Mucho se ha repetido: la pasada COP30 fue “la de los pueblos”, por contener la mayor presencia indígena en toda la historia de las conferencias sobre cambio climático —con más de 5.000 indígenas de todo el mundo reunidos en Belém, Brasil—. Rápidamente, se hizo evidente que el mote no representaba la realidad de lo ocurrido, al menos no al interior de la zona azul —el espacio de negociación y toma de decisiones—.

En Mutante quisimos consultar qué había pasado con la delegación colombiana, cuál es su balance y las emociones más presentes tras regresar de la COP; allí sucedió algo similar. La representación nacional contó con una Delegación de Comunidades y Territorios, integrada por representantes de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. El objetivo, según Daniela Durán, jefe de negociación de Colombia y funcionaria del Ministerio de Ambiente, era “que en el equipo negociador pudieran estar reflejadas las prioridades de las comunidades en las posiciones que iba a tener el país. Que ellos pudieran tener una voz dentro de nuestra delegación”.

Y aunque en términos generales todos los integrantes de las comunidades con los que conversó Mutante reconocieron esta intención del Gobierno Nacional, la sensación de algunos fue, al mismo tiempo, de frustración por el incumplimiento de los acuerdos hechos entre las organizaciones y el Ejecutivo. Señalaron no haber contado con las garantías plenas para su participación efectiva y en igualdad de condiciones. Sus expectativas fueron superiores a lo que el escenario permitía y a lo que el gobierno otorgó.

Los reclamos

La 30° Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30) tuvo lugar del 10 al 22 de noviembre en la ciudad de Belém, en Brasil. De acuerdo con información del Ministerio de Ambiente, la delegación colombiana estuvo integrada por 43 personas de las cuales 28 fueron acreditadas como negociadoras. De estas 28, 11 correspondían al equipo técnico del Ministerio de Ambiente y la Cancillería y 17 fueron delegados de comunidades indígenas, negras y campesinas. Los 17 negociadores de comunidades se dividieron, de igual manera, así: 8 representantes de pueblos indígenas, 4 de comunidades negras y 5 de organizaciones campesinas.

En la COP30, Colombia 🇨🇴 caminó unida y con una sola voz: la de un país que decidió poner en el centro la vida, la ciencia y los pueblos.

Aquí está nuestra delegación colombiana: diversa, comprometida y decidida a impulsar una transición energética y ecológica justa, ordenada y… pic.twitter.com/sgLAL8BPg8

— MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) November 25, 2025

Llegar tarde e irse temprano

Según los representantes indígenas, a través de la Mesa Permanente de Concertación —un espacio de diálogo entre organizaciones indígenas y Gobierno nacional— se acordó que sus delegados estarían de comienzo a fin de la conferencia. Sin embargo, estos permanecieron en Brasil entre el 14 y el 19 de noviembre, apenas seis de los doce días que duró la COP30. En algunos casos, incluso menos tiempo, pues el recorrido era mayor desde sus territorios hasta Bogotá. “Fue una semana después que llegué a este espacio y perdí la secuencia del diálogo. Fue complejo, entendiendo que estos escenarios son muy nuevos para los pueblos indígenas”, dice Dwirunney Torres, indígena arhuaco, representante de la Confederación Indígena Tayrona (CIT).

Con las organizaciones afrodescendientes y campesinas fue igual. “Yo empecé el viaje el día 13 y terminé el jueves 20 en mi tierra. Duramos dos días viajando. El sábado 15 estuve en la actividad y apenas estaba entendiendo y aterrizando en la realidad. El domingo 16 no había actividades, así que la participación fue apenas lunes y martes. Fue muy escaso”, señala Nayive Gutiérrez, coordinadora de la asociación Agua Campesina, y quien hizo parte de la delegación por medio de la Alianza de Zonas de Reserva Campesina.

Para el 19 de noviembre en la tarde, solo quedaban dos de los indígenas designados oficialmente. “Ellos debían venir con todas las garantías plenas por parte del gobierno. Este financiaba estadía, tiquetes, todo lo necesario para que cada uno de los negociadores estuvieran aquí del 10 al 21. Cada organización se comprometió a hacer la gestión y traer sus otros delegados para participar de la COP. Ellos sabían que habíamos personas que vinimos con financiación de nuestras organizaciones y que íbamos a estar de comienzo a fin”, cuenta Miller Gómez, integrante de la Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, quien fue acreditado como negociador para relevar a la delegada oficial de su organización los últimos tres días de conferencia.

Limitados por el idioma

“A nosotros nos dijeron que el inglés iba a ser una barrera, sin embargo esperábamos que en simultáneo hubiera traducciones en español porque así podríamos seguir la conversación de forma más fluida. No esperar a que otros te digan qué dijeron para poder dar una opinión o dejar un posicionamiento”, dice Torres. “Eso nos limitó bastante a la hora de poder entender los diferentes puntos que se están negociando”, afirma Miller Gómez, del Gobierno Mayor. Porque “de los negociadores indígenas que estuvimos, ninguno habla inglés”, explica Edgar Velasco, indígena misak y representante de las Autoridades Indígenas del Sur-Occidente, AISO. Esta fue la queja más recurrente de los delegados de comunidades con quienes conversó Mutante.

En las plenarias hay traducción a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas —entre los que se encuentra el español— y en algunos eventos paralelos. Pero en las negociaciones de grupos pequeños y ordinarias no; todo ocurre en inglés.

“Si este ejercicio continúa con los gobiernos de cara a otras COP, se hace necesario poder tener una persona dispuesta para los negociadores de los pueblos que manejen el idioma”, comenta Giulliana Arrieta, Consejera secretaria general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Un documento que llega sobre el tiempo

La posición de cada país de cara a las negociaciones queda asentada en un documento de instrucciones, que es confidencial y solo puede ser conocido por los negociadores porque contiene la estrategia de negociación. La labor de los negociadores es defender la postura del país de acuerdo con lo definido en ese documento.

Los integrantes de las comunidades solicitaron dicho documento días antes del inicio de la conferencia, pero lo recibieron luego de que llegaron a Brasil. “Fue algo que nos dejó inconformes. Nos lo entregan aquí y uno no entiende el objeto”, dice Torres del CIT.

Una vez lo recibieron, señalan que les dieron un día para revisarlo y hacer sugerencias en caso de considerarlo necesario. Pero el documento tenía más de 150 páginas y alrededor de 130 estaban completamente en inglés. “Nos dijeron que teníamos un día para hacer recomendaciones y si no les llegaban, ya quedaba así, porque las negociaciones iban avanzando. A mí me habría gustado revisarlo y hacerle comentarios, contar con una semana o dos, porque no me corresponde hacerlo solo a mí, sino que al venir de procesos organizativos requiere una revisión integral desde la organización”, continúa Torres.

Este documento debía integrar las apuestas de las organizaciones indígenas, negras y campesinas, en acuerdo con el gobierno: transición energética justa, financiamiento directo para las comunidades, protección de los territorios. En general todos los puntos acordados estaban, a excepción del reconocimiento del campesinado y su dimensión ambiental. “Apenas vimos el documento mandamos un correo al equipo negociador diciéndoles que dejaron por fuera al campesinado”, relata Nayive Gutiérrez y cuenta que luego de hacer la sugerencia de párrafo, el campesinado fue incluido en las líneas transversales del documento país. Esa inclusión se realizó el 18 de noviembre, cuatro días antes de que terminara la conferencia.

Título de negociadores, labor de recomendadores

Al interior de las delegaciones existen jerarquías. Generalmente la cabeza del Ministerio de Ambiente tiene la jefatura de delegación y debajo de esta se encuentran la jefatura de la negociación técnica —del mismo ministerio— y de la política —de Cancillería—. Como existen varios temas de negociación, dependiendo de la agenda que se defina al comienzo de la conferencia, se designan unos negociadores técnicos que encabezan las negociaciones de cada tema y que tienen —literalmente— unos asesores temáticos detrás de ellos. Solo los primeros tienen acceso al micrófono. 

Los integrantes de la Delegación de Comunidades y Territorios tuvieron escarapela de negociadores —que les permitía ingresar a todos los espacios— pero fueron en calidad de asesores. “Y quedamos con un sinsabor con la forma en que funciona esto”, dice Edgar Velasco, de AISO.

En principio, porque las comunidades tenían la expectativa de poder incidir en las negociaciones, pero prontamente se dieron cuenta de que por el mismo sistema de la conferencia, no sería fácil. “La oportunidad de la participación se abrió por parte del ministerio, pero no es real. La incidencia real es mínima. Pensé que se podían hacer más cosas para ayudar a construir y queda uno aterrado porque allá se toman unas decisiones desconociendo las realidades de los territorios y que impactan a todo el mundo. Y allá pujan por una palabra, por una coma”, dice Nayive Gutiérrez. Y agrega: “La palabra negociador es de un calibre y nosotros que vendemos las cosechas sabemos lo que es negociar”. 

“El mensaje que traíamos como pueblos indígenas, ha quedado un poco diluido, porque esperábamos una mayor incidencia. Tener la oportunidad de poder hablarle a los países del mundo en cualquier parte de las negociaciones. Estamos sin voz a pesar de estar representados a través de la vocera designada por el Gobierno Nacional en estos escenarios”, dice Dwirunney Torres. 

Aunque también expresaron inconformidades frente a las expectativas que tenían sobre su papel dentro de la delegación y el lugar que terminaron ocupando: 

“No conocíamos la metodología. Era sentarse al pie del negociador real y uno lo que hace es decir sí o no. Eso es una tontería porque uno no entiende por el idioma, no había traductor al español y suponiendo que eso fuera en español, uno no puede hablar”, señala Nayive Gutiérrez.

“Aquí hemos estado en calidad de escucha y de recoger la información de los avances de las negociaciones, de hacer observaciones. Pero la participación ha estado muy pasiva. Hemos tenido procesos cortos de diálogo entre el gobierno y los pueblos indígenas, pero la información no fluye de manera eficiente en el equipo negociador. Algunas reuniones las hemos hecho incluso en lugares donde no se escucha. En la foto presidencial el viento era tan fuerte que no escuchamos nada”, dice Dwirunney Torres. 

Angie Durán es investigadora de Ambiente y Sociedad y en Belém se cruzó con algunos delegados de las comunidades que le mencionaron lo mismo: “Ellos asumen compromisos con sus organizaciones y aquí no pueden decir nada. Están todo el día en las jornadas acompañando a los negociadores. Uno de los delegados campesinos nos decía que los side events resultaban más provechosos para ellos que estar detrás de los delegados negociadores sin poder entender nada, por no entender el rol que desempeñan ni el idioma. Han estado bastante bajoneados al darse cuenta de cómo es la dinámica”.

Para Dwirunney Torres, del CIT, una participación real y efectiva implicaría que los pueblos indígenas puedan asumir la voz por el país: “No es suficiente con que nosotros estemos aquí en calidad de escucha, de recomendadores al negociador oficial, porque no se alcanza a comprender o dimensionar lo que están exigiendo los pueblos indígenas. Mínimamente esperaríamos que hubiera un pueblo o una persona indígena que fuera vocera del país. Estamos sin voz. No ante Colombia ni el equipo negociador, pero sí ante el mensaje que se le está enviando al mundo, que es hasta donde queremos llegar”.

La respuesta insuficiente del gobierno

Daniela Durán fue la jefe de negociación del gobierno de Colombia y su imagen se hizo conocida por el video que circuló en redes sociales en el que objeta el documento del programa de mitigación por no incluir la transición para abandonar los combustibles fósiles.

En la sesión final de la #COP30, la objeción de Colombia 🇨🇴 fue clara: no podemos respaldar un acuerdo que desconozca la verdad científica ni que elimine del texto cualquier referencia a la transición para dejar atrás lo combustibles fósiles. pic.twitter.com/3iNNBQoWGO

— MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) November 22, 2025

En conversación con Mutante explicó que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas hicieron parte de la delegación porque el gobierno quería continuar con el proceso iniciado en la COP16 —de biodiversidad— ocurrida en Cali, donde se incluyó a los pueblos como delegados negociadores. Para ello crearon, entre otras cosas, una Escuela de Capacitación de Negociadores Internacionales, cuya duración fue de tres a cuatro meses. Entre los participantes de la escuela se escogieron los delegados de las comunidades. “Además hubo sesiones de trabajo virtuales del modelo de Naciones Unidas donde se recogieron los insumos que se integrarían al documento de instrucciones para la negociación del país”, dice la jefa de negociación. 

En relación a los reclamos de las comunidades por la llegada tardía a Brasil, dice que hubo impasses logísticos que no dependieron de su oficina, sino del operador del Fondo para la Vida encargado de la compra de tiquetes y alojamiento: “Eso tuvo impasses para todos, tanto para ellos como para las personas delegadas porque no hubo tiquetes a tiempo”. 

De acuerdo con una fuente diplomática que pidió no ser citada, en las conferencias de las partes, la posibilidad de incidir se da en la primera semana de negociaciones; es ese el espacio en el que más margen de acción se puede tener. En la segunda semana, las discusiones pasan más a lo político y a lo que se llama el segmento de alto nivel, y quedan en manos de ministros o jefes de negociación. De modo que para la incidencia que habrían querido generar las comunidades, habría sido más provechoso estar en Belém en la primera semana, en lugar de la segunda.

Una vez en Belém, según Daniela Durán, se hizo un ejercicio de emparejamiento entre los delegados con el documento de instrucciones tan pronto lo compartió Cancillería, “que desafortunadamente fue tarde”. Pero, dice, cada negociador técnico hizo un esfuerzo por recoger los comentarios de las comunidades y “puedo asegurar que todo lo que ellos decían se incorporó en el documento de instrucciones”.

Pascal Girot, quien ha participado de 14 conferencias y fue negociador de Costa Rica, dice que no le sorprende que el documento país se haya distribuido al inicio de la COP. Es construido por la Cancillería en coordinación con las carteras que tengan temas de su competencia y como los países no negocian solos sino en bloque, tienen además que forjar una posición común que toma tiempo. Colombia negocia con el grupo AILAC —Asociación Independiente de América Latina y el Caribe— integrado por Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú, de modo que luego de que define su estrategia interna, el país tiene que entrar a negociar con los otros seis integrantes de AILAC las apuestas que van a llevar a las salas. “No es la excepción que ese documento llegue tarde. Recuerdo haberlos leído en el avión camino a la COP. Porque hay muchos temas que están en negociación, las posturas se mandan a última hora y es difícil conjugar la posición en todos los temas de siete países”, sostiene Girot. 

Según explicó la fuente diplomática, Colombia ha sido un país consistente en materia de política exterior climática: “Y los negociadores, como tenemos una trayectoria, sabemos más o menos por dónde va a ir la cosa, de modo que cuando se finaliza el documento de posición, tenemos eso internalizado”. Los delegados de comunidades, sin embargo, no eran funcionarios públicos ni tenían una trayectoria en este tema. Algunos contaban, a lo sumo, con la experiencia de la COP16 de biodiversidad cuya organización y presidencia estuvo en cabeza de Colombia el año pasado.

Sobre el inglés, dice Daniela Durán que “era una limitante para tomar el micrófono y ellos [los delegados de comunidades] lo sabían desde un comienzo” y que ella estuvo traduciendo en tiempo real para las delegadas de comunidades que la acompañaron. Algunos negociadores de comunidades con los que conversó Mutante reconocieron que esto sucedió; los delegados oficiales a quienes acompañaban hacían un esfuerzo por contarles en español todo lo que ocurría en la sala. Pero para otros esto no fue suficiente, “porque si no vamos a estar empapados realmente de cómo van las negociaciones es muy complicado poder intervenir”, sostiene Miller Gómez, de Gobierno Mayor.

La jefa de negociación dice, además, que en las conversaciones que tuvieron con la MPC previo a la COP, “fuimos transparentes. Les dijimos que el negociador técnico era quien tenía el micrófono. Eso sin perjuicio de que ellos estuvieran en sala construyendo todos los textos”. Y que, como Colombia hace parte del AILAC, el país ni siquiera tiene el micrófono en todas las salas sino que el liderazgo se reparte por tema entre los integrantes del bloque.

Pelicot explica, sobre estos dos asuntos, que contar con traductores en la sala ayudando a delegados a seguir las negociaciones, era posible aunque costoso. Y que estar sentado detrás de la jefa de delegación no necesariamente es una mordaza: “Uno puede incidir a través de sugerir textos, ideas. No es tener voz y voto; tiene voz y no tiene voto. El que tiene voto es el que tiene el micrófono y es un código de conducta dentro de las negociaciones. Los roles son diferenciados pero no dejan de ser importantes”. Sin embargo, señala, “debieron haber explicado claramente las limitaciones de la participación en las negociaciones”.

“Ellos sabían exactamente cuál era el rol de negociador”, insiste Daniela Durán. Pero esta claridad, como se ha mostrado, no apareció en algunos negociadores de comunidades.

“Nosotros recibimos capacitación de todos los temas que se abordan en esta agenda de la COP30, pero más allá de eso les insistíamos a ellos cuál iba a ser nuestro rol o papel dentro de las negociaciones. Fue un tema que no se aclaró. Una semana antes de viajar volvimos a preguntar: ¿cómo va a ser nuestra participación?, no está claro”, dice Dwirunney Torres.

Reconfigurar el sistema

Todas las fuentes con las que conversó Mutante reconocen que incorporar a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en la delegación es un paso significativo que en cualquier caso no hay que confundir con un gesto de condescendencia sino entender como un acto de justicia. “Somos el 6 % de la población y salvaguardamos el 80 % de la biodiversidad del planeta pero, ¿qué poder de decisión tenemos?”, cuestiona Edgar Velasco, indígena Misak de AISO. 

Su lucha en estos escenarios es por que los representantes indígenas sean quienes lideren estas conversaciones y no tener que hablar con “la voz prestada” y es una crítica —principal pero no exclusivamente— a la manera en que está configurado el sistema de Naciones Unidas, que ha sido excluyente con las comunidades. 

Girot fue negociador en 14 conferencias de cambio climático y señala que es un proceso “muy del norte global”, en su opinión, totalmente dominado por el modelo de Estado-Nación decimonónico, donde la participación de la sociedad civil ha ido abriéndose camino cautelosamente desde el Acuerdo de París, pero que sigue siendo, en esencia, conducido por una noción estadocéntrica. Y, según dice Edgar Velasco, mientras la narrativa de Nación no sea una que incluya y reconozca el lugar de todxs, pocos van a seguir decidiendo.

El Gobierno de Gustavo Petro avanzó en contravenir las normas internas del país que indican que sólo los funcionarios públicos pueden representar a Colombia en escenarios internacionales. Eso fue importante para las comunidades porque pudieron hacerle veeduría al proceso; tener conocimiento directo de las negociaciones y verificar que los compromisos que el gobierno hizo con ellas, se mantuvieran. 

Y aunque su capacidad de incidencia en este escenario internacional es mínima en la actualidad, sí consideran que al interior del país lograron posicionar sus intereses. Esto lo resaltó especialmente Nayive Gutiérrez, de la asociación Agua Campesina: “Ya estamos en los transversales. Para el documento país, quedamos. Nuestra siguiente lucha es que no nos saquen de ahí”. También, destacan que su asistencia les permitió ver de primera mano cómo funciona la conferencia para plantear otros escenarios que no tiene el sistema multilateral.

Pero no basta con las buenas intenciones si estas no ponen en el centro el cuidado —especialmente— de poblaciones históricamente excluidas de las discusiones que tendrán un impacto sobre sus territorios y formas de vida.

Luego de una reunión de seguimiento que realizó el Ministerio de Ambiente con las comunidades, el pasado 27 de noviembre, para evaluar su participación en la COP30, la jefa de negociación reconoce que son varios los asuntos por mejorar: “Si como país vamos a seguir teniendo esto, tenemos que hacer un ejercicio grande para seguir formando a la gente en diplomacia, en manejo de los textos. Cómo fortalecemos el saber estar en esos espacios para que sean ellos y no Cancillería quienes negocien a nombre del país”.

Las comunidades tienen que estar en esos espacios, y con su participación se debe garantizar que estén plena y efectivamente informadas de hasta dónde podrán llegar; dónde sí podrán incidir y dónde no por la misma estructura de las conferencias.

Es urgente trabajar en mejorar los mecanismos para que su presencia genere los impactos que ellos esperan o de lo contrario es tokenismo. Y esto, por ahora, es una responsabilidad del Estado porque, como la misma Daniela Durán reconoció, son escenarios aún muy nuevos para las comunidades y funcionan a través de lógicas que no son propias para ellos. 

Pero es una responsabilidad que recae especialmente en este Gobierno que prometió —desde ‘el corazón del mundo’, la Sierra Nevada de Santa Marta— representar un cambio para los pueblos. “Si los invitan es su responsabilidad preparar los espacios”, sostiene Angie Durán, de Ambiente y Sociedad. Las comunidades esperan seguir participando de estos escenarios y que, hechos los ajustes para garantizar su presencia, el paso dado se mantenga. Además, al haber sido realizada en América Latina, en un territorio habitado por numerosos pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, la COP30 representó una oportunidad que difícilmente se va a volver a repetir; las próximas dos conferencias de cambio climático serán en Turquía y Etiopía, y ocurrirán bajo un nuevo gobierno en Colombia. Si no piensa quedarse solo en intenciones, el esfuerzo iniciado por la presidencia de Gustavo Petro tiene que avanzar y fortalecerse para que en el futuro cercano sean esas mismas comunidades quienes tengan en sus manos el poder de decidir frente a una crisis que ellas no están ocasionando.