Una joven de 15 años, a quien llamaremos Paula, accedió hace poco a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Vive al sur de Argentina, en la zona oeste de la ciudad de Neuquén, en el barrio Toma Norte, donde se concentra gran parte de la población empobrecida. Ella sabía de la ley de aborto legal, pero desconocía cómo acceder a ese derecho. Le contó del embarazo a su hermana mayor, quien tampoco sabía qué hacer. Y como Google todo lo resuelve, allí fueron y dieron con el contacto de La Revuelta/Socorristas en Red. Paula se comunicó y la asesoraron para acceder al aborto en el Hospital Dr. Horacio Heller, del sistema público, donde se sintió bien atendida y tratada por todo el personal de salud. “Mi papá, al principio, me hizo saber que no estaba sola y que me apoyaba”, contó.

—¿Conocés a chicas de tu edad que hayan quedado embarazadas y sean mamás?

—Sí, mis hermanas. Y de mi familia, mis tías. De conocidas, la mayoría todas se embarazaron a esta edad: amigas de mi mamá, amigas de mis hermanas.

—¿Y conocés a alguien que haya abortado?

—No. Yo creo que es algo que no sé si te da para contarlo, porque a mí me pasa.

—Claro, no se lo estás contando a todo el mundo.

—Claro, no sé porque no cuentan, es lo que yo estoy viendo ahora. Ahora me pongo a pensar y yo digo: ‘¿Cuántas chicas conocidas lo han hecho?’.

Hay ley; ¿hay difusión?

El próximo 30 de diciembre se cumplirán dos años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, con la cual el aborto se convirtió en un derecho garantizado aunque con acceso desigual. El activismo feminista logró incidir de forma directa en los hospitales para lograr que se garantice, desde antes que exista la ley y debido a la vigencia del aborto no punible, que permitía la práctica bajo tres causales: violación, riesgo de vida o salud. Se ha logrado, por un lado, con la conformación de organizaciones como Socorristas en Red y, además, generando alianzas con el personal de salud comprometido con la temática. Incluso se han conformado otros grupos como la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

La ley de IVE entró en vigencia el 24 de enero de 2021. Según la normativa, cualquier persona con capacidad de gestar puede realizarse un aborto hasta la semana 14, inclusive, sin necesidad de explicar los motivos. Luego, puede acceder en caso de violación o si está en peligro su vida o su salud, práctica que lleva el nombre de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como fue el caso de Paula.

Para analizar la relación dicotómica –y a veces contradictoria– entre las demandas del personal médico y el activismo, por un lado, y las acciones del Estado, por otro, vinculadas al acceso a la información y a la práctica del aborto, se escogió mirar una porción de lo que está ocurriendo en dos provincias separadas por 2.000 kilómetros –Neuquén (al sur) y Salta (al noroeste de Argentina)–. La referencia a estas zonas apunta al interés por promover miradas federalistas y salir de análisis centralistas, que usualmente giran en torno a Buenos Aires.

Según las estimaciones y proyecciones del Índice Nacional de Estadística y Censo (INDEC), en la provincia de Neuquén (una de las cinco provincias de la Patagonia) viven 741.000 personas, mientras que Salta ronda los 1,4 millones de habitantes. Durante 2021, en el territorio sureño se realizaron 1.704 abortos y, en el norteño, se realizaron 3.010 prácticas, según datos de los respectivos gobiernos.

Las políticas de difusión impulsadas por los distintos gobiernos locales con información sobre el acceso al aborto, vías de comunicación y datos claros sobre lo que contempla la normativa son escasas a nivel nacional. La provincia de Salta marca una diferencia con el lanzamiento de una campaña a fines de septiembre, mientras que en Neuquén ese tipo de iniciativas todavía están en deuda.

“Si necesitás interrumpir un embarazo, podés hacerlo de manera legal, segura, confidencial y gratuita”, dice uno de los afiches firmado por el Gobierno de Salta. Es parte de una campaña lanzada el pasado 29 de septiembre que incluye la colocación de afiches informativos y folletos en hospitales, centros de salud y organizaciones no gubernamentales. En el aviso se difunden dos líneas telefónicas locales y la Línea 0800 Salud Sexual, de alcance nacional, y se brinda un código QR para acceder a un documento con diez preguntas claves sobre la práctica.

“El acceso a la información era una de las dificultades y esta campaña viene un poco a suplir esa falencia”, explicó Itatí Carrique, secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta. “Es todo un logro y una señal que sea el propio gobierno el que está promoviendo el acceso a esa información: para el personal de salud, para las personas que tienen que garantizar el derecho o incluso para aquellos que son objetores, que sepan qué es lo que tienen que hacer si una persona va a solicitar una IVE”, señaló.

Macarena Villena, médica de familia e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta, destacó la iniciativa de divulgación de información –una demanda de las organizaciones ante el gobierno– aunque hace reparos: “Vamos muy lento. Hay progresos, pero no van acorde a los tiempos. Esta es la primera campaña que hace el Ministerio (de Salud de Salta) desde que salió la ley. Creo que si hubiera decisiones políticas de querer cumplir la ley, esta campaña tendría que haber salido el primero de enero”.

En contraparte, en Neuquén, el gobierno provincial no lanzó campañas y la difusión es escasa. Se puede encontrar folletería informativa con y sin la firma oficial, pero el material fue elaborado en su mayoría por el personal de cada hospital o por organizaciones como Socorristas en Red, que inició una campaña en abril de 2021, todavía vigente. Por ejemplo, el área de prensa y el equipo médico del hospital Heller de Neuquén elaboraron y colocaron en el lugar afiches sobre el tema. Y aunque ese material lleva el logo del Gobierno de Neuquén, no aparece en sus redes sociales oficiales. Un dato llamativo: a propósito del Día de la Salud Sexual (4 de septiembre) y el Día de Prevención del Embarazo no Planificado en la Adolescencia (26 de septiembre), el Ministerio de Salud de la provincia elaboró afiches alusivos, pero en ninguno hubo información concreta sobre cómo acceder al aborto.

Sobre este tema, Ruth Zurbriggen, activista de La Revuelta y Socorristas en Red dice que existe “una enorme deuda” desde que se sancionó la ley. “Las campañas que existen están centradas en redes sociales. Eso no garantiza el acceso a la información, ni pone en evidencia en el mundo público que hay una ley y un ministerio dispuesto a darte a conocer esa ley”, señaló. Desde el Gobierno de Neuquén dijeron que se elaboró un afiche y que la difusión se aborda, sobre todo, a través de las redes sociales y en efemérides, aunque –como se mencionó anteriormente– no se encontró evidencia de esto. Sin embargo, Soledad Soberón, directora de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud de Neuquén, dijo que la información sí está llegando a la población porque la cantidad de abortos ha aumentado “porque si la gente no supiera cómo acceder, tendríamos números bajísimos”.

Derecho garantizado, con acceso desigual

El aborto está garantizado en Argentina, pero no en todos los hospitales, centros de salud y clínicas privadas. Su acceso desigual se inscribe muchas veces en sistemas de salud con deficiencias generalizadas, pero también por la negativa de profesionales objetores de conciencia; es decir, aquellos que se oponen a realizarlo alegando motivos éticos o religiosos. La dificultad mayor para acceder se da en el subsector privado de salud, y también en algunos pueblos o localidades alejadas de las grandes urbes, lo que significa que las pacientes deben trasladarse 50, 100, 200 o más kilómetros para poder ser atendidas. Un informe de Amnistía Internacional indica que “la falta de políticas de información, dilaciones y obstáculos indebidos ha hecho que muchas personas con cobertura privada o social de salud enfrenten gastos indebidos o acudan al sistema público, aumentando el colapso y cuello de botella que, en algunos casos, enfrentan los efectores de ese sector”, es decir, aquellos que garantizan el aborto.

Interrupción Legal del Embarazo, un problema en Neuquén

Además de la negativa a garantizar el aborto en algunas zonas geográficas y la especial dificultad en centros de salud privados, ambos obstáculos señalados por la activista Zurbriggen, también se presentan mayores problemas para ofrecer la Interrupción Legal del Embarazo. En estos casos, que representan la minoría de los abortos, la práctica requiere siempre la internación, a diferencia de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (hasta las 12 semanas), que es ambulatoria.

“Hay un acceso casi artesanal cuando corresponde ILE. (…) El acceso es dificultoso, todavía hay mucho laberinto y confirma esto que siempre planteamos desde los movimientos con distintas leyes garantistas de derechos: que nuestro hacer se ve involucrado en acortar la brecha entre lo que dice el texto de la ley y lo que efectivamente son las prácticas”, aseguró Zurbriggen. Explicó que la falta de acceso en los lugares de residencia deriva en la necesidad de traslado a otra localidad, hecho que “implica dejar por unos días su lugar de residencia, acomodar las vidas laborales, las vidas familiares y también trae aparejado, en mi opinión, estigmatización a la práctica, porque para tener un parto no tenés que trasladarte”.

La descripción de Zurbriggen se da aún cuando Neuquén cuenta con un protocolo y equipo médico destinado a garantizar las ILE requeridas desde las 20 semanas de gestación, a través de la conformación de una red provincial de derivación, todo creado en septiembre del 2021 por el Ministerio de Salud de Neuquén. El equipo está conformado por profesionales de tres localidades. “Esto es algo relevante. Esto es compromiso y seguimiento por parte de los equipos y una política pública de salud para que esto sea una garantía. En esto estamos muy por encima del resto de las provincias”, subrayó Soberón, directora de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de Neuquén.

El hospital de la localidad de Chos Malal, a unos 400 kilómetros de Neuquén capital, es la cabecera de la Zona Sanitaria III, que abarca el norte de la provincia. En lugares aledaños se garantiza la IVE ambulatoria aunque se presentan otras dificultades: “Para hacerse la ecografía las mujeres tienen que venir a Chos Malal porque no hay ecógrafos en ninguna de las otras localidades, salvo en Andacollo, pero en el sistema privado”, contó Daniela Tagle, trabajadora social del hospital de Chos Malal e integrante del comité de Bioética de la Zona Sanitaria III, organismo encargado –entre otras cosas– de recibir las solicitudes de objeción de conciencia.

En dicho centro de salud la planta está prevista para cinco ginecólogos/as. Actualmente hay dos y ninguno garantiza la práctica, según confirmó Tagle. Esto representa una grave dificultad al momento de las solicitudes desde las 12 semanas de gestación ya que las IVE de menos semanas son canalizadas, en general, a través de médicos generalistas. Así, todos los casos de más de 12 semanas deben ser derivados a Neuquén capital. En otras localidades importantes de la provincia como Cutral Co (a 120 kilómetros de Neuquén) o Zapala (a 190 km) también se registran complicaciones para garantizar las ILE, que son absorbidas por la capital.

Katerina Milone, ginecóloga del hospital Heller de Neuquén capital, es una de quienes suele recibir pacientes de distintos puntos de la provincia, incluso de algunas más cercanas como Plottier (a 17 km) o Senillosa (a 33 km). “El balance es positivo, pero no está bueno cuando recae en las personas, que dependa de que esté tal o cual. Lo que pasa en muchos lugares es eso: que no hay una política institucional. La tarea es que seamos más, que sea una tarea repartida”, manifestó la médica. En el Heller, son dos las profesionales que garantizan el aborto y “dos o tres personas más” que lo hacen solo cuando ellas no están. El Gobierno sostiene que las posibles diferencias de acceso entre localidades se deben a “la densidad poblacional” y asegura que la práctica “está garantizada en todas las zonas sanitarias”.

En Argentina, el sistema de salud está integrado por tres subsistemas. El público, que cuenta con hospitales y centros de salud, cuya organización está a cargo de los gobiernos. El social, integrado por obras sociales que se financian con el aporte obligatorio de trabajadores, del ámbito privado o público; en este último caso son obras sociales provinciales. Y el sistema privado se financia con la cuota de sus afiliados voluntarios. En los últimos dos subsistemas, las empresas prestadoras (comúnmente llamadas obras sociales) garantizan la cobertura gratuita o parcial de ciertas prestaciones y medicación en clínicas o centros privados.

En este marco, la ginecóloga Milone afirmó que el subsistema público de salud es el que mayoritariamente recibe las IVE e ILE ya que en el área privada, si bien hay garantistas, no está clara la información respecto a quiénes son. Aseguró que “no está difundido o accesible los lugares y los profesionales adonde acudir”, lo que hace que “muchas veces, por información que uno busca en internet o por las redes, se termine nucleando más en el sistema público”. Además, señaló que al intervenir las obras sociales, allí hay “otros procesos administrativos”, y esto “hace que sea más ágil el acceso desde una institución pública”.  “Hay un acceso desigual. No es tan claro o tan fácil el acceso desde el primer nivel de atención”, sostuvo la médica. Y mencionó un ejemplo: “Algunas han consultado en centros privados y no han podido lograr la consulta porque no estaba la información disponible”. La ley estipula que el aborto debe garantizarse en el ámbito público y privado. En caso de haber personal médico objetor de conciencia, este es el encargado de realizar la derivación correspondiente con quien lo garantice.

Por su lado, Soberón –funcionaria del Ministerio de Salud– admitió que en el ámbito público hay “mayor oferta” que en el privado y que se reciben pacientes con obra social, pero que igualmente “cuando llega la consulta a través del 0800 o de manera informal, articulamos con algunos profesionales” que garantizan en centros privados.

Un importante avance en materia de cobertura social se dio a fines de septiembre pasado, cuando en Neuquén se aprobó un Programa de Atención Integral en IVE/ILE para las afiliadas que cuentan con la obra social de la provincia, el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN). Esto implica la cobertura al 100 % de las consultas médicas, medicación, ecografías, análisis de laboratorios e intervenciones quirúrgicas, al tiempo que contempla un programa de acompañamiento durante seis meses.

En Salta, pocos profesionales y afectación a pueblos originarios

La desigualdad en el acceso al aborto también se da en Salta, aunque en un contexto social distinto. Se trata de una provincia con una sociedad más conservadora y religiosa, donde los sectores contrarios al aborto han emergido con fuerza, sobre todo desde 2018, año en que el tema se impuso en la agenda mediática, social y política de Argentina. Después de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, Salta es la provincia que registra más reclamos ante la Superintendencia de Salud de Nación y la Dirección de Defensa del Consumidor, por dificultades en el acceso al aborto, según un informe de Amnistía Internacional. Además, en agosto de 2021, la médica residente Miranda Ruiz fue criminalizada por la justicia provincial: resultó detenida, imputada y finalmente absuelta luego de practicar una ILE a una joven en Tartagal, bajo el falso argumento de que la chica había sido forzada por la profesional.

Carrique, secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, reconoció que “una de las grandes falencias que hay es la falta de profesionales para realizar la práctica”. Señaló que el número de médicos que garantizan el derecho al aborto en la provincia “es bastante bajo” y afirmó que desde el Gobierno “se está buscando avanzar en el área de salud con tener más personal para poder garantizarlo en todo el territorio provincial”. En toda la provincia, hay 49 profesionales que aseguran el acceso a la práctica. En Salta capital hay siete centros de salud públicos que garantizan la IVE y solo uno, el hospital Materno Infantil, que recibe aquellos abortos que, por protocolo, requieren internación (más de 12 semanas). En tanto que en Neuquén son 68 los servicios de salud que realizan IVE/ILE, según el Ministerio de Salud de Nación.

La funcionaria dijo además que “en los grandes centros urbanos es más fácil acceder a la interrupción voluntaria y, a medida que uno se va alejando, esta falta de médicos es mucho más evidente”, por lo que se debe recurrir al traslado de las personas. Para facilitar la información respecto a los lugares que contienen esta demanda, se habilitaron dos líneas telefónicas locales.

La médica Villena también advirtió sobre la falta de personal de salud, pero criticó que no hay políticas públicas para resolverlo. “Salta es una provincia muy machista y muy religiosa. Todavía hay mucha resistencia a la ley y hay muchos objetores, en público y en privado”, afirmó. Dijo que en el servicio público han atendido situaciones de urgencia que no quisieron ser recibidas en el privado. “Cuando digo que no hay una decisión política digo que queda a la buena voluntad de quienes están en la decisión de gestión o de que haya personal comprometido que presione para que se cumpla la ley”, señaló.

En Tartagal, a 350 kilómetros de Salta capital, la situación no es distinta. “Hay una gran falta por parte de los sectores privados en esta zona. De entrada no existen espacios específicos para garantizar el acceso y sabemos que la mayor parte de la población que tiene obra social termina yendo al hospital público justamente porque no es difícil que ahí le garanticen”, contó Mariana Ortega, de la organización de mujeres indígenas ARETEDE.

En esta localidad, el hospital Juan Domingo Perón tiene un consultorio IVE que funciona sin turno previo y es el que concentra las coberturas de localidades y regiones aledañas, donde hay un importante volumen de población de comunidades originarias. Se trata de la zona que une Tartagal con la región del Chaco salteño, a lo largo de la Ruta 86 y por unos 200 kilómetros. “Allá la salud es deficiente en relación a toda la población, también la criolla. Pero cuando se trata de población originaria, la problemática se agudiza y empeora por todas las barreras y las desigualdades, discriminaciones y exclusiones históricas que lamentablemente viven los pueblos originarios en el vínculo con los sistemas de salud occidentales”, señaló Ortega. Así, apuntó, que “una de las dimensiones de esa desigualdad es la falta de acceso a la información en lenguas indígenas”. Al mismo tiempo, cuestionó que las temáticas de derechos sexuales y reproductivos ocupan “lugares marginales” en la agenda sanitaria.

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—Paula, ¿hay algo más que quieras decir sobre el acceso al aborto?

—Que tienen que hacerlo. Yo creo que es lo mejor, más que nada si es a esta edad. Si tienen el apoyo de los padres genial, porque ellos están en el proceso y te sentís re acompañada.