—¿Usted sabe armar una mina?, es que quiero aprender a construir una de esas, para  que los que mataron a mi papá mueran igual que él. 

La pregunta dejó pasmado a Angelmiro Dagua, capitán del resguardo indígena nasa Aguaditas,  quien trabajó durante los últimos tres años como enlace social y facilitador del equipo de  desminado humanitario de la Campaña Colombiana contra Minas (CCCM) en Puerto Guzmán,  Putumayo. El interrogante provino de un joven de no más de 13 años que participaba en un  taller en el que Dagua y su equipo buscaban dar herramientas a los niños, niñas y adolescentes  de las instituciones educativas para prevenir accidentes con cualquier tipo de artefacto  explosivo improvisado (AEI).  

El joven era el hijo menor de un campesino de 34 años que falleció en enero de 2024 en la  vereda La Torre, ubicada a tres horas del casco urbano, tras activar una mina antipersonal  (MAP) cuando regresaba a su finca junto a su esposa y sus tres hijos, luego de celebrar por  fuera del municipio las fiestas de Fin de año.  

—No. Esta clase es para que ustedes puedan protegerse de las minas, no para hacerlas  –le contestó Dagua. 

Durante 2024, en La Torre se registraron tres incidentes con minas antipersonal, según la base  de datos del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) de la Oficina del  Alto Comisionado para la Paz (OACP).  

En todo Puerto Guzmán solo 47 personas se han declarado víctimas de MAP, AEI y municiones  sin explosionar (MUSE). Sin embargo, Aracely Hurtado, exconcejala y enlace local de la  Fiscalía General de la Nación, asegura que puede haber subregistros debido a que, una vez  ocurre el hecho, las personas prefieren abandonar el municipio y declarar en otros lugares o  prefieren abstenerse de hacerlo, por temor a represalias de los grupos armados.  

Una particularidad de este municipio amazónico, ubicado sobre la margen derecha del río  Caquetá, es la coexistencia de comunidades originarias. De 38.586 habitantes que tiene, cerca  de 4.000 son indígenas. Según la exgobernadora Cristina Jamioy, alrededor de 178 viven en el  resguardo inga Alpamanga, ubicado más o menos a una hora de la cabecera. Por su parte,  Angelmiro Dagua anota que 335 personas viven en el resguardo nasa de Aguaditas, a solo 950  metros del pueblo. También hay una notoria presencia de comunidades afro, entre ellas la que conforma el consejo comunitario Palenque Amazónico, con 60 familias cuyas tierras abarcan  más de 70 hectáreas en la vereda La Ilusión.  

Para todas esas comunidades, las minas antipersonal siguen siendo uno de los principales  vestigios de la violencia, con un factor adicional: el factor étnico que incide en la forma cómo  estas personas viven la afectación causada por estos artefactos y en la relación con el territorio.  

La casa sucia 

Deyanira y Cristina Jamioy son hermanas y ex gobernadoras del resguardo inga de Alpamanga;  ambas recuerdan que fue en 2010 cuando los actores armados instalaron las primeras minas  antipersonal en los campos y sitios sagrados de su territorio. 

“Todos esos años nosotros vivimos como en confinamiento porque no podíamos salir a andar  al territorio. Solamente por los caminos y la carretera y nadie venía más al monte ni nada. Había  temor de que cualquier niño, cualquier anciano o joven fuera a pisar una mina y resultara  lesionado”, explicó Cristina.  

Espacios comunitarios como el cementerio, el lote de la casa cabildo, zonas destinadas a  rituales sagrados, terrenos de conservación e incluso el patio trasero de la casa de Deyanira,  fueron tomados por la silenciosa “plaga” de los artefactos explosivos improvisados. “No es  solo tener cuidado, es la incertidumbre de vivir con el temor a morir”, enfatizó Ana María  Santofimio, experta en tierras, socióloga y magíster en Derechos Humanos. 

Fue ahí cuando algo cambió, según las Jamioy. La tierra se sentía distinta, los ancianos no  pudieron volver a las chagras, que son las huertas o espacios destinados para la siembra por las  comunidades, para compartir las enseñanzas ancestrales con los más jóvenes; incluso prácticas  milenarias como la caza se restringieron. 

“Donde más nos impactó fue en el tema cultural”, precisó Deyanira al advertir que, a diferencia  del aprendizaje occidental, la transmisión de conocimiento en las comunidades indígenas se  desarrolla en la práctica, a través de recorridos por el territorio. 

La docente Luz Deny Buesaquillo, del mismo resguardo, explicó que allí las minas antipersonal cohibieron su ejercicio etnoeducativo y la transmisión de usos y costumbres propias. “El no  salir a nuestro territorio trunca el aprendizaje propio. Ha afectado el diálogo con nuestros  mayores en estos espacios. Ellos son los que nos transmiten los saberes ancestrales”, reiteró.  

En el resguardo Aguaditas —al que pertenece Angelmiro Dagua— la situación fue similar a la  de Alpamanga, aunque con matices determinados por la cosmovisión nasa. 

Alguien podría decir que se trata de impresiones, supersticiones o creencias que colindan con  lo mágico, pero para los nasa hay algunas señales que les indican el peligro de que un territorio  está minado: desde una vibración en el pecho, una punzada en la pantorrilla o un calambre en  la parte izquierda del cuerpo, hasta el canto del pájaro brujo, cuyo trinar es considerado una  señal de alerta. 

“Antes de eso (el desminado) nosotros ya hemos sentido que nuestros espíritus nos han hecho  la advertencia de que no podíamos arrimar a esos sitios”, manifestó Francisco Dagua, sabedor  y líder espiritual del resguardo de Aguaditas. 

En la cultura nasa hay otras entidades, saberes y experiencias espirituales que sufren los efectos  con la sola instalación de las minas, aún sin que exploten. Según Dagua, la tierra se divide en  tres capas que incluyen la superficie, el suelo y el subsuelo, cada una habitada por los Ksxa’w  (en español chaux), duendes y espíritus chamanes que protegen el territorio y sirven de guías  espirituales. Cuando un artefacto se activa o “explota”, “automáticamente afecta los espíritus  que están en el subterráneo y la superficie porque sale la onda”, explicó Dagua.  

El líder espiritual nasa añadió que, en el momento de la explosión, los espíritus son violentados  y expulsados, lo que genera una desarmonía que debe ser subsanada por los sabedores. Aclaró  que hay casos en que la afectación ha sido tan grande que la conexión espiritual se pierde por  completo, lo que conduce a la pérdida y abandono de un espacio ritual y sagrado. 

Ana María Santofimio, experta en temas de tierras, explicó que en estos casos hay una pérdida  cultural y de identidad de los pueblos, ya que el territorio es una parte de los mitos o tradiciones  orales, una parte “viva” de su cultura: “Con estos artefactos se pierde una experiencia vital,  ‘como un lugar que fue, pero ya no es’. Entonces tú ya no lo vives, no puedes acceder a él. Y  esa ruptura intergeneracional sí que es una pérdida”, recalcó. 

Aunque en de la base de datos de AICMA la mayoría de las operaciones de desminado  humanitario en el resguardo de Aguaditas se reportan “finalizadas” y el área esté parcialmente  libre de sospecha de contaminación por minas, Dagua menciona que muchos de estos espacios  aún no han podido ser purificados espiritualmente y por eso los sabedores suelen quitarles la  condición de sitios sagrados al considerar que es difícil reactivar la armonía. 

La sensación de zozobra, de frustración por la imposición de límites al andar, el dolor e  incertidumbre, son los “síntomas” que configuran una desarmonía que aún es difícil de sanar,  de limpiar, pues no hay garantías de que todo el territorio esté libre de minas. 

“Uno siente como si la casa estuviera sucia. Porque para nosotros el territorio es nuestro hogar,  nuestro sitio de vida”, manifestaron las hermanas Jamioy. 

Un peligro que no tiene fecha de caducidad 

En Puerto Guzmán la erradicación definitiva de las minas antipersonal todavía es una meta  lejana. Datos de la OACP y AICMA con corte al 30 de junio de 2025, indican que en el primer  semestre del año, 32.057 metros cuadrados del área de este municipio fueron declarados  “terreno cancelado” o libre de sospecha de minas, mediante estudios no técnicos (es decir, a  partir de la recolección y análisis de información), mientras que el total para Putumayo fue de  978.213 metros cuadrados.

No obstante, la reconfiguración del conflicto en el municipio, estratégico por su ubicación  limítrofe entre los departamentos del Cauca y Caquetá, ha llevado a un aumento en la disputa  por el control de las rutas del narcotráfico entre los Comandos de Frontera de la Segunda  Marquetalia, las disidencias al mando de Iván Mordisco y el Estado Mayor de Bloques y  Frentes (EMBF), al mando de alias Calarcá Córdoba. 

Solo en 2024, Puerto Guzmán fue el municipio del Putumayo con la mayor cantidad de  incidentes de minas antipersonal con un total 58 casos, el mismo número de incidentes  ocurridos entre los años 2015 y 2023. Estos incidentes no dejaron víctimas, pero sí son un  indicativo del aumento de la presencia de actores armados.  

Yury Quintero, integrante de la Red Departamental de Derechos Humanos, comentó que las  minas antipersonal en esta zona limítrofe del país se usan para marcar territorios y como  garantía para que otros actores armados no entren a ellos. 

La situación ha llevado a la reaparición de artefactos en zonas donde ya se habían realizado  despejes o que incluso se consideraban libres de minas, vulnerando el derecho de las víctimas  a las garantías de no repetición y al restablecimiento de derechos como el acceso a la tierra, el  bienestar y la seguridad a mediano y largo plazo. 

De acuerdo con Robinson Yela, quien participó como enlace comunitario del equipo de  desminado durante cinco años en Puerto Guzmán, el recrudecimiento de las confrontaciones  en Putumayo significó un aumento en la instalación de minas y levantó nuevas sospechas de  su presencia en varias zonas rurales.  

“La guerra recrudeció y se instalaron 20 o 30 veces más de las que habíamos desinstalado en  cinco años. Las instalaron en tres meses”, señaló refiriéndose a los casos de ciertas veredas  consideradas “estratégicas” por la presencia de infraestructuras como torres de energía y de  telecomunicaciones.

Un obstáculo para la economía afro  

Angelmiro Dagua, quien también participó en el desminado, apuntó que algunas veredas  habían sido declaradas libres de sospecha de minas, pero no fue posible entregar sus áreas a la  comunidad ya que durante una operación el Ejército encontró nuevamente artefactos  explosivos, lo que implicó no solo el retroceso de los esfuerzos de desminado, sino el retraso  de proyectos productivos, entre otras oportunidades aplazadas o perdidas para quienes habitan  esos territorios. 

Precisamente esa es la situación que atraviesa la comunidad del consejo comunitario Palenque  Amazónico, ubicado en la vereda La Ilusión. “Esta es la zona más templada (difícil) que existe  en el municipio por las continuas guerras. No cesan. Existe la violencia y cuando existe la  violencia, en donde se pasea el Ejército está la mina quiebrapata”, mencionó Ludivino Cortés,  representante legal del consejo comunitario.

Allí, las tierras son aprovechadas de forma colectiva en lo que respecta a la actividad cultural  y económica de la comunidad, pues el temor de encontrarse con una “barrera inesperada” ha  llevado a que la comunidad no pueda presentarse a convocatorias de proyectos productivos.  

“El progreso de nuestra comunidad está en nuestro territorio, pero si no tenemos acceso porque  nos limita esta clase de estorbo, se van a perder una cantidad de proyectos productivos”,  aseveró Cortés, al explicar que es imposible garantizar la seguridad de los equipos de trabajo  que los visitan.  

A pesar de que no se han presentado accidentes dentro de la zona del consejo, los artefactos  explosivos improvisados no tienen fecha de caducidad y una mina instalada hace diez años,  hoy sigue siendo letal. Ante la sospecha, Cortés pidió que los equipos técnicos de desminado  estudien el predio para que ellos puedan entrar “con más confianza” a su propia tierra. 

Falta de garantías ante un peligro latente 

Pese a que las comunidades ven en el desminado humanitario una esperanza para aliviar la  situación que han vivido y mejorar su calidad de vida, los peligros de esa labor son numerosos  y los retos altos. En torno al asunto se cuestiona qué tan práctico es desminar un territorio con  el riesgo y la posibilidad de una reinstalación de nuevos artefactos; pues, mientras en la zona  continúen existiendo conflictos armados en que distintos actores utilicen artefactos explosivos,  difícilmente habrá garantías de seguridad para efectuar esta tarea.  

“La gente me empezó a decir: No venga más. Los actores armados están diciendo que usted  está haciendo inteligencia, que usted está llevando información. Mire que a ellos no les gusta  que ustedes desinstalen las minas que ellos han instalado”, relató Yela.  

Asimismo, en un contexto donde el conflicto no cesa, permitir la entrada de los equipos de  desminado a las comunidades resulta una decisión difícil de tomar para los líderes  comunitarios, por el temor a ser señalados como colaboradores del grupo adversario.  

Este fue el caso del resguardo Alpamanga. Al comienzo, hubo recelo de la comunidad para  admitir las operaciones de desminado en su territorio. “Nosotros primero le teníamos temor.  Nosotros dijimos que no porque nos daba miedo. O sea, nos daba miedo de los dueños de las  minas. De la guerrilla”, recordaron las hermanas Jamioy. 

De acuerdo con la OTAN, el costo de fabricación de una sola mina antipersonal oscila entre  los tres a los 75 dólares (es decir, entre los 12.300 y los 300.000 pesos), pero su eliminación  oscila entre los 300 y los mil dólares (entre un millón doscientos a cuatro millones de pesos).  Desminar en medio del conflicto, bajo circunstancias que limitan el control social y el acceso  a las zonas más afectadas, supone altos costos económicos y humanos para las organizaciones  encargadas del desminado humanitario. 

Esas situaciones conducen a que algunos consideren necesario esperar a que se consolide un  ambiente de paz para que la labor de estos equipos sea realmente efectiva. “No podemos hacer  desminado mientras tengamos conflicto aquí en el municipio”, agregó Yela y añadió que, de  lo contrario, pensar en el éxito del desminado sería una “utopía”. 

La vida después de las minas: urge reparación individual y colectiva 

Si bien la comunidad de Puerto Guzmán ha buscado formas de sanar las grietas provocadas por  un peligro que se esconde bajo tierra, muchas de las vidas y comunidades que han sido  afectadas no volverán a ser iguales, por lo que la reparación debe incluir no solo lo físico, sino  lo colectivo, simbólico y cultural.  

En estos casos, el Estado y el gobierno local juegan un rol fundamental. Santofimio manifestó  al respecto una necesidad: “Empezar a dimensionar lo colectivo dentro de las comunidades, no  solo afro e indígena, sino también campesina; ese rol del Estado en la reconstrucción de lazos  sociales, ver cómo eran antes y entonces, tratar de reconstruirlos”.  

En el caso del menor de edad con el que comienza este relato, la pérdida del padre significó una ruptura y una marca emocional para toda la familia. Su madre, quien tuvo que desplazarse  al casco urbano y asumir toda la responsabilidad como soporte emocional y proveedora del  hogar, aseguró que, aunque una casa no podrá regresarle a su marido, su mayor anhelo es “tener  un techo” para sus hijos.  

Mientras tanto, en Aguaditas, Francisco Dagua solicitó continuar con el desminado  humanitario para realizar sus prácticas ancestrales en armonía espiritual y en Alpamanga, la  profesora Luz Deny Buesaquillo hace lo que considera su deber al continuar con sus clases  sobre tejido tradicional, lengua inga y plantas medicinales a nueve niños y jóvenes del  resguardo, en una pequeña chagra en el patio de la escuela. 

Por su parte, Cristina y Deyanira Jamioy piden la ampliación de Alpamanga como  compensación por el territorio minado para poder retomar su cultura y acervo espiritual. “Hay  que mirar a ver cómo podemos recuperar todo lo que hemos perdido”, expusieron.  

Al igual que las minas, el conflicto parece no tener fecha de caducidad. Por ello, Puerto  Guzmán, entendido como la “gran casa” de estas comunidades amazónicas, sigue a la espera  de un nuevo capítulo: uno en el que pueda “limpiarse” de estos artefactos y donde sea posible  reparar a sus víctimas y de esa forma cerrar una herida que lleva décadas a la espera de ser  atendida. 

Casi medio siglo conviviendo con las minas 

De acuerdo con el informe anual Retos Humanitarios 2025 del Comité Internacional de la Cruz  Roja (CICR), en 2024 se registraron en Colombia 719 personas heridas o fallecidas por minas  antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y con detonación controlada. 

Según el Briefing Departamental de Putumayo de la Oficina de las Naciones Unidas para la  Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y cifras de la base de datos de AICMA de la  Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en 2024 Putumayo reportó 83 eventos relacionados con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (MUSE), lo que convertía a este  en el departamento de la Amazonía colombiana con más eventos registrados. 

Cuando una mina antipersonal se activa, la probabilidad de fallecer es de una entre cinco, pero  en el caso de las municiones sin explosionar el índice aumenta al 25 por ciento. En Colombia,  desde 1990 hasta mayo de 2025 murieron 2.367 personas por efecto de artefactos explosivos  usados en el marco del conflicto armado. Los principales afectados son hombres mayores de  edad, según datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.  

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).