“Mi familia siempre me decía ‘vas a llegar lejos, Luisa*. Vas a llegar lejos’”, recuerda. Era febrero de 2006. En ese entonces, estaba cursando el último año de secundaria en una escuela pública, ubicada en San Juan de Miraflores, un distrito de clase media baja de la capital peruana. Entre sus compañeros, ella no figuraba como una alumna sobresaliente, pero Luisa destacaba por su habilidad en las matemáticas y escasa timidez. Dentro de su familia, era la mayor de cinco hermanos y la primera con aspiraciones a estudiar contabilidad. Hasta que un día comenzó con un fuerte dolor en la espalda y en la cadera. Su madre la llevó al médico. Tenía cinco meses de embarazo y 16 años.

“Ni siquiera tuve la sospecha, porque había estado menstruando. Y, la verdad, jamás pensé que eso me pasaría —cuenta—. Mi mamá nunca me habló sobre anticonceptivos. Yo llevaba dos años con mi enamorado y ella nada más me decía: ‘cuídate’”. Sus profesores tampoco le dieron luces sobre el tema. Estudiaba en una escuela dirigida por religiosos y abordar la sexualidad estaba vetado. Solo una vez, un psicólogo fue a darles información y muchos padres se quejaron. “Ese día, nos regalaron preservativos y yo los boté porque me daba vergüenza tenerlos en mi bolso. Una amiga me explicó el método natural (no tener relaciones sexuales los días fértiles del ciclo menstrual) . Eso fue lo que apliqué, pero falló”.

En promedio, 13 de cada 100 embarazos en Perú corresponden a jóvenes de entre 15 y 19 años. Los datos del UNFPA señalan, además, que cada 8 minutos una adolescente se convierte en madre en el país  y, a diario, cuatro menores de 15 años afrontan un parto como resultado de un abuso sexual. Esos índices de embarazos adolescentes en el Perú no han mostrado mejoras significativas en los últimos 30 años, advierte Susana Chávez, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). De hecho, los datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) revelan que el año pasado casi se triplicaron los casos de maternidad forzada en niñas menores de 10 años respecto al 2019.

Esos registros no se refieren solo a un primer alumbramiento. También reflejan cifras de gestaciones subsecuentes o subsiguientes. Pero poco o nada se habla sobre el segundo embarazo en madres adolescentes, porque sería dejar en evidencia que las políticas de seguimiento no han sido efectivas para prevenir otra concepción. Aunque no existe un abordaje exhaustivo sobre el tema, hay algunos indicios. Hugo Gonzáles, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú, calcula que 15 de cada 100 jóvenes peruanas de entre 15 y 19 años vuelven a quedar embarazadas durante la adolescencia, y 7 de ellas lo hacen antes de los 24 meses.

Una publicación del Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI) sobre maternidad adolescente desglosa el número de nacidos vivos en 2018 por orden de nacimiento, que arroja nuevos hallazgos. Del total de 59.899, al menos 86,7% correspondía al primer parto de las jóvenes y 12,3%, al segundo. Ese informe deja ver, además, un porcentaje menor —pero nada desdeñable— de 0,9%, o el equivalente a 538 nacidos vivos, que corresponden al tercer hijo de adolescentes de entre 15 y 19 años.

Aunque los reportes sobre este problema son poco frecuentes, algunos países de la región muestran una tendencia similar. El estudio Embarazo Subsecuente en la Adolescencia, publicado en octubre de 2015 por Unicef, exploró la situación en Colombia y reveló que una cuarta parte de los embarazos en adolescentes eran subsecuentes y, al menos, 20% ocurría entre siete y 14 meses después del primer parto. Una cifra considerable si se toma en cuenta que ese año se registraron 135.979 nacimientos en jóvenes de 15 a 19 años, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de este país.

La situación en Bolivia no es muy distinta. Un estudio realizado por UNFPA en 14 municipios (2016) también refiere que una cuarta parte de las jóvenes que participó en la investigación tuvo gestaciones previas: 18,9% reportó una y alrededor de 3,6% tenía antecedentes de dos o tres. Llama la atención, sin embargo, que el país con la mayor tasa de natalidad en adolescentes en la región (116 por cada 1.000 embarazos) no cuente con data oficial sobre segundos embarazos.

Miguel Becerra —oficial para el Plan International Bolivia en temas de género, derechos sexuales y reproductivos— señala que este vacío de información motivó a su organización a realizar un estudio cualitativo llamado Más allá del amor para entender mejor el fenómeno del embarazo subsecuente, a partir de entrevistas a 10 madres adolescentes de hasta 21 años, que hubieran tenido dos o más hijos antes de los 19 años o que, al momento de la investigación, estuvieran cursando su segundo embarazo.

“Lo que observamos es que son jóvenes que recibieron una información muy básica sobre sexualidad, que no tuvieron acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ni a un sistema de protección”, cuenta Becerra desde Bolivia. “Niñas sin acceso a la educación, sin conocimientos de sus derechos sexuales, que tuvieron un primer hijo a los 13 o 14 años y que volvieron a quedar embarazadas a los 17 o 18, porque viven en condiciones de vulnerabilidad y su familia es quien decide sobre sus cuerpos”, acota. 

Brasil también ofrece evidencias sobre los riesgos asociados a una segunda gestación temprana. Un sondeo realizado en Río de Janeiro a 12.168 jóvenes durante 2011, por ejemplo, detectó que 13,5% tuvo un embarazo recurrente en la segunda mitad de la adolescencia (entre 15 y 19 años); mientras que otra investigación –publicada en la edición de marzo de 2013 en la revista Cuadernos de Salud Pública– confirmó que el inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años y una primera gestación previa a los 16 son factores que inciden en una maternidad subsecuente. Ello sin contar otros aspectos como delegar el cuidado del primer hijo a la familia y dejar de amamantar.

“El embarazo subsecuente es un tema que está ahí, pero del que no queremos hablar —opina Becerra—. Siempre cuestionamos la barriga, que es la evidencia. Pero no las condiciones que llevaron a esa joven a un segundo embarazo. Tenemos que poner la educación sexual como tema de debate para que no ocurra una nueva gestación, porque la recurrencia es lo más cercano para una joven a que se trunque su proyecto de vida”.

En Perú, el embarazo o las uniones tempranas figuran entre las tres principales razones que llevan a las adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años a abandonar sus estudios, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2020. Los motivos económicos o familiares figuran como el primer motivo que aleja a las jóvenes de las aulas (45,7%), pero la gestación o el matrimonio (17,8%) también anula la posibilidad de permanecer en la escuela, lo cual ocurre con más frecuencia en las zonas rurales del país (23,9%)

Luisa no siguió estudiando durante la adolescencia. Tras su primer embarazo, se dedicó de lleno a cuidar a su bebé y a su hermanita de dos años. Al poco tiempo, decidió irse a convivir con su enamorado y, a los 19 años, volvió a quedar embarazada. “Me enteré cuando tenía cuatro meses. (…) No le comenté nada a mi mamá, porque me daba vergüenza. Debí haberme cuidado y no lo hice”, explica. Después de ese segundo embarazo, comenzó a inyectarse unas ampollas que le recetó una ginecóloga. Luego, cambió a pastillas anticonceptivas, pero estas le ocasionaron un descontrol hormonal que no la protegió de otra gestación. Años más tarde, la historia se repitió. Hoy, Luisa tiene 32 años y cinco hijos.

UN REPRODUCTOR DE LA POBREZA

El embarazo adolescente aún se ve como un asunto íntimo o ceñido al ámbito familiar, cuando en realidad la maternidad temprana es un reproductor de la pobreza, que tiene un alto costo de oportunidades para cualquier país. De acuerdo con cálculos de UNFPA, este problema le cuesta al Perú cerca de medio millón de dólares mensuales y ese monto podría elevarse a un millón de dólares al mes para 2022. “El embarazo de niñas y adolescentes no es un asunto cuyas consecuencias afecten solo a las niñas y a sus familias, o que llama a un gobierno de turno para actuar. Por el contrario, es un asunto que nos afecta y atañe a todos”, afirma Hugo Gonzáles.

Federico Tobar, representante regional de UNFPA, resume en una frase —tan cruda, como realista— lo que supone para América Latina ser la segunda región del mundo con la mayor tasa de embarazos adolescentes, después de África Subsahariana: “la maternidad temprana funciona como una fábrica de pobres”. Y es que al menos 80% de estas jóvenes —explica— se encuentran por debajo de la línea de pobreza. De modo que el índice de embarazo adolescente se convierte en un indicador de subdesarrollo, pues significa que un grupo de la población queda rezagado, al no tener acceso a la educación ni a mejoras en el mercado laboral.

El informe Consecuencias socieconómicas del embarazo y la maternidad adolescente en el Perú, elaborado en 2020 por UNFPA, revela que solo 18,8% de las madres adolescentes logra realizar estudios superiores y, al menos, 5% de ellas no termina siquiera la educación primaria. Ello se traduce en menores posibilidades de obtener un mejor salario y también en mayor probabilidad de desempeñarse en el sector informal (81,9%) frente a aquellas mujeres que tuvieron hijos en edad adulta (77,4%).

En términos económicos, el costo de oportunidad total asociado a la maternidad temprana en el Perú para 2019 fue de USD 329’416.367, lo que equivalía a 0,14% del PBI de ese año.  Estos cálculos de UNFPA dejan claro que la maternidad temprana es un problema de interés colectivo, en tanto que cada madre adolescente se tradujo en un costo anual de USD 1.047 para el país, por pérdidas asociadas a la actividad laboral y al ingreso.

Guatemala es un caso aparte. El país centroamericano atraviesa un momento de potencial económico conocido como bono demográfico, que ocurre cuando la cantidad de personas en condiciones de ingresar al mercado laboral supera al número de habitantes dependientes (niños o ancianos). Ello representa una gran oportunidad. Sin embargo, un informe de UNFPA advierte que, para aprovechar los beneficios de ese bajo índice de dependencia, el Estado debe promover políticas públicas para prevenir el embarazo adolescente.

Una medida justa y necesaria en un país donde 14 niñas menores a 15 años quedan embarazadas al día, según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez de 2019. “No prevenir el embarazo adolescente [en Guatemala] es permitir que se propicien entornos de menor capital humano, menor actividad productiva, menor crecimiento y menor desarrollo, lo que genera menores posibilidades de financiar los sistemas sociales de salud, pensiones y educación a través de impuestos”, reseña el informe Consecuencias Económicas del Embarazo en la Adolescencia de la UNFPA.

Resulta complejo analizar el impacto económico de un embarazo subsecuente o la repercusión de una segunda gestación en el desarrollo individual de una adolescente por la falta de estudios. Sin embargo, los expertos dibujan un panorama, que resulta poco alentador. “Una primera gestación trunca el proyecto de vida de esa adolescente. Un segundo, los anula”, sentencia Guillermo Ortiz, ginecólogo salvadoreño, quien trabaja en la organización Ipas, en Carolina del Norte. “Esto genera un círculo vicioso de la pobreza, porque ellas no pueden salir adelante y arrastran a sus hijos a una vida precaria”.

Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, coincide con esa observación: “Una madre adolescente con un primer embarazo ya es un problema crítico, porque entre 80% y 90% jamás vuelve a la escuela y 75% se inserta en un trabajo precario. Un segundo embarazo lo es más, porque las posibilidades de retorno de la escuela se cancelan por completo”.

Luisa lo intentó. Por un tiempo, estudió inglés. Alcanzó hasta el nivel intermedio, pero no pudo culminarlo. Luego, empezó a formarse como secretaria y, al año, lo dejó. Ante la llegada de cada embarazo, sus planes se cancelaban. “Al final, hice un curso de auxiliar de educación. Asistí a clases los domingos y, así, logré graduarme”, cuenta. Ejerció por seis años y eso la animó a matricularse para ser docente. Pero volvió a quedar embarazada y desistió.

Hoy se dedica a la venta en línea de insumos de belleza y para el hogar, que le genera algo de dinero. No obstante, la mayor carga de los gastos recae sobre el padre de sus cinco hijos, quien trabaja en el sector construcción. Hasta ahora, ese ingreso familiar no ha sido suficiente para salir del espacio que les cedieron los padres de Luisa, dentro de su casa en San Juan de Miraflores.

DEUDAS EN LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO RECURRENTE

Perú tiene 7,5 millones de jóvenes entre 10 y 24 años, según datos de UNFPA. El Estado, sin embargo, ha estado a espaldas de esa cuarta parte de la población al no ofrecer soluciones reales a los problemas que afectan su futuro, como la maternidad temprana y la violencia sexual.  “Los niños no votan. Por ello, no están en la agenda de los políticos de este país”, dice Matilde Corbeña, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

De hecho, el primer plan nacional para la prevención de la maternidad temprana en Perú se aprobó apenas en 2011, según apunta Susana Chávez, quien participó en su elaboración. Una acción tardía y poco efectiva para un país que, para ese entonces, estaba reportando una media de intervalo en los alumbramientos de madres adolescentes menor a 22 meses. “Aquel plan ordenó objetivos, lineamientos y acciones de política. Lamentablemente no se tuvo el compromiso esperado del Ministerio de Educación y se enfocó en lo sanitario. Al final, el resultado fue limitado”, explica Chávez.

En la actualidad, se aplica el Plan Multisectorial del Embarazo Adolescente 2013-2021, que plantea entre sus líneas de acción prevenir la primera y segunda gestación. Solo que, hasta ahora, sus resultados se desconocen. “No tenemos claridad de cuánto se ha avanzado con ese plan. Lo que hemos visto es una desarticulación entre los ministerios, ausencia de presupuesto y falta de una cultura de derechos sexuales”, explica Corbeña. “Aquí no se está pidiendo que hagan cumplir los derechos de los niños y adolescentes por caridad. Es un deber del Estado Peruano por ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La falta de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes no es nueva. Perú vivió su peor capítulo en abril de 2006 cuando se aprobó la Ley 28704. Esta orden legal —promovida por la fallecida congresista Julia Valenzuela Cuellar (Perú Posible)—, determinó que toda relación sexual entre los 14 y 17 años –así fuese consentida– debía ser considerada una violación. Aquella medida criminalizó la sexualidad adolescente e impuso grandes obstáculos para el acceso a los servicios de prevención en salud reproductiva.

“La Ley 28704 creó un vacío legal para la atención de los adolescentes en los centros de salud —explica Susana Chávez—. En ese entonces, no se podía entregar información a los más jóvenes sobre los métodos anticonceptivos, porque era ilegal. De acuerdo con esta medida, los adolescentes no tenían autonomía. Pero resultaba contradictorio con las leyes, que permiten el matrimonio a partir de las 16 años. Era algo ilógico. Podían casarse, mas no podían tener relaciones sexuales”, cuenta.

Recién en enero de 2013, el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de un grupo de jóvenes y reconoció el derecho a la libertad sexual de los adolescentes, tras largos meses de protesta. El asunto es que las secuelas de aquella ley aún persisten. Esto se observa en la negación del personal médico a entregar métodos anticonceptivos a los adolescentes sin el consentimiento de sus padres, por prejuicios, creencias o temor a que se les abra un procedimiento administrativo, según cuenta Corbeña.

Así, no ha de extrañar los retrasos que registra el Perú frente a otros países de la región en temas como el uso de métodos anticonceptivos modernos (inyección, condón, esterilización, píldora, dispositivo intrauterino). De acuerdo con datos de UNFPA, el acceso a estos métodos entre las mujeres activas sexualmente alcanza 55% en Perú. Una cifra menor en comparación con Chile (70%), Ecuador (72%), Colombia (76%), Argentina, Brasil y Uruguay (78%).

“Tenemos un Ministerio de Salud de carácter muy conservador”, afirma Elsa Prado, coordinadora del programa de sexualidad y autonomía física del movimiento Manuela Ramos. “Hemos retrocedido en esta materia por el avance de los grupos fundamentalistas y antiderechos. Movimientos como Con mis Hijos no te Metas han jugado un rol de desinformación, por su mirada sancionadora de la sexualidad. De ahí que existen muchos desafíos para lograr que se aborde el tema con un enfoque de derechos”, dice.

INOCENCIAS ROBADAS

En paralelo, Perú vive otra realidad: la tragedia de menores que quedan embarazadas producto de la violencia sexual. De acuerdo con el Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud, el año pasado se reportaron 1.179 (2,4%) nacimientos de gestantes de 10 años o menos. En otras palabras, al menos 24 niñas de ese rango de edad se convirtieron en madres tras una violación.

El país registra el mayor número de denuncias por violencia sexual en niñas y adolescentes en América del Sur, según el informe Vidas Robadas del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai). Eso no es lo peor: 76 de cada 100 agresores son hombres que tienen una relación directa con la víctima (padre, padrastro, tutor, profesor o adulto al cuidado de la niña). Como consecuencia, en el Perú hay 3.500 embarazos por violación al año, y 29 de cada 100 muertes maternas en adolescentes están vinculadas al aborto inseguro.

Flor Valencia es obstetra del Instituto Materno Perinatal de Lima. Lleva 40 años de servicio y, durante ese tiempo, ha visto con tristeza cómo la violencia sexual le ha robado la infancia a muchas niñas. Durante una guardia de seis horas, ha llegado a atender cinco casos de abuso a menores de edad. Ha visto a jóvenes de 13 y 16 años con papiloma y VIH. “Es una situación preocupante —dice con pesar—. Pero la frialdad es del Estado, que vulnera la niñez y pone en juego el futuro del país”.

LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO HERRAMIENTA

Hace 20 años, Chile registraba más de 40 mil nacimientos de madres menores de 19 años. Al menos, mil gestantes ni siquiera habían cumplido los 15, según un artículo publicado en La Tercera. En el liceo Tajamar, ubicado en Providencia, se reportaban entre cinco y seis embarazos al año. Incluso alcanzó los 15, en 2014. De ahí que las matronas —mujeres que asisten en los partos— pusieron en práctica el programa denominado Educación Afectiva y Sexual, que permitió llevar los índices de esa institución a cero, en seis años.

“El tema del embarazo adolescente era una gran preocupación en el liceo Tajamar. Así que comenzamos a aplicar este programa de empoderamiento en los cursos de 4° y 3° de media. Hasta que, poco a poco, lo fuimos incorporando a estudiantes menores”, explica desde Chile Esther Ayala, matrona y académica de Obstetricia de la Universidad San Sebastián (USS). “Generamos una dinámica de juego y creamos espacios para que pudieran hacernos preguntas personales, lo que las ayudó a tener conocimiento para tomar sus propias decisiones”.

Chile se ubica hoy entre los países de la región con la tasa de embarazo adolescente más baja, junto a Uruguay. El último Anuario de Estadísticas Vitales publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó una disminución en los registros de gestación temprana para 2017, con respecto al año anterior: 17.369 nacimientos de madres adolescentes (3.801 menos que en 2016). Estos números, sin embargo, no dejan de ser una alerta: 472 alumbramientos fueron de niñas menores de 15 años. La mayoría correspondió al primer hijo, pero en cinco casos los recién nacidos fueron el segundo. Aparte, hubo 16.897 bebés nacidos de jóvenes entre 15 y 19 años, de los cuales 81 representaban su tercer parto.

Aun así, Chile constituye una excepción en lo que respecta a embarazos subsecuentes: mientras la media de la región apunta que alrededor de 20% de los nacimientos de las adolescentes corresponde a un segundo hijo, en Chile ese indicador se ubica en 10%, según revela el informe regional Diagnóstico de la situación del embarazo en la adolescencia (2017), elaborado por el Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue.

La experiencia de Chile valida las palabras de Elga Prado: “El primer desafío para prevenir un embarazo subsecuente en el Perú es que la madre adolescente vuelva a la escuela”. Un reto que exige que las instituciones educativas cumplan con lo establecido en la Ley 29600, que fomenta la reinserción escolar para las gestantes.

“Existe la norma para que no haya restricción ni discriminación hacia las madres adolescentes. Pero muchas veces no se aplica, pues sabemos de casos de jóvenes que son trasladadas al horario nocturno, y ello fomenta la deserción. Por tanto, se requiere de un sistema de protección y prevención, porque no hay seguimiento para evitar un segundo embarazo”, explica.

El detalle es que existe un abismo entre las madres adolescentes y la prevención, que se origina en los propios centros de salud donde —entre otras cosas— no se le da importancia al anticonceptivo en el posparto. Así lo revela el informe Vidas Robadas de Clacai, al registrar que solo 58% del total de adolescentes entrevistadas en Perú recibió algún anticonceptivo al momento del alta hospitalaria y, en la mayoría de los casos, se trataba de un inyectable trimestral. Lo que explica que, al momento del estudio, solo 39% estaba usando algún método.

En este contexto, queda claro el camino a seguir: reconocer el derecho de salud sexual  a los adolescentes para que puedan tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y proteger a la infancia de la violencia sexual para evitar que siga habiendo niñas con maternidades forzadas. A la larga, ello servirá para revertir el vergonzoso porcentaje de nacimientos no deseados en el momento de la concepción, que alcanzó a 5 de cada 10 alumbramientos ocurridos en Perú durante los últimos cinco años, e incluyó casos como el de Luisa (Endes 2020).

“Claro que he querido ligarme”, confiesa Luisa. “Pero me dicen que no puedo, porque soy muy joven”, cuenta con resignación. Ella quiso operarse cuando nació su cuarto hijo y no la dejaron. Con el quinto tampoco, pues no estaban permitidas las intervenciones quirúrgicas por la pandemia. Ahora, tiene un implante, porque no quiere ampliar más la familia. Su último hijo tiene 10 meses y la mayor cumplió 15 años. La historia podría repetirse. Luisa, lo sabe. Aun así, no se atreve a hablarle a su hija de sexualidad ni de cómo evitar un embarazo precoz. “Eso será un reto para mí”, afirma.

*El apellido de Luisa no se incluyó en el reportaje para preservar su privacidad.

#HablemosDeLasNiñas se realiza con el apoyo del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai).  

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