Pacha recuerda haber visto y escuchado las avionetas. Pasaron por encima de su casa en Bocas de Fugiadó, un corregimiento del municipio de Medio San Juan, en el Chocó. Sí había coca. Pero cerca de esos cultivos también había matas de plátano, yuca, maíz, caña de azúcar y pozos de peces. Estos últimos, o sea, la comida, los había sembrado ella y su familia. 

Cuando el sonido de las avionetas les alertó, la gente se guardó en sus casas. Pero sobre todo lo que quedó afuera cayó el veneno, incluyendo a las personas que estaban trabajando en el monte. Dos días después, Pacha por fin se decidió a salir. Fue a ver sus peces y los encontró volteados, flotando. Muertos. Se murieron también los cultivos, y hasta los cerdos. Y a los niños y niñas les salieron sarpullidos. Esto pasó varias veces, con mayor intensidad entre 2012 y 2015.

En el Chocó, las aspersiones de glifosato se hicieron durante casi 15 años, y el daño fue tanto que más de cinco mil habitantes de la región del San Juan y del Baudó se movilizaron en 2011 para pedir que pararan. Incluso, las comunidades enviaron una carta al entonces presidente Juan Manuel Santos en la que denunciaban la aspersión indiscriminada sobre cultivos, animales, quebradas y ríos, así como las afectaciones en la piel de niños y personas mayores.

Pero en esa época no estaba en el centro otra cosa que Pacha sí veía: cómo el glifosato afectaba a las mujeres negras rurales como ella. 

Pacha es partera. Hace 38 años que se dedica a cuidar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, antes, durante y después del embarazo, y calcula que ha atendido 9.000 partos. Por esos años, recuerda, hubo muchos abortos espontáneos y partos en los que los bebés venían con malformaciones: traían las orejas pegadas al cráneo, les faltaba una o tenían labio leporino. Y aunque no lo sabían con certeza, la gente decía que se debía al glifosato. Esa realidad se ha documentado en poblaciones que también fueron asperjadas, como Calamar (Guaviare) y Las Mesas, municipio de El Tablón de Gómez (Nariño). E incluso el caso de Yaneth Valderrama, una mujer caqueteña que tuvo un aborto espontáneo y perdió la vida a causa del glifosato, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obliga a Colombia a garantizar a las mujeres rurales el acceso a la salud y a condiciones de vida adecuadas (artículos 12 y 14), y su Recomendación General 34 pide protegerlas de los efectos nocivos de los agroquímicos y asegurar su participación en las decisiones sobre la tierra y los recursos. En 2017, las relatorías especiales de la ONU sobre el derecho a la alimentación y sobre sustancias tóxicas advirtieron que la exposición a plaguicidas afecta de forma desproporcionada a mujeres embarazadas, niñas y niños. Para las mujeres negras rurales, estos daños se suman al racismo estructural que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha pedido enfrentar en su Recomendación General 34 sobre personas afrodescendientes, y a una carga de cuidado que ya es desproporcionada.

Otra situación que observó y vivió Pacha fue la inseguridad alimentaria. ¿Qué se puede comer cuando todos los cultivos fueron envenenados, cuando todos los peces amanecieron muertos, cuando el agua de la quebrada fue contaminada? ¿Qué se deja de atender cuando toca destinar la plata a comprar comida, cuando antes solo se trataba de ir a buscarla?

Apenas unos días después de que Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia, el Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la Resolución 006 que deroga la Resolución 6 de 2015, que prohibía el uso de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea. Después, la resolución 007, que ordena un “plan piloto controlado y evaluable” de erradicación también con aspersión aérea en el Putumayo, esta vez con glufosinato de amonio: otro pesticida que está clasificado como “moderadamente peligroso” para la salud por la OMS (la clasificación del glifosato es “ligeramente peligroso”). 

Más recientemente, la Policía Antinarcóticos solicitó permiso a la ANLA para avanzar con las fumigaciones. Pero el 22 de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa suspendió el piloto, porque no se habían cumplido los requisitos ambientales, sanitarios y de consulta previa fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019. El Gobierno impugnó la decisión, y hoy el caso está en manos del Tribunal Administrativo de Putumayo.

En el plan piloto, según dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino, están siendo “perfeccionistas” con la delimitación de los polígonos. También dijo que el piloto no está diseñado para “experimentar qué le pasa al ser humano cuando le hagan una aspersión con uno de los componentes”, sino que se trata de “alejarlo [al ser humano] y ver qué le causa a la mata”. 

Esta explicación es insuficiente. Las mujeres rurales están preocupadas porque saben, porque lo vieron, que un avión asperjando no diferencia una mata de coca de una de yuca; que los animales no se mueven en polígonos delimitados; y que el agua que se contamina, contamina a la gente. El resultado es gravísimo: las mujeres se quedan sin su economía de subsistencia y deben destinar a comprar comida y agua el dinero que tenían para atender otras necesidades, o deben recorrer largas distancias para conseguir agua limpia. Entonces, terminan, ellas y sus hijos, sumidas en la inseguridad alimentaria. 

También saben, porque lo han vivido, que toda afectación en la salud de un miembro de su familia terminará por aumentar la carga de cuidado no remunerado, ya muy pesada, que cada una de ellas lleva. Esto es especialmente grave en los territorios en los que el acceso a los centros de salud y tratamientos médicos es muy limitado, por lo que deben desplazarse largas distancias para buscar un profesional de la salud o para llevar a su ser querido al centro médico.

Esos territorios son los mismos que han sido asperjados antes y que ahora podrían volver a serlo, a pesar de que la Corte Constitucional, desde 2003, dejó claro que las decisiones sobre la erradicación que afectan a los territorios étnicos deben consultarse, e incluso en 2017 ordenó la realización de la consulta previa, libre e informada para la aspersión en un territorio afro.

Sin embargo, hoy ese derecho fundamental de los pueblos negros está en riesgo. Aunque la Resolución 0006 de 2026 reconoce que, antes de reanudar la aspersión, el Gobierno debe consultar a las comunidades indígenas y afrodescendientes de las zonas de operación, la flexibilización de la consulta previa que ha propuesto y aparentemente está ejecutando el Ministerio del Interior, deja dudas sobre el procedimiento. 

La Policía dice que el piloto excluirá los territorios colectivos y las comunidades afrodescendientes. Pero excluir no es consultar. Decidir desde un escritorio qué polígono se fumiga y cuál no es, precisamente, decidir sobre el territorio sin quienes lo habitan. La consulta es el espacio para que las mujeres negras, que sostienen la alimentación y el cuidado, digan cómo las afecta la aspersión y para que puedan decir que no. El Convenio 169 de la OIT exige, además, que los estudios de impacto social, cultural y ambiental se hagan con los pueblos, no sobre ellos.

Entonces sí hacen falta respuestas sobre qué les va a pasar a ellas, sobre cómo se va a proteger a la gente, y especialmente a las mujeres rurales como Pacha y muchas otras: mujeres afrodescendientes, víctimas del conflicto o cabeza de hogar. Sujetos de especial protección constitucional.

¿Cómo se va a lograr que la aspersión aérea no afecte su derecho a la seguridad alimentaria? Es decir, a producir su comida, a tener acceso a una alimentación equilibrada, de calidad e inocua. ¿Cómo se va a impedir que el veneno afecte la salud sexual y reproductiva de las mujeres y quién y cómo se va a monitorear? ¿Quién hará una línea de base de salud reproductiva antes de asperjar, y quién responderá si aparecen abortos o malformaciones? ¿A dónde las van a mandar si lo que harán será “alejar” al ser humano de la aspersión? ¿Y por qué tienen que salir? ¿Y cuándo se les va a consultar? Al final, las preguntas son: ¿Por qué se prioriza una técnica que ya ha demostrado ser ineficiente, peligrosa e inexacta? ¿Por qué no priorizar otra para cuidar la vida de la gente que está ahí, que vive ahí, donde el gobierno solo ve coca?

“Nosotros le decimos al Gobierno que no queremos que vuelvan a fumigar con eso. Muchas personas se enfermaban. Los animales se morían. Uno pierde sus cosas y nadie le va a responder”, dice Pacha. 

El gobierno debe responderles a las mujeres rurales.