En su primer discurso ante la ONU el año pasado, el presidente Gustavo Petro declaró:  “la guerra contra las drogas ha fracasado”. Un año después, el gobierno publicó la nueva política de drogas de Colombia para los próximos 10 años. Esta busca replantear la estrategia por una menos enfocada en la respuesta punitiva al negocio de las drogas y que aborde el asunto desde los derechos humanos y la salud pública.

Pero algunas voces expertas en el tema no están convencidas con el documento.

Estefanía Ciro fue la coordinadora del capítulo de drogas de la Comisión de la Verdad, es fundadora del Centro de Pensamiento AlaOrillaDelRío, que estudia los procesos sociales en la Amazonía colombiana, y es una de las investigadoras que más ha estudiado el negocio ilícito de las drogas en Colombia. En una conversación con Mutante, Ciro cuestionó algunos puntos de la nueva política. 

Juan: ¿Cuál considera que es el principal cambio que trae esta política de drogas?

Estefanía: Hay un esfuerzo muy fuerte por plantear una discusión sobre la idea del fracaso de la guerra contra las drogas. Y, con las limitaciones y críticas que puedo tener sobre el proceso de participación, creo que a diferencia de otros gobiernos este trabajo intentó articular participación territorial, entender a las regiones. Eso me parece nuevo.

Y creo que es bueno, también con bemoles, plantear discusiones ambientales en torno a las economías de la cocaína.

J: Hablemos de algunas medidas: la política mantiene la erradicación forzosa en cultivos en ciertos casos, ¿cómo evalúa esa decisión?

E: Eso es lo que no es novedoso de la política: mantiene el aparato represivo. O sea, las erradicaciones. Me parece muy complicado, porque en la Comisión de la Verdad dimos una pelea muy fuerte por el levantamiento de la política de erradicación y la ganamos. Es increíble que no se hayan dado la pela en la política de drogas. 

Pueden decir que los Estados Unidos no dejan, que el ministerio de Defensa no deja, pero el núcleo del aparato represivo de la política de drogas es la amenaza al campesino: si no erradica, es penalizado. Y eso se mantiene.

J: Habrá erradicación forzosa si los cultivos exceden cierto límite, si tienen infraestructura para procesar coca o si son sembrados después del inicio de la política. ¿Qué opina de esos criterios?

E: Son criterios muy arbitrarios. El criterio de erradicación para nuevos cultivos no tiene ningún sentido y es muy criticable. ¿Cómo va a medir cuáles son los nuevos cultivos? El informe de cultivos de 2023 es en realidad la foto de 2022. ¿Quién va a definir qué creció y qué no creció este año?

Y el criterio de la infraestructura es terrible porque más de la mitad de los campesinos tienen trabajadores para procesar la pasta base y también cristalizaderos. 

J: ¿Cree que la política tiene en cuenta la gradualidad del paso de la coca a otras economías?

E: No. El campesino sigue siendo el que tiene que probar que cumplió. No se crean mecanismos para que el Estado sea el que rinda cuentas. 

Sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo no es una cosa que se construye de un día para otro. De ahí la importancia de la gradualidad, una palabra que no aparece con claridad en el documento, aunque el propio presidente lo planteó en diciembre. 

J: ¿Cuál es su lectura de la regulación del cannabis que plantea la política?

E: En el documento una cosa es el diagnóstico y otra la política. Lo digo porque plantean toda una discusión sobre la coca pero no hablan en el diagnóstico de la marihuana. No hay un diagnóstico de las dinámicas de violencia en torno a la marihuana, sobre qué pasa en el Norte del Cauca, la influencia de la columna Dagoberto Ramos y su disputa por el control del cannabis. No se pregunta con quién van a tener que negociar para que suelte el negocio del cannabis.

J: ¿Qué tan bien interpreta el documento el cambio en el negocio de la coca, con la caída de los precios que les pagan a los cultivadores?

E: Creo que hay dos cosas que la política no ha entendido. Ellos proponen un mercado dividido entre cultivadores y traficantes. Y que no hay vasos comunicantes entre ellos. Pero no explican, por ejemplo, algo que los estudios muestran: la destrucción de laboratorios ha aumentado la tasa de homicidio en los territorios porque desordena el mercado y empieza la paranoia de: “¿quién fue el que sapeó?”.

La Comisión de la Verdad mostró también cómo la destrucción de laboratorios impacta negativamente las economías regionales. Me da miedo que planteemos una política de oxígeno y asfixia sin entender que la asfixia a los traficantes afecta también el otro lado, al cultivador. Una política de asfixia y oxígeno debe tener un diagnóstico de los daños colaterales que eso va a tener.

J: La política plantea créditos de entidades del Estado para que los campesinos financien sus nuevas actividades. ¿Qué opina de esa medida?

E: Todo eso se da bajo la promesa de que primero el campesino acabe con la coca. Ese es el problema. Porque a usted no le va a prestar ningún banco si tiene coca en su propiedad. Y si tiene coca en su propiedad, usualmente usted no tiene formalidad de esa tierra. Lo primero es formalizar.

J: ¿Y cómo evalúa esa formalización de tierras tal como está contemplada en la política?

E: Sí, y en eso estoy de acuerdo. Lo primero es el ordenamiento territorial. Esto va más allá de lo que diga la política. Hay una discusión entre el Ministerio de Agricultura y el de Ambiente porque la ley de reservas forestales le pone un candado a la propiedad de la tierra en ciertos territorios protegidos. Pero hay campesinos que llevan 50 años en esos territorios.

La discusión es sobre la sustracción. O sea, quitarles tierras a las zonas de reserva forestal, en zonas que ya no son estratégicas en cuanto a biodiversidad y darles propiedad a los campesinos. Por supuesto no se puede en todo lado. 

J: El documento también plantea, por ejemplo, pagarle a cultivadores para que pasen a cuidar zonas estratégicas ambientales. ¿Cree que es importante ese énfasis ambiental?

E: Aquí hay que partir de que toda política de drogas es una política de intervención, una geopolítica. Y eso no se desactiva porque lo diga Petro. Es una política con mucha influencia de Estados Unidos. Y está en la misma línea del punto cuatro del acuerdo con las Farc, que era bastante prohibicionista porque planteaba una sustitución de cultivos y el fin de la coca y la cocaína.

Estamos bajo esa misma lógica. Y la política ambiental es central para Estados Unidos, que tiene un ojo puesto en la Amazonía por el colapso climático. Me preocupa esa narrativa de los efectos sobre el medio ambiente de la cocaína y la marihuana porque puede generar una narcotización de la política ambiental de la Amazonía.

J: Aunque la política dice que va más allá de la sustitución de cultivos, usted ve muchas coincidencias con lo que hizo Santos.

E: Exacto. Y quiero resaltar el punto de la narrativa. No podemos tener una política de drogas que todo el tiempo diga la palabra narcotráfico, cuando ya la academia y la discusión pública está hablando de economía de la cocaína y de la marihuana. Ellos titulan el documento como “desterrar el narcotráfico”, casi ponen “combate contra el narcotráfico”.

No podemos tener un presidente que habla del fin de la guerra contra las drogas y una política que no menciona en 85 páginas el fracaso de esa guerra. En lugar de eso hablan de “los efectos adversos de la política antidrogas”.

J: El fin de semana el presidente dijo que “el antídoto contra el consumo de drogas es el amor”. ¿Cómo dialoga esa declaración con la idea de desestigmatizar el consumo?

E: La declaración del presidente es absolutamente estigmatizante. Afortunadamente las nuevas generaciones tienen más herramientas para entender que el consumo es más complejo que una adicción y también más digno. Y que reducir el consumo a falta de amor es negar que el consumidor ejerce un acto soberano sobre su cuerpo. 

Por eso necesitamos un movimiento de usuarios de drogas que exija al gobierno repensarse eso. El problema es que aún es un campo muy en manos de ong, de emprendimientos. Necesitamos politizar al usuario de drogas.

Y también está la organización cocalera, que hoy está absolutamente fracturada. Entonces, ¿cómo se pueden plantear medidas como reubicar a cocaleros dentro de la frontera agrícola, si no hay una organización cocalera? Hay liderazgos que necesitan ser mucho más fuertes en las bases.

J: ¿Y es trabajo del Estado propiciar la organización cocalera?

E: Eso es difícil. Pero sí podría al menos entrar en una lógica de reconocimiento del movimiento campesino. Si todos los campesinos saben que les van a dar plata es por sustituir, pues reactivas el estigma.

J: ¿Cuál cree que será el futuro de las drogas con esta política?

E: La estrategia siempre ha sido regular. Cada cuatro años se para un funcionario a decir: no estamos preparados para la regulación, vamos a disminuir la oferta y la demanda. Pero es la prohibición la que motiva el aumento descontrolado de la oferta y la demanda. 

Creo que la realidad se va a imponer cuando comience el intento de la regulación de cannabis. El gobierno va a entender que no es solo un problema de la coca: que la coca es mala y el cannabis bueno. Ambas rentas corresponden a unos mercados que el prohibicionismo regula de manera armada. Y si no se desmantela eso, vamos a estar en problemas por mucho tiempo.

Conoce aquí las claves de la nueva política de drogas.