Saúl Eduardo López regresó solo a Alauca, el pueblo en el que nació en Honduras. Volvió el 23 de junio de 2025, seis años después de que se fue. Había tomado la decisión de migrar porque no conseguía trabajo. Pero no volvió igual. Saúl fue obligado a regresar. Fue deportado, dejando en Estados Unidos a la familia que conformó en su camino de migrante. 

Pensó que como barbero podría ir hasta  EE.UU poco a poco, trabajando en distintos pueblos, porque siempre hay gente que necesita cortarse el pelo. Pero estando en Guatemala llegó la pandemia. Allí conoció a quien se convirtió en su esposa. Tuvieron una hija que creció mientras sus padres se preparaban para continuar con la siguiente etapa del viaje. 

La familia decidió seguir el camino a finales de 2022. Trabajaron en diversos pueblos de Guatemala y México, hasta que el 23 de mayo de 2023 llegaron a la frontera y se presentaron ante las autoridades migratorias de Estados Unidos. Los procesaron y, tres días después, los subieron en un bus y los llevaron a Nueva York. Con un proceso de asilo abierto y presentándose ante la jueza asignada, Saúl se enteró en febrero de 2024 que el caso de su núcleo familiar había sido desestimado. Pensó que podían quedarse en el país trabajando como lo venían haciendo: en la construcción, en la limpieza. Pero, el 11 de junio de 2025, vio su mayor miedo a los ojos: oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo interceptaron cuando regresaba a su casa desde su trabajo en una construcción. Le quitaron el celular, se lo llevaron, lo encerraron y lo esposaron de pies, manos y cintura.

Para entonces, la actual administración de Estados Unidos llevaba poco más de cinco meses, y estaba cumpliendo su promesa de campaña: la expulsión de las personas migrantes en situación irregular. El 20 de enero, el Gobierno estadounidense inhabilitó la aplicación CBP One, en la que las personas podían programar sus citas para pedir asilo —entre otros servicios— siempre que estuvieran en México, en un territorio en el que funcionaba el programa. Miles de personas en México, que esperaban el día de la cita, vieron cómo se cerraba esta puerta para la “migración legal” de la que hablaba el gobierno estadounidense. Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos firmó una orden para eliminar el “parole humanitario”, una política del gobierno anterior que dio un estatus legal a más de medio millón de personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. En mayo, la Corte Suprema confirmó esta orden. En abril, la nueva administración aseguró que no renovaría el Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a casi 300 venezolanos. 

Estas decisiones, sumadas a un discurso de criminalización de los migrantes y al despliegue de ICE para realizar redadas, ir en busca de migrantes o de quienes “parecieran” serlo, sumió a millones de indocumentados en un estado de terror.

Uno de ellos fue Saúl. El 11 de junio de 2025 iba caminando hacia su casa, donde lo esperaban su esposa y su hijita de dos años. “No pude llegar a la casa ese día. Ella me quedó esperando. Fue algo bien triste porque ya no pude ver a mi familia. La niña sufrió mucho porque todos los días me esperaba. La mamá le decía que se calmara, pero lloraba mucho por las noches”, recuerda. Desandar el camino que recorrió durante tres años y medio, y dejar la ciudad que habitó por dos le costó 12 días en una cárcel en Nueva York, luego en un centro de detención en Texas y, finalmente, en un vuelo al que lo subieron esposado junto a 74 migrantes más, y que aterrizó en San Pedro Sula (Honduras).

Todas las personas de ese avión hacen parte de un flujo migratorio inverso, o migración norte-sur; así lo empezaron a notar desde enero las organizaciones civiles. “Los albergues (en Ciudad Juárez, México) normalmente estaban llenos y a finales de enero estaban vacíos. Estos discursos empezaron a generarles temor (a las personas migrantes) de estar en los albergues y en la vista pública, justamente por las políticas de externalización de fronteras que estaba tomando México para inicios de este año”, cuenta Ivanna Herrán, coordinadora regional del proyecto de Intercoonecta del Centro de Formación de Cooperación Española, y especialista en Movilidad Humana de la organización de cooperación Ayuda en Acción. La gente empezó a deshacer el camino.

El cambio en el flujo migratorio fue así: en 2023, cerca de 520.085 personas cruzaron el Tapón del Darién como parte del trayecto para llegar a Estados Unidos (sur-norte), según el Servicio Nacional de Migración de Panamá. En 2024 fueron 302.203. En enero de 2025 fueron 2.229 y en mayo, 13. Ante esta caída, el gobierno panameño cerró la estación migratoria principal de la zona y declaró “clausurada” la ruta. 

Mientras tanto, el flujo en el camino inverso aumentaba, aunque las cifras son menos claras. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Honduras estimó que entre enero y agosto de 2025, 19.948 personas hicieron el tránsito norte-sur. El 97 % eran venezolanos. En Panamá, el número de personas en migración inversa era de 15.527 hasta el 2 de agosto de 2025, según las autoridades nacionales migratorias. 

Pero la ruta no acaba ahí. Como el gobierno panameño cerró la ruta selvática del Darién, los migrantes, en su mayoría venezolanos, siguen por nuevas rutas marítimas: por el Caribe o por el Pacífico panameño y colombiano. Migración Colombia llama a este fenómeno “flujo inverso”, y según su último informe, entre enero y el 15 de septiembre de 2025, la cifra era de 16.852 personas.

Este camino inverso ha resultado peligroso y solitario para los migrantes: no solo están expuestos a grupos armados, sino que no tienen alimentos ni atención en salud, porque la mayoría de organizaciones que brindaban ayuda humanitaria en Colombia se retiraron del terreno por la pérdida de fondos económicos tras el cierre de USAID, la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos, y la baja afluencia de migrantes en el camino Sur-Norte. Ayuda en Acción, por ejemplo, cerró proyectos en Honduras, Guatemala y El Salvador, donde brindaban apoyo psicosocial, ayuda legal y alimentación. Por otro lado, Médicos Sin Fronteras cerró seis proyectos en Panamá, Honduras, Guatemala y México debido a los cambios en las rutas migratorias”

“Es una migración más empobrecida, porque ya se endeudaron, ya vendieron todo, ya perdieron todo su dinero y ahora están regresando sin nada en sus territorios. Muchos de los que entrevistamos han sido secuestrados, al menos una vez, sobre todo en México, y sus familias se endeudaron para poder liberarlos”, narra la especialista en esta materia Ivana Herrán.

Respecto a los deportados, los datos del diario El País, cuya fuente es ICE, muestran que alrededor de 170 mil personas han sido deportadas entre enero y agosto de 2025, aunque no transparentan las nacionalidades ni está disponible esa información en la página oficial de la oficina gubernamental. Sin embargo, según la página TRAC Reports, que monitorea las actuaciones del gobierno estadounidense, las personas que tienen órdenes de deportación son muchas más: 470.213 con corte a agosto de 2025. La lista de nacionalidades con más órdenes de deportación la encabezan México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Colombia, sumando 370 mil, un número que no para de aumentar.

Y luego están quienes siguen varados en el camino, especialmente en México.

México: una nueva frontera

Nelly Cantú lleva diez años inventando formas en las que un libro, un cuaderno, algunas revistas y unos colores se vuelvan posibilidades de juego para los niños y niñas migrantes en la ciudad de Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos. Les ha leído cuentos, han hecho “quitapesares” y han dibujado sus mochilas con las cosas que quieren llevar a su viaje. Han aparecido bicicletas que tuvieron que ser abandonadas porque huyeron rápidamente de su territorio, o el nombre de su perrito o su vaca que quedó atrás.

El año pasado, esas mochilas viajaban al norte. Este año, las mochilas migrantes siguen en México y muchos de sus dueños tienen intenciones de permanecer allí. El albergue que más frecuenta Nelly llegó a alojar a 150 personas el año pasado. Este agosto tiene 30. Pero ella sabe que las 120 que faltan no alcanzaron todas a cruzar la frontera, entonces “¿Dónde está la gente?”, se pregunta. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de México, entre enero y mayo de 2024 había 1.4 millones de “personas en situación migratoria irregular” en el país. Unas entraron a Estados Unidos ese año, otras se devolvieron en 2025 y deshicieron el camino. Pero, en México se quedaron miles. Según la misma fuente, a julio de 2025 había 119.183 personas en esta misma situación irregular que tuvieron algún contacto con la institucionalidad, y la mayoría son venezolanos: 29.850. El resto, las que no se han acercado a las autoridades, no es claro dónde están.

Víctor Escobar, responsable para Latinoamérica de Médicos Sin Fronteras, explica por qué: “Uno, porque México es muy grande, entonces esa población se diluye en ese territorio geográfico. Y dos, porque hay menos ojos testigos, menos respuesta para la población migrante a raíz de los recortes a la financiación para la ayuda humanitaria”, explica. 

Esta población necesita atención urgente y especializada. Ivanna Herrán explica que han evidenciado una afectación grave en la salud mental, especialmente cuando cancelaron CBP One: “vimos crisis de pánico, depresión, gente de la que decían ‘es que antes era súper alegre esta persona, pero en cuanto cancelaron la aplicación ya no habla, ya dejó de comer’. (…). La crisis de salud mental es que la gente no ha podido rehacer sus proyectos de vida, de estar en un terreno desesperanzador, de sentir mucha xenofobia, temor, mucha incertidumbre. Y el pánico de quienes vienen huyendo, por ejemplo mexicanos o centroamericanos huyen de sus agentes persecutores, y ya no pueden, hay cero oportunidades, y saben que esos agentes están cerca”, explica.

Médicos Sin Fronteras ha detectado un aumento en las consultas de salud mental, a pesar de que las consultas generales han disminuido. También aumentó la cantidad de pacientes que necesitan psicofármacos.

Estas organizaciones trabajan con la población que pueden, pero no es suficiente.

Esta dificultad de atención tiene una de sus explicaciones en la falta de identificación de los migrantes. La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) fue desfinanciada: este año el gobierno mexicano redujo su presupuesto, dejó de recibir fondos de la Comisión Integral de la Frontera Sur y, además, sufrió los recortes a Acnur, que también destinaba dinero a la Comar.

Como consecuencia, los trámites de regularización, que antes ya eran lentos, ahora son prácticamente imposibles. Esto lo han observado desde la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Internacional y Nacional (Cafemin). Mario Berzosa, director de incidencia, lo dice claramente: “La institucionalidad para las personas mexicanas deportadas está, pero para los que no son mexicanos no la hay”, y agrega: “La Agencia de Desarrollo de Estados Unidos había firmado un convenio para invertir en la Comar y eso no se logró”.

La regulación migratoria es clave para las personas migrantes. La solicitud de asilo, por ejemplo, les permite tener un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con el que pueden acceder a un contrato laboral. Además, la Comar también hacía procesos de asistencia para el acceso a la escuela o a los servicios médicos, pero esto tampoco sucede ahora.

Ante la desprotección, las consecuencias para las vidas de las personas migrantes en México son graves. “Es difícil ver cómo en el campamento todas estas personas son vistas como explotables, porque no tienen papeles ni irán con la policía: muchas mujeres se dedican al trabajo sexual porque les da dinero para alimentar a su familia al día; los niños y niñas asumen responsabilidades de proveer a sus familias y no tienen ningún acceso a la seguridad social”, india Berzosa.

Así, México se ha convertido en una nueva frontera.

Frente a este panorama, organizaciones como Ayuda en Acción ofrecen a las mujeres, familias y personas LGBTIQ+ migrantes, acompañamiento integral en su programa “Casas de Transición”, que incluye apoyo psicosocial, ayuda legal y alojamiento, así como formación y ayuda para encontrar trabajo. Otras, como Cafemin ofrecen una ruta de atención que contempla desde una evaluación médica y una asesoría jurídica, hasta el apoyo para integrarse localmente a través de proyectos de emprendimiento. También acompañan otras organizaciones, como Las Vanders, una ONG feminista que este año, ante el cambio en el flujo migratorio, ha transformado sus labores de acompañamiento. 

Esta organización, desde el principio feminista del cuidado, ve su trabajo como lo que la palabra significa textualmente: estar o ir en compañía de otros. Ya sea para ir a una cita médica o para acceder a un trámite. “Cuando una persona se mueve nadie piensa en el gasto de las maletas, o en que las personas necesitan a alguien que les acompañe a realizar los trámites. Entonces nosotras nos enfocamos en tratar de tejer redes de apoyo entre nosotras y las distintas compañeras”, cuenta Selma Maxinez, codirectora de Las Vanders.

Además de esto, también están organizando lo que han llamado “actividad de la felicidad”, que es una actividad de bienestar al mes con las personas migrantes de los albergues: un bingo, un viaje largo en Metrobús para aprender a usar este transporte, una visita al Bosque de Chapultepec o a la Basílica de Guadalupe, donde muchas mujeres migrantes anhelaban ir.  Aprender a moverse y vivir la ciudad es especialmente importante para las personas que no tienen la posibilidad de retornar a sus países y que, aunque no lo deseen, quedarse en México es su opción más viable.

Honduras: una política migratoria confusa

Los primeros días en los que Ana, de dos años e hija de Silvia Leticia Contreras, estuvo en la casa de su abuela en El Progreso (Honduras), lloraba mucho. Le decía a Silvia: vámonos, mamá, vámonos para la casa.

La casa a la que se refería era el apartamento en el que vivieron entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 en Houston, Texas (EE.UU.). La única casa que ella recuerda, porque apenas iba a cumplir dos años cuando Silvia la tomó en sus brazos y se subió con ella en un carro, luego en un bus, y así sucesivamente, durante 12 días. Atravesaron dos países y se entregaron en la frontera de México con Estados Unidos buscando mejorar la vida de las dos. Silvia tenía 19 años cuando se sumó al millón y medio de hondureños que, según el censo de Estados Unidos, viven en este país. De estos, alrededor de 600.000 no tienen un estatus regular.

“En el 2024 llegamos a tener un poco más de 545.000 migrantes en tránsito. Ya este año eso ha bajado más de un 90 %. Y asimismo los flujos de hondureños. Sin embargo, hay que decir que la situación política, económica, social y ambiental del país no ha cambiado. Las razones por las que la gente decide irse se siguen manteniendo”, explica César Ramos, coordinador del área de Gestión e Incidencia del Programa de Movilidad Humana de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) de Honduras.

Ramos asegura que los hondureños abandonan su país debido a la pobreza (en 2024 el 62.9 % de la población era pobre, según el Instituto Nacional de Estadística, diez puntos porcentuales menos que en 2021). Pero, también la huída se debe a otras razones como la falta de empleo digno, de acceso a la vivienda y a la violencia causada por maras y pandillas. 

A esa realidad volvió Silvia Leticia el 19 de febrero de 2025, tres días después de su cumpleaños número 21. El martes 18 de febrero tenía cita en la Corte. Fue con su hija a presentarse, como siempre. Llegó, le quitaron el celular y le dijeron que sería deportada. Las subieron a un bus que las llevó a San Antonio (Texas), las dejaron en un hotel algunas horas y, en la madrugada, las fueron a buscar: el avión hacia San Pedro Sula estaba listo para la deportación.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración en Honduras, 24.500 connacionales retornaron al país entre enero y agosto de 2025, la mayoría fueron deportados desde Estados Unidos. Aunque esta cifra no es muy distinta a la del año anterior en el mismo periodo (22.500 aproximadamente), César Ramos insiste en que no se le puede restar importancia, porque el perfil de los retornados cambió.

“Anteriormente teníamos un mayor porcentaje de personas que retornaban, mayoritariamente de México, que llegaban hasta ahí y no podían cruzar la frontera. En este año 2025 creo que el 80 u 85 % de las personas que retornan vienen de Estados Unidos”, explica Ramos. Estas son personas, que llevaban más de cinco años viviendo allá, habían mejorado su economía e incluso tenido hijos nacidos en ese país, por lo que la deportación es “un balde de agua fría”. “Entendemos nosotros que hubo un desarraigo de su país de origen, un arraigo en el país de destino, en este caso Estados Unidos, y que ahora sienten que su arraigo es Estados Unidos, no en Honduras”, precisa. La deportación es un nuevo desenraizamiento.

Como una forma de atender a la vulnerabilidad causada por el retorno, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que se define como socialista, declaró un “estado de emergencia migratoria” el 8 de febrero de 2025. Para atender la crisis definió una serie de acciones, entre las que está el programa “Hermano, Hermana, Regresa a Casa”. Este contempla la atención a los retornados en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR); la entrega del bono “Llegaste a casa” para mayores de edad, por valor de 2.600 lempiras (100 dólares) y de un bono de alimentación de 4.000 lempiras (152 dólares) por persona, dividido en dos cupones de canje de alimentos y productos de higiene personal.

A Silvia le entregaron cuatro de estos bonos porque venía con su niña. Además, el programa también da a los retornados los pasajes para volver a sus ciudades o pueblos de origen. Saúl también los recibió.

De acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a Mutante, al 27 de agosto de 2025, 21.538 personas migrantes retornadas (de 22.088 que tienen en sus registros) recibieron el bono “Llegaste a casa”, para una inversión total de 55.998.800 lempiras (dos millones de dólares) que “representa no solo un recurso financiero, sino también un gesto de reconocimiento, respaldo y solidaridad del Estado de Honduras a quienes, tras vivir una experiencia migratoria compleja, regresan a reconstruir sus vidas en el país”, dice el documento respuesta de la institución. 

Sin embargo, este programa no ha estado exento de polémicas. Una investigación del medio de comunicación independiente Contracorriente, publicada el 25 de agosto, denuncia que varios empleados de Sedesol fueron reportados como beneficiarios del programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, por el valor de 22 millones de lempiras (más de 800 mil dólares). Sedesol explicó se debió a que no tenían pagadores para realizar las entregas en efectivo a la población, por lo que los empleados asumieron esta labor. Aún así, el trabajo periodístico revela inconsistencias en las entregas, como bonos incompletos.

Por otro lado, el programa contempla la entrega de mil dólares en insumos como capital semilla y la facilitación de créditos bancarios. El programa Senprende, responsable de este trabajo, no dio respuesta sobre el avance de estas acciones, que resultan vitales para que los y las retornadas se queden en el país. Por ejemplo, cuando Silvia volvió al país se dio cuenta de que estaba embarazada, por lo que decidió no buscar trabajo remunerado y dedicarse al cuidado de su hija. Pero se pregunta qué podrá hacer después de parir. “A ratitos he sentido tristeza, porque digo… uno sin trabajar, si se quiere comprar sus cosas, no tiene. Allá (en Houston) trabajaba y le daba a la niña. Ahora tengo poquito, pero tengo a mis hermanos y a mi mami”, reflexiona. Más allá del programa de atención a los retornados, la política migratoria de Honduras es confusa. La presidenta ha defendido públicamente la honra de los migrantes hondureños que están en Estados Unidos, e incluso llegó a plantear cambios en la relación con este país que “sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras”, dijo en la instalación del Parlamento en enero de 2025. 

Sin embargo, en febrero, la Cancillería de Honduras confirmó que en la base militar conjunta de Estados Unidos y Honduras, Comayagua, aterrizó un avión con 170 migrantes venezolanos deportados, quienes hicieron un “trasbordo humanitario” a otro avión con destino a Venezuela. Luego, en junio, este país centroamericano firmó un acuerdo con EE.UU. para recibir en su territorio y ofrecer refugio temporal a quienes soliciten asilo en Estados Unidos. 

Colombia: acciones tardías e insuficientes

Daniel* estaba detenido en el Centro de Procesamiento de ICE Pine Prairie, en Luisiana, cuando estalló la tensión diplomática entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, el 26 de enero de 2025, en la que el primero se negó a recibir dos vuelos militares de deportación en los que las autoridades estadounidenses transportaron esposados a los colombianos. Como respuesta, el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer sanciones económicas al país suramericano, es decir, sus ya muy nombrados aranceles. Fueron horas de tensión en las que Daniel, un hombre colombiano de 45 años, esposo y padre de tres hijos adolescentes, rogaba para que el hecho no retrasara aún más su espera para ser deportado.

Habían pasado ya casi cuatro meses desde que Daniel tomó el primer avión de su viaje migratorio. Llevaba casi el mismo tiempo buscando trabajo, después de perder el que tuvo por 14 años. Trabajó informalmente aquí y allá, pero no era suficiente para sostener a su familia. Entonces, una familiar que vive hace más de seis años en Estados Unidos, le propuso migrar. Prestó plata. Se endeudó. Y tomó un avión hacia la Ciudad de México, donde lo esperaría un coyote para llevarlo a Tijuana y acercarlo a la frontera. El plan era que allí Daniel se entregaría a las autoridades migratorias, pediría asilo, estaría tres días detenido mientras lo procesaban y lo dejarían en libertad en el país norteamericano. Como lo hizo Silvia Leticia y millones más. Pero no fue así.

En México fue retenido por las autoridades migratorias durante varias horas, antes de que finalmente lo dejaran entrar al país. Pero no corrió la misma suerte en Tijuana. Yendo a la frontera en carretera, guiado por un hombre enviado por un coyote (una persona que lleva a los migrantes a cruzar la frontera), terminó en manos de oficiales mexicanos que le requisaron su morral, su ropa y empezaron a amenazarlo: vas para la frontera, tienes plata, te vamos a vender al cártel. “Me subieron en la camioneta y me dieron una vuelta por allá. Eso era un desierto. Yo dije: me van a matar. Me decían: ‘¡llama a tus familiares!, ¡¿tienes más plata?!’ En la billetera tenía 500 dólares y les dije: ‘llévense la plata y déjenme tranquilo’”. Lo dejaron en el desierto. Caminó 40 minutos siguiendo el gps de su celular hasta una estación de gasolina, luego pidió un Uber hasta el aeropuerto, el único lugar que conocía.

Cuando se comunicó con el coyote, éste le aseguró que lo llevaría. Y así lo hizo. Llegó a la frontera después de andar cuatro horas por carretera, de estar varias horas más en una casita en medio del desierto con siete migrantes, entre ellos, dos niños salvadoreños y dos nicaragüenses, de andar dos horas más por trocha a bordo de una camioneta, y de caminar 40 minutos en medio de la noche, incluso cruzando un río. Los oficiales de ICE lo hicieron ingresar para procesarlo.

Los tres días que Daniel esperaba estar en el Centro de Detención de Yuma se transformaron en casi cinco meses de incertidumbre y malos tratos en cinco centros de detención distintos, en Arizona y Luisiana. Siempre vestido con un uniforme verde, que indicaba que no había cometido un delito (más allá del ingreso sin documentos al país), sin información sobre su proceso, con citas en la corte que le aplazaron a discreción, y sin saber cuándo lo iban a deportar.

Comió mal. Durmió mal. Pasó frío. Le impidieron bañarse durante siete días. Lo esposaron de manos, pies y cintura. Perdió diez kilos de peso. Estuvo la navidad de 2024 y el año nuevo de 2025 encerrado sin poder comunicarse con su familia. Vio situaciones de violencia que no se atreve a pronunciar. Y aún así, el único momento en el que se le salen algunas lágrimas, mientras está sentado en un centro comercial de Bogotá, en agosto de 2025, es cuando cuenta el día de la deportación.

Estaba en el centro de detención Pine Prairie esperando que llegara una persona con la lista de quienes serían deportados. Intentó estar lo más aseado posible para el momento en el que dijeran su nombre. Cuando lo nombraron y se enfiló a subir, esperó que lo esposaran, como a todos los demás, pero no pasó. Daniel aterrizó en el aeropuerto El Dorado a las dos de la madrugada. Recibió un kit de aseo, llenó una encuesta de caracterización, contactó a su familia para avisarles que llegó y se fue a casa. 

Poco tiempo después, lo llamaron para invitarlo a un almuerzo con la entonces canciller Laura Sarabia. Asistió con su esposa. Escuchó a otros migrantes. “Nos dijeron que nos iban a ayudar. Dimos los contactos. Después una persona me contactó por WhatsApp para tomar mis datos para acceder a oportunidades de créditos blandos, pero eso quedó ahí”, cuenta con decepción.

Para responder a los retornados, el Gobierno de Colombia recurrió a la Ley 2136 de 2021, que establece el marco legal de la Política Integral Migratoria y a la Ley Retorno (Ley 1565 de 2012). Aunque el organismo responsable es la Cancillería a través de Migración Colombia, la atención ha quedado a cargo del Departamento de Prosperidad Social (DPS). De acuerdo con la respuesta oficial del DPS a este medio de comunicación, a corte del 2 de septiembre, se han atendido a 5.499 connacionales de 6.696 que han retornado, es decir, al 82 % del total.

La gran mayoría de estos, según una respuesta de Migración Colombia a Mutante, son personas que fueron deportadas desde Estados Unidos: 6.003 colombianos hasta el 30 de agosto de 2025. En 2024 la cifra fue de 14.199.

La atención se basa en “las necesidades particulares” de los retornados. “Durante la fase inicial de atención humanitaria —al momento de la llegada al país— se han dispuesto mecanismos para la recepción, orientación y entrega de ayudas inmediatas (Kits de aseo para mujeres, hombres y niños y niñas; refrigerios, hospedaje y transporte)”, explican desde el DPS. Luego, como una segunda fase, han invitado a los retornados por SMS, mail y WhatsApp a diligenciar una encuesta de caracterización que “permite perfilar a la población retornada y vincularla con la oferta social y productiva del Estado, conforme a lo establecido en la Política Integral Migratoria (Ley 2136 de 2021)”. Esta encuesta, sin embargo, solo la han completado 478 personas.

Otro punto importante es el Registro Único de Retornados (RUR). Pero este formulario de la Cancillería es de registro voluntario y en él figuran apenas 890 personas provenientes de Estados Unidos, Chile, España y Panamá.

A los ojos de expertas, pero también de retornados como Daniel, estas acciones son insuficientes. En primer lugar, porque la Ley de Retornados no está diseñada para esta situación. “Esa es una ley pensada para cerebros fugados. Es decir, para una migración cualificada. Pero no está pensado para personas que llegan en situaciones muy precarias, que han vivido en otro país por mucho tiempo trabajando en condiciones adversas para conseguir los recursos y volver”, explica Carolina Moreno, directora del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes y cofundadora de la Clínica Jurídica para Migrantes.

Esta ley menciona cuatro tipos de retornos, pero ninguno encaja en la situación de personas como Daniel. De hecho, uno de los requisitos que deben cumplir los retornados para acogerse a ella es “acreditar que ha permanecido en el extranjero por lo menos tres años”. 

Si las opciones para los propios colombianos deportados son insuficientes, entonces, ¿qué hay para los migrantes que están de paso mientras siguen su camino al sur o ven posibilidades de quedarse en Colombia?

Para Donna Cabrera, experta en migración y profesora de la Universidad Javeriana, hay una oportunidad en los centros Intégrate, una iniciativa de años atrás, hoy en manos del Ministerio de la Igualdad, para brindar una asesoría especializada en temas de salud, educación, empleo, regularización. “La existencia de esos centros también pueden apoyar en la referenciación para las personas que han sido deportadas o que han retornado. Eso les facilita un poco el acceso a servicios”. Para esto, señala, es necesaria una articulación con las autoridades departamentales y municipales.

Por otro lado, están las necesidades de las personas en tránsito migratorio, pero varadas en Colombia. “[Esas personas] necesitan que sus hijos se puedan escolarizar, un lugar de habitación, un ingreso para vivir, acceso a la salud. Las mujeres necesitan acceso a la salud sexual y reproductiva. Y no tenemos de donde hacerlo, entre otras cosas, porque la atención humanitaria, la cooperación se fue”, agrega Carolina Moreno. No existe una política pública que responda a todas estas necesidades, además, señalan ambas expertas, no se puede hacer si no hay información sobre las necesidades de las personas migrantes y las retornadas. La polémica de Petro con Trump, en enero de 2025, es lo más cerca que ha estado este gobierno de poner este tipo de migración entre sus prioridades.

La oferta de servicios que hace falta para quedarse con bienestar

Volver al país de origen o estar en un país de acogida puede ser una estación más del camino migratorio. Lo que hace la diferencia entre quedarse y volver a irse es qué encuentran las personas en el territorio. Qué posibilidades tienen para echar raíces.

En los casos de quienes migran por conflictos armados, violencias de género o crisis medioambiental, por ejemplo, la idea de volver y quedarse en ese territorio resulta incompatible con el bienestar. Ivanna Herrán sostiene que para responder a las necesidades de la población, ya sea que haya vuelto a su lugar de origen o esté en un tercer lugar, es necesario generar arraigo a través de estrategias integrales. Esto es pensar en la reintegración económica, pero también social en la comunidad, y brindar atención en salud mental y educación.

Pero en ninguno de los tres países hay estrategias gubernamentales en funcionamiento que atiendan integralmente a la población. En cuanto a la salud mental, ésta queda en manos de las organizaciones civiles que, con pocos recursos, continúan en el terreno. En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud formuló una estrategia de acompañamiento psicosocial dirigida a “población migrante, población colombiana retornada y comunidades de acogida o receptoras” en marzo de 2025, pero esta entidad no respondió sobre los avances de la estrategia.

Un proceso de acompañamiento pudo haber ayudado a Daniel a aliviar las secuelas de haber pasado casi cinco meses detenido en Estados Unidos. “Duré como ocho días sin dormir. Me levantaba asustado cada dos horas y miraba: sí, estoy en mi casa. Brincaba en la cama. Me dice mi esposa que un día dormí 15 horas. Al principio me tocaba salir del cuarto porque no encontraba cómo dormir con ella, me sentía observado. Dormía como una tabla, porque sentía aún que si me volteaba me iban a robar”, cuenta después de pensar un rato si su salud mental se afectó. Esto sin hablar de que la razón por la que se fue (no encontrar un trabajo digno) sigue vigente.

Saúl y Silvia Leticia, en Honduras, también se han sentido profundamente tristes, derrotados y preocupados. Él, por la familia que dejó en Estados Unidos y que espera que regrese en pocos meses. Ella, porque ha recibido burlas de algunos vecinos y porque pronto va a tener una nueva hija. “Deben ayudar a las madres solteras que vienen llegando, porque aquí en Honduras no se encuentra un buen trabajo. Es comenzar de cero”, propone.

Ante las fallas en la reintegración de las personas retornadas y la integración de las personas migrantes, dice César Ramos, desde Honduras, algunas han vuelto a migrar a las pocas semanas, esta vez hacia Europa. 

La situación, afirman las expertas consultadas, se complejiza cuando se empiezan a hacer cuentas a futuro. Hasta ahora, el gobierno Trump no ha aumentado las deportaciones a estos países significativamente, en comparación con años anteriores. Sin embargo, con la entrada en vigor de la ley republicana ‘One Big Beautiful Bill’, se aumentan los fondos para ICE, justamente destinados a “la contratación y retención de personal y apoyar las operaciones de cumplimiento de la ley y deportación”, según el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. Esto aumentó las capacidades de deportación del país norteamericano a partir de julio. En Colombia, el número de deportados pasó de 559 en junio a 1.012 en agosto, según los datos oficiales.

A esto se suma la contratación de más jueces de inmigración, cuyos resultados también se ven. Solo en un mes, de julio a agosto de 2025, hubo 100 mil resoluciones de deportación más para nacionales de México, Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, según los reportes de TRAC Reports observados por Mutante.

Los países no están preparados para ofrecer oportunidades de reintegración y de acompañamiento a miles de retornados más, como parece que sucederá. Menos han demostrado estarlo para atender a quienes hacen el flujo inverso, es decir, personas que no pueden simplemente volver a sus países y cuyo camino de regreso se alarga en terceras naciones. Pero lo deben hacer, y para eso se necesita colaboración. “En las organizaciones antes hacíamos todo solos, pero ya no llegamos, entonces debemos aliarnos. Denunciamos que los Estados están fallando a nivel de regularización e integración, pero también hay dependencias de gobiernos que están abiertas y que, incluso sin dinero, están dispuestas a trabajar con la sociedad civil”, cuenta Ivanna Herrán sobre el trabajo con gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras y Costa Rica donde han empezado a conectar a las comunidades de base con las organizaciones y tomadores de decisiones para buscar soluciones.

En esa misma línea, la experta Donna Cabrera propone un trabajo arduo con las autoridades locales y las comunidades de acogida en el que se comience por recibir sin estigmas a la gente: “derribar ese mito de que si las personas fueron deportadas fue porque cometieron un crimen. No tenían un permiso de residencia, pero eso no los criminaliza”, afirma.

Todo indica que la política de Trump no va a cambiar. La responsabilidad de los países es ofrecer opciones para que la gente vuelva a echar raíces. En este punto, la atención en salud mental y física, la reintegración económica, la regularización y el acceso a la justicia es clave. Hasta ahora, una parte de esta responsabilidad las llevan las organizaciones que, sin financiamiento, no saben cuánto más podrás resistir. La búsqueda de soluciones dignas para quienes ya regresaron, quienes están haciendo el camino de regreso, y también para quienes no pueden volver a sus países, es un camino de alianzas grandes y de solidaridad.

–

***Este texto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el apoyo de Ayuda en Acción y el Centro de Formación de la Cooperación Española. Está producido bajo la política de independencia de Mutante, así como bajo su código ético.