Niñas abusadas en el seno de su hogar, explotadas sexualmente, acosadas y manipuladas por sus profesores, amenazadas y expuestas a través de medios digitales, violentadas en el transporte público y las calles. Estas son algunas de las dramáticas situaciones que viven muchas niñas y adolescentes en Bogotá, una ciudad de casi ocho millones de habitantes, donde no hay garantía de seguridad para ellas ¿Qué está pasando? 

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y agosto de 2022, se atendieron 13.879 casos de presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia. El 88 % (12.151) son mujeres. Bogotá concentra 2.471 casos contra niñas y mujeres menores de 18 años. Las localidades donde más ocurren son: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá y Suba, pero es un delito que ocurre en todo el Distrito. 

La violencia de pareja en la etapa de la adolescencia también recae en las mujeres, con 517 casos reportados frente a 21 contra hombres en el mismo lapso de tiempo y en cuanto a violencia intrafamiliar se han registrado 2.023 casos que afectan a niñas, frente a 1.800 registros de niños.

Daniela* tiene 17 años y vive con los peores recuerdos de su infancia. Hace once años sus padres se separaron. Ella y su hermano fueron golpeados porque para su familia era la forma de educarlos. Entonces, la niña vivía a ratos con su padre y otros, con su madre. Sus vidas transcurrieron entre los barrios Guacamayas y San Martín de San Cristóbal, en el sur de la capital.

“Cuando yo tenía 7 años fui abusada por mi primo. Él llegaba de estudiar a las 3 o 4 de la tarde y aprovechaba que mi abuelita nos dejaba solos. Por eso me fui con mi papá”, cuenta Daniela. Pero allá nada mejoró. A los 9 años su hermanastro la violó durante cuatro años. “Solo sabía mi hermanito. Él trataba de protegerme, pero no podía hacer nada. Yo era como su mamá, desde chiquita lo crié”, recuerda.

Apenas adolescente Daniela ya vivía entre abusos, gritos y visitas a defensores de  familia cuando su padre era demandado por maltrato, por la madre de la joven. A los 13 años estuvo algo alejada de sus abusadores, pero su infancia ya había sido destruida. Era presa fácil de la delincuencia.

A esa edad conoció a un muchacho quien con promesas de estudio, trabajo y casa convencieron a la niña de huir con él. “Nos íbamos a vivir a Granada (Meta). Yo le creí, dijo que pagaba todo”, cuenta sentada en una sala del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud  (IDIPRON).

Así fue que la niña llegó a la estación El Greco de TransMilenio a la medianoche. Sola, con frío, esperó  mucho tiempo antes de que alguien arribara. “Llegaron cinco muchachos. Quedé pálida, asustada, hasta que vi a mi mamá y cuando ella me gritó, los ‘chinos’ se esfumaron”.

Su madre reaccionó rápido; había leído unos mensajes que el hombre le mandó a su hija y lo contactó. “Ella no va a regresar viva”, fue lo único que le dijo. Daniela estuvo a un paso de ser captada por una red de explotación de personas.

Tuvo suerte. Otras niñas están entre las víctimas de diversos delitos. “Entre 2015 y 2021 han sido asesinadas 244 niñas solo por el hecho de ser mujeres; por cada 10 niñas y niños víctimas de violencia sexual en el país, 8 son niñas; cada hora dos niñas son violadas, el 96 por ciento de los agresores son hombres y 67 por ciento de esos episodios ocurren en los hogares; el 67 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes han experimentado alguna forma de acoso en línea en redes sociales”, señala el documento ‘¡En Bogotá las niñas cuentan!’ de la Secretaría de la Mujer, donde se recoge información de la Fundación Plan, una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los derechos de la niñez en situación de extrema vulnerabilidad.

En relación con violencia sexual, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha examinado más de 100 mil casos y de acuerdo con el DANE, en 2019 se contabilizaron 4.780 nacimientos de niñas entre los 10 y 14 años de edad, franja en la que cualquier acto sexual es un delito, según datos de la organización Alianza por la Niñez Colombiana también citados en el informe de la Secretaría de la Mujer.

En cuanto a feminicidios la cifra es difícil de establecer. Según Medicina Legal, entre enero y agosto de este año han sido asesinadas 80 mujeres menores de edad en Colombia frente a 59 de 2021, pero en ninguno de los casos se especifica cuántas de estas muertes ocurrieron por el hecho de ser mujer.

Otro de los fenómenos que impacta gravemente a las niñas y adolescentes es la trata de personas, es decir, la captación, transporte, traslado, acogida o recepción con fines de explotación, tales como la sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá ha dicho que este delito es la tercera empresa criminal con mayor rentabilidad en el mundo –después del narcotráfico y la compra y venta ilegal de armas–, y Bogotá es considerada por las autoridades como un lugar de origen, tránsito y destino. Las menores de edad, así como la población migrante están en mayor riesgo de ser víctimas.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solo este año, de enero a septiembre, hay un registro en Bogotá de 122 casos de procesos administrativos de restablecimiento de derechos por explotación sexual de niñas en la capital frente a 76 abiertos en todo el 2021. 

Las violencias de mil caras

El testimonio de vida de una niña explotada que ahora es una mujer que padece esquizofrenia es el reflejo de la huella que deja el maltrato. Melisa* siente miedo cada vez que camina por Bogotá y cruza un puente peatonal. Una voz le dice que se tire, otras veces habla con personas que nadie más ve, le dicen que corra, que huya. Lucha por levantarse de la cama y vivir un día más.

Los orígenes de su enfermedad se los atribuye a una infancia dolorosa. Esta mujer de 29 años dice que conoció a su madre hace tan solo seis. Le contó que era del pueblo Los Andes Sotomayor en Nariño, en el sur del país, y que cuando tenía 17 años el esposo de su hermana la abusó y la embarazó. “Así fui concebida”, dice.

Su abuela era una mujer violenta. No tuvo otra opción más que huir con su bebé hasta Pasto, donde entregó a su hija al cuidado de una extraña. “Cuando yo tenía un año y medio ella me dejó ahí, supuestamente para buscar un futuro mejor y luego rescatarme, pero eso nunca pasó. Mi vida fue un infierno”.

En manos de esa desconocida, Melisa estuvo hasta los 11 años. Fue golpeada, abusada y explotada sexualmente por una banda de proxenetas toda su niñez en una casa en donde aparecían y desaparecían niños. Fue abusada por primera vez cuando tenía cuatro años. “Fue el hijo de la dueña de la casa, era un militar. En ese lugar nos obligaban a tener relaciones sexuales con animales”. 

En sus recuerdos siempre está esa casa verde, de techo de zinc y puertas grandes en la que padeció toda clase de vejámenes. A los 10 años quedó embarazada, pero su hija de solo 6 meses murió de una arritmia cardíaca. “Nos ponían a pedir limosna en los semáforos, a recoger las sobras de los restaurantes, a limpiar los vidrios de los carros, a pedir ropa o cosas de casa en casa”, recuerda.

Cada día, además de luchar por olvidar su pasado, busca huir de las voces de personas extrañas que nadie más ve. “Son hombres que como monstruos salen de las paredes. Es horrible, desesperante”. Se ha intentado suicidar 15 veces. La primera, cuando solo tenía 8 años y tomó un frasco de pastillas.

Y a pesar de que el olvido es una característica de su enfermedad, de su mente no ha podido sacar el pasado que la atormenta. “Cierro los ojos y lo que veo es una niña llorando, pidiendo que nadie la vuelva a tocar. Es horrible recordar a esos tipos y volverles a ver la cara riéndose”, relata.

Las mujeres menores de edad tampoco están seguras en las calles, como lo demostró un caso ocurrido el 31 de octubre de 2022. Una menor de 17 años fue abusada en una estación de TransMilenio y publicó su relato en sus redes sociales. El caso se volvió viral y causó indignación porque además fue revictimizada. Cuando llegó a poner la denuncia le dijeron que solo recibían las de mayores de edad, entonces la remitieron para la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de menores, pero, al llegar allá, le dijeron que ahí tampoco se podía porque el presunto abusador era mayor, entonces la devolvieron a la de Puente Aranda. “Ahí también nos dicen que no reciben denuncias porque ya son más de las 5:00 p.m., y que mi caso no era de urgencia. Me comuniqué a la línea de Policía de Transmilenio, pero estaba fuera de servicio”, contó. La menor pedía que su caso no quedara en la impunidad. “Estoy cansada de que los procesos judiciales sean revictimizantes”.

El agresor, Juan Pablo González, fue detenido y luego asesinado en la URI de Puente Aranda. Por el hecho cinco policías fueron capturados y son investigados.

En el informe“¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá?”, publicado por la Veeduría Distrital, que incluyó 3.089 encuestas hechas entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022,  se incluyeron los resultados sobre la percepción acerca de las violencias machistas que ocurren en la capital y cuyas víctimas son mujeres de 14 años en adelante.

Llamó la atención que el 67,2 % de las mujeres se sienten muy inseguras en el transporte público y el 70,7 % en las calles y espacios públicos de la ciudad. Los lugares del transporte público que consideran más inseguros son el sistema Transmilenio troncal (86 %), los paraderos (83,7 %) y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)  (76,4 %).

Los lugares del espacio público más inseguros para transitar son las calles oscuras (97,2 %), los lotes baldíos (94,7 %), zonas con gran cantidad de desechos (92,1 %), puentes peatonales (85,2 %), calles en mal estado (82,2 %) y zonas de construcción (81,5 %).

Las formas de agresión son variadas. Van desde silbidos odiosos, comentarios con contenido sexual y asociados al aspecto físico, miradas morbosas, exhibicionismo, toma de fotografías o grabaciones en la vía pública sin su consentimiento, rozamientos, charlas indeseadas, persecuciones y agresión sexual. Para muchas mujeres estos actos son una forma de violencia contra ellas.

Y denunciar no es fácil. El 62,8 % de las encuestadas para el informe de la Veeduría Distrital manifestó no conocer dónde denunciar. El 89,3 % coincidió en no haberlo hecho. Según la Veeduría, los datos permiten inferir que existe un subregistro de estos hechos en las cifras oficiales, además de sugerir la relativa inoperancia de los canales de denuncia, y la deficiencia en la información institucional al respecto.

No denuncian porque al menos el 72 % no encuentra confiables o accesibles los canales institucionales existentes y porque no conocen la identidad de su agresor (59 %).  En cuanto al desconocimiento de los canales de denuncia, el 29,2 % no sabía que podía hacer una denuncia, y un 24,1 % piensa que no se considera un delito ante la ley.

Los abusos han ocurrido incluso en taxis y en carros al servicio de aplicaciones que ofrecen transporte público y las víctimas son muchas veces revictimizadas cuando denuncian. 

Un caso emblemático fue el de Ángela María Guerrero. Durante cuatro años ella y su familia clamaron para que el juez que llevaba el caso de su hija, abusada el 23 de febrero de 2019 por un conductor adscrito a la plataforma Uber, impusiera una condena ejemplar. Dicen que lo que le sucedió a su hija será una huella imborrable en la joven de 14 años.

Lucharon, primero, por recuperar su salud emocional y, luego, para que la justicia actuara en contra del agresor. “Le confié la vida de mi hija a una empresa que prometía seguridad”, dijo.

El primer paso se dio gracias al apoyo que esta familia recibió del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. “Al hombre de 49 años que iba manejando, que no era el que aparecía en la aplicación, lo arrestaron el 8 de julio de 2019 en el barrio Isla del Sol y, al día siguiente, le imputaron los cargos de acceso carnal violento. Fue recluido en la cárcel Modelo de Bogotá”, contó Ángela.

Ese avance le permitió a la familia seguir con su lucha pues el examen de Medicina Legal que se le practicó a la niña es claro en señalar que “es una menor de edad con un relato consistente que debe ser tomado en cuenta durante el proceso”. También fue remitida a una valoración por psicología forense.

Luego de que la familia obtuvo el apoyo de una firma de abogados, esta logró avanzar en el proceso.  Lo más increíble es que, con todas las pruebas que había, el conductor se declaró inocente. 

Más de tres años después de una lucha judicial, el Tribunal Superior de Bogotá condenó el 2 de septiembre a Enrique Gutiérrez Arciniegas a 13 años de cárcel por abusar de una niña de 14 años. Utilizó una cuenta ajena de la plataforma Uber el 23 de febrero de 2019, fecha en la que sometió con violencia psicológica a la víctima para accederla sexualmente. Uber no asumió responsabilidad  alguna. 

Durante el proceso judicial la Sala Penal del Tribunal de Bogotá destacó cómo fue revictimizada la joven, la ausencia de enfoque de género que es labor de la justicia. “La jueza permitió que la delegada fiscal cuestionara sobre temas relacionados con las prendas que esta vestía”. Esa serie de errores —cargados de estereotipos machistas, según el Tribunal—, también los cometieron desde el Ministerio Público, la defensora de familia y la psicóloga.

Estudiando con el enemigo 

Las niñas tampoco están seguras en los colegios. Los abusos por parte de profesores y personal administrativo han sido un secreto a voces que comienza a revelarse. Se dan casos de irrespeto, acoso sexual, actos sexuales abusivos, injuria por vía de hecho, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir. 

Con corte a 31 de agosto de 2022 hay registrados en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación de Bogotá  (SED), donde se reportan denuncias escolares,   4.747 reportes por violencia sexual. Dentro de estos, por los casos en los que un funcionario docente o administrativo es presunto agresor, actualmente se tienen abiertos 269 procesos disciplinarios, 153 de los cuales corresponden a 2022.

Cuando la entidad discrimina por edad y género de los estudiantes víctimas dentro de los procesos disciplinarios por violencia sexual se tiene que hay reportadas 391 víctimas femeninas frente a 29 masculinos. 

Uno de tantos casos es el de una niña que fue abusada en su colegio por el instructor de música Hernán Ramírez. La madre, Diana Bermúdez, de 36 años, contó lo sucedido y recordó que su hija, Susana*, le habló así, con la voz entrecortada y temblando: “Mami, tengo que contarte algo. Todo lo que tú sospechabas con el director de la banda de guerra era cierto, y sucede desde que yo tenía 11 años”. En ese momento tenía 16.

Diana dijo que se le vino “el mundo encima” y que no sabía si reprenderla o correr  a buscar al agresor de su hija, el amigo de la familia, el director de la banda de guerra donde estudiaba.

El 25 de mayo de 2022, un telón se abrió frente a sus ojos. Para el 2018, Susana ingresó a grado sexto en un colegio público de Soacha y se sumó a la banda. El agresor analizó a su víctima: hija de una madre cabeza de familia, ocupada, ingenua, con más hijos y problemas económicos. “Mi hija me contó que comenzó a enamorarla, a tener detalles con ella”. 

Susana narró cómo comenzó todo. Dijo que en el grado sexto el profesor de la banda le decía que no había otra niña tan bonita y especial como ella y que a los 13 años, en una fiesta,  le dijo que quería tener algo. Luego llegó la pandemia y durante esos años el docente y la niña interactuaron a través de chats y se mandaban fotos y videos. “Él le mandaba imágenes, yo digo que eso es pornografía, y claro, mi hija también accedió a lo mismo”. Durante los pocos eventos presenciales en esa época, Susana contó que él la tocaba en los buses y que una vez  intentó llegar más lejos en un parqueadero. “Mi hija dice que no permitió el acto sexual porque sintió miedo”.

Cuando los jóvenes regresaron al colegio, Susana ya tenía 15 años. “Ella regresa a la banda y se retoman los ensayos. Todo se torna peor. Le exigía a mi hija que le hiciera sexo oral dentro del colegio y ella accedía. Estaba manipulada”.

Los sueños en la cabeza de la estudiante se comenzaron a derrumbar cuando se enteró, por boca de una amiga, que ella también tenía una relación más allá de lo artístico con el docente. “El tipo comenzó a criticar a mi hija por su forma de vestir, por su físico. Ella dejó de comer, de creer en Dios, peleaba conmigo, cambió mucho”.

Los cambios de comportamiento del profesor abrieron una herida profunda en Susana. “El 26 de mayo, mi hija me dijo que no quería volver nunca más a la banda”. Dos días después, la niña decide acabar todo vínculo con su agresor.  Diana recordó ver entrando a su hija a la casa llorando. El 27 de mayo de 2022 la mujer instauró la denuncia formal, pero dice que el proceso se ha ido dilatando. “Yo tengo miedo de que solo consideren la edad que hoy tiene mi hija y no los antecedentes del abuso”.

Del agresor sabe que es un hombre entre los 40 y 50 años, no tiene esposa ni hijos y que hasta hace poco vivía con su madre, quien murió. Susana tiene graves afectaciones psicológicas. “Ella fue remitida al psiquiatra. Tiene cambios de ánimo, picos de agresividad, de depresión. Ha pensado en quitarse la vida. A eso súmele el matoneo en el colegio. Esto es muy triste”, dijo su mamá.

Frente a estos casos, la Secretaría de Educación (SED) actúa desde dos frentes. Uno, a través del acompañamiento y respuesta inmediata a las alertas, por parte del equipo de Respuesta Integral de Orientación Pedagógica (RIO-P), integrado por profesionales con experiencia en restablecimiento de derechos, acompañamiento socioemocional  y fortalecimiento de la salud mental.

Frente a los casos en los que el presunto agresor es funcionario docente o administrativo de la SED, la Oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento de la entidad  inicia el respectivo proceso. La entidad aparta de las instituciones educativas a los implicados como presuntos agresores. Durante 2021 se emitieron 47 fallos sancionatorios, 11 de los cuales resultaron en la destitución.

A su vez, la SED ha continuado entregando a la Fiscalía General de la Nación (FGN) información de los procesos disciplinarios abiertos. Una primera entrega se hizo hasta el 18 de marzo y  según la SED de acuerdo con lo informado por la FGN, de los 163 casos, el 7 % está en etapa de juicio con 12 docentes vinculados, el 11 % en investigación con 18 profesores imputados, y el 14 % en indagación con órdenes de Policía Judicial vigentes. Los restantes 110 hechos continuarán únicamente con proceso disciplinario en la SED.  A esta información se suma la de una segunda entrega, con datos desde el 19 de marzo al 28 de julio, con otros 109 procesos abiertos.

Y el de Susana es solo un caso de decenas que se han conocido: el de la aseadora que abusó de una niña en un baño, el del profesor que tocó a su alumna en pleno salón de clases, el de un docente que huye tras haber ultrajado por años a sus alumnas en una escuela de danzas fachada. 

Se quieren más garantías para que las niñas en Bogotá puedan estar seguras y que los casos no queden en la impunidad marcándolas para todas sus vidas.