Cada año, alrededor de 20 millones de personas se ven obligadas a desplazarse de sus viviendas por razones relacionadas con la emergencia climática. Y si las emisiones de Gases de Efecto Invernadero se mantienen o siguen aumentando al ritmo de hoy, 216 millones de personas tendrán que migrar por esos motivos para el año 2050, según el Banco Mundial.

A pesar de ello, aún no existen consensos definitivos, tanto en instrumentos internacionales como en las legislaciones de los estados, que reconozcan y protejan a quienes tienen que dejarlo todo porque el ecosistema que habitaban se vuelve invivible. Conversamos con Laura Serna, coordinadora de justicia climática de El Derecho a No Obedecer.

Luisa: ¿Por qué son problemáticos los  conceptos como ‘desplazados’, ‘migrantes’ o ‘damnificados’ frente a la emergencia climática? 

Laura Serna: Depende de la legislación de cada país y el reconocimiento que  le otorgue a esas figuras. Sabemos que cuando hablamos de refugio hay unas limitaciones en términos de accesos laborales y de retorno al país de origen. Hablar de desplazamiento, en el caso de Colombia, está asociado al conflicto armado y si tú no estás en un conflicto armado, no puedes tener un reconocimiento por parte del Estado de que eres un desplazado. Y en el caso de los damnificados, son estatus temporales. Uno no es damnificado ni está en condiciones de ayuda humanitaria toda la vida, sino que son procesos transitorios en los que, se supone, que luego la comunidad o la persona puede volver a su entorno. Y esto en emergencias climáticas, la mayoría de las veces, no ocurre. 

L: ¿Qué término se debe usar entonces para hablar del acto de movilizarse porque el territorio que se transformó o se perdió por la emergencia climática? 

LS: El concepto es “movilidad humana asociada al cambio climático”. “Movilidad humana” porque habla de todos los procesos de movilidad, entendiendo que puede haber refugio, migración, desplazamiento. Y se asocia a la crisis climática, porque está comprobado científicamente que la crisis climática exacerba los contextos de movilidad. 

Es necesario para reconocer las múltiples formas en las que una persona puede verse afectada o no por la crisis climática, generar políticas públicas, crear protección a derechos e identificar poblaciones. También es una forma de reivindicar ese proceso, porque la migración siempre se ha visto como algo malo. Pero cuando los procesos de desplazamiento se dan conforme a los derechos humanos y protegiendo a las comunidades, podemos incluso hablar de formas correctas de adaptarnos a la crisis climática.

L: ¿Colombia está utilizando este concepto?

LS: En 2022 se presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca hacer este reconocimiento de lo que significa la crisis climática en contextos de movilidad humana. Ha tenido varias modificaciones, pero pasó primer debate y está en trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, frente a las respuestas que debe dar el Estado, ha sido garantista. Busca proteger a las personas que se ven afectadas por emergencias ambientales, no especificando la crisis climática. Entonces, uno podría  decir que, aunque no hay un reconocimiento expreso en una norma, no significa que en Colombia bajo ningún contexto se esté hablando de esto. 

L: ¿Pero es necesario que el país tenga un reconocimiento más explícito? 

LS: Para mí, ese reconocimiento es fundamental, porque si no tenemos claro el concepto y si no tenemos un reconocimiento, va a ser muy difícil que luego podamos bajar eso a las acciones más chiquitas que cada actor debe hacer. Hablo específicamente de los gobiernos locales, que cumplen un rol fundamental en estos temas y son quienes traban o destraban muchos procesos  en sus territorios. Poco se habla del rol de las administraciones locales frente a la crisis climática y de cómo aterrizar y ajustar lo que está a nivel nacional a los territorios. Es una discusión que para mí todavía tiene muchas zonas grises, en donde es complejo entender hasta dónde van las competencias de un gobernador o de un alcalde.

L: ¿Qué tan importante es que este concepto de movilidad humana asociada a la crisis climática esté más presente en la discusión pública, ya que, en los próximos años, la crisis climática será la principal razón para migrar? 

LS:Es muy importante porque, si no nombro las cosas, no protejo derechos. Uno se puede quedar en las discusiones eternas, sobre la mejor forma de nombrarlo y quedarnos toda la vida debatiendo en eso. Pero para que el Estado (que tiene como obligación la protección de los derechos de las comunidades) pueda garantizarlos, y nosotros como sociedad civil podamos exigir una protección de esos derechos, políticas públicas, y una posición de agenda tanto nacional como local, e incluso internacional, tiene que haber un reconocimiento. Yo me tengo que pegar de un concepto que esté reconocido, que esté ampliamente difundido, que me permita abrir la discusión y tomar acciones concretas. 

L: ¿Qué otros conceptos tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de movilidad humana asociada a la crisis climática? 

LS: Hay que hablar de adaptación a la crisis climática. Sabemos que para muchos territorios, los procesos de adaptación son complejos, porque puede que ante la primera emergencia ambiental tenga cómo reponerse. Pero puede que la segunda vez, no. Y lo que ocurre con la crisis climática es que ya no estamos ante fenómenos que ocurren cada 10 o 20 años, donde las comunidades tienen tiempo de volver a cobrar fuerzas. Sino que son procesos repetitivos, que nos toman por “sorpresa” (entre comillas, porque igual hay estudios que nos muestran lo vulnerables que son los territorios). Entonces, los procesos de adaptación son fundamentales para reconocer cuándo tengo que fortalecer las capacidades de las comunidades y de las instituciones en el país para hacerle frente a las emergencias, ya sea para prevenir que haya procesos de movilidad humana donde se vulneren los derechos de las comunidades o para tomar medidas de reubicación que los protejan. 

L: Además de adaptación, ¿qué otro?

LS: Pérdidas y daños asociados a los contextos de emergencias en donde las personas se tienen que movilizar. Porque esto no es algo que se contabilice, únicamente en términos  económicos. Cuando tenemos que mover una comunidad, hay un desarraigo de su territorio, hay unas pérdidas culturales y sociales. Es importante también hablar de cómo el ser humano está conectado a ese territorio, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde ese instinto muy natural de volver a un lugar que tú sientes que es tuyo. Hay muchas comunidades que aunque salgan de sus territorios en medio de emergencias, lo único que anhelan es volver, aún sabiendo que son territorios en riesgo y que pueden correr peligro. Y yo como estado puedo construir una selva de concreto muy lejos del mar para garantizar que esa población que estaba frente a la playa pueda vivir. Pero hay una cosmovisión de vida que estoy cerrando y no le puedo pedir a una mujer, por ejemplo, que toda su vida ha estado relacionada con la tierra, con el mar, que todos los días sale, que pesca, que vive de eso, que se meta en un apartamento de 30 metros cuadrados en medio de una ciudad. 

L: En las ciudades quizás no entendemos lo suficiente sobre ese arraigo hacia la tierra. 

LS: Para la sociedad, en general, es difícil generar empatía con estas comunidades y entender que esos procesos no son tan lejanos. La desconexión entre la ciudad y los mal llamados “territorios” es tal, que nos hace pensar que el bienestar y la vida de una persona en la ciudad no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en el campo, en una zona costera o en la selva. No es un tema de ponerle a la gente la carga de tener que sentir todos los dolores de la crisis climática, sino de tener un poquito más de conciencia de que estamos más conectados ambientalmente de lo que creemos.

L: Ahora que hablabas de la reubicación, el Mapeo sobre migración, medioambiente y cambio climático en América del Sur menciona que la falta de regulación también contribuye a que se vulneren  los derechos en  casos de reubicación. 

LS: Si nosotros viéramos que las comunidades se reubican de manera justa, de manera proporcional, que los procesos garantizan que las personas puedan estar en unas buenas condiciones, no tendríamos por qué hablar de que los estados tienen que hacer procesos de reubicación justos. Pero lo que ocurre, en la práctica, es que esos procesos no se dan de la mejor manera y por eso la falta de reconocimiento exacerba esto y da gabela para dejar muchos baches. Yo saco unas mujeres, las piangüeras, por poner algún ejemplo, y las ubico en Cali,  una ciudad que está cero asociada a su contexto, a su territorio, y lo único que voy a fomentar es otra vulneración de derechos porque no tienen acceso a empleo. Y el Estado no se puede encaragar toda la vida de mantenerlas con subsidios. Cuando reubico a una comunidad también tengo que garantizar que sea autónoma para mantenerse y desarrollarse. 

L: ¿Y por qué hay que hablar de justicia climática en contextos de movilidad humana? 

LS: La justicia climática es fundamental porque me hace reconocer que en los procesos de movilidad humana y crisis climática también hay injusticias. Y debo tratar de buscar soluciones equitativas y no enfocarme en falsas soluciones que ratifican e intensifican patrones injustos en contextos climáticos. El IPCC lo ha dicho, múltiples científicos lo han dicho; hay grupos que se ven mucho más afectados por la crisis climática que otros: las mujeres, los niños, las personas mayores y con discapacidad. Son poblaciones que se van a ver más afectadas, que han sido las que menos han contribuido a exacerbar la crisis climática y que, por lo tanto, requieren unas acciones y una responsabilidad diferenciada al resto de los actores. 

L: ¿La adaptación debe venir siempre de los Estados? ¿No pueden, de alguna manera, las mismas comunidades generar sus acciones de adaptación siendo quienes mejor conocen su territorio?

LS: La discusión de movilidad humana y crisis climática no puede dejar a un lado que hay unos temas estructurales, que limitan la capacidad de adaptación y de resiliencia de las comunidades. Claro que sus conocimientos son muy válidos, dan respuestas, hay que fortalecerlos, hay que conocerlos, hay que difundirlos. Pero esos conocimientos se agotan. Esto lo pudieron hacer hoy, ¿pero qué pasa si en dos meses vuelve a ocurrir el huracán? Las capacidades para dar respuesta no van a ser las mismas. Hay que fortalecer los procesos de las comunidades, sobre todo desde las instituciones, para ser asertivos en las soluciones y para potencializarlas. No para cortarlos, juzgarlos, ni meterles una visión del norte global de cómo ellos tienen que adaptarse a la crisis climática. Pero esas capacidades finalmente tienen límites.