Cuando Giovanni Jiménez era estudiante de derecho, soñaba con graduarse y trabajar en la rama judicial. Seis años después, quiere dejar su trabajo como oficial mayor —o sustanciador— del Juzgado Primero Civil Municipal de Chía.

Fue nombrado en el cargo a finales de 2021, tras ganar el concurso de méritos, pero en pocos meses perdió todo el entusiasmo. Además de la sobrecarga laboral que caracteriza el trabajo de un despacho con un promedio de 1.000 procesos, de los cuales él puede gestionar unos cien a la semana, empezó a sentirse maltratado por su jefe, que de manera permanente amenazaba con declararlo insubsistente. “Trabajo con pavor”, dice.

Al principio, como cualquier persona, “lo tomaba como la chanza boba del jefe”, cuenta. “Pero más adelante [los comentarios] se volvieron más hirientes. Ya no eran palabras de ‘La Rama no es para usted’, sino ‘Usted no sirve para esto’ o ‘Su profesor debe estarse revolcando en la tumba por su manera de escribir”, recuerda que le dijo una vez frente a la secretaria del juzgado, que reaccionó con una risotada.

El daño fue paulatino y empezó a afectarlo cada vez más. Sentía estrés y tenía miedo de hacer incluso los oficios básicos de su cargo. “Dije: no quiero seguir trabajando en este juzgado, ni rindiéndole cuentas a una persona a la que le da igual destruir a otra porque sí”, recuerda.

En noviembre de 2022 pidió a la jueza la calificación anticipada de su trabajo para solicitar un traslado. Sin embargo, pasaron varios meses —y una solicitud de apertura de investigación por acoso laboral— hasta que ella emitió una calificación negativa. Hoy Giovanni espera que un proceso interno resuelva el conflicto y pueda trasladarse a un juzgado distinto en Bogotá.

Mutante conoció el testimonio de Giovanni y el de varios funcionarios públicos en situaciones similares, luego de haber hecho un Círculo Mutante, al que se conectaron una treintena de personas, y de haber lanzado un sondeo que respondieron 300 trabajadores estatales a finales del pasado mes de septiembre. Un tercio de ellos, el 27 %, aseguró que su clima laboral es hostil, otro 32 % lo calificó como poco motivante.

A Sara* lo que más le afectó su salud mental fue el acoso laboral. Un grupo de compañeros saboteaba su trabajo, dañaba archivos que subía a la nube institucional, para “hacerla quedar como un zapato”, o no le avisaban que debía asistir a ciertas reuniones. Cuando los confrontaba, le respondían que era una resentida. “Imagínate eso todo el tiempo y desde la impotencia de que no tienes a quién decirle, con quién quejarte”, cuenta.

Comenzó a tener crisis de ansiedad. Ese tipo de presión le desató taquicardias, tembladera e hiperventilación. Sus esfuerzos personales para lidiar con un diagnóstico de ansiedad generalizada –que traía de tiempo atrás– fueron infructuosos.  Empezó a ver que su trabajo no solo empeoraba su salud mental, sino también la física. “Entre la pandemia, el encierro y ellos colapsé horrible”, dice. 

—¿Dirías que todo eso lo destruyó el ambiente de trabajo?

—¡Mal! Es que se me parte… —Sara llora y recuerda—. Porque amaba mi trabajo. Para mí, dejarlo ha sido un golpe muy duro porque no me quería ir, pero no podía más. Y estaba sola—.

Carlos*, un abogado que conoció de cerca las dinámicas de un despacho de la Corte Constitucional, dice que sus palabras no le alcanzan para describir el maltrato al que están sometidas las personas que trabajan ahí. Recuerda que escuchó a funcionarios decir que estaban al borde de “pegarse un tiro”. Estrés desbordado, jornadas laborales sin límite de horario, un WhatsApp siempre con notificaciones pendientes y humillaciones constantes en reuniones por el salario que reciben son el pan de cada día.

Todavía le cuesta creer que todo eso suceda en lo que él considera uno de los despachos progresistas de la Corte. “Pero que al interior es una tiranía absoluta”, lamenta. Reconoce que aunque se enteró de que al interior se trabaja en estado de burnout, o síndrome del trabajador quemado, lo que más socava la salud mental de los funcionarios es el maltrato. Ninguna persona denuncia lo que pasa por miedo. El poder es tan fuerte que “con una llamada te dañan la profesión”.

Las historias de maltrato de Giovanni, Sara* y Carlos* y otros cuatro funcionarios públicos de sectores y ciudades diferentes con los que habló Mutante, no son excepcionales. “Es un tema supremamente común”, dice el abogado Iván Jiménez, experto en asuntos laborales.  Tanto así que el reciente escándalo de maltrato laboral en una empresa ganadera de Ibagué, del que se pronunció el mismo presidente Gustavo Petro, se queda corto ante lo que ocurre en el sector público. “Como funciona el Estado no es comparable, ni siquiera, a lo que pasó con los señores de las vacas”, subraya Jiménez.

Parte del problema, especialmente para los contratistas, es que son muy vulnerables –y dependientes— de sus supervisores. “Tu estabilidad depende de qué tanto adulas a la persona de la que depende tu puesto. Y puede ser el Dalai Lama, o sea, el súper limpio, o Frankenstein”, anota el abogado. Lo otro que termina pasando es que se crean prácticas laborales tóxicas, como la de aburrir a las personas de planta —que tienen un contrato laboral—o a cualquier funcionario  que goce del mínimo de estabilidad; aburrirla hasta que renuncie, en una especie de canibalismo laboral.

Prestación de servicios: inestabilidad angustiante

Lo primero que recuerda Sara* sobre su ingreso al sector público fue que se sintió minúscula. “Así de grande”, dice haciendo un gesto diminuto entre sus dedos. Entró como contratista, pero pronto se dio cuenta de que sus funciones debían responder a los objetivos misionales de la entidad. Su vocación por lo público hizo que el trabajo le despertara un gran entusiasmo, a pesar de que todo el tiempo se sentía “haciendo malabares” porque nunca recibió inducción para entender en qué consistía.

El entusiasmo se fue perdiendo cuando se dio cuenta de que adentro reinaba un ambiente de soberbia hacia las mujeres, “supremamente machista”, y supo que los sueldos entre hombres y mujeres eran diferentes.

“Me decían que era porque no tenía maestría ni doctorado”, dice. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 30% de los servidores públicos en Colombia tiene un posgrado universitario; sin embargo, el nivel educativo a veces no se traduce en mejores salarios para los contratistas, como le ocurrió a Sara. “Pensaba que cuando tuviera mis diplomas me iban a dar mi plata. Hice la especialización pero no me subieron el sueldo, no me dieron nada”.

En el país, hay cerca de dos millones y medio de funcionarios que atienden las necesidades y proyectos del sector público. Casi un millón de ellos son contratistas, es decir, personas que prestan servicios pero no son considerados trabajadores.

La diferencia es importante: ser servidor público y tener un contrato a término indefinido implica derechos laborales; ser contratista, por el contrario, y tener un contrato por prestación de servicios, implica desprotección laboral y vulnerabilidad. En el fondo, se trata de una profunda desigualdad entre las personas que hacen posible que el Estado funcione.

Acabar con la informalidad y que los contratos de prestación de servicios pasen a la historia fue una de las promesas del presidente Gustavo Petro durante su campaña  y una de las primeras órdenes que dio a su gabinete tan pronto se posicionó en agosto de 2022. En los próximos cuatro años debían formalizar 100.000 plazas. Un año después de haber lanzado un plan para lograrlo, Función Pública ha formalizado 13.239 empleos dentro del sector público. Lo más llamativo del plan, es que ocho de cada 10 de los empleos formalizados corresponden a la DIAN, 10.207, de acuerdo a reportes conocidos por Mutante. En segundo lugar está el SENA, con 1.152 empleos. Pero cuando siete de cada 10 funcionarios públicos son contratistas, aún falta mucho trabajo por hacer. 

“Ni siquiera me pagaban por contrato, sino por mapas”, recuerda Laura* sobre su inicio, cuando comenzó siendo aún una estudiante universitaria. Luego de graduarse, tuvo contratos de prestación de servicios para hacer mapas de riesgo o atender emergencias por eventos naturales. Así empezó a forjar una experiencia profesional de 10 años en la que siempre fue contratista. “Usualmente trabajaba hasta noviembre y después, bueno, chao, te daban la bendición y llegabas en enero a ver si te contrataban”, cuenta.

Para ella, tener un contrato laboral de seis meses era una lotería. La situación la comenzó a atormentar porque sentía que no podía planear su futuro. “Lo que más afectó mi salud mental era tener meses en los que no sabía si iba a poder pagar el arriendo al siguiente mes o no”, dice. Nunca pudo tomar un apartamento en arriendo a su nombre, y pensar en que un banco le diera un crédito grande era una fantasía. “Es un sistema que no te permite alcanzar esas cosas”, anota.

Martha León, representante del Colegio Colombiano de Psicólogos en el campo de la Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, y consultora en el tema con entidades territoriales en el país, los trabajos  del sector público soportan niveles crónicos de estrés. “Al tener mayores demandas cualitativas, de la ciudadanía y en volumen de trabajo, evidentemente vas a tener mucha más carga mental y eso te va a generar sí o sí cortisol en sangre”, explica. Desde el 2019, el desgaste profesional por estrés crónico es reconocido como una  enfermedad de origen laboral.

León asegura que, pese a que los funcionarios públicos generan valor para la comunidad, y que el MIPG, el modelo de planeación y gestión del Departamento Administrativo de la Funcion Pública, dice que el talento humano es el corazón de las entidades públicas, lo que pasa en la realidad es “muy poco coherente”.  Los estudios de riesgo psicosocial, por ejemplo, solamente se aplican a personas de planta, señala León. “Es muy difícil saber si los contratistas están sometidos a niveles de estrés alto o bajo, porque no hay evaluación para ellos”, anota. En pocas palabras, nadie monitorea el desgaste mental y emocional de casi un millón de personas que son contratistas del Estado. Ese sufrimiento está invisibilizado, pero es real.

Eso también se evidenció en la sesión de Círculo Mutante, en la que participaron varias personas que eran o habían sido contratistas de entidades públicas. Estaban agotadas y sofocadas por la carga de trabajo y la vulnerabilidad laboral que viven. La mayor parte del tiempo se sienten apagando incendios, sobreexigidas para cumplir con metas que casi nunca son claras y despojadas de su humanidad al depender de contratos inciertos de tres o cuatro meses.

También señalaron otro de los problemas a los que se enfrentan: la politización del empleo. Los trabajos técnicos empiezan a ser absorbidos por dinámicas laborales nocivas,  como el clientelismo, especialmente en época de elecciones.  En un momento, la continuidad de cientos de contratistas puede depender de asistir a un evento de campaña del padrino político de la región. “Te hacen sentir que sin ellos [padrinos políticos] no vuelves a tener trabajo”, dijo una de las asistentes.  

Por esta razón y por las otras que se han ido mencionando a lo largo de este artículo, no sorprende que ocho de cada diez personas dijeran en el sondeo que habían pensado en renunciar a su trabajo en el sector público en el último año debido a las afectaciones que causa en su salud mental.

“Yo quiero que esto cambie, que podamos tener un trabajo digno y ejercer de una manera tranquila. El Estado podría ser un empleador genial”, dice Laura*, pero mientras esto no suceda, prefiere no participar. Ya renunció a su trabajo, se fue del país a estudiar gracias a una beca y no planea regresar.

* Algunos nombres fueron cambiados a petición de las personas para proteger su futuro laboral.

Este trabajo periodístico no hubiera sido posible sin el apoyo de Sonia Muñoz, María Paula Murcia y Sara Castillejo en la gestión analítica de los datos del sondeo.