Este fue el primer Año Nuevo que Ana* pasó en la cárcel. Tiene 25 años y lleva siete meses detenida en El Buen Pastor en Bogotá. “Yo tengo muchos delitos encima”, dice a través de una llamada telefónica, y los enumera: terrorismo, concierto para delinquir, secuestro simple, tortura, lesiones personales, daño a bien ajeno. Por estas acusaciones la Fiscalía busca una pena de cárcel de más de treinta años. 

El hecho principal por el cual le imputan los cargos –y del que prefiere no dar detalles para proteger su seguridad y el proceso que tiene abierto– ocurrió en Suba, pero Ana asegura que en el momento en el que ocurrió ella estaba en Chapinero, y que lo que querían era detenerla. “Cogieron todos los delitos más graves para tenerme encerrada”, dice. 

En su espalda Ana tiene una lesión causada por el disparo de una granada aturdidora lanzada por el Esmad. Esa cicatriz le recuerda el momento en el que todo comenzó: el primer día que participó en las protestas del Paro Nacional de 2021, sin imaginar que seis meses después, en octubre, sería capturada. A partir de esa fecha estuvo siete meses en prisión domiciliaria, luego un año bajo la figura de “fuga”, y en mayo de este año fue detenida nuevamente y llevada a un patio de seguridad de la cárcel.

A 180 kilómetros de Bogotá, Juliana Higuera, de 23 años y quien también participó en las protestas, recuerda desde Paipa: “Hoy, hace dos años, yo estaba detenida”. Desde 2021 enfrenta un proceso judicial por concierto para delinquir, un delito asociado al paro. Ella vive en ese municipio de Boyacá junto a su hija de siete años, y actualmente está en libertad a la espera de que avance una audiencia que ya ha sido aplazada tres veces en el último año. “Yo pensé que 2023 iba a ser el año en el que todo esto iba a terminar”, dice. Pero esto no pasó. 

[Aquí te contamos la historia completa de Juliana y otros seis jóvenes de Paipa detenidos tras las manifestaciones de 2021.]

Ana y Juliana están entre las 537 personas con captura legalizada por hechos relacionados con las protestas del 2021, según una respuesta que la Fiscalía entregó en agosto de 2023 a un derecho de petición del Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP). La mayoría de estos casos se encuentran en el Valle del Cauca (134), Bogotá (94) y Antioquia (53). 

Para Alejandro Ramírez, abogado del Comité, estas judicializaciones parecen tener unos objetivos muy claros: “Infundir el temor a ejercer el derecho fundamental a la manifestación, crear un estigma mediático sobre quienes se manifiestan y privar a la movilización social de quienes ejercen el liderato de sus reivindicaciones”.

El balance de la promesa incumplida

A finales de 2022, poco después de asumir el mandato, el presidente Gustavo Petro dijo que cientos de jóvenes detenidos por las protestas serían “liberados antes de Noche Buena” de ese año. 

“Cuando vimos la noticia de que Petro había ganado nos arrancamos a llorar”, recuerda Ana. “Luego [con el anuncio de la creación de las vocerías de paz] se me volvió una esperanza demasiado grande, pasar de tener cero expectativas a pensar en ser vocera”, cuenta. Empezó a organizar los documentos y avanzar en trámites con su abogado.

La figura de las vocerías de paz está contemplada en la Ley 2272 de 2022, que tiene como objetivo establecer la política de paz como política de Estado e identificar como posibles voceros a integrantes de organizaciones sociales privados de la libertad. La idea era establecer una interlocución con líderes de la movilización, en el marco del proyecto de Paz Total.

Su labor sería transmitir al gobierno las reivindicaciones del Paro Nacional de 2021 y de los sectores que participaron del mismo, con el objetivo de involucrarlos en los diálogos alrededor de la paz.

“La labor de los voceros de paz parte de un reconocimiento político bastante novedoso, donde se reconoce que la victoria de la paz también radica en la búsqueda de soluciones al malestar social del grueso de la población”, dice Ramírez, abogado del CSPP.

Antes de terminar 2022, el gobierno designó 17 voceros de Medellín, Bogotá, Popayán y Cali. Más tarde, en enero, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que tenían identificados 280 casos potenciales que cumplían con los criterios definidos. 

De las personas nombradas como voceras solo cuatro recuperaron su libertad por cuenta de esa figura, otros por vencimiento de términos de sus procesos y otros continúan detenidos. La Campaña Objetivo Libertad, una organización que ha acompañado a presos del estallido social y sus familias en todo el país, explica que en los casos que conocen es recurrente la aplicación de la “prisión preventiva” con procesos que no avanzan; es decir, las personas están encerradas a pesar de que no han sido condenadas y que las audiencias están estancadas. 

En la opinión pública, las vocerías se empezaron a relacionar con la llamada “primera línea”, como se identificó a los jóvenes que se ubicaban al frente en las manifestaciones. Luego, esa identificación empezó a ser usada por algunas autoridades y quienes rechazaban las protestas para estigmatizar a los jóvenes como “vándalos” y judicializarlos. De hecho, según información del mismo derecho de petición respondido por la Fiscalía, 165 personas tienen captura legalizada en el marco de una línea de investigación llamada “primera línea”. 

La puesta en marcha de las vocerías de paz tuvo múltiples detractores, además del fiscal Francisco Barbosa, quien dijo no entender la figura de voceros de paz. El líder de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe, aseguró también que se estaban otorgando más “beneficios para los integrantes de la primera línea que para algunos integrantes de las Fuerzas Armadas”. 

En medio de un clima de opinión adverso, la esperanza que despertó la promesa presidencial y la figura, se fueron diluyendo, y el objetivo de conseguir la libertad para los jóvenes, no sólo no se ha cumplido, sino que ha enfrentado retrocesos.

“La promesa de Petro fue una promesa difícil de cumplir, que no dependía de él”, dice Silva, del Equipo Jurídico Pueblos. Explica que además de la falta de competencia, el articulado fue insuficiente, ambiguo y que justamente esta falta de claridades fueron una “papaya” para la Fiscalía, que se opuso fácilmente. 

Un vocero de la Campaña Objetivo Libertad, que pidió no revelar su identidad por ser parte de varios procesos, dijo: “Una declaración de ese tipo de una figura como el Presidente genera unas expectativas supremamente altas, pero al no materializarse profundiza un montón las afectaciones psicológicas que genera la privación de la libertad para las personas y sus familias”.

El fallo de la Corte 

El 30 de noviembre, tras casi un año de la expedición de la ley, esta dejó de ser una opción para quienes enfrentan procesos judiciales asociados al paro. Ese día la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-525 de 2023, señaló que las personas privadas de la libertad no podrían salir de prisión con el objetivo de ser declaradas voceras de paz, pues esta determinación podría desconocer procesos legales y judiciales, así como desconocer derechos de las víctimas.

Según la Corte, ”la persecución penal de todos los delitos y, en especial, de aquellos que afectan gravemente los derechos de la población es un mandato constitucional”. Además, frente a la suspensión de órdenes de captura, aseguró que con “su formulación actual, la facultad resulta demasiado amplia e imprecisa si se observa que es aplicable a un vasto universo de criminalidad ordinaria”.

Ana recuerda que esta noticia la “destruyó”, pues era la última esperanza que tenía para salir. “Yo creé una barrera sentimental porque sí tenía muchas ganas de salir y aquí tú manejas mucho la ansiedad y más cuando tienes la oportunidad de volver a estar afuera. Entonces, mi abogado me contó lo que estaba pasando y me dijo que no me ilusionara porque la ansiedad acá lo mata a uno”, dice.

Un día después del fallo de la Corte, el 1 de diciembre, el fiscal Barbosa anunció la reactivación de las órdenes de captura contra las cuatro personas nombradas como voceras que habían recuperado su libertad y que son de Bogotá y Bucaramanga. “Tantos colombianos que sufrieron la pérdida de tantas cosas, de su libertad, de sus derechos, sus bienes, no pueden estar sometidos a que todo el tiempo tengamos un gobierno que piense en los criminales y no piense en la gente de bien”, dijo el fiscal general.

Para hacer efectiva la afirmación de Barbosa, los fiscales a cargo de los casos autónomamente deben solicitar las órdenes a los jueces de Control de Garantías. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ninguna recaptura. 

Las alternativas hacia el futuro

“Muchas de las expectativas para la libertad estaban depositadas en las vocerías, pero se caen al ver que las personas nombradas no salen y al ver el fallo de la sentencia de la Corte”, aseguró el vocero de la Campaña Objetivo Libertad.  

Ese sentimiento acompaña a las demás personas que enfrentan procesos judiciales relacionados con el paro y que avanzan lento. Según datos de la Fiscalía, de los 221 procesos que agrupan a las 493 personas a las cuales ya se les formuló la imputación, solo en 28 casos ya hay ejecución de penas.

Es decir, solo en el 14 % de los procesos judiciales de personas imputadas por delitos enmarcados en el Paro Nacional de 2021 ya hay condena. Los demás procesos siguen en etapas de indagación, investigación y juicio. 

Juliana Higuera, quien hace parte de la Campaña Objetivo Libertad desde donde ha acompañado a distintos jóvenes y sus familias durante estos procesos, dice que muchas de estas condenas han sido posibles debido a presiones de la fiscalía con las cuales obtienen preacuerdos y los sindicados terminan por aceptar algunos de los cargos. 

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que acataría el fallo de la Corte Constitucional, y que formularía y presentaría en el Congreso los proyectos necesarios para cumplir con las consideraciones. Enviamos un cuestionario al Ministerio indagando por los pasos a seguir y las entidades responsables de hacerlo. Sin embargo, hasta la fecha de publicación de este artículo no hubo respuesta.

Los futuros proyectos que contemple el gobierno deberían tener presentes los puntos clave que menciona la sentencia C-525 de 2023. En el caso de la figura de las vocerías de paz, que la Corte dijo no está acorde a la Constitución, es necesario detallar mucho más las funciones de los voceros de paz y especificar de qué manera las solicitudes de libertad serían formuladas y aprobadas por las Cortes y no por el Ejecutivo. 

Por otro lado, quienes están privados de la libertad han mencionado que tienen grandes expectativas con respecto al cambio de fiscal general, que termina este año su periodo. En la Fiscalía el “actual enfoque institucional es un instrumento de miedo y de estigma que ha sido utilizado contra la organización y la movilización social”, asegura Alejandro Ramírez, abogado del Comité de Solidaridad con Presos Políticos.

El reto es que el Ejecutivo, en cabeza de Petro, logre llegar a acuerdos que le permitan avanzar con su interés de vincular a los jóvenes de las protestas en su proyecto de paz, precisando sus intenciones y buscando el aval de la Corte y, en la medida de lo posible, el apoyo de la Fiscalía. 

Aún así, Gloria Silva, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, dice que esta figura no sería una solución de fondo a la problemática de estos jóvenes, e incluso habría que prestar más atención a posibles proyectos de ley enfocados en amnistía e indulto en los que actualmente trabajan varias organizaciones de derechos humanos. Así, el 2024 puede ser un año importante para definir la situación judicial de los más de 500 jóvenes con capturas legalizadas. 

“Si yo pudiera pedir un deseo para el 2024, pediría que el 2024 sea el año en el que nos abrace la libertad y la absolución para todos y todas”, dice Juliana, quien a pesar de estar en libertad, continúa con su judicialización en curso. 

Mientras tanto, Ana tiene una audiencia preparatoria programada para dentro de unas pocas semanas y, por ahora, esta es la única esperanza que le queda para salir de la cárcel. “Cuando me capturaron, yo acababa de cumplir 23 años. El tiempo que llevo perdido acá nadie me lo va a recuperar”, se lamenta. 

*El nombre fue cambiado a petición de la fuente por motivos de seguridad y para precautelar su actual proceso judicial.