El mes pasado, durante una visita de seguimiento del Equipo Jurídico Pueblos, una organización de la sociedad civil que hace parte de la Comisión de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional, encontramos que las megacárceles que ha estado promoviendo el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ya están aquí. 

Pedregal, un establecimiento de reclusión de orden nacional (ERON) que se erige en lo alto de una montaña en la zona noroccidental de Medellín, alberga más de tres mil personas privadas de su libertad. Es uno de los cinco complejos penitenciarios y carcelarios que hay en Colombia, junto a Jamundí, Ibagué, Cúcuta y la Picota de Bogotá (este último es el más grande, con casi cinco mil personas).

Desde afuera, la edificación se ve como una hilera de bloques grises con diminutas ventanas por las que sobresalen escobas, traperos y alguna ropa secándose al viento. El complejo penitenciario de Pedregal (COPED) fue inaugurado en 2010 por el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. 

En su interior habitan hombres y mujeres privadas de su libertad. Las condiciones de reclusión en las que viven parecen salidas de la más escabrosa novela de terror: sótanos húmedos y oscuros que albergan más de 400 personas, pasillos en los que se apiñan unos sobre otros, goteras que caen incesantemente de techos y tuberías, hombres que duermen al lado de basurales y lixiviados.

Casi un 20 % de las personas privadas de la libertad en Colombia con medida intramural (y que habitan las cárceles y penitenciarías) solo están sindicadas. Es decir, tienen un proceso abierto con la justicia penal, pero no se ha demostrado su culpabilidad y, por tanto, no han sido condenadas. Están siendo castigadas y torturadas por sospecha. 

En el COPED, personas sindicadas y condenadas habitan todos los espacios de reclusión: quienes aún tienen presunción de inocencia conviven con otras que ya han sido juzgadas. 

El hacinamiento es de 45 % y no deja otra opción que entre ellas tengan que turnarse, de día y de noche, para descansar, y que haya gente que duerma en pasillos y baños. Hay patios en los que más de 400 personas comparten cuatro inodoros.

Lo que Abelardo de La Espriella promete con su narrativa de las megacárceles (al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el Centro de Confinamiento del Terrorismo – CECOT) es ceder a manos de privados la administración del castigo, la tortura y el dolor en centros de reclusión que estarán “lejos de todo”, para que las personas privadas de la libertad no tengan acceso a comunicación vía celular. 

Pero lo cierto es que será más de lo mismo. Más indignidad, como lo declaró la Corte Constitucional en una sentencia de 1998 (y lo reafirmó en otra de 2013): un Estado de Cosas Inconstitucional fundamentado en las condiciones indignas y la grave situación de derechos humanos que por entonces ya enfrentaban los reclusos. 

Para ese entonces (1998), eran una población de 42.118 personas habitando unas instalaciones de reclusión que solo podían recibir a 29.217. Una situación de hacinamiento que continúa en la actualidad. 

Y la propuesta de De la Espriella, además de esto, será también más ruptura de tejido social, circuitos de pobreza más profundos, familias en graves situaciones de vulnerabilidad, más estigmatización y discriminación. 

La Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión señaló en 2025 que “construir más cárceles y crear más cupos no sirve para solucionar la crisis de derechos humanos si sigue entrando a prisión más gente de la que sale”.

La prisión, está demostrado, no resocializa, no soluciona, ni la violencia ni la inseguridad ni sus causas estructurales. La reincidencia delictiva en Colombia roza el 26 % y es uno de los grandes problemas del sistema penal del país. Además, las personas que entran a los centros penitenciarios pertenecen a las clases empobrecidas sin acceso a educación, salud o seguridad social.

No hay que mirar muy lejos; las megacárceles ya están aquí y lo único que nos han traído es más miseria e indignidad.

CAMILA BOTERO, autora invitada.

Camila es periodista y ex prisionera política. Hace parte del Equipo Jurídico Pueblos, la Colectiva El Mal Rebaño y el Show Radio Web Kja Xonora.