En proceso de expansión, con casi 3.500 combatientes presentes en 19 de los 32 departamentos del país, el Estado Mayor Central de las FARC-EP (EMC) participará en una mesa de negociación de paz con el gobierno. Tras un fallido cese al fuego, el proceso se enfrenta a retos específicos para territorios golpeados especialmente por la violencia, como Cauca, Arauca y Norte de Santander.

El pasado 12 de julio el gobierno anunció el equipo negociador que estará al frente del proceso de paz con el EMC, una facción de las antiguas FARC que no se unió al acuerdo de paz en 2016 que posibilitó su desarme. El equipo será liderado por Camilo González Posso, director del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, y fue anunciado pocos días después de que las partes decidieron reanudar los diálogos detenidos desde mayo. Aún está pendiente el anuncio de quiénes serán los negociadores del EMC.

Con la decisión de retomar las negociaciones y con el nombramiento de una delegación encargada de hacerlas caminar, este proceso parece tomar impulso, según dos analistas que consultamos. ¿Quiénes son el EMC, por qué este proceso de paz es importante y qué se puede esperar de la eventual mesa de negociaciones? 

Del hito fundacional a la expansión del presente

En junio de 2016, cuando el Frente Primero de las FARC anunció que se apartaba del proceso de paz y que no dejaría las armas, el entonces comandante de esa guerrilla en tránsito a la legalidad envió a Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, a reconvenir a quien comandaba ese frente, Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’. “Sin embargo, Gentil Duarte terminó traicionando los acuerdos de paz ante la propuesta de Mordisco de continuar delinquiendo”, según reseña Insight Crime. 

Fue entonces que nació la disidencia de las FARC que hoy se conoce como Estado Mayor Central. A diferencia de la Segunda Marquetalia, fundada en 2019 por ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’, entre otros, no se trató de desertores del acuerdo, sino de unidades militares que no lo firmaron. Duarte y Mordisco repartieron emisarios por el país y, en abril del 2017, confirmaron su existencia como supuesta continuación de las FARC. Ese anuncio fue firmado por nueve frentes, siete milicias y una columna. 

Desde entonces “vienen en un proceso de expansión”, explica Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE). Calcula que en la actualidad son 24 o 25 frentes organizados en varios bloques: el bloque Magdalena Medio, el bloque Occidental y el bloque Oriental o Suroriental. Hoy es la más grande disidencia de las FARC.

Esa expansión, según Insight Crime, incluso traspasa la frontera y llega hasta Venezuela, donde tuvo el poder único hasta que llegó la Segunda Marquetalia a disputárselo. Esa confrontación, más la presión de fuerzas de seguridad, resultó en la muerte de ‘Gentil Duarte’. Hoy, su comandante es ‘Iván Mordisco’.

Según Francisco Javier Daza, coordinador de la línea de paz, posconflicto y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el EMC tiene presencia en 166 municipios. El año pasado ese poder territorial se desplegaba por 119 municipios. Esto se debe a que “estas estructuras trabajan de forma conjunta, como el Comando Coordinador de Occidente, una especie de confederación de estructuras más pequeñas que han trabajado de forma articulada para ganar territorio” en Cauca, Valle, Huila y Tolima, dice Daza. 

Según el defensor del pueblo Carlos Camargo, en entrevista con El Colombiano, el EMC tiene presencia en 19 departamentos. Para el primer trimestre del año, según cifras de inteligencia que cita Daza, se calculaba que esa disidencia tenía unos 3.480 hombres en armas. Como aclara el investigador de Pares, no todos son guerrilleros de las antiguas FARC, pues más del 95 % de los firmantes continúan en el proceso, sino que es un crecimiento resultado del reclutamiento, incluido el de menores de edad. Es decir, aunque se reivindique como las FARC, son los mandos altos y medios, y no tanto los combatientes rasos, quienes provienen de la guerrilla que entregó sus armas en 2017.

Reinicio tras un cese al fuego fallido

Aunque el EMC anunció en diciembre de 2022 un cese unilateral del fuego, que luego se hizo bilateral por decisión del gobierno en el marco de la búsqueda de la “paz total”, el presidente Gustavo Petro decidió levantarlo en mayo como respuesta al asesinato de cuatro menores de edad indígenas cometido por el Frente Carolina Ramírez en Putumayo. Ese levantamiento fue parcial, pues cobijaba solo a Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.

Un informe de Indepaz, publicado el 1° de julio, señala que Cauca fue el departamento donde más se presentaron eventos de incumplimiento de cese al fuego, con 25 en total. Ese es uno de los departamentos donde tiene mayor presencia el EMC y es, según el informe, el único donde no es evidente el desescalamiento de choques entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales.

Mientras que la Segunda Marquetalia ha mantenido el cese al fuego, “la mayoría de los eventos de incumplimiento y NO cese al fuego y a las hostilidades han sido responsabilidad del Bloque Occidental y en particular de los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño”, todos con presencia en Cauca y pertenecientes al EMC. De hecho, ese bloque es el de mayor actitud bélica, pues Indepaz señala que bloques como el Suroriental, el Magdalena Medio y el Oriental han mantenido un “notable desescalamiento”.

Otro informe, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, asegura que en los primeros cinco meses del año se documentaron 106 violaciones del cese al fuego, y de estas, 59 serían atribuibles al EMC, con lo que “es el grupo que más habría violado los compromisos”, seguido de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Además, según los registros de Indepaz, el EMC sería el presunto responsable del mayor número de asesinatos de líderes sociales:al menos 7 de 80 entre enero y junio, además de tres masacres, “incumpliendo el cese de hostilidades contra la población” 

Este es el escenario en el que se reiniciaron los diálogos. Kyle Johnson afirma que “según la información disponible, parece que estamos ad portas de una pronta instalación formal de la mesa”. Y mientras que el proceso con el ELN avanza con una agenda determinada y ciclos de negociación que arrojan algunos compromisos, con el EMC por ahora solo hay manifestaciones de voluntad para reactivar la mesa, asegura Francisco Javier Daza.

En junio, el EMC le pidió al Gobierno retomar el cese al fuego y reconoció su responsabilidad en la masacre que ocasionó la ruptura previa. Aunque ese será uno de los primeros temas en discusión en la mesa que estaría por instalarse, la violencia en el país no ha cesado porque los ceses bilaterales han sido con el Estado, pero no entre los grupos ilegales.

“El gran reto de la paz total es lograr una sincronicidad entre las agendas de paz que se quiere tener con cada grupo armado, desescalar la violencia de los grupos entre ellos, contra el Estado y, por supuesto, las violencias dirigidas a la población civil”, asegura Daza. Por ejemplo, Norte de Santander y Arauca son departamentos en disputa entre el EMC y el ELN. Estos podrían ser “zonas piloto” para desescalar la violencia, dice el investigador.

Kyle Johnson dice que el cese al fuego de los primeros meses dejó dos lecciones. La primera, que mientras no haya acuerdos entre los grupos, continuarán los efectos humanitarios contra la población civil. Y de ser así, “el apoyo político a esos procesos por la posible reducción de la violencia va a ser muy limitado”. Señala que el escenario actual es de escepticismo y descontento. Y la segunda, la pregunta sobre qué tan real es la voluntad de paz del EMC, a juzgar por los actos de varios frentes, especialmente del Carolina Ramírez en el suroccidente.

La agenda y el capital político del EMC

Las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’ llegan a la eventual mesa de negociación fortalecidas en lo militar y lo político y estables en lo económico, asegura Johnson, investigador de CORE. “Si así llegan, no tienen muchos incentivos de negociar, pensando en los incentivos clásicos, pero tienen otros incentivos”, dice.

Son dos los incentivos que señala. El primero, la expectativa que el mismo EMC ha generado en las comunidades bajo su influencia sobre la posibilidad de la paz, que le genera “presión desde abajo” desde aquellas personas que la disidencia “percibe como su base social”. Y el segundo es un incentivo identitario: “Si se logra un acuerdo en el que el EMC pueda decir que es mejor que el de las FARC de 2016, estarían muy tentados de firmar”, explica. En otras palabras, el EMC tiene una “batalla emocional” con las extintas FARC.

De allí surgen por lo menos dos preguntas: ¿Cuál es esa base social que tiene el EMC  y cuáles podrían ser las conquistas de un acuerdo con ese grupo, distintas a lo ya acordado en 2016?

Sobre la base social, Kyle Johnson afirma que es “muy campesina y comunidades muy aisladas”, que es más pequeña que la que pudieron llegar a tener las antiguas FARC y que, en todo caso, puede estar dividida frente al EMC, como lo evidenciaría la aparición de nuevos grupos civiles que reclaman representar a comunidades campesinas, indígena y afro, sobre todo en el suroccidente del país (Cauca y Nariño), el Catatumbo y los Llanos. 

Ahora, respecto a la agenda, Daza señala que el EMC buscaría, entre otras cosas, al menos dos. Una, volver a una versión preliminar del acuerdo de 2016, distinta a la que se firmó, con demandas generales sobre justicia social. Y por otro lado, tienen reclamos ligados al medio ambiente ligados a su zona de presencia, especialmente el cinturón del Guaviare, Caquetá, Meta y parte del Amazonas. De hecho, un análisis publicado por 070 y escrito por Juanita Vélez, también investigadora de CORE, señala el impacto que tendría la acción del EMC, “autoridad ambiental de facto en la zona”, en la reducción de la deforestación.

Por su parte, Johnson resalta que hay temas como la política de Parques Nacionales y de las comunidades dentro de estos, un reclamo que cruza el problema estructural de la tierra con la agenda de medio ambiente, como gran novedad de este proceso de paz. Otro tema que podría aparecer es una nueva política de sustitución de cultivos ilícitos que subsane los problemas del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), creado en el acuerdo de 2016 con las extintas FARC. “Para muchas comunidades ese proceso fue un fracaso, el Gobierno también señala que no funcionó” y eso podría favorecer la inclusión de ese punto.

Más allá de estos temas, la agenda temática de la negociación está por definir, así como los asuntos metodológicos de la misma. Tras reactivar las negociaciones, las partes anunciaron que darían a conocer sus equipos negociadores. Aunque el EMC aún no lo ha hecho, el Gobierno sí nombró el pasado miércoles 12 de julio a su equipo negociador.

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, exministro de Salud y quien ha participado en otros procesos, liderará la delegación. También harán parte personas con arraigo territorial en el suroccidente, como el exsenador del Cauca, Feliciano Valencia, y el coordinador en Cauca del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Óscar Salazar; y figuras de sectores opuestos al gobierno, como el exministro uribista Fabio Valencia Cossio, entre otros.

“Que haya una delegación ya es un avance”, dice Francisco Javier Daza. Para él hay un mensaje claro en la conformación de esta en querer desescalar las hostilidades en el Cauca. Y Kyle Johnson complementa al decir que el gobierno envía un mensaje de que sí se está tomando este proceso en serio, pues el equipo negociador tiene a personas conocedoras de los territorios donde opera el EMC. Además, cree que el equipo negociador puede contrarrestar la sensación de que el Gobierno ha venido improvisando con la “paz total”, pues para él son personas capaces de darle un norte al proceso de paz.