Sobre el atentado que sufrió el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay hay pocas certezas —a lo sumo hay algunas hipótesis—, anuncios sobre posibles investigaciones a funcionarios, muchos interrogantes sobre los responsables del atentado —el joven sicario capturado es solo el ejecutor material— y dudas sobre los efectos que podrá tener en la próxima campaña electoral de 2026. 

Más allá de los comunicados que a diario informan sobre el estado de salud del precandidato del Centro Democrático, la información difundida hasta ahora por canales oficiales nos presenta tres hipótesis sobre los posibles móviles del atentado: I) por una animadversión personal — la más improbable de todas—; II) por su participación en política y la de su partido; o, III) para desestabilizar al Gobierno Nacional. Por otra parte, ya se entablaron denuncias en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y los uniformados de la Policía que hacían parte de su esquema de seguridad. 

Este atentado muestra la extraordinaria capacidad que tenemos como sociedad de repetir la misma historia una y otra vez. Sin cambiar la trama, y solo con variaciones en quienes interpretan los personajes, vemos otra vez el mismo argumento: instrumentalización de un adolescente como ejecutor material, la capacidad desestabilizadora de quienes atentan contra un candidato y el retorno de la seguridad como tema prioritario en una campaña política.

La profesora María Teresa Uribe enseñaba que hay una serie de factores que afectan la legitimidad del Estado colombiano, como la exclusión territorial, una idea de nación acotada a las fronteras ideológicas de los partidos políticos, la incapacidad del Estado para mantener el monopolio del uso de la fuerza física y para proteger a sus ciudadanos, y la privatización de lo público. Junto a esos elementos, que nos hablan de procesos de larga duración, hay otros que por lo general se expresan en situaciones de crisis que agravan los primeros, y que están relacionados con la violencia que se ejerce desde diversos lugares para que el Estado —al menos en una clásica perspectiva liberal— no cumpla con sus funciones de protección.

Hasta hace algunos años, esas violencias se concretaban en los contrapoderes de las guerrillas revolucionarias, en los parapoderes del paramilitarismo y en el poder económico del crimen organizado del narcotráfico. Si los comparamos con esa tipología, los actores violentos de hoy son mucho más difíciles de caracterizar. Por eso cuesta tanto entender quién está detrás del atentado y por qué escogió precisamente ese precandidato. La incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos, expresada en el ataque contra un político que se perfila como candidato presidencial, es una coyuntura crítica, que nos muestra una vez más a la violencia armada como obstáculo para el libre ejercicio de la política en las contiendas electorales. 

El aparente fallo en el funcionamiento de su esquema de protección no es una situación anecdótica, de intolerancia política o de polarización, como si el problema de la violencia y la política tuviese que ver necesariamente con que haya visiones antagónicas sobre la asignación de recursos, o que en una contienda electoral no se pudiesen presentar como opuestas visiones radicalmente distintas, como aquellas que reclaman una sociedad más igualitaria, frente a otras enfocadas en la seguridad. Ese fallo en el esquema de protección del senador y precandidato muestra un rasgo, identitario si se quiere, de la manera como algunos sectores de la sociedad entienden la política electoral, y de la incapacidad del Estado para garantizar su ejercicio.

Más allá del drama familiar y personal que implicó el ataque al precandidato, los efectos políticos de lo acontecido apenas empiezan a perfilarse. Para el Gobierno Nacional será difícil, por ejemplo, mantener en la agenda electoral temas como los derechos laborales y la salud, porque ahora gran parte de la atención se puso en las garantías de seguridad de quienes ejercen política, y sobre todo de los candidatos de oposición.

Pero tal vez el efecto más notorio del atentado a Miguel Uribe Turbay es que la seguridad se empieza a posicionar nuevamente como el tema prioritario. El ataque al senador se convirtió en un poderoso símbolo de debilidad estatal. La sobre exposición mediática y en redes de las imágenes del joven sicario disparando evocaron rápidamente la violencia ejercida por los carteles del narcotráfico a finales de los años ochenta, cuando en una misma campaña presidencial fueron asesinados tres candidatos. 

Pero no es sólo el aparente retorno a los tiempos en los que se asesinaba a los candidatos, es también la violencia ejercida contra la población civil y la fuerza pública. Los atentados de la semana pasada en el Cauca, el Valle y Antioquia, la crisis humanitaria de la región del Catatumbo de enero de este año, el continuo asesinato de líderes sociales y de firmantes de paz y la expansión y el fortalecimiento de grupos armados ilegales, parecen darle la razón al padre del senador Uribe Turbay cuando señala que: “Lo importante es la seguridad, sin seguridad no hay nada”.

En medio de las críticas que le caben al Gobierno Petro por sus errores en el manejo del orden público y la improvisación en sus políticas de paz y seguridad, por primera vez en mucho tiempo, los temas de la agenda eran otros. De manera inédita, el debate sobre los derechos laborales o la salud concitaban la atención de la opinión pública, pero tal como están las cosas no sería extraño que la seguridad y una nueva promesa en torno a ella sea, nuevamente, el tema que defina la próxima campaña presidencial.  

*Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

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