objetivos constitucionales de la privación de la libertad es buscar la “resocialización” de las personas, en estos espacios suele haber poca oferta para acceder a cursos, espacios de trabajo y programas artísticos y de aprendizaje. 

Por eso, para muchas personas, los espacios formativos con las organizaciones civiles son el único espacio para salir de su rutina, aprender y tener contacto con el exterior. 

No más formaciones hasta nuevo aviso

El documento enviado al correo de dos organizaciones, el pasado 22 de octubre, dice que se suspenden “las propuestas y programas académicos en materia de Derechos Humanos y Paz”, citando las directrices y lineamientos de un oficio de la Presidencia que no es de conocimiento público. 

Para Echeverry, abogado del comité, toda restricción de un derecho requiere que haya un fundamento legal, un riesgo concreto, necesidad y proporcionalidad, y esta directriz falla en todo esto porque “primero, se adoptó en un oficio que remite a otro oficio de la presidencia que no se ha hecho público. Segundo, porque no cita ninguna norma. Tercero, porque se aplica en bloque a personas y organizaciones sin evaluar el caso a caso. Y cuarto, no tiene ningún plazo, entonces es desproporcional”.

De hecho, aunque el oficio no menciona una fecha específica, sí plantea que esta prohibición estará en pie hasta que el Ministerio de Justicia emita un “pronunciamiento de fondo” sobre la derogación de las conversaciones con los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). 

Esta relación directa entre las medidas que ha implementado el Gobierno Nacional en términos de paz y la restricción de los derechos de las personas que están bajo custodia del Estado es problemática porque “sus derechos no deberían depender de que el gobierno negocie o deje de negociar con un grupo armado”, asegura Echeverry.  

Por su parte, Daniela Bejarano, de El Mal Rebaño, también manifiesta que este vínculo podría llegar a legitimar la tortura y violación de derechos al interior de las prisiones, pues se da por sentado que todas las personas privadas de la libertad hacen parte de GAO o GAOR, una importante carga de estigmatización. Por otro lado, para Bejarano se desconoce el papel de estas personas en la construcción de paz, pues aún son parte de la sociedad. 

Esta directriz concreta los obstáculos que venían experimentando las organizaciones desde hace varias semanas. Según Bejarano, las restricciones se han agudizado y varían desde largas esperas para ingresar a la cárcel, dificultades para que las mujeres privadas de la libertad puedan salir de los patios para asistir a las actividades, hasta el trato de la guardia hacia las personas que hacen los talleres. 

Otros de los obstáculos han sido la limitación de las encomiendas, la reducción de los espacios de ocio y la restricción de elementos vitales, como la cantidad de mudas de ropa que puede tener una persona. 

Finalmente, el hecho de que las personas privadas de la libertad no tengan la posibilidad de acceder a espacios formativos, fortalece las lógicas de segregación y las barreras de acceso a la educación que ya experimentan las personas privadas de su libertad. 

Restringir derechos a través de un correo

En la misma mañana que negaron el ingreso al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a La Picota, salían de la estructura distintos grupos religiosos que, en cambio, sí pudieron ingresar. Para las organizaciones es paradójica la facilidad con la que se permite el ingreso de estas visitas, mientras la verificación de derechos humanos es objeto de prohibiciones. 

Esta organización ya solicitó mayor información al Ministerio de Justicia y a la Presidencia sobre el otro oficio sobre el cual se basa la directriz pero que no está publicado ni ha sido socializado en ningún espacio. Además, el 4 de octubre se realizó una audiencia pública de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en la cual se denunció la situación ante ese organismo. 

Por otro lado, las organizaciones proyectan una serie de acciones judiciales, como tutelas, que permitan revisar o dejar sin efecto esta directriz que, aunque ya se aplica con rigor, pues en la práctica ya se niega el acceso a las organizaciones, solo ha llegado por un correo que cita un oficio cuya existencia se desconoce. 

Mientras esto se resuelve, no habrá espacios de acompañamiento ni formación que tengan alguna relación con los derechos humanos y la paz al interior de las cárceles. Por ahora, las organizaciones coinciden en que seguirán resistiendo a través de la incidencia jurídica, así como de acciones en los alrededores de las cárceles. “Ya hemos enfrentado intentos similares de silenciar las voces disidentes y, en este caso particular, de invisibilizar a quienes están sometidos al sistema penitenciario”, afirma Olarte.