Hoy se siente que Colombia avanza un paso hacia la igualdad entre hombres y mujeres en los espacios de representación política. Esta victoria parcial llega por cuenta de la aprobación en el Senado del artículo 81 de la reforma al Código Electoral, que contempla exigirle a los partidos políticos listas conformadas por 50% mujeres y 50% hombres.

El artículo fue aprobado con 90 votos a favor y uno en contra. Este le pone un piso mínimo del 50% a la participación de las mujeres en las listas a elecciones populares donde se elijan 5 o más curules, lo que abre la posibilidad de que existan listas mayoritaria o enteramente de mujeres.

Pese a que la noticia fue celebrada, integrantes de la campaña #ParidadYa lamentaron que no fueran incluidas otras medidas como la alternancia (listas intercaladas entre hombres y mujeres), que serán el centro de discusión en adelante. Por lo pronto, se espera antes del 19 de diciembre la conciliación entre el Senado y la Cámara para definir la redacción final de este artículo.

El camino hacia la aprobación de la paridad estuvo lleno de obstáculos y fue una muestra del tipo de hostilidad que enfrentan las mujeres en la política. Empezando por el fracaso de la Reforma Política, que contemplaba la versión más integral de la paridad, y que terminó siendo archivada a inicios de noviembre en la Cámara.

A esto se suman algunas escenas memorables que dejó este último período legislativo. Una de esas fue el 18 de noviembre, cuando en redes sociales se desató una polémica tras un debate en el que la Comisión Primera del Senado discutió el proyecto que pretende: “otorgarle el estatus de persona a quien está por nacer desde la concepción misma y así prevenir el aborto”, según lo describe la página web de la senadora del partido conservador Esperanza Andrade, ponente de esta inciativa. Esta comisión está conformada por 18 hombres y cuatro mujeres.

En la sesión, el senador Gustavo Petro apareció como el mayor y casi único defensor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, protegido constitucionalmente en Colombia. Rápidamente desde distintas cuentas de Twitter de voces influyentes se sintió la incomodidad que causó que el líder de la Colombia Humana se presentara como la voz más fuerte en defensa de la autonomía de las mujeres. Lo cierto es que difícilmente ese debate pudo ser distinto. Como lo sugirió la tuitera @CristinaRevolt, el origen de esta situación es más profundo: en Colombia hasta el día de hoy, no existe la paridad, y así, a escala, lo refleja la comisión primera del Senado.

La realidad no cambia al distanciarse de allí: de 275 congresistas, solo 55 son mujeres, aún cuando en Colombia desde la Ley de Cuotas del 2011 se pretendía que los espacios de representación democrática fueran cada vez menos desiguales, exigiendo a los partidos políticos que sus listas a las elecciones legislativas estuvieran conformadas por al menos el 30% del género opuesto al mayoritario.

Hubo otra escena bastante indicativa de lo que ha sido la democracia colombiana. Hace una semana, y cuando se discutía la reforma al Código Electoral en la plenaria de la Cámara, apareció una nueva talanquera por cuenta de una proposición del representante Jorge Eliécer Salazar del partido de la U, que buscaba ponerle un tope a la participación de las mujeres de un mínimo del 30% y máximo del 50% en las listas electorales.

Al defender su proposición durante una entrevista en BluRadio, Salazar aseguró que “de pronto en Bogotá no hay ningún problema, porque el nivel intelectual es altísimo, pero hay municipios pequeños [donde] vas a organizar una lista al Concejo de 10, 11 personas y conseguir el 50% dispuestas a meterse en las listas es imposible”, causando un nuevo revuelo en redes sociales que ubicó en su contra y en la misma orilla a mujeres de distintos tintes políticos y partidos, como Dilian Francisca Toro del partido de la U y Juanita Goebertus del Partido Verde.

Por ahora, la propuesta de Salazar que buscaba ponerle un techo a la participación de las mujeres y su comentario sexista se quedarán en anécdota.

Este es el avance más significativo que ha tenido la paridad hasta el momento en el país. Pero, para que sea una realidad, el movimiento de organizaciones feministas agrupadas en la plataforma ParidadYa, cree que hacen falta otras medidas para garantizar que los partidos políticos se tomen en serio los asuntos de género, que las mujeres en efecto sí sean elegidas y que no sean “relleno” en las listas que se presenten a Juntas Administradoras Locales, Concejos, Asambleas y al Congreso, lo que implica una reforma política y no solo electoral, para así revertir herencias machistas en la democracia colombiana.

LA VIOLENCIA INVISIBLE

–Cuando hay muchos hombres aspirando, lo sienten a uno como una amenaza, pero por otro lado también nos usan para rellenar las listas. Cuando estaba haciendo campaña me decían: “eso qué va a llegar, o bueno, de pronto sí con esas nalgotas que tiene”. Seguí, haciendo caso omiso de esos comentarios que no quiero repetir ahora, porque fueron muchas las vulgaridades y los insultos que escuché contra mí.

El relato de Ana Panesso, una de las únicas dos concejalas mujeres del municipio de Medio Atrato, Chocó, hace parte de un collage de testimonios que, en efecto, evidencian que el camino de las mujeres en la política puede ser más complejo que el de los hombres. En su caso, y desde el momento que decidió ser candidata al concejo municipal, se ha encontrado con obstáculos que le hacen pensar que la política es un espacio hostil para ella por el hecho de ser mujer: “Empezando que trataron de dañarme el hogar, diciéndole a mi marido que cuando llegara al Concejo me iba a conseguir otros hombres. Me tocó convencerlo de que eran puros chisme”, relató.

Es por eso las ocho mujeres que entrevistamos para este artículo están de acuerdo en que una ley puede ser una victoria parcial pero insuficiente: se necesitará un compromiso y una transformación social que trasciendan las violencias históricas y que deje de asignarle a la mujer un rol doméstico y privado, condenando así cualquier intento de actividad pública.

“No hay condiciones para ejercer la política porque no tenemos empleo, porque estamos a cargo de las labores del cuidado, porque somos víctimas de los roles y estereotipos de género dentro de nuestras vidas privadas. Y sí, no les gusta que las mujeres hablen fuerte porque esa fue una herencia de la construcción de la democracia que desde el principio fue hecha por hombres”, dijo Juliana Herández, directora de Artemisas uno de los colectivos integrantes de la campaña #ParidadYa, durante un espacio de conversación digital Mutante en el que varias mujeres narraron sus experiencias en la política.

Claudia Mejía, quien se ha dedicado a trabajar por la paz y su enfoque de género y que mientras estuvo en ONG Sisma Mujer investigó la violencia contra las mujeres lideresas, dice que: “La forma más extendida de violencia política, es una forma invisible pero tremendamente lesionante para ellas, para su integridad y su autestima: es esta violencia simbólica de la discriminación” y enfatiza que se trata de una perturbación que genera daños prolongados en sus vidas.

Así también lo señala una encuesta realizada por Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), y consignada en su informe titulado “Mujeres y participación política en Colombia: el fenómeno de la violencia contra las mujeres en política”. En ella se describe un espectro de violencias que va desde el silenciamiento en los debates o el uso restringido de la palabra hacia las mujeres, hasta la violación y el abuso sexual, pasando por asuntos como la difamación sobre temas de su vida privada. El 63% de las mujeres encuestadas reportó haber sido víctima de alguna de esas acciones violentas.

El testimonio de Dubby Orjuela, exconcejala de Santander de Quilichao en el departamento de Cauca, también evidencia cómo el juicio sobre las mujeres y su ejercicio público puede ser más cruel cuando se vale de los roles de género que la sociedad le dice que debe asumir, como el de la maternidad.

–Yo entré en el 2016 a ser concejala y resulta que en abril quedé embarazada. Ya en noviembre tenía una barrigota y cada vez me costaba más moverme en el municipio. Luego en febrero nació mi hija y me tomé la licencia de maternidad, hasta julio de 2017. Pero de diciembre a julio hubo un proceso de señalamiento de la comunidad: que por qué no estaba presente en los espacios, que yo dónde estaba, y mucho más desde la oposición que aprovechó esta situación para hacer campaña en mi contra.

Tampoco las mujeres que parecen contar con mejores herramientas y recursos para enfrentar tales discriminaciones se han librado del machismo que caracteriza la política colombiana. “Mi biografía política, yo la llamo así, en algunos casos ha sido tan difícil, como la de tantas mujeres. Soy estudiosa, documento los procesos, me mantengo conectada con las organizaciones sociales y eso da mucha fuerza para mantenerse en este mundo tan machista: por sus horarios, por sus rituales, por las expresiones patriarcales que hay en el congreso de la república”, contó la representante y excanditata a la vicepresidencia, Ángela María Robledo.

También conocimos el relato de María José Pizarro:

–Nosotras tenemos que pasar un filtro familiar porque la decisión casi nunca es individual, eso solo le pasa a los hombres, que deciden irse a la política. Yo no puedo pasar mucho tiempo con mis hijas y eso supone que ellas tienen que entender en qué estamos para que puedan saber que es un esfuerzo colectivo y eso lo aprendí de mi madre.

Entre las listas de quejas de las mujeres que ejercen la política están los rituales que se han construido en la democracia colombiana: decisiones que se toman en la madrugada o acuerdos políticos que se hacen en la cantina del pueblo a altas horas de la noche, pactos tácitos entre hombres que las han marginado. A eso se suma las discriminaciones y violencias que parecen más sutiles y tienen lugar, incluso, al interior de sus hogares.

“Ellas son tremendamente violentadas por los actores de la familia: son cuestionadas porque están ‘poniendo en riesgo’ o ‘abandonado la familia’, juicios que difícilmente se le hacen a los hombres”, dice Claudia Mejía.

Por otro lado, la misma encuesta de NIMD asegura que el 42% de las mujeres que respondieron y fueron elegidas en el 2018 para cargos en Concejos y Asambleas, dijo que nunca recibió ayuda de su partido político durante la campaña, otra de las urgencias que señalan quienes esperan que algo cambie en la democracia más allá de la cantidad de puestos que en adelante puedan ocupar las mujeres.

En el mismo espacio en el conocimos la historia de Pizarro, escuchamos a Camila Suarez, excandidata al Concejo de Cúcuta, Norte de Santander. Ella nos habló del nulo respaldo que recibió por parte del Partido Verde:

–Como candidata al concejo fue un poquito complejo y difícil, porque yo de entrada me declaré una candidata feminista y sin fórmulas. A mí el partido no me dio un peso, les envié un correo electrónico y nunca me respondieron. Mi campaña me la financió mi pareja, algunos ahorros que yo tenía y compañeros que me ayudaron. Hice una vaki y el máximo que me daban era 50 mil pesos; en total recogí alrededor de 4 millones de pesos.

¿ES UNA LEY DE PARIDAD LA SOLUCIÓN?

Lo más cercano a la paridad que existía hasta hoy en Colombia, es la Ley 1475 de 2011 que obliga a los partidos políticos a presentar listas con al menos el 30% de candidatos del género opuesto al mayoritario.

Una investigación de la Misión de Observación Electoral (MOE) evidenció que en las elecciones legislativas del 2018 dicha cuota, tanto para candidatos a la Cámara como para el Senado, se cumplió y se superó por pocos puntos porcentuales, lo que significa que hubo más mujeres entre las opciones. Sin embargo, este estudio también reveló que la elección efectiva de mujeres no fue más del 21% en ambas corporaciones, o sea, los hombres siguieron siendo los más votados porque siguen encabezando las listas y porque, en general y a diferencia de las mujeres, suelen tener, por parte de sus partidos, más respaldo económico y logístico para sus campañas.

Esto le hace pensar a la abogada Alejandra Trujillo, coordinadora de proyectos en Friedrich Ebert Stiftung (Fescol)., que una ley que proponga el 50% de candidatas mujeres en la lista electoral de cada partido ampliará un poco más la representación, pero que únicamente nos acercaremos a hablar de paridad cuando se implementen otras medidas que garanticen la elección de mujeres, entre ellas: la alternancia en las listas –una mujer, un hombre, una mujer y así sucesivamente– y las de listas cerradas –donde los votantes eligen una lista completa y no un candidato–.

Según explica el documento de la MOE, estas leyes que buscan más representación a través de cuotas y otras acciones vistas como discriminación positiva, son transitorias: “en principio se espera que estas medidas sean innecesarias en unas décadas, cuando las condiciones sociales y políticas sean menos adversas para lograr la efectiva participación de las mujeres en política”.

Por otra parte, la discusión en torno a las cuotas de género no es una discusión zanjada dentro del movimiento feminista. Ha recibido interpretaciones críticas de sectores en la academia, donde invitan a una reflexión no solo sobre la efectividad de las leyes sino sobre su poder transformador. Por ejemplo, las profesoras de la Universidad de los Andes Isabel Cristina Jaramillo y Helena Alviar, escribieron en su texto “Feminismo y crítica jurídica”, que cierta parte de su mirada sobre el debate en torno a la Ley de Cuotas se ancla en la idea de que concentrarse en la preocupación por las cuentas y los porcentajes, “margina o vuelve secundaria la pregunta por quién gana y quién pierde a lo largo de una línea de casos. La convicción de que la política en torno a las cuotas se agota con la aprobación de la Ley, adicionalmente, oscurece el problema de quiénes deberían ser consideradas o incluídas”.

Una preocupación similar fue fácilmente detectable al indagar con un público más masivo sobre el tema. Un sondeo de @MutanteOrg, en el que participaron 312 personas y buscaba medir percepciones sobre la participación en política de las mujeres, reveló que mientras el 97% cree que en nuestras instituciones democráticas debería haber más mujeres, el 25% piensa que no debe llegar a los escenarios políticos cualquier mujer, que su ideología sí que importa.

Por su parte Trujillo opina que aunque prefiere una mujer con una clara agenda feminista, “la representación sí es relevante porque la voz de las mujeres es una voz que hemos escuchado menos y que vale la pena, en todos los matices políticos”. Agrega que “esto sí trae caminos distintos en las agendas que se discuten y en la forma en la que se abordan los temas. Además, sin caer en esencialismo, las mujeres sí suelen hacer política de una forma más colectiva y mucho menos mesiánica”.

Esta discusión, además, ha sido difícil en otros otros momentos importantes o fundacionales de la democracia colombiana, como en la discusión al equilibrio de poderes en el 2015 o el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), tal como lo recuerda Mejía, que ha participado como interlocutora del movimiento feminista en todos estos momentos.

– Cuando pedimos paridad en las instancias que iba a crear el Acuerdo de Paz, se nos dijo: “pero ¡¿por qué están pidiendo paridad?!, si es que la paridad está en contra de las mujeres. Según ellos, perfectamente podríamos tener una instancia donde la participación de las mujeres fuera superior al 50%. “Si ustedes piden paridad se están limitando la posibilidad de tener más mujeres”, nos insistieron.

¿Necesitamos más leyes para ponerle fin a la violencia machista contra las mujeres que deciden ejercer la política? ¿Cómo garantizar la participación efectiva de las mujeres en la democracia colombiana?

Mientras respondemos estas preguntas, al menos el 10% de las mujeres que han decidido hacer política –según el informe del NIMD– deciden que ese no es el camino que quieren seguir transitando. Desesperanzadas y cansadas algunas vuelven a sus hogares y trabajos, como lo cuenta Camila Suarez la joven candidata al concejo de Cúcuta, con la esperanza de que alguna vez puedan sentir tanto respaldo de sus partidos que el dinero y la juventud –como en su caso– no sean un obstáculo para abandonar sus carreras. Otras, con la ilusión de que ser madre o esposa no vaya en detrimento de soñar con hacer política.