Son siete: uno es un universitario becado y el más votado en la elección de los Consejos de Juventud de Paipa; otros dos son jóvenes, también candidatos, que reclaman para las próximas generaciones las oportunidades que ellos no tuvieron; hay una líder de colectivos feministas y defensora de los derechos humanos, y un  joven reconocido por su obra social, su liderazgo y defensa del medio ambiente. Otros dos también son jóvenes que participaron en las protestas del año pasado.

Todos deberían estar planeando cómo seguir con sus estudios, sus trabajos, sus caminos de compromiso social y lucha política, y sin embargo, su prioridad ahora –tras lograr su libertad– es defenderse de un “montaje judicial” del que se sienten víctimas tras participar en las protestas del año pasado en Paipa, municipio de Boyacá. Sus nombres: Julián Barón, 20 años; Brigget Supelano, 22; Iván Ayala, 24; Juliana Higuera, 21; Sergio Forero, 29; Sandy Camargo, 20, y Nicolás Romero, 23.

En una calle del centro de Paipa, los colores de un mural con sus nombres junto a la frase “Libertad para amar y luchar” llaman la atención sobre su caso. “Ellos tienen la convicción de que no han hecho nada malo, que esto es una persecución política”, dice Magda Orjuela, madre de Sergio.

Por eso todos se sorprendieron cuando muy temprano, el 22 de noviembre, en un operativo coordinado, efectivos de la Policía y la Sijín allanaron las casas de los jóvenes y se los llevaron. Brigget y Juliana pudieron cumplir luego detención domiciliaria por su condición de madres de Samuel, de cuatro años, y Salomé, de cinco, y el resto permaneció en centros carcelarios hasta el pasado 28 de febrero cuando otro juez les permitió salir para defenderse en libertad.

En la audiencia donde se revocaron las medidas de aseguramiento se dijo sobre la autoría de los delitos que existían “enormes dudas que deben mantenerse a favor de los procesados”, que los señalamientos contra ellos eran “genéricos” y que faltaban elementos probatorios, pero que la investigación debía continuar.

“Los procesados harían parte de la denominada ‘Primera Línea – Boyacá’”, reseña una nota de prensa de la Fiscalía. Las siete personas “aseguradas (…) estarían involucradas en actos vandálicos y ataques a la fuerza pública”, agrega. El grupo es investigado por los delitos de concierto para delinquir; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; perturbación al servicio de transporte público, colectivo u oficial, y violencia contra servidor público. Juliana, la defensora de derechos humanos y feminista, en calidad de determinadora, y el resto como coautores.

La Fiscalía los señala de esos delitos con base en audios interceptados y la versión de un detenido, presunto integrante de una banda de venta de estupefacientes en Boyacá. 

“Es un entramado de mentiras y de construcciones falsas por parte de la Fiscalía General de la Nación; una narrativa que se nota que es impuesta (…) Lo que hacen es tergiversar acciones normales y cotidianas en una movilización”, dice Juliana, estudiante de Derecho. A ella se le acusa de pertenecer a la “primera línea”, lo que niega, aclarando que eso no es un delito. Acompañó las movilizaciones como defensora de derechos humanos con enfoque feminista. Integra el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Género de la UPTC (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) y la Red de Derechos Humanos de Cospacc (Corporación Social Para La Asesoría Capacitación Comunitaria). Además, hace parte de la Juntanza Feminista Nacional y de Montañeras Enruanadas.

La misma semana de las detenciones en Paipa, el ministro de Defensa Diego Molano anunciaba en Cali que 259 personas integrantes de la llamada “primera línea” habían sido detenidas en 56 operativos. Una investigación de El Espectador, de febrero, indica que desde el 28 de abril hasta el 22 de noviembre de 2021 la Fiscalía contabiliza 201 personas investigadas como presuntos integrantes de la “primera línea” por delitos como daño en bien ajeno, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y violencia contra servidor público, principalmente. No se registra ninguna condena.

En el caso de la fuerza pública, el último informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia detalla que el Gobierno ha informado de 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía en el marco de las protestas, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. “De las 231 investigaciones abiertas, 193 fueron cerradas y 38 se encuentran vigentes”, señala el documento. En mayo del año pasado la Fiscalía informó que tenía 300 procesos contra miembros de la fuerza pública aunque no está claro cuántos siguen activos. Confirmó, además, que “tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas”.

En el caso de Paipa y otros lugares, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado “montajes judiciales” y el uso de la justicia para perseguir a la protesta social y a los liderazgos, situaciones de las que se tienen antecedentes. Desde el Estado, la protesta social sigue siendo vista con recelo, bajo una larga tradición de la doctrina del “enemigo interno” y con una narrativa que sigue deslegitimando su importancia y estigmatizando a sus protagonistas, según coinciden varios consultados.

Con las voces de las y los jóvenes de Paipa, sus familias, abogados y expertos en el tema de protesta social, recreamos el caso de los siete y abordamos en siete escenarios su situación y la importancia del derecho a la protesta.

I. ALZAR LA VOZ

Boyacá, una región turística y despensa alimentaria, sabe bien de movilización social. En 2013 paralizó durante 12 días a medio país con un paro agrario y tres años después fue parte del paro camionero nacional. En 2021 se unió al estallido social que en Colombia no tenía precedentes en al menos cuatro décadas, por su amplio poder de convocatoria, su larga duración y el alto número de víctimas. Los jóvenes fueron protagonistas y Paipa no fue la excepción. Lo que empezó con el rechazo a una reforma tributaria se extendió a otros reclamos.

“Salí a protestar porque estoy cansada, quiero que esto cambie porque necesito muchas oportunidades, tanto de estudio como de trabajo para mí, para mi familia”, dice Brigget Supelano, que tiene cinco hermanos y un hijo de cuatro . Se graduó de cosmetóloga y no pudo acceder a la universidad. Trabaja en lo que le salga (cuidar niños o vender en locales comerciales) para ayudar a su mamá, cabeza de la familia, y encargarse de Samuel. El año pasado participó por primera vez en una manifestación y ahí conoció al resto de sus compañeros del caso. Aunque no se arrepiente de su participación en las protestas sí reconoce que la situación “es muy complicada” porque las necesidades económicas apremian.

Sandy Camargo es estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas de la UPTC Sogamoso, donde vive aunque participó en las protestas en Paipa. También es defensora de animales, cantante, emprendedora, y es otra de las vinculadas al caso. “Lastimosamente por pensar diferente nos oprimen, nos encarcelan o nos matan (…) Somos víctimas directas de este gobierno con el montaje judicial que nos han armado, esto es una persecución política a nosotros, los jóvenes, queriendo silenciar nuestros gritos de paz y justicia, queriendo terminar con las labores humanas que realizamos”, señala.

Juliana va más allá: “Buscan que no nos movilicemos, que nos callemos, buscan silenciarnos y aislarnos. Porque si algo que logró muy bien el paro fue juntarnos. Lo que están buscando es esa disgregación, que nos separemos, que no nos organicemos, que no luchemos, que no resistamos”. Ella se conocía desde antes con Julián y Sergio, cuando se juntaron para protestar por el asesinato de Jaider Fonseca, nacido en Paipa y quien fue una de las víctimas de la violencia policial en Bogotá de septiembre de 2020 (9-S).

Magda, la madre de Sergio, ve en esos jóvenes el ímpetu de lo que les faltó a otras generaciones. “Tengo 54 años. Nosotros fuimos criados con otras concepciones, fuimos criados con la cuestión de obedecer, obedecer y todo era malo. Los muchachos ya despertaron; los muchachos, las universidades ya no comen entero”, dice.

II. LA ESTIGMATIZACIÓN

Julián Barón sacó uno de los mejores promedios de las pruebas ICFES en Boyacá y favorecido con una beca decidió estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Externado. Mientras estaba detenido cumplió 20 años y se enteró de que había sido el más votado en las elecciones de los Consejos de Juventud como parte de la Juventud Humana, que integra el Pacto Histórico. En esos comicios también participaron como candidatos Brigget Supelano (por el Partido Conservador) e Iván Ayala (por una lista independiente), pero no lograron una curul. La Corporación Tejiendo Raíces, que preside Sergio Forero y que trabaja con niños de escasos recursos y en la defensa del agua y el páramo, sí logró cuatro consejerías. 

El trabajo social y político de la mayoría de los chicos y chicas era reconocido por muchos en Paipa, pero de nada sirvió cuando el juez de control de garantías les impuso inicialmente la medida de aseguramiento por considerarlos “un peligro para la sociedad” y describirlos como un “grupo radical organizado” que actuaba con “odio” hacia la Policía y planificaba “actos violentos” contra la fuerza pública.

“Nos han querido mostrar como un grupo criminal, como un grupo ilegal (…) Tomar un escudo, tomar un pedazo de madera para protegerse de una bala que se dispara a mucha velocidad, una bala disparada por un policía que le puede a uno sacar un ojo no es ningún delito”, dice Julián, quien durante las protestas hizo videos, fotografías y transmisiones en vivo para documentar los abusos policiales. 

A diferencia de otras partes del país en Paipa no hubo homicidios durante las protestas, pero sí disturbios y reacciones desmedidas del Esmad para enfrentar a los manifestantes.

Nicolás Romero, estudiante de soldadura en productos metálicos del Sena, recuerda que en una jornada ayudó a un joven que tenía una herida ocular. “Fueron casi 45 días de protesta en los cuales le hicimos frente al sol, la lluvia, el hambre y el sueño. Era una lucha diaria por un mejor país”, recuerda ya en libertad.

Juliana Higuera cuenta las dificultades de quienes se dedican a la defensa de derechos humanos en el marco de las protestas. Dice que documentó abusos policiales e intentó dialogar con la fuerza pública, pero “ellos preferían desconocerme e invalidarme”. “La Policía ejerce unas vulneraciones hacia las personas defensoras de derechos humanos, pero hacia las mujeres que somos defensoras de derechos humanos la vulneración y la violencia es mayor”, denuncia.

III. EL COSTO DE LAS DETENCIONES

En los últimos tres meses la vida de estos siete jóvenes quedó en pausa. Julián, Juliana y Sandy, quienes cursan la universidad, retomarán sus estudios el próximo semestre. Nicolás ya lo hizo en el Sena. 

Iván, hijo único de quien depende su madre mayor de 60 años, dice que las capturas tuvieron efecto y generaron miedo. “Otros compañeros que también iban a las manifestaciones tuvieron miedo de contestar los celulares cuando vieron que nos estaban allanando las casas o las capturas. Algunos se escondieron, otros se fueron del municipio, otros se tuvieron que cambiar de carrera, buscar otro trabajo (…)  Solo por protestar nos quisieron silenciar porque aquí en Paipa fue una manifestación pacífica”, afirma Iván.

“En algunos sí ha sembrado miedo, en otros ha sembrado ganas de seguir luchando porque, obviamente, no nos van a callar. Y la idea es no dejarnos callar sin importar las injusticias”, señala Brigget. Ella y Juliana dejaron de acompañar a sus hijos al parque o al colegio y sintieron el peso de depender de sus familias para cualquier movimiento o gasto. Cuando finalmente pudieron salir lo primero que hicieron fue juntarse y llevar a Samuel y a Salomé a los juegos infantiles. 

El trabajo de la Corporación de Sergio siguió adelante a pesar de su ausencia, pero todos esperaban su pronta liberación porque su liderazgo hacía falta. En Paipa recuerdan cómo durante la pandemia organizó actividades para llevar alimentos a familias sin posibilidades y ha ayudado a migrantes venezolanos. Ahora, después de haber compartido celda con otros detenidos y ser el encargado de derechos humanos del patio, Sergio piensa en su siguiente tarea: ayudarlos. “Las condiciones de las cárceles son indignas”, señala.

V. “NUESTRA VENGANZA ES LA ALEGRÍA”

La madre de Brigget, Gilma López, defiende la actuación de los jóvenes para “hacerse sentir, hacerse escuchar”.  Reconoce que la situación es también “muy compleja” para las familias que enfrentan señalamientos. “Hay gente que no está de acuerdo y hay gente que lo señala a uno. Dicen: ‘Es que no saben educar a los hijos, por qué estaban por allá’ y así. Es gente que está de acuerdo con el gobierno, que tiene más comodidades”, y desde ese privilegio critica la protesta. Pero “no somos ninguna clase de delincuentes, somos gente trabajadora”, añade.

Las familias de estos jóvenes se unieron por esta casualidad. Organizaron velatones, exigieron en redes sociales su liberación y siguen defendiendo su inocencia. A cinco de las familias también las une el mismo defensor: Pedro Suárez Vacca, candidato de la Colombia Humana a la Cámara por Boyacá.

“En algún momento la justicia y la verdad nos darán la razón. Más adelante, el Estado colombiano tendrá que responder por el daño que nos ha hecho en muchos ámbitos, inclusive el daño al buen nombre y todo lo referente a esta privación de la libertad”, señala Iván.

Wilson, el padre de Julián y bombero de oficio, cuenta que toda esta situación llenó de angustia a su familia e incluso lo afectó en el trabajo.

De todo lo que han vivido ha nacido una consigna: “Nuestra venganza es la alegría”, explica Sergio. “No vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de tratar de transformar nuestras sociedades, simple y llanamente porque el Estado lo quiere y estamos seguros de que al sonreírle a nuestros enemigos, al demostrarles que nuestra alegría vale más que su miedo, estamos transformando de estructura la sociedad colombiana y estamos llenando de confianza a la gente para que se siga movilizando y para que siga cambiando la sociedad que tenemos”.

V. LA PROTESTA COMO DERECHO

A pesar del costo que ahora asumen por haber salido a protestar, todos defienden ese derecho. La Corte Constitucional señala en la sentencia C-009-18: “Los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión. Así mismo excluyen de su contorno material las manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos”.

La protesta, en general, es un síntoma de que “la democracia está viva (…) Es un derecho vital en una democracia porque es una manera más de participación en el juego político”, explica Sebastián Lalinde, investigador del Laboratorio de Justicia y Política Criminal y autor del libro de Dejusticia “Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia“.  Involucrarse en la política no es solo salir a votar cada cuatro años, hay otras maneras que están garantizadas por la Constitución, y salir a protestar es una de ellas, dice. 

Pero la regulación de este derecho –para establecer deberes, derechos, facultades de las autoridades y garantías– está pendiente. En 2017 la Corte Constitucional declaró “inexequible” (inaplicable por no estar acorde a la Constitución) los capítulos del Código de Policía relacionados con el derecho de reunión y expresiones y manifestaciones en el espacio público, y pidió al Congreso regular el tema, pero no ha ocurrido. “Eso debería estar en una ley que no existe en este momento en Colombia”, dice Lalinde. Será clave conocer qué compromisos asumirán con este tema los nuevos congresistas que se posesionarán el 20 de julio .

De la investigación que hizo para su libro, Lalinde rastreó cuatro maneras (normativa, judicial, policial y mediática) en las que se gestiona o controla la protesta social en Colombia y concluyó que, en general, todas “son muy poco favorables al derecho a la protesta” e incluso pueden desincentivar el ejercicio de ese derecho. 

El experto recuerda que al ser la protesta un derecho “que busca romper con la cotidianidad de las personas, que busca molestar, que busca incomodar” puede generar rechazo en algunos sectores de la población e incluso estar en tensión con otros derechos, como la libre movilidad. Pero no hay que olvidar que derechos tan emblemáticos como la jornada máxima laboral de ocho horas o el voto femenino fueron conseguidos a nivel mundial con masivas manifestaciones. Lalinde recuerda otro ejemplo en Colombia: la Constitución del 91 nació de un movimiento estudiantil que dentro de su repertorio tuvo la protesta social. En esta Constitución hay muchos derechos de los cuales se benefician incluso quienes critican la protesta. La movilización social también permite que se conozcan otras opiniones o posturas, que sin protestas, tal vez no serían escuchadas. Los cuestionamientos llegan cuando la protesta se torna violenta.

VI. LOS QUE SIGUEN DETENIDOS

Los siete de Paipa podrán defenderse en libertad, pero no es el caso de todos. En Medellín, Juan Fernando Torres –conocido como “El Narrador” por haber transmitido las protestas en vivo por Facebook– sigue detenido, imputado por terrorismo. Su abogado, Mauricio Urquijo, que lleva junto con otros colegas este y al menos otros tres casos de jóvenes detenidos en el marco de las protestas, dice que la posición del Gobierno y de algunos fiscales ha sido “demonizar a las personas que protestan”.

Incluso admitiendo que sí hubo actos vandálicos y jóvenes que excedieron su derecho a la protesta con violencia, señala que “lo que pasa es que el tratamiento punitivo que se le está dando a eso es absolutamente desproporcionado y desbordado, porque de ninguna manera tiene sentido decir que romper un cristal es terrorismo (…) El problema de eso es que termina igualándose hechos que son simples desórdenes callejeros con el verdadero terrorismo y esto termina trivializando el terrorismo”.

Otro asunto que Urquijo ha observado en las audiencias y en la narrativa oficial es la paulatina estigmatización de la “primera línea” que nació con una “connotación positiva y heroica”, como fuerza de contención frente a los abusos de la fuerza pública. Después “la fueron demonizando hasta el punto que ya la tienen catalogada como una organización criminal. Casi que pertenecer a la primera línea lo quieren llevar al estatus de concierto para delinquir”, explica Urquijo. Este ha sido “el argumento esencial” por el cual los jueces no le han querido dar la libertad a Juan Fernando.

Esa misma estigmatización se ha presentado con jóvenes que defiende Reymundo Vásquez, defensor de Juliana y abogado del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y parte de la Campaña Defender la Libertad. Vásquez también defiende a tres jóvenes señalados de pertenecer a la “primera línea de Suba” y que actualmente tiene detención domiciliaria, y a otros tres universitarios en Barranquilla.

“El discurso que se ha sembrado ha sido un discurso estigmatizador a todos estos jóvenes que en algún momento dijeron nosotros asumimos contener a la policía y así se lo plantearon, como primera línea”, señala. Dice, además, que incluso en el caso de Juliana, la Fiscalía la ha señalado de ser líder de una primera línea, vista como “organización criminal”, planteando una hipótesis que desconoce su rol como defensora de derechos humanos en el marco de la protesta.

“Hay tantas situaciones que requieren la atención del Estado (…) pero van y criminalizan a personas que piensan diferente y que están movilizándose para cambiar el país. Ponen toda su fuerza y todas sus instituciones encaminadas a perseguirnos y no solamente a perseguirnos, sino a rompernos”, dice Juliana.

VII. UNA RESPUESTA AL ESTALLIDO 

Antes de cerrar el año de las protestas más multitudinarias en décadas, una de las respuestas estatales al tema fue la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada a finales de diciembre en el Congreso. La oposición considera que criminaliza la protesta y por ello la demandó ante la Corte Constitucional.

“Parece una revancha contra los manifestantes”, dice Lalinde. “Esa Ley de Seguridad Ciudadana lo lleva a uno a decir: ‘¿Será que el gobierno sí está comprometido con proteger la protesta y con cambiar a la policía?’ No es tan claro”, añade.

Para el abogado Urquijo con esta ley el Congreso “favorece esa persecución”. “Básicamente aumentan desproporcionadamente las herramientas punitivas a favor del Estado”, señala.

Además, está pendiente la discusión sobre una reforma policial, el posible desmonte del Esmad y que la Policía pase a depender de un ministerio civil y no –como ocurre ahora– con perspectiva militar, como el de Defensa.

Varias organizaciones han denunciado el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, privaciones arbitrarias de la libertad, violencia sexual y de género,  entre otras violaciones a los derechos humanos. La ONU verificó 46 muertes. En 28 estaría involucrada la fuerza pública y en 10 personas armadas vestidas de civil. Por su parte, la organización no gubernamental Temblores reportó 5.808 casos de violencia policial en el 2021, incluidos 80 homicidios con presunta responsabilidad de la Policía (47 en el contexto de las protestas y 33 en contextos cotidianos). Durante las protestas también se registraron situaciones de violencia contra la fuerza pública y actos de vandalismo.

La ONU señaló en su último informe sobre derechos humanos que aunque en Colombia existe “un marco legal robusto para la protección del derecho de reunión pacífica”, la represión que se registró el año pasado durante el paro nacional y cómo se utilizó la fuerza contra manifestantes pacíficos “evidenciaron la necesidad de reforzar la gestión democrática de la protesta”.

El caso de los jóvenes de Paipa es uno entre otros tantos, que deja entre sus protagonistas y las familias un sabor amargo por la actuación de la justicia y de las autoridades. Suena a revancha, a reprimenda, a advertencia, de cara a nuevas manifestaciones o al próximo estallido social que venga. ¿El Estado colombiano podrá la próxima vez responder con más garantías en lugar de más represión y el próximo Congreso legislar para ello?