Dos personas racializadas, Donovan Balanta (34 años) y Luis Alfredo Echeverry (28 años), fueron asesinadas durante procedimientos policiales en la última semana de septiembre de 2026. 

Aunque es una situación preocupante porque ambos hechos ocurrieron en muy poco tiempo y apenas a dos meses de la posesión de Abelardo de la Espriella, no se trata de una situación novedosa. 

El año pasado también se registraron tres asesinatos cometidos presuntamente por la fuerza pública en Cundinamarca, así que se trata de una violencia estructural y continua, que no ha dejado de ocurrir y que, para muchas personas, se expresa en la cotidianidad, y para otras se recrudece durante las protestas. 

Las últimas decisiones del ejecutivo presentan un panorama preocupante para la garantía de derechos humanos en las intervenciones de la Policía, que además es la institución que más contacto tiene con la población. 

En septiembre el presidente Abelardo De la Espriella modificó un decreto para regular la protesta, agilizando la posibilidad de que la Policía intervenga con fuerza. Al tiempo, el Estatuto Antiterrorista avanza en el Congreso y los discursos del primer mandatario ambientan un escenario de estigmatización de las movilizaciones y de aprobación del uso de la violencia por parte de la Policía.  

Este video pódcast, grabado junto a Oscar Ramírez, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se propone desentrañar lo que hay detrás de las agresiones perpetradas por esta institución, los intentos de la sociedad civil por reformarla y las posibilidades de cara a los próximos cuatro años. 

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