Mientras en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia anuló el pasado 24 de junio la histórica sentencia Roe v. Wade que protegía el derecho al aborto, las recientes sentencias de la Suprema Corte de México y la Corte Constitucional de Colombia en esta materia son, por el contrario, un claro mensaje del papel central de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar para las democracias. Los fallos de México, el pasado mes de septiembre, y Colombia, en el mes de febrero, centran su argumentación en la autonomía y la dignidad humana conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Como colombiana y mexicana, dedicadas a trabajar para que las mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar puedan tomar decisiones autónomas frente a sus cuerpos y sus proyectos de vida, nos enorgullecemos de ser parte de un movimiento que inspira cambios sociales y legales.  En el marco de esta construcción colectiva, nos gustaría plantear algunas preguntas que aún tienen respuestas en desconstrucción y reconstrucción para que sean parte de esta conversación. Acá van.

¿QUÉ SE HA LOGRADO?

En los últimos dos años, el movimiento de la Marea Verde, está logrando cambios inéditos en América Latina: desde la legalización del aborto hasta la semana 14 en Argentina en 2020, pasando por las recientes sentencias en septiembre 2021 de la Suprema Corte de México, que despenalizó el aborto en el estado de Coahuila, al tiempo que limitó las circunstancias en las que los profesionales de la salud pueden negarse a dar atención por motivos de creencias religiosas o personales, hasta la sentencia de febrero 2022 de la Corte Constitucional de Colombia por la cual se despenaliza el aborto en todos los supuestos hasta las 24 semanas de embarazo. 

Ambas Cortes consideran que el derecho penal debería emplearse únicamente como último recurso y no para menoscabar derechos. También reconocen que la criminalización del aborto afecta de manera desproporcionada a quienes viven mayores condiciones de marginación.

Estas victorias legales no solo son hitos históricos para el ejercicio de los derechos reproductivos, sino que son el fruto de un tejido social que viene en construcción desde hace más de 30 años. 

Ese tejido social es hoy un movimiento transnacional que ha aprendido que la organización y la colaboración son los elementos que impulsan los reclamos exitosos por nuestra autonomía reproductiva. Un reclamo simbolizado en pañuelos verdes, que hoy inundan no solo las calles de Latinoamérica sino también el emblemático puente de Brooklyn en NY o los corredores del Congreso Polaco.

¿CUÁL ES LA TENDENCIA FRENTE A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO? 

Si bien la tendencia global es a la ampliación del acceso al aborto legal, existen aún países —afortunadamente cada vez menos— que se resisten a estos cambios como Estados Unidos, Nicaragua y Polonia.

Argentina, Chile, Colombia, Irlanda, México, Corea del Sur y Tailandia son algunos ejemplos de países que han reconocido recientemente que la criminalización del aborto no solo afecta la posibilidad de las mujeres, las niñas y las personas con capacidad a gestar de acceder a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, sino que también exacerba las desigualdades y la discriminación. 

Esta tendencia global está fundada en estándares de derecho internacional de derechos humanos. Diversas interpretaciones reconocidas del derecho internacional de los derechos humanos consideran que negar el acceso a estos servicios de salud reproductiva constituye una forma de discriminación y atenta contra una variedad de derechos humanos como el derecho a la salud; la vida; a la igualdad; a la información; a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la privacidad y la autonomía e integridad física; a decidir sobre número y espaciamiento de hijos; a la libertad; a disfrutar de los beneficios del avance científico, y a la libertad de conciencia y religión.

¿CUÁLES SON LOS RETOS?

Si bien celebramos los grandes avances legales de la región para garantizar el acceso real y efectivo al aborto, como un servicio esencial de salud y un imperativo de los derechos humanos, somos cautelosas.

Por un lado, nuestra región sigue siendo una de las regiones con leyes más restrictivas en materia de aborto, 6 países lo penalizan en cualquier circunstancia: El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y, Republica Dominicana.

Por otro lado, en países donde es legal, aún existen numerosos obstáculos para acceder a este servicio de salud. Esto incluye judicialización de casos, estigmatización, maltrato por parte de profesionales de la salud, una interpretación acotada de la causal que permite practicar un aborto para proteger la salud y la vida de la persona afectada y debates fundados en fundamentalismos que desconocen estándares internacionales en derechos humanos.

En México, por ejemplo, un estudio reciente de GIRE da cuenta de los casos de criminalización y estigmatización por aborto en el estado de Aguascalientes entre abril y julio de 2021. Este reportaje evidencia la imposición de una visión que aún prioriza una supuesta obligación de las mujeres a ser madres sobre su salud y derechos humanos.

En estos dos últimos años, hemos visto que, frente a los avances en relación a la autonomía reproductiva, los grupos de oposición plantean debates fundados en fundamentalismos, alejados de la evidencia y desconocedores de las recomendaciones emitidas por los órganos autorizados para interpretar los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Algunos ejemplos incluyen:

• En enero de 2021, el Congreso en Honduras discutió un proyecto que prohibiría el aborto desde la Constitución. De haberse aprobado, sería prácticamente imposible implementar las recomendaciones de múltiples órganos internacionales de derechos humanos que instan al país a despenalizar el aborto en al menos algunas causales. El aborto sigue siendo totalmente penalizado en este país.
• En abril de 2021, el Congreso en República Dominicana archivó una propuesta para despenalizar el aborto por primera vez en al menos tres causales (cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o se produjo como resultado de una violación o de incesto) pese a las múltiples recomendaciones que este país ha recibido de múltiples órganos de naciones unidas y el sistema interamericano. 
• El 8 de marzo de 2022, en el marco del día internacional de la mujer, el Congreso de Guatemala aprobó un proyecto de ley, que luego fue archivado, pero que hubiera aumentado las penas y ampliado las circunstancias en las cuales una mujer y otras personas involucradas en un aborto podrían haber sido perseguidas penalmente. El 9 de marzo de 2022, el presidente Alejandro Giammattei asistió a una ceremonia organizada por grupos cristianos frente al palacio de gobierno, declarando esa fecha como el “Día por la Vida y la Familia” y a Guatemala como “capital provida de Iberoamérica”.

CONCLUSIÓN:

El acceso a servicios de aborto legal, seguro y gratuito es un asunto de justicia social y democracia. Su negación implica la violación de los derechos humanos de quien no desea continuar con un embarazo. Criminaliza a aquellas mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar que se encuentran en situación de mayor marginación, pues las personas que cuentan con mayor información y los medios suficientes para acceder a abortos seguros lo pueden hacer incluso en contextos ilegales. No habrá plena igualdad sin autonomía reproductiva.

Por ello debemos no solo seguir alertas, como nos lo recuerda Simone de Beauvoir[1], sino también abiertas a la evolución de nuestro dialogo feminista, que nos garantice un intercambio transnacional con estrategias innovadoras. 

Los Estados de la región y el mundo deben prestar atención a los razonamientos de las cortes supremas de Colombia y México en materia de aborto: deben interpretar sus Constituciones congruentemente con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

[1] Simone de Beauvoir“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.

Sobre las autoras:

Ximena Casas Isaza: Abogada feminista. Experta en estrategias de litigio e incidencia por los derechos sexuales y reproductivos en América Latina.

Rebeca Ramos Duarte: Abogada feminista. Directora Ejecutiva de GIRE.