Vivo en una vivienda minúscula, o un apartaestudio, como la etiquetaba el anuncio de alquiler cuando llegué a vivir aquí. Pero en marzo pasado, cuando tuve el deseo de pensar en ella como un verdadero hogar, con cuadros, repisas y flores, me uní sin quererlo al club de inquilinos que buscan casa. Que yo quisiera convertir este apartaestudio en mi vivienda a largo plazo era todo lo contrario a la carta de terminación de contrato que recibí a finales de marzo. Tenía 90 días para irme, la propietaria haría “reparaciones”.

En Medellín, esa carta es la desgracia de muchos inquilinos. Un problema que responde a una compleja mezcla de factores. Entre ellos, la turistificación y la gentrificación que encarecen el costo de la vivienda y de la vida. Es un fenómeno visible a los ojos. Cerca de mi vecindario comenzó hace un par de años. Primero arribó un KFC, la cadena de pollo frito más famosa del mundo. Y con ellos un nuevo vecino: un proyecto inmobiliario de rentas cortas o turísticas en lo que antes había sido una casa de las que ya no hacen: con antejardín y amplias ventanas. Pronto, unas cuadras más arriba del KFC, llegaría un Oxxo, la popular cadena de tiendas minoristas de la multinacional mexicana FEMSA.

Aunque finalmente la inmobiliaria revirtió la carta con otra en la que confirmó la continuidad del contrato 12 meses más, la marca del miedo estaba instalada. ¿Cómo iba a sobrevivir a quedarme sin casa y expuesta a los precios disparados del alquiler en Medellín? Vivir en la segunda ciudad más poblada de Colombia y con un boom turístico encima es vivir en penuria con la vivienda. Los datos permiten hacerse una idea.

El arrendamiento de un apartamento promedio en un barrio clase media de Medellín cuesta 2,1 millones de pesos, cerca de 1.6 salarios mínimos. Es la renta más costosa entre los barrios colombianos analizados por Properati a inicios de 2024. En estas condiciones, una persona inquilina debe ganar cerca de 5 millones de pesos mensuales si no quiere que el alquiler se trague más del 40 % de su salario, el límite recomendado por la OCDE (un club de países ricos). Por eso, también somos una ciudad de gente viviendo con amigos o familiares o compartiendo alquiler con otras personas.

Mientras conjuraba la avanzada de la gentrificación como muchas otras personas en esta ciudad —y en América Latina—: que no se fijen en mi barrio, que no se fijen en… me encontré con Jaime Palomera. Lo hice en el prólogo que escribió para En Defensa de la Vivienda, un libro de los investigadores sociales David Madden y Peter Marcuse que aborda la vivienda y la falta de acceso a ella como un problema del capitalismo global: un fenómeno al mismo tiempo urgente y sistémico.

“En la actualidad hay una profunda desigualdad entre quienes ven la vivienda principalmente como un hogar y quienes la tratan como una fuente de beneficios económicos”, escribió Palomera en una parte de ese prólogo.

El hecho de no sentir la vivienda en la que vivimos como un hogar, explican más adelante en el libro Madden y Marcuse, es una de las características del malestar —crisis— actual de la vivienda. Alienación residencial, lo nombran. Jaime Palomera, que es un investigador catalán y doctor en Antropología Urbana, ha agitado este tema a partir de agitar el derecho a la vivienda y cómo se manifiesta hoy en forma de injusticia residencial.

“Guiado por el principio de que la vivienda es un derecho y no un activo financiero, que las ciudades son para vivir y no para especular”, declara en su perfil del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona IDRA, del que es cofundador e investigador. 

Con Palomera, que fue una de las primeras caras visibles del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, hablamos sobre el campo de batalla en el que se ha convertido el derecho a la vivienda, sobre tener una casa, el alquiler y cómo convertir las penurias personales con la vivienda en un asunto colectivo que pueda darle un viraje a la forma en la que la hemos imaginado hasta hoy.

KAREN PARRADO: Vivo en arriendo y hace un tiempo casi me sacan de mi vivienda por una situación opaca de reparaciones de la propiedad e indicios incipientes de gentrificación y alza de precios de los alquileres de la zona. Finalmente no pasó, pero me sentí expulsada. Me dio la sensación de que la vivienda tiene hoy un mayor peso en nuestro sufrimiento vital. ¿Qué has podido observar al respecto?

JAIME PALOMERA: En el momento en que te tocan la casa, el hogar, el lugar donde desarrollas tu existencia, pues, de repente, ves cómo todo se pone en suspenso, porque el derecho a la vivienda es la puerta de entrada a poder tener todos los otros derechos. Sin la vivienda difícilmente hay desarrollo de una existencia plena. De hecho, la versión más extrema de esto es el fenómeno del sinhogarismo o el sin techo, que básicamente es un producto de haber dejado que la vivienda esté en manos de un mercado. En la mayoría de países del mundo, el poder acceder a ese derecho depende del poder adquisitivo de la persona. A diferencia de lo que pasa también con otras partes de la vida, por ejemplo, en la inmensa mayoría de países hay sistemas de educación más o menos públicos que garantizan que los niños puedan ir a la escuela; en cambio, con la vivienda esto no sucede, cuando es un derecho incluso que va antes, porque si un niño no tiene casa, difícilmente puede escolarizarse y tener una una vida digna.

KP: Parece una verdad a voces que hay un problema con la vivienda a nuestro alrededor, pero a veces definirlo no es tan sencillo. ¿Cómo lo defines?

JP: En la historia del capitalismo, el acceso a la vivienda se ha ido dejando históricamente en manos del mercado: que cada individuo acceda a la vivienda por sus propios medios. Al mismo tiempo, es cierto que a lo largo del siglo XX cada vez más hay un impulso reformista que plantea que el Estado debe velar por el acceso a un hogar a través de sistemas de provisión pública. Hay países que desarrollan sistemas de vivienda pública más fuertes y otros más débiles. El momento de cambio global es en los 80, 90, donde se apuesta porque a través de la deuda, una deuda privada de las hipotecas, las familias puedan acceder a la vivienda básicamente a través de la propiedad. Y, más recientemente hay un nuevo giro que es: la vivienda no solo es un patrimonio y una mercancía, sino también un activo financiero en manos de las familias. ¿Esto qué significa? Que la vivienda es utilizada no únicamente como un valor refugio sino que, además, es un activo en el sentido de que genera nueva riqueza porque está vinculada al mercado hipotecario, a los mercados financieros y a los mercados de suelo. Es la vivienda como activo, en tanto que genera efecto riqueza cuando hay burbujas o booms de precios, pero también es un activo en el sentido de que puede generar rentas. Y ahí aparece toda la cuestión de los alquileres. Pero el problema fundamental es que los sistemas de vivienda son simétricos. ¿Y qué quiere decir eso? Que la riqueza que genera para unos, es pobreza para otros. El efecto riqueza que tiene que una vivienda se revalorice cuando eres el propietario de esa vivienda, es efecto pobreza para el que está intentando acceder a una vivienda por primera vez. Por eso siempre digo que la idea de que la vivienda no puede ser una buena inversión, rentable y al mismo tiempo asequible, es una contradicción, es imposible. La vivienda no puede ser una gran inversión y ser barata.

Aquí Jaime se hace una autopregunta. ¿Cuál es la solución a este problema?

JP: La historia nos enseña que para hacer que la vivienda sea más asequible, va a tener que ser menos rentable para otros. Y por eso hay tantas resistencias a intervenir, porque estamos hablando de mucho dinero que está en juego. Sobre todo de aquellos que tienen una relación de la vivienda como activo de manera deliberada. La vía, que no es fácil pero que es la más exitosa para hacer que la vivienda sea asequible para todo el mundo, son los sistemas públicos. Y el caso paradigmático es el de Viena y el de Singapur. Allí la mayor parte de la vivienda es pública o un servicio de interés general, es decir, que es privada pero que está regulada por lo público. Y eso hace que, por ejemplo, en Viena el 70 % de la población pueda acceder a una vivienda pública, porque pueden acceder personas de ingresos muy diferentes, no solamente los más pobres. En Viena y Singapur casi todo el suelo de la ciudad y casi toda la vivienda es de la Administración.

KP: ¿Para esto necesariamente tienes que ser un país de ingresos medio o altos?

JP: Creo que la fórmula de Singapur y de Viena es aplicable a todo el mundo. No es necesario contar con un presupuesto público muy grande, sino que la clave de estas dos ciudades, que cuentan con Estados detrás que tienen mucho poder, es que en un momento de su historia deciden librar una batalla con el mercado. Se suele decir que hay que hacer vivienda pública como Viena, pero Viena no empezó haciendo vivienda. La Viena de principios del siglo XX tenía mucha dificultad para esto, como le puede pasar hoy a Medellín. Lo que hizo fue crear impuestos y aumentar los impuestos a las élites, aquellos que concentraban buena parte de la riqueza. Singapur, un poco más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, hace una política muy decidida de empezar a comprar viviendas que ya están construidas para pasarlas al sistema público. Y también lo hace con medidas que limitan mucho los beneficios de los que son propietarios privados y facilitan que la Administración se las pueda quedar a un precio asequible. Así fue como Singapur logró algo increíble: es una isla que no puede crecer y ha logrado que toda la población pueda acceder a una vivienda durante 90 años. De hecho, tanto el suelo como las viviendas construidas en ese suelo son públicas, pero la gente, al poder acceder durante 90 años y dejárselas a los hijos y al pagarle al Estado, lo que sienten es que la está comprando. Se sienten propietarios aunque es de titularidad pública. La lección es que por supuesto que hace falta invertir desde lo público, pero también hay que hacer que la vivienda sea poco atractiva para una parte del mercado.

KP: Mencionas la vivienda junto a la intervención estatal y el plantarle cara al mercado. En nuestro contexto es casi un llamado a nadar contra la corriente. ¿Tenemos que ser cada vez más salmones para que esta situación se abra en otros caminos posibles? 

JP: Creo que lo primero que hay que hacer es ver que el rey va desnudo. Es decir, los libertarios o este nuevo anarcocapitalismo que se predica desde lugares como Argentina, y no solamente, lo que esconden siempre es que su proyecto es conquistar el Estado pero ponerlo al servicio de los más ricos. Hacen un discurso que falsea la realidad y que plantea que cualquiera puede ser emprendedor y que el Estado no debe intervenir, pero en todos sus proyectos lo que terminan haciendo es que el Estado ayude, legisle y haga políticas en favor de las clases más propietarias. Es un proyecto de poner el Estado al servicio muy a menudo no solo de las clases más adineradas sino de los sectores rentistas que son muy poderosos. En realidad, el mercado de la vivienda desde hace tiempo, desde hace cuatro décadas, en muchos países se parece mucho al juego del Monopoly: hay una mayoría de jugadores que empiezan con un pequeñísimo capital o con prácticamente nada, y una minoría de jugadores que empiezan con mucho más capital. Y, además, resulta que las reglas están trucadas porque cuando estos van a comprar una vivienda les sale más barata que a los jugadores que empiezan la partida con menos dinero. Les cuesta menos dinero porque pagan menos impuestos en muchos países. La historia nos demuestra que los proyectos supuestamente liberalizadores, que se hacen en nombre de la libertad, al final termina siendo fundamentalmente la libertad de los que más tienen. Y creo que uno de los retos es disputarle a aquellos que se ponen la libertad en la boca, justamente, esa noción de libertad.

KP: ¿Es exagerado decir que hoy el problema de la vivienda es el gran problema de la clase trabajadora?

JP: Sin lugar a dudas la vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad en el mundo. Históricamente lo ha sido la distribución de la riqueza, y la desigualdad se generaba principalmente en el lugar de trabajo. Hablamos de jornadas de trabajo larguísimas con sueldos muy bajos, ese es un problema que no ha desaparecido, el crecimiento de la explotación del lugar de trabajo en el mundo. Pero resulta que el elevado precio de la vivienda y el haberla convertido en un activo financiero hace que, a menudo, sea un factor de empobrecimiento mayor que cualquier otro vector, incluyendo el trabajo. Y este es un problema que afecta a la clase trabajadora y también, cada vez más, a los que podrían considerarse los hijos de las clases medias. Es un problema que se va ampliando.

KP: Fuiste parte del movimiento ciudadano que logró regular el precio de los alquileres en Cataluña en 2020. ¿Qué fue indispensable en ese logro? ¿Y porque ves necesario organizarse cuando se trata de la vivienda?

JP: Por una parte construir un análisis y un relato del problema que convierta lo que mucha gente vive como una vergüenza personal en un problema colectivo: el vivir de alquiler, el tener que irse de casa, el sufrir una subida abusiva. Y para esto tienes que hacer un análisis audaz y un relato capaz de convencer a la gente. Y aquí hubo muchos años en los que estuvimos muy presentes en debates públicos, televisivos, de radio, donde frente a discursos sobre todo de la patronal inmobiliaria, que decían es un problema de que hay mucha demanda y de que la gente no puede vivir en la ciudad y se tiene que ir a la periferia, y que aquí no puede vivir todo el mundo donde quiera. Frente a eso, plantear: no, mire, hay suficientes viviendas si se les da una función residencial para que todo el mundo pueda vivir en ellas. La cuestión es que aquí hay unos poderes públicos que han trabajado para hacer que esas viviendas sean, antes que nada, un activo del cual extraer alquileres residenciales o turísticos cada vez más altos y eso tiene muchos efectos negativos. La segunda parte fue empezar a organizarse en los barrios y en las ciudades para que aquellas personas que históricamente hubieran asumido en silencio la expulsión, el desahucio, la subida de su alquiler o una situación de abuso de cualquier tipo, se revelaran. Lo que empezamos a organizar en 2018 fue una campaña masiva de desobediencia civil: ejercemos el derecho a desobedecer una ley que es injusta porque hay algo que está por encima, que es un derecho humano como el derecho a la vivienda. Así, a través de mucho trabajo y de muchísima gente que puso el cuerpo y decidió plantarse, llevamos a que miles de personas hayan dicho que no cuando les llegaba una carta diciendo que se tenían que ir de casa, o que iban a tener que pagar un aumento del 100 % del precio o del 150. Mucha gente decide plantarse y lo hacen bajo el paraguas de una organización que va a ir hasta las últimas consecuencias para defender su derecho a seguir viviendo en su casa y seguir pagando su alquiler.

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