La condena a Daneidy Barrera, influencer y empresaria conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, ha demostrado en las últimas semanas de discusión pública que es un ejemplo de cómo la cárcel es más que un castigo: es un mecanismo de control social que se impone con más fuerza sobre las vidas de las mujeres.

En 2019, Barrera fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por ocasionar daños a una estación de TransMilenio durante el Paro Nacional de noviembre de ese año. Más allá de la proporcionalidad de su condena —ratificada el pasado 22 de enero por la Corte Suprema de Justicia—, su caso nos obliga a mirar con más atención a quiénes terminan en la cárcel, cómo opera la justicia y qué significa ser una mujer privada de la libertad en Colombia. Cuando llegó a la cárcel el pasado 30 de enero, Barrera seguía lactando a su hija de nueve meses.

Las cárceles no afectan por igual a hombres y mujeres. De entrada, ser mujer en prisión implica una doble condena: la sanción del sistema judicial y el castigo social por haber transgredido los roles de género socialmente impuestos. Pero además, la prisión no solo representa para ellas la pérdida de la libertad, sino también la ruptura con sus redes de cuidado (siendo las mujeres quienes cuidan de otros en mayor proporción que los hombres, pues dedican 1,3 veces más tiempo a estas labores, según el DANE), el estigma de ser consideradas “malas madres” o “malas mujeres”, y la negación sistemática de sus necesidades básicas y particulares, como la salud sexual y reproductiva. Todas las injusticias cometidas contra las mujeres por fuera de las prisiones, se replican y reproducen al interior de estas.

El caso de Barrera trasciende su figura pública particular y nos hace poner la mirada sobre el grupo amplio de las mujeres privadas de la libertad y sus condiciones. Mutante conversó con Gloria Silva, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, una organización que lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado y la libertad de las y los presos políticos, para entender cómo la cárcel no resuelve las problemáticas sociales sino que las agrava, y por qué el sistema penal y penitenciario colombiano sigue operando como un instrumento patriarcal que reproduce la desigualdad y la exclusión.

Luisa Fernanda Gómez (LFG):  Si está más que demostrado que la cárcel no cumple con su función “resocializadora”…, entonces, ¿qué es lo que termina haciendo realmente? 

Gloria Silva (GS): La cárcel termina convirtiéndose en una olla a presión en donde se encierran toda una serie de problemáticas que no son resueltas pero que, por el contrario, se agravan por tratarse de escenarios que no tienen esa vocación resocializadora que se vende, y porque se tienden a vulnerar o negar una serie de derechos. La sociedad tendría que cuestionarse mínimamente por qué el concepto de justicia se asocia con el de castigo, asociado asimismo a la tortura, al despojo de la condición humana de quien llega a las prisiones y que, en última instancia, reproduce niveles de exclusión social. Está tan naturalizado el castigo, lo más agobiante posible, bajo esa idea de que quienes están detrás de las rejas son personas que merecen purgar un tiempo largo de sufrimientos permanentes y de despojo de su condición humana.

LFG: Y está muy naturalizado porque, por ejemplo, sobre el caso de ‘Epa Colombia’, muchas personas nos escribieron en comentarios “pero es que la ley es ley”…

GS: La norma, o lo que se define o no como delito, responde a una decisión que es arbitraria y tiene fundamentos político-criminales, pero también mucho de populismo. Se ha vendido la idea de que la cárcel es la solución a una serie de problemáticas sociales. Pero pocas veces dentro de esas problemáticas se analiza cuál es la real razón que lleva a que unos grupos de personas cometan determinados delitos. Es ahí donde empiezan a ser visibles las diferencias sobre cómo se posiciona la sociedad frente al delito y frente a la cárcel. 

LFG: ¿Es decir que lo que consideramos delito también responde a ejercicios políticos, populistas y de control de la sociedad? 

GS: Exactamente. El delito no es algo connatural a las sociedades humanas, sino que responde a una necesidad del poder hegemónico de criminalizar determinadas conductas para mantener relaciones de dominación. Uno supone que la ley es objetiva y abstracta, que está ahí sin ningún tipo de interés para nadie y que existen unos procedimientos y unas garantías aplicadas en igualdad de condiciones para todo el mundo, pero eso tampoco es real. Esas son las situaciones que nos llevan a cuestionar si realmente la cárcel es sinónimo de justicia. Primero, porque aquí no estamos completamente de acuerdo como sociedad en qué debe criminalizarse, por qué, cómo y de qué manera. Pero, también, porque estamos hablando de un sinnúmero de injusticias derivadas de la desigualdad social misma, que lleva a que muchas de las personas que están en la cárcel ni siquiera necesiten ese tratamiento resocializador que se supone promueven las prisiones.

LFGC: ¿Quiénes van a la cárcel? En Colombia se dice popularmente que “la ley es para los de ruana”, ¿eso de qué nos habla?

GS: Y efectivamente es para los de ruana. No todo el mundo se persigue de la misma manera. ¿Qué tipo de personas llegan a las cárceles? En su gran mayoría personas que ya vienen de sobrevivir a situaciones de violencia estructural o patriarcal, y eso no puede desprenderse de su vida en toda la seguidilla de eventos que los llevan a las prisiones. Hay una criminalización de la pobreza en tanto lo que se aplica es eso: “La ley es dura, pero es la ley”; pero en una sociedad desigual la ley no puede aplicarse de manera igual o desentendiéndose de todas esas condiciones que subyacen a la cárcel y al delito mismo.

En última instancia, el derecho penal y la cárcel se convierten en un escenario de mayor exclusión y de mayor marginalización que lleva, justamente, a que la persona no salga de ahí. Por el contrario, se incrementa esto, porque el solo hecho de que su cuerpo haya habitado una cárcel va a implicar una mayor exclusión en el futuro. 

LFG: Decías que a través de la cárcel se pretende resolver problemas sociales, pero lo que termina pasando es que los agrava. En el caso de las mujeres, ¿cómo las afecta de manera diferencial? 

GS: Uno de los principales delitos por los cuales las mujeres ingresan a la cárcel son los relacionados con drogas, y la gran mayoría de ellas son madres, cabeza de hogar, o tienen a cargo personas ancianas o con discapacidad. Estas condiciones de necesidad y de dependencia por parte de sus núcleos familiares son una realidad que no cambia por el hecho de ingresar a prisión. Sobre sus hombros siguen recayendo estas obligaciones, ya no solamente en términos económicos, sino en un incremento de las emocionalidades. Esta es una de las situaciones que genera mayor desigualdad en las mujeres. Muchas de ellas viven en una situación de ansiedad mayor por la distancia en la crianza con sus hijos, por el estigma moral que recae sobre ellas, incluso por la culpa que les trasladan sus propias familias, además de la sociedad, por haber cometido presuntamente en un delito.

Que caiga una mujer también genera  que incluso sus propios hijos tengan que incursionar en el mundo del trabajo, en algunos casos expuestos a ser cooptados por redes de delincuencia, y todo lo que esto implica para la misma mujer que observa, sin muchas más alternativas, a su prole condenada al mismo camino de exclusión al que ella ha sido sometida. 

LFG: ¿Es decir que hay un mayor castigo a las mujeres cuando se les condena a pagar cárcel y una vez allí? 

GS: El castigo por haber quebrado las normas penales y sociales, normas que buscan generar una forma de comportamiento hegemónico en las sociedades, recae más sobre las mujeres porque lo que se pretende cuestionar es que rompió ese rol de la mujer virtuosa, que vive en la casa, que espera con sumisión. Una cantidad de cuestionamientos que están asociados directamente a ese rol social impuesto a las mujeres en las sociedades patriarcales.

LFG: ¿Cómo la cárcel profundiza las desigualdades de género?

GS: Primero, a las cárceles no llega únicamente la mujer que es sancionada y castigada; también toda su familia. Detrás de quien está en prisión, están las redes de apoyo social y familiar (y la red de apoyo real de las mujeres no es de hombres, es también de mujeres, ancianas y niños) que tienen que vivir todas las implicaciones de tener ausente a una persona que representó la columna vertebral de la familia. Pero, por otro lado, la cárcel termina convirtiéndose en un estigma, así usted salga absuelta, porque socialmente está la idea de que quien entra ahí es por algo. Eso va a generar que tras la vivencia en las prisiones, no pueda conseguir trabajo, que ni siquiera haya tenido la posibilidad de aprovechar ese tiempo en prisión para aprender nuevas cosas para su vida académica, profesional u ocupacional. A nadie le emplean después de la cárcel. A nadie le abren ni siquiera una cuenta bancaria. Todas las cuentas bancarias de las personas que pasan por prisión son canceladas. Y eso genera que no las contraten o que cuando son contratadas, sean sometidas a situaciones de mayor vulnerabilidad, incluso violencia sexual u otros tipos de violencia.

LFG: ¿Y de qué manera el sistema penal y penitenciario reproduce las desigualdades de género? 

GS: A través de ese juzgamiento permanente en términos morales. Por los castigos que se les infringe, trasladándolas a otras cárceles, separándolas de su núcleo familiar, de sus hijos e hijas dependientes de ella. Pero, también, con las condiciones mismas de la cárcel, de cómo prima la seguridad y vigilancia por encima de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Hace un tiempo, un grupo de mujeres quería ingresar copas menstruales a una cárcel y no les fue permitido bajo el argumento de la seguridad: que porque no sé qué puede caber dentro.

Otra de las quejas recurrentes en las mujeres, y que muestra esa desatención de sus necesidades especiales, es lo que tiene que ver con la práctica regular de citologías. Que si bien las practican a veces en brigadas, los resultados por lo general no se les dan a conocer a ellas. Es que si me hacen una citología es porque yo quiero conocer los resultados, no es para que las autoridades conozcan mi estado de salud. 

Lo otro tiene que ver con qué tipo de actividades se ofrecen al interior de la cárcel, que muchas veces reproducen estereotipos de género: hacer peluches, pintar uñas, peluquería. Actividades asociadas a las mujeres precarizadas y que tampoco les están dando herramientas para que, una vez fuera de la cárcel, por lo menos puedan hacer algo “competitivo” en un sistema como este. No les están ni siquiera ofreciendo escenarios que les permita romper con esos mismos estereotipos.

LFG: Decías en una conversación anterior que tuvimos, que la cárcel es el escenario más patriarcal, ¿por qué? 

GS: El hecho de estar encerrado en condiciones indignas porque usted tiene que purgar una pena, indistintamente de por qué entró, cuáles fueron sus condiciones y en qué situación se encuentra, implica la intervención de un sistema que tiene unos estándares morales definidos y que, basado en ellos, castiga a las personas por haberse desviado. Eso en sí mismo implica actos de supremacía que generan el derecho de que una tercera persona castigue sus conductas, incluso más allá de esas que están penalizadas, y a pagarlas de la peor manera posible. O sea, entre peor sea el castigo, mayor es la redención. Eso es realmente perverso.

LFG: ¿Se ha avanzado algo en políticas de género dentro del sistema penitenciario colombiano? 

GS: Se supone que sí, pero para serle muy honesta, no. Yo no he visto cambios ni grandes transformaciones. El último reglamento actualizado del Inpec habla de la perspectiva diferencial de mujeres, población LGBTI e indígenas, pero lo que uno observa en la realidad carcelaria es todo lo contrario. No existen esas medidas diferenciales que se puedan identificar. Al contrario, lo que uno ve son condiciones mucho más restrictivas en las mujeres que en los hombres. Están en mayor vulnerabilidad por temor a las represalias y a lo que puede implicar: que les quiten la visita, que les quiten un teléfono.

LFG: Es decir, ¿las dinámicas al interior de las cárceles de mujeres son distintas a las de las cárceles de hombres?

GS: Pero mucho más. En términos del régimen penitenciario pareciera que todo es igual, pero en realidad no es así. El reglamento se aplica de manera mucho más rigurosa a las mujeres, hay menos condiciones de acceso a derechos y cuando hay reclamaciones, hay más represalias hacia las mujeres que informan, protestan y reclaman. En general, el ambiente hace que usted se someta o se meta en un riesgo. 

LFG: ¿Estas diferencias tienen que ver con las desigualdades de género estructurales? 

GS: Para mí sí. Las cárceles de hombres son más flexibles en términos de los derechos o prebendas a los que acceden ellos. En una cárcel de hombres es más común encontrar hombres sin uniforme que mujeres en la cárcel sin el uniforme que les impone el Inpec. ¿Justamente en las cárceles de mujeres cumplen al pie de la letra los reglamentos y en las otras no o a qué se debe? Para nosotros tiene que ver con que a las mujeres les aplican todas las restricciones y todos los castigos que sean posibles por haber roto los estándares hegemónicos que se han impuesto sobre ellas.

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