En la última semana de marzo de 2020, tropas del Ejército llegaron a la vereda Santa Teresita, municipio de Sardinata (Norte de Santander), para realizar labores de erradicación de cultivos de coca en el marco de la operación de control territorial número 008 “Melchor”. Para evitar que arrancaran las matas, que representan el sustento de la población en esa zona, aproximadamente treinta campesinos acamparon día y noche en el lugar. La comunidad estaba desarmada.

En medio de la presencia militar, el 26 de marzo a las 3:30 p.m., uno de los soldados disparó hacia los civiles. “En el hecho se constató la muerte del joven Alejandro Carvajal Carvajal, misma que fue generada por un disparo de fusil Galil calibre 22, que le causó una herida en el tórax que lesionó su corazón”, según el Auto de la Corte Constitucional. 

“¡Estábamos en paz!”, gritaban las personas que estaban en el asentamiento campesino, mientras el cuerpo de Alejandro yacía en el piso. Fue un disparo certero y repentino que para la familia no dejaba dudas frente a su intencionalidad. “Si hubiera sido un accidente el tiro le hubiera dado en un brazo o una pierna, pero como me contó mi esposo fue un tiro que él ni respiró… él ni respiró”, le dijo a Mutante María Carvajal, la mamá de Alejandro. En este reportaje contamos su historia que ahora da un giro al ser la justicia ordinaria la encargada de continuar con el caso. 

El Ejército sostuvo siempre que se trató de un accidente que debía ser juzgado por la justicia penal militar, es decir, que debía ser juzgado por la misma institución, una situación que en otros casos ha sido criticada por ser sinónimo de impunidad. “En este caso la información que nosotros recibimos fue que fue un tiro accidental, esa es la versión que da el soldado”, le dijo a Mutante el brigadier general Marcos Evangelista Pinto, quien estaba a cargo de las tropas. Pinto es investigado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en 42 ejecuciones extrajudiciales ocurridas cuando comandó dos batallones en Antioquia y Huila entre 2006 y 2009.

En el mismo año en el que murió Alejandro y en la misma región se reportaron otras tres muertes de civiles a manos de militares que estaban bajo la responsabilidad de Pinto. Esta situación ha generado miedo en las comunidades campesinas, especialmente cocaleras, pues las erradicaciones continúan así como las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. El caso más reciente ocurrió el 28 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en un operativo militar. La versión oficial decía que se había dado de baja a 11 disidentes de las FARC, pero luego se supo que entre los muertos había civiles, incluidos un menor de edad y una mujer con dos meses de embarazo, como contó Vorágine en esta crónica. El ministro de Defensa, Diego Molano, incluso justificó el operativo diciendo que había sido contra “narcococaleros”.

El caso de Alejandro, en el Catatumbo, pasó durante casi un año y medio en el limbo mientras la Corte Constitucional resolvía el conflicto de jurisdicciones entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria. Hoy el proceso finalmente puede avanzar. 

“¿QUÉ AMENAZA PUEDE CONSTITUIR UN CIVIL SIN ARMAS?”

Jhon Eider Arbeláez López fue el soldado profesional que disparó a Alejandro.  Integraba la Primera División del Ejército en Valledupar, pero para ese momento se encontraba apoyando las labores de erradicación de cultivos junto a la Segunda División del Ejército en Catatumbo, una de las regiones con mayor número de hectáreas de coca sembradas en el país (35 % del total).

Según el fiscal del caso, en la mañana del 26 de marzo las labores de erradicación se suspendieron a causa de las protestas campesinas. Mientras tanto, los militares se ubicaron a 239 metros de la comunidad. A esa distancia también se encontraba Arbeláez, quien hacía labores de centinela con su arma de dotación: un fusil Galil, calibre 22. 

Según la narrativa del fiscal ante el Juzgado 01 Penal Municipal en Cúcuta, cuando sonó el disparo el sargento Erick David Corby Argumedo se dirigió hacia el puesto de Arbeláez y este inmediatamente le dijo: “Mi sargento… acabe con mi vida, se me fue un disparo”. A partir de esta versión, la defensa del soldado mantuvo la postura de que el caso debía ser asignado a la justicia penal militar por dos motivos: el primero, se trata de un soldado profesional activo y el segundo, la tropa –y por ende el soldado– estaban en labores de erradicación mediante una orden de operaciones. 

Para los familiares de Alejandro, con quienes pudimos conversar, su muerte no ocurrió de manera accidental. Su papá y su hermano, quienes lo vieron morir, aseguran que un disparo tan certero no pudo haber ocurrido por error, y algunos de los campesinos que también estaban allí incluso afirman que en días anteriores miembros del Ejército los amenazaban con usar la fuerza contra quienes se opusieran a las erradicaciones.

Estos fueron algunos de los argumentos de Gustavo Quintero, abogado de Alejandro, quien siempre insistió en la importancia de que el caso fuera asignado a la justicia ordinaria. “¿Qué amenaza puede constituir un civil sin armas? Además, al momento de los hechos (Alejandro) estaba de espaldas, el soldado no tenía el cartucho de seguridad del fusil. Violentó los protocolos”, afirmó Quintero. 

El 21 de abril de 2021 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que la competencia para resolver conflictos de jurisdicciones recaía sobre la Corte Constitucional.

EL SOLDADO ACTUÓ DE MANERA “IRREGULAR”

“Yo agarré el fusil, miré hacia arriba y se me fue un disparo”, dijo Arbeláez en uno de los interrogatorios que se le realizaron durante el proceso de indagación. Si bien la Corte no descartó que pudo haber sido un accidente, sí expuso una serie de inconsistencias e irregularidades en el caso. 

Por un lado, señaló que “el arma no tenía ningún defecto en su funcionamiento al momento de la ocurrencia de los hechos”, según el informe de balística. Por otra parte, indicó que no había certeza de lo que realmente ocurrió, pues el soldado se encontraba solo en ese momento y no había una situación de amenaza ya que Alejandro y el resto de los campesinos se encontraban desarmados. Para la Corte, el soldado “desatendió las directrices impartidas en lo que respecta al cartucho de seguridad del fusil y, además, accionó el mismo sin orden previa para ello”.

Con estos argumentos, el caso finalmente quedó en manos de la justicia ordinaria, es decir, el soldado profesional Jhon Eider Arbeláez López no será juzgado por la jurisdicción militar. Para el abogado Quintero, esto brinda un margen más amplio de garantías de justicia para la víctima y para su familia, con la “probabilidad de garantizar la imparcialidad frente los hechos y consecuencias”.

Actualmente se espera que citen a la audiencia ante el juez penal con funciones de conocimiento, que en este caso es el Juzgado 01 Penal Municipal con Función de Garantías Ambulante de Cúcuta. 

Aquí hay dos escenarios posibles. En caso de que el soldado, a quien se acusa por el delito de homicidio doloso, no acepte su responsabilidad, se enfrentará a un juicio oral y público en el cual debe demostrar su inocencia. “En este caso existe abundante material probatorio que da cuenta de lo contrario, es decir, se demostraría la responsabilidad penal por el homicidio de Alejandro”, según Quintero.

El otro escenario es más probable: que el soldado Arbeláez acepte su responsabilidad. En este caso se podría contemplar la terminación anticipada del proceso e incluso una rebaja de la pena. En este punto la familia de Alejandro tiene una sensación agridulce porque, si bien el caso está en la justicia ordinaria, es posible que la pena no sea tan severa. Alejandrina, la esposa de Alejandro, desconfía y dice que “Dios es el que hace justicia”. Además, plantea que la responsabilidad va más allá del soldado. “Para mí ahí hubo más, no fue tan solo el que lo mató, sino el que dio orden porque eso tuvo que haber habido orden para hacer eso”, señaló.

“EL EJÉRCITO SON PERSONAS QUE DEFIENDEN A LAS PERSONAS, ¿NO?”

María Carvajal, la mamá de Alejandro, no encuentra una explicación para lo que le pasó a su hijo. “Yo digo que desgraciadamente en este país las leyes no valen porque cómo puede pasar eso con una persona. El Ejército son personas que defienden a las personas, ¿no? Ese era el concepto que yo tenía, que eran una protección”. Lamentablemente, el caso de Alejandro muestra lo contrario y no fue el último. 

Meses después de su asesinato, en mayo de 2020, ocurrió algo similar con Digno Emérito Buendía en zona rural de Cúcuta, cuando se encontraba en un asentamiento campesino resistiendo a la erradicación de cultivos adelantada por el Ejército. En su caso aún no se ha determinado si actuará la justicia ordinaria, como se pidió, o la justicia penal militar.

A estos dos casos se suman otros seis en un periodo de un año, en los que también murieron campesinos en medio de operativos de erradicación, presuntamente a manos del Ejército, la Policía Antinarcóticos y el Esmad, como lo documentamos en esta publicación, dejando en evidencia la sistematicidad de estos casos.

En este momento las comunidades y organizaciones campesinas del Catatumbo, región en la que murió Alejandro, están preocupadas por la presencia de tropas que realizan labores de erradicación. Desde comienzos de este mes, la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) declaró que se mantendrán como asentamientos campesinos y aseguró que decretará un paro indefinido en toda la región, en caso de que no se detengan los operativos. 

Ante las acciones adelantadas por las fuerzas militares, Gustavo Quintero, el abogado de Alejandro y quien además hace parte de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), afirmó que “es muy posible que ocurran nuevas violaciones a los derechos dado a la forma en la que las fuerzas militares y de policía proceden en contra del campesinado”. 

Desde el lunes 11 de abril decenas de campesinos y campesinas bloquean la vía Cúcuta – Tibú para exigir un escenario de diálogo y rechazar las erradicaciones que se realizan de manera forzosa. Incluso denunciaron que en la vereda Nazareth, municipio de Tibú, el Ejército amenazó a la comunidad.  “Los que están amenazando son ustedes que se están tocando los fusiles. Ustedes son los que están diciendo que son los que tienen las armas”, dijo uno de los campesinos mientras grababa un video. Además, preguntó a los soldados por qué no tenían el cartucho de seguridad en las armas, a lo que los militares respondieron “porque estamos trabajando”. 

LO QUE VENDRÁ CON EL PRÓXIMO PRESIDENTE

La meta anual de hectáreas por erradicar aumentó en un 65 % durante el gobierno de Iván Duque. Para lograrla, el Ministerio de Defensa intensificó los operativos de erradicación forzada en regiones como Norte de Santander, el departamento con más cultivos de coca en el país, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Por eso los cultivadores saben que la postura del próximo presidente frente a la lucha contra las drogas y los cultivos de coca determinará su futuro.

Los candidatos presidenciales han hablado poco sobre los operativos de erradicación manual. Sin embargo, de manera general sus planes de gobierno plantean algunas ideas –no demasiado concretas– sobre su visión frente a estos temas. 

Federico Gutiérrez habla de “la sustitución de cultivos con enfoque de desarrollo agrario y territorial”. Aunque no menciona directamente la erradicación forzada, sí deja claro que enfocará los esfuerzos de las fuerzas militares en el combate “del narcotráfico en todas sus dimensiones”. 

En el plan de Sergio Fajardo sí se habla directamente de sustitución voluntaria, así como de la persecución de los eslabones más fuertes de la cadena. Por su parte, Rodolfo Hernández menciona que es prioritario solucionar los problemas económicos que impiden una disminución de las cifras. La candidata Ingrid Betancourt aún no ha publicado su plan. 

Solo Gustavo Petro habla de un cambio de paradigma frente a la guerra contra las drogas con un enfoque más centrado en la garantía de los derechos humanos, “la sustitución de tierras y economías”, y menciona explícitamente la prohibición de las aspersiones con glifosato. 

Sea quien sea el próximo presidente, los campesinos del Catatumbo están organizando una asamblea regional con la idea de elaborar entre todos “una propuesta de los campesinos de la región (sobre) cómo queremos la sustitución de los cultivos de uso ilícito y que esa propuesta sea presentada al próximo presidente”, le dijo  a Mutante Olger Pérez, vocero de Asuncat. 

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