Durante las últimas semanas, en medio de balances sobre los primeros dos años del gobierno Petro, se hizo un doble anuncio: la instalación de espacios de conversación sociojurídicos con dos Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto -EAOCAI-: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.  

Se lee en las resoluciones que instalan ambos espacios de conversación un propósito común por parte del Gobierno: verificar la voluntad de ambas organizaciones para “transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que permita la ley y construir paz en los territorios”. Y claro, en el eterno dilema entre la guerra y la paz, salvo delirios patrioteros o la búsqueda de una mítica seguridad perdida, lo sensato es apostarle a los esfuerzos por superar las confrontaciones armadas y avanzar en la búsqueda de la paz. Sin embargo, los nuevos anuncios del Gobierno Nacional generan algunos interrogantes. Veamos.

En primer lugar, ¿cuál es la capacidad efectiva del Gobierno para mantener tantos espacios de conversación? Aunque el tablero de la paz total propuso  8 procesos en simultánea, sus avances han sido dispares entre las distintas mesas y poco visibles en la mayoría de ellas. Con excepción de la negociación con el ELN, en la que se ha avanzado al menos con uno de los puntos de la agenda de negociación (el referente a la participación de la sociedad civil), en las demás ni siquiera hay agenda, o no al menos una que se haya anunciado públicamente, y, en general, se registra un crecimiento de la influencia territorial de los grupos armados.  

Desde la aprobación de la ley 2272, como la ley de Paz Total, fue dudosa la capacidad del Estado para emprender una tarea tan compleja, dada la naturaleza dispar de las organizaciones con las que se pretendía iniciar o proseguir con los diálogos, y porque también eran disímiles las motivaciones del alzamiento en armas o la conformación de esas estructuras armadas. 

A todo lo anterior, tendríamos que sumar que debido a las fracturas al interior de las mismas organizaciones ilegales (como ocurrió con el Frente Comuneros del Sur en el caso de la mesa con el ELN y las diferencias surgidas dentro del Estado Mayor Central de las FARC), en realidad, los procesos y mesas ya superan el número de las 8 iniciales.

La desconfianza inicial se eclipsó por la audacia de una propuesta que, al menos en su diagnóstico inicial, parecía acertar: uno de los principales problemas para la seguridad y la paz es la presencia, disputa o control de territorios por parte de grupos armados a lo largo del territorio nacional. Por ello, el imperativo de pactar con estos grupos aparecía como una alternativa razonable si reconocemos la imposibilidad efectiva para enfrentarlos por la vía del derecho (con procesos penales y capturas) o la senda de la guerra. 

Los pactos derivados de las mesas de conversación han generado efectos que pueden ser documentados. Si nos enfocamos, por ejemplo, en la negociación con el ELN, el cese al fuego al parecer redujo los enfrentamientos con la fuerza pública, pero, al tiempo, mejoró la capacidad del ELN para controlar territorios y poblaciones donde hace presencia, según lo ha asegurado la Fundación Paz y Reconciliación. Algo similar se advierte con los pactos derivados de la mesa de diálogo sociojurídico con las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá. Como lo afirma uno de los balances del mismo Gobierno Nacional, estos diálogos, parecen haber incidido en la reducción de fenómenos como la extorsión y el homicidio en Medellín.  

Entonces, algunas de las mesas que ya fueron instaladas muestran avances, al menos en términos de alivios humanitarios para las poblaciones que habitan esos territorios. Y aquí viene la segunda pregunta: ante la probada incapacidad del Gobierno para avanzar en tantos frentes de negociación de manera simultánea, ¿no sería preferible que se enfocara en los procesos que ya vienen dando algún resultado? Si revisamos, por ejemplo, un informe publicado en junio por la Fundación Ideas para la Paz, sobre el proceso de paz urbana en Medellín, una de las preocupaciones que plantea tiene que ver con el interés efectivo del Gobierno para  mantenerlo e impulsarlo. 

Este informe señala que: “La parálisis de decisión y el letargo para aprobar una agenda acordada entre delegaciones meses atrás hace pensar que el Comisionado Otty Patiño no tiene interés en esta mesa”. Y luego apunta que un proceso de este tipo lo mínimo que requiere es “un cierre formal o, por el contrario, avanzar en la definición de alcances y rutas que permitan resolver los interrogantes normativos, promover una nueva ley de sometimiento (o acogimiento) en trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, abordar aquellas iniciativas de desarrollo territorial o clarificar el alcance político que estas estructuras criminales reivindican”.

Un último interrogante: ¿Dónde está la ley de sometimiento o acogimiento? Como sabemos, la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023, que se ocupó de ley 2272, estableció que aunque el Gobierno Nacional mantiene la facultad para propiciar acercamientos y conversaciones con Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, los términos del sometimiento de esos grupos sólo los puede definir el legislador. Es decir, el Gobierno Nacional puede instalar los espacios de conversación, pero no puede decir cómo se puede efectuar el sometimiento de tales grupos. Para ello se necesita una ley, pero: ¿Cuándo se va a presentar el proyecto?. El año pasado circuló un borrador de proyecto de ley, pero ni siquiera se alcanzó a radicar en el Congreso para surtir su aprobación. 

Este gobierno inició con una promesa de paz total, pero ya vemos que a lo mejor lo preferible es el realismo de una paz imperfecta, acotada y bien planeada a lo que vemos ahora que más se parece a los delirios grandilocuentes de quien sólo es capaz de pensar con el deseo, pero es incapaz de materializarlo.

* Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

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