“La  dimensión de las protestas nos rebasó a todos”. Leyder Perdomo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, resume en esa frase lo ocurrido en los últimos meses. Entre abril y julio registró en una matriz de Excel 1.772 violaciones a los derechos humanos, la mayoría contra jóvenes en esa ciudad. Su trabajo diario en ese tiempo fue intenso e inédito. Ahora, como otros defensores y organizaciones, busca justicia en un país acostumbrado a la impunidad.

“El sistema de justicia colombiano es bien inepto en condiciones normales, es difícil esperar que no lo sea más en una condición tan excepcional como esta”, explica Perdomo, refiriéndose a las numerosas denuncias tras los hechos de violencia registrados en las protestas de este año. A eso se suma que las víctimas no siempre denuncian ante las autoridades. “Tienen unos miedos, que no son infundados, frente a la posibilidad de denunciar”, agrega. Un sistema engorroso, intimidaciones, represalias, estigmatizaciones, son situaciones comunes con las que deben lidiar los denunciantes.

La dimensión de las protestas nos rebasó en cifras: 4.852 denuncias de violencia policial registró en todo el país la plataforma de Temblores ONG, Grita; 1.905 personas resultaron heridas, según la misma organización, por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el Esmad y civiles armados no identificados.

Y el número de fallecidos en las calles nunca había sido tan alto y difería según la fuente. La Fiscalía hablaba de 24 muertes confirmadas durante las manifestaciones (y 11 más en verificación) mientras organizaciones como Human Rights Watch (HRW) reportaban 34 y la alianza de Temblores, Indepaz y Paiis registraba 43.

El Estado también se vio rebasado y la desconfianza imperó. La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Policía, el Gobierno, todos recibieron críticas por el manejo de la situación y la insuficiente respuesta para defender los derechos humanos de quienes se manifestaron.

Sofía Forero, investigadora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, cuestiona que las mismas instituciones que deben velar por el avance de las investigaciones de las denuncias y por resguardar los derechos generen dudas. “Todas están en cabeza de amigos del presidente (Iván Duque). Así es complicado que haya neutralidad ahí, y que haya un control externos a los procesos, más allá del que podamos hacer las organizaciones de la sociedad civil”, señala.

La administración de justicia también está pendiente. Son pocas las noticias sobre imputaciones, sanciones disciplinarias o condenas judiciales de miembros de la fuerza pública ante los casos de homicidios, lesiones oculares y detenciones ilegales que los señalan como posibles implicados.

Hasta el momento solo el mayor de la Policía, Jorge Mario Molano, ha sido llamado a juicio por la muerte de un manifestante durante las protestas de 2021, en el caso de Santiago Murillo en Ibagué.

Y los antecedentes invitan al pesimismo, como en el caso, por ejemplo, de Nicolás Neira, un joven de 15 años que fue asesinado en 2005, en medio de protestas en Bogotá, después de recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza. En abril pasado, después de 16 años del hecho, un exagente del Esmad fue condenado a 17 años de prisión por homicidio. Casos como este pueden desalentar a las víctimas, pero al mismo tiempo son un ejemplo de la tenacidad y lucha de sus familiares y defensores por buscar justicia.

La violencia, evidenciada en la cifras, tiene otro lado menos evidente. Perdomo señala cómo de privaciones de la libertad al inicio del estallido, justificadas por la Policía bajo la figura de “traslado por protección”, pasaron a agresiones físicas más difíciles de rastrear. “Pasan a la forma  ilícita de castigo: las torturas y los tratos crueles. Cuya finalidad es amedrentar a un colectivo social”, explica.

FALTA VOLUNTAD Y ACCIÓN

En junio pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó un informe al gobierno Duque con sus observaciones y recomendaciones tras una visita de trabajo por el tema de las protestas.  Entre las recomendaciones para que el Estado colombiano proteja los derechos humanos en ese marco, la Comisión mencionó la reducción máxima del uso del control policial y militar en las manifestaciones sociales, o el traslado de la Policía Nacional a un ministerio diferente al de Defensa. En el documento, la Comisión señaló, además, los “bajos niveles de confianza ciudadana en las instituciones estatales, fenómeno que podría explicarse por temas como los altos niveles de impunidad”.

Los defensores de derechos humanos, abogados  e investigadores sociales consultados por Mutante coinciden en la poca voluntad del Estado por esclarecer las denuncias. Muchas de ellas han sido direccionadas a la justicia penal militar; contrario a lo que exigen víctimas y organizaciones, que sean investigadas y juzgadas por la justicia ordinaria.

“Algo que nos duele mucho es la actitud del Estado. No hay un compromiso por la verdad ni por la justicia”, dice Martha Elena Giraldo Mendoza, una de las líderes de la Comisión por la Vida de Cali, conformada por organizaciones de la sociedad civil, universidades y delegados de la Iglesia católica de esa ciudad.

Giraldo Mendoza asegura que ante la poca expectativa de conseguir justicia, la gente en Cali decidió continuar el paro “barrio adentro”, con espacios de paz y diálogo, iniciativas de formación de liderazgo comunitario (como ‘Jóvenes al barrio’), y la organización de ollas comunitarias.

Con todo ello buscan contrarrestar la impunidad, hackearla (‘atacarla’ por vías no convencionales) en el largo plazo y fuera de los escenarios de confrontación y violencia que coparon los medios y las redes durante las protestas.

Y desde el Estado hay mucho que aclarar e investigar sobre esas jornadas. Diego Cancino, concejal de Bogotá y una de las figuras políticas que ha visibilizado las denuncias ciudadanas, dice que “todas estas graves violaciones de derechos humanos no salieron por generación espontánea. Acá el Estado nos debe una explicación muy profunda de lo que pasó”.

Fernando Rodríguez Kekhan, abogado de la Campaña Defender La Libertad, a cargo de 10 procesos penales por violaciones a derechos humanos durante el paro, en las que hay policías involucrados, advierte sobre “vicios históricos” del sistema judicial que alimentan la impunidad. Entre ellos señala el hecho de que son los mismos “policiales” quienes se encargan de la recolección inicial de  pruebas. “Y es ahí en donde aprovechan para alterar la escena de los hechos”, afirma. Y del otro lado, la Fiscalía es percibida como un actor poco imparcial. “En este gobierno lo hemos visto mejor que en otros tantos. Este sí ha sido la tapa”, señala.

Esa sensación de desconfianza va paralela a la impunidad. “Las últimas manifestaciones incluyeron en sus reclamos justamente la impunidad, que viene sumándose desde hace mucho tiempo, como una olla a presión que al final estalla”, explica Forero, de Dejusticia.

Además, durante las recientes protestas el gobierno insistió en mensajes más enfocados en respaldar el trabajo de la fuerza pública que en condenar su accionar, que se ha visto cuestionado con más fuerza desde las movilizaciones de noviembre de 2019.

“En vez de llamar la atención, de decir: ‘esto nunca va a pasar más, nosotros vamos a ser responsables de que el Estado dé ejemplo, de que (se) cumpla la ley y (se) cuide la vida’; lo que hace el Presidente es felicitar y disfrazarse de policía”, dice el concejal Cancino. Añade que ve necesario un mensaje político claro que no solo rechace los abusos de fuerza de la Policía, sino que retire la protección tácita a sus acciones.

Para la experta de Dejusticia, ese tipo de mensajes desde el gobierno también afectan el acceso a la justicia de las personas. Los policías “al verse respaldados, al menos discursivamente, desde el Ejecutivo, sienten que la impunidad está con ellos”, dice.

¿QUIÉN MANDA?

En los meses que duraron las manifestaciones también se evidenció cómo en algunos momentos la Policía actuó con directrices enfrentadas a las de los alcaldes de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, lo que contribuyó a la sensación de caos.

“Para un alcalde gobernar con la enemistad declarada de la Policía resulta una cosa inmanejable”, señala Perdomo sobre este escenario.

Al final, la responsabilidad de los hechos se diluye. El pasado 28 de septiembre, el senador Iván Cepeda y seis ONG colombianas presentaron un informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) –en el marco de una invitación de ese organismo para recibir observaciones y comentarios para un examen preliminar del país– “sobre los hechos de violencia policial y militar en el contexto de protesta social en Colombia” y una de las solicitudes más enfáticas fue la identificación e investigación de los “máximos responsables”.

“No se ha hecho investigación de los superiores jerárquicos (…) todo ha terminado en autores materiales, o en la justicia penal militar”, dijo el senador Cepeda el día de la entrega del informe a la CPI.

Lo que ha cambiado, según explica el abogado Perdomo, es que las protestas ciudadanas de los últimos meses han hecho que “los ojos estén puestos encima de la Policía a nivel social hoy. Eso es una cosa que no pasaba antes”. “Aún así actúan y proceden de esa manera, como será donde no estuviese ese tipo de control”, apunta.

Desde las organizaciones de la sociedad civil el trabajo sigue para buscar respuestas. Después de registrar y ver desbordada la matriz de Excel con las denuncias del paro, la Corporación Jurídica Libertad decidió dedicar sus esfuerzos a sistematizar la información para hallar patrones. “Estamos preparando varias denuncias penales y disciplinarias. Y lo estamos haciendo por modalidad de victimización”, es decir, privaciones de la libertad, amenazas, asesinatos, hostigamientos, judicializaciones, lesiones personales, explica Perdomo.

El trabajo colectivo es otra apuesta fuerte de las organizaciones. Fernando Rodríguez, de la Campaña Defender la Libertad, defiende la necesidad de privilegiar acciones como el litigio estratégico junto a otras ONG. Se refiere a programar acciones jurídicas colectivas para lograr mayor impacto en la búsqueda de justicia. “Este ejercicio colectivo con las organizaciones tiene la ventaja de generar respuestas organizadas, más efectivas que si respondiera cada uno por su lado”, señala.

Otra estrategia es la de insistir en hacer control a través de la información. “Pedir datos y (pedir) la intervención de organismos internacionales”, dice, por su parte, Forero, de Dejusticia. También resalta la importancia de seguir utilizando las vías institucionales y el estado de derecho para evitar la violencia y la “justicia por mano propia”.

Mientras se activan las acciones ante los estrados, Martha Giraldo Mendoza, en Cali, trabaja en acciones de pedagogía y ciudadanía en la calle para “ponerle una talanquera” a la violencia estatal desde el interior del barrio. Seguir en ese trabajo comunitario silencioso, incluso lento, le hace pensar en que esa es la manera de verdaderamente compensar la injusticia. “Si no les seguimos el juego a la violencia, le estamos haciendo una fuerza contraria a la impunidad”, afirma.