* ​​Este texto fue realizado gracias a la Beca de Investigación sobre crímenes ambientales de la organización noruega GRID- Arendal. Hace parte de nuestra conversación #HablemosDeLasDefensorasAmbientales.

Yuvelis Morales veía televisión en su casa cuando dos hombres armados entraron y le gritaron: “¡Si no deja de joder, nos va a tocar matarla!”. Fue la noche del 29 de enero de este año, el mismo día en el que ocurrió una audiencia pública virtual, convocada por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes para discutir los proyectos de ley relacionados con el fracking en Colombia. Yuvelis, de 20 años, era la única representante de la sociedad civil de Puerto Wilches, municipio del Magdalena Medio donde desde hace aproximadamente cuatro años existe una lucha por frenar esta modalidad de extracción impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque. 

El día anterior a la audiencia, la también wilchense, Yosselin Infante, de 28 años, fue amenazada con un arma de fuego por un par de hombres que iban en una moto. Ella acompañaba a su padre en la parte trasera de otra moto camino a una vereda que está  a quince minutos de la cabecera del municipio. “Me pusieron el arma en la cabeza. Me dijeron que si no paraba, me iban a matar”, recuerda.

Yuvelis y Yosselin se conocieron el 8 de diciembre de 2020 en una reunión en el Hotel Posada Real, a la que asistieron unos veinte jóvenes atraídos por un volante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, una coalición que agrupa a más de 80 organizaciones sociales. El panfleto, pegado en varias paredes del pueblo, alertaba a los habitantes del municipio sobre esta técnica de fracturación del subsuelo y sus potenciales daños ecológicos y sociales.

En el encuentro, conocieron algunos detalles sobre los dos Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPI) de fracking con fines investigativos en Puerto Wilches, aprobados por el Consejo de Estado en febrero de 2020 e impulsados por el actual gobierno nacional: el proyecto Kalé, de Ecopetrol, y el proyecto Platero, de Exxonmobil, ambos, para entonces, en sus últimas fases de aprobación ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Llenos de curiosidad, los jóvenes volvieron a reunirse a los pocos días para organizarse con el objetivo de proteger la tierra y el agua de su municipio. Fue así como nació el Comité en Defensa por la Vida y el Agua de Puerto Wilches, Aguawill que sigue poniéndole el ojo a ambos proyectos piloto ya aprobados.

“No podíamos permitir que Puerto Wilches fuera ese lugar al que siempre le sacan, pero nunca le meten”, nos contó Yuvelis sentada en un café del centro de Bogotá, en marzo de este año, después de que se viera forzada a salir de su municipio. Su tono era firme y sereno, aunque no disimulaba la incomodidad de estar en una ciudad que, a sus ojos, está más preocupada por la gasolina de sus carros que por el destino de su municipio. “En Wilches aún nos bañamos con agua no potable y cocinamos con fogón de leña”, dice.

Yuvelis hace parte del 2,8% de la población del municipio que ha logrado acceder a educación superior. Va en séptimo semestre de Tecnología y Manejo de Recursos Ambientales, lo que le ha dado herramientas para entender los impactos que tendría el fracking en sus territorios, efectos documentados por estudios científicos nacionales e internacionales. Daños como la afectación de la calidad del aire, aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, agotamiento del agua potable y riesgos sísmicos. Otras investigaciones señalan riesgos para la salud relacionados con cáncer y patologías neurológicas, renales, reproductivas, respiratorias y hematológicas.

“Si cambiamos nuestra riqueza hídrica, nuestros ecosistemas complejos y la gran cantidad de flora y fauna que tenemos por esta idea de progreso tan cuestionable, ponemos en riesgo no solo a Puerto Wilches sino a toda la región. Hay que recordar que los ríos no son pedazos sino extensiones hídricas que desembocan al mar y que, si son contaminados, las afectaciones pueden ser muy complejas en todo el territorio”, puntualiza.

Esta claridad es la que ha motivado a Yuvelis, Yosselin y a otros dieciocho jóvenes del Magdalena Medio a dedicar innumerables horas de su tiempo para compartir con la comunidad sus temores y los de la Alianza Colombia Libre de Fracking, incluyendo las persistentes denuncias de que el gobierno nacional está incumpliendo las recomendaciones del comité de expertos creado tras el fallo del Consejo de Estado donde fueron aprobados los polémicos pilotos.

Y a alguien deben estar incomodando con sus folletos, murales, cacerolazos y conversaciones de puerta en puerta, para que ellas y tres más de sus compañeros hayan recibido amenazas de muerte.

EL AGUA Y LA PESCA ENVENENADA

Desde niña, Yuvelis entendió la relación entre el río y las familias que viven de la pesca. Hija de un pescador artesanal, lo hizo de manera casi intuitiva: fijándose en las temporadas en las que había más y menos qué comer. “Si el río crece, no hay pescado, no hay plata ni comida para la familia”, dice.

“Hace poco llegó Ecopetrol diciéndole a mi papá que había una vacante para ser auxiliar de obra y trabajar de cerca con algunos ingenieros ambientales. Le ofrecieron menos de un salario mínimo y le prometieron que su familia iba a estar mejor. Él se opuso a la idea. Prefiere tener oportunidades reales a un contrato efímero de 28 días. Sabe que sin pescado o con el río contaminado, no tenemos nada”.

Carolina Agón también es pescadora. Nació en el municipio de Rionegro, a casi 200 kilómetros de Puerto Wilches, también a orillas del río Magdalena. Toda su familia depende de la pesca. Así la alimentaron a ella y así alimenta hoy a sus hijos. Es la vicepresidenta de la Federación de Pescadores del Magdalena Medio y también se dedica a defender el agua de los potenciales efectos que traerán los pilotos de fracking.

El 28 de marzo participó junto a unos 300 pescadores de una caravana fluvial por el río Magdalena. Con consignas como: “¡Queremos yuca, pescado y maíz, no queremos fracking en nuestro país!”, unos cincuenta pescadores salieron al río con gaitas, clarinetes, tamboras y guaches en una acción de protesta. “Los que vienen a sacar el petróleo se van a ir con la tula llena y nosotros nos iremos con la tula vacía, porque cuando aquí no haya qué comer, nos tocará irnos”, exclamó Carolina frente a una multitud de participantes que se reunió en la plaza tras finalizar la caravana.

Carolina, Yuvelis y Yosselin están unidas por el agua. Carolina dice que solo Dios sabe cuántos peces hay debajo del río. Para ella la pesca es algo sagrado: le permite darle un mejor futuro a sus hijos. Yosselin, por su parte, se refiere a sí misma como “amiga del agua y de la tierra” y dice que después de crecer toda la vida cerca a la naturaleza es imposible no verla como algo propio que está dispuesta a defender. Mientras tanto Yuvelis recuerda que lo que más extrañaba de su pueblo cuando se fue a estudiar a Bucaramanga, era sentarse a las orillas del Magdalena cuando estaba triste, para entregarle sus lágrimas y problemas al agua.

Entre 2015 y 2021 se han registrado alrededor de 1.500 derrames, fugas, corrupción de tuberías y estructuras en los campos petroleros del Meta y el Magdalena Medio, de acuerdo con Óscar Sampayo, politólogo de la Universidad de Antioquia y miembro de la Corporación Regional Yariguíes, quienes adelantan investigaciones sobre las afectaciones de la explotación petrolera en la región. “Solamente en 2020, encontramos alrededor de 200 barriles derramados por fallas de Ecopetrol en bloques petroleros ubicados en los municipios de Puerto Wilches, Yondó, Barrancabermeja y Carmen de Chucurí. Por su parte, si solo nos centramos en Puerto Wilches, el año pasado en las operaciones de Cantagallo y Yarirí, hubo alrededor de 12 derrames”, asegura.

Leonardo Gutiérrez, ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander y quien hace parte del comité de expertos creado por orden del Consejo de Estado para evaluar los potenciales impactos de los proyectos piloto, advierte que la cantidad de agua que será contaminada en los PPIs es alarmante. “En un solo pozo se gastan 30 millones de litros de agua. Un pozo tiene hasta 10 huecos. Serían 300 millones de litros de los cuales retorna el 60% a la superficie. Lo que quiere decir, que por cada pozo, habrá 20 millones de litros de agua contaminada que no hay donde guardar”, apunta.

Según la oficina de comunicaciones de Ecopetrol, para el Proyecto Kalé, en la fase de perforación habrá un plan de ahorro y uso eficiente del agua. “Las aguas residuales serán tratadas con el fin de reutilizarlas durante las operaciones, aplicando los principios de economía circular”. La cantidad de agua utilizada en el pozo piloto, “estará entre 200 y 320 mil barriles, es decir entre 12 y 20 piscinas olímpicas”, explica.

Pero, tanto Carolina, como Yosselin y Yuvelis coinciden en que es muy difícil confiar en este tipo de argumentos cuando en la historia petrolera del Magdalena Medio han ocurrido tantos derrames y cuando no hay garantías reales de que esto no se repita. “El agua que se va a captar es del río Magdalena. También se va a depositar ahí. Ya se ha demostrado antes que por la cantidad de químico que le echan al agua, esta no queda limpia. Esto es muy grave porque la van a depositar contaminada. Además, si hablamos de “economía circular” eso quiere decir que utilizarían esa misma agua contaminada para hacer otras cosas en sus operaciones Esto sería muy irresponsable por motivos de salud con sus trabajadores”, advierte Yuvelis.

LA FALTA DE CONEXIÓN CON LAS COMUNIDADES

Tras ochenta años de extracción petrolera en el Magdalena Medio, los wilchenses siguen sin ver que sus vidas se beneficien con el petróleo. Las vías en mal estado, la escasez de presupuesto en las escuelas, la falta de agua potable y el hambre de la mayoría de la gente, entre otras, han erosionado la confianza de la comunidad en las petroleras.

Durante los últimos cinco años, Puerto Wilches ha registrado los niveles más altos de pobreza en el departamento de Santander: una de cada cuatro personas está en condición de pobreza monetaria. Estos indicadores contrastan con las cifras de explotación petrolera en el municipio. El politólogo Oscar Sampayo asegura que en el Bloque Cantagallo – Yariri, un campo petrolero del que hace parte Puerto Wilches, se extraen entre 16 mil y 19 mil barriles al día y en promedio el precio del barril en este mismo periodo de tiempo ha fluctuado entre los 40 y los 90 dólares.

Al contraste entre la riqueza petrolera y la pobreza de la región, se suma la percepción de muchos wilchenses de que los proyectos de fracking no estén siendo concertados con las comunidades. Yuvelis lo resume en una frase: “Ecopetrol nunca nos consultó nada. Solo nos dio a entender que el fracking iba porque iba”.

Detrás de este malestar se encuentran las recomendaciones del comité de expertos. En el documento, consignaron la necesidad de que los proyectos pilotos contaran con una “licencia social”, un concepto formulado por los académicos canadienses Ian Thomson y Robert Boutilier para referirse a las percepciones que tiene una comunidad frente a un proyecto extractivo y a la presencia o ausencia de confianza en el mismo.

Para los chicos de Aguawil, el concepto de “licencia social” ha sido utilizado por las petroleras de forma ambigua. Unas veces, dicen, lo han usado para referirse a que la comunidad debería estar vinculada efectivamente a las decisiones sobre los pilotos, y otras, solo se usa para referirse a la “socialización”.

El eufemismo ha sido utilizado incluso por el mismo presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien públicamente ha reiterado la necesidad de que estos proyectos cuenten con “licencia social”, sin explicar a qué se refiere con ello. “Pero ahora, que no les conviene esa definición, dicen que el término sólo se refiere a que van a socializar el proceso con nosotros. Es muy cuestionable su uso porque ni siquiera existe un criterio a través del cual se obtenga (la licencia social). Nadie sabe de qué se trata y tampoco nos lo han explicado”, dice Yuvelis.

Según la oficina de comunicaciones de Ecopetrol, la vocera de Ecopetrol, entre 2020 y 2021, la empresa ha realizado más de 380 encuentros de diálogo y pedagogía. Sin embargo, las cuatro lideresas consultadas coinciden en que han sido encuentros únicamente con la Alcaldía y empresarios, o donde participa apenas una pequeña parte de la comunidad que no alcanza a ser representativa.

Por ejemplo, explican que en esa audiencia del 29 de enero, de 30 mil habitantes que tiene Puerto Wilches, la única invitada a participar fue Yuvelis. En otros espacios, explica la joven, no se ha incluido al sector pesquero, a los representantes de los sindicatos y algunos trabajadores de palma africana.

Pese a que uno de los argumentos comunes del gobierno y de las compañías petroleras es que este proceso se construye de la mano de las comunidades, es difícil entender cómo,  por ejemplo, solo en Wilches, el 52% de las personas dicen estar preocupadas por el fracking y aún así, los pilotos van a realizarse.

“Lo único que haría la diferencia”, dice Yosselin, “es que el Estado escuchara a la comunidad. Nadie acá quiere fracking. Nos prometen progreso y trabajo, pero, ¿por cuánto tiempo? ¿progreso para quién?”.

SER MUJER Y DEFENDER EL AGUA

Yuli Velásquez fue criada a orillas del río Magdalena, en la ciénaga de San Silvestre,  municipio de Barrancabermeja. Sus abuelos eran pescadores artesanales y desde niña vio bagres que medían por lo menos un metro y medio, garzas rojas y cangrejos que ya no están en la región. Yuli, con 36 años, trabaja desde hace cuatro porque otras especies animales no corran con la misma suerte: “Como pescadores artesanales, estamos protegiendo y conservando al manatí antillano que ya ha desaparecido de la ciénaga por la contaminación. No lo hacemos porque nos den mérito o algún pago, sino por deber moral”.

Con organizaciones ambientales como Cabildo Verde, WWF y algunas universidades, un grupo de pescadores hace seguimiento a los puntos estratégicos donde se alimenta y defeca este animal para poder conservarlo.

Junto con sus compañeros, Yuli participa en jornadas de limpieza, donde corta la maleza y fabrica moños de diferentes plantas que deja en puntos clave para que ellos mismos lleguen a alimentarse. “Cuando el espacio está seco les queda difícil acercarse a la orilla, por eso identificamos estos puntos para facilitarles la alimentación. Nos dividimos y llevamos el control de dónde hacen popó para ver en qué zonas transcurren”, cuenta.

Ella es la vicepresidenta de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander y se dedica a defender la ciénaga San Silvestre, de la cual se abastecen de agua 300.000 habitantes del Magdalena Medio. Es también el hogar de este animal, hace parte del corredor del jaguar y en este momento está en proceso de ser declarada como sujeto de derecho por los problemas que enfrenta.

Expertos como Luis Villalva, quien lidera Doctor Fauna, un grupo de investigación y de conservación de la fauna silvestre del Magdalena Medio, advierte que “si se realiza fracking, el jaguar no va a tener por donde moverse y va a entrar a tierras desconocidas, desequilibrando todo el ecosistema. Por ejemplo, puede empezar a entrar a espacios de ganadería extensiva y comerse a las vacas, lo que posiblemente hará que la comunidad lo empiece a matar. Hay que pensar esto a nivel de departamento, de país y de mundo. Esto solo se va a detener cuando la gente sepa que (sus recursos naturales) valen más que lo que estas empresas les pueden ofrecer”.

Por la gravedad y las implicaciones de este tipo de proyectos, Yuli comenzó a denunciar la contaminación de la ciénaga junto a otros pescadores de la región, la cual se ha visto afectada por el vertimiento de lixiviados de los rellenos sanitarios La Esmeralda y Yerbabuena, y el vertimiento de crudo de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja.

Una auditoría realizada por la Contraloría en 2020 señaló que las fuentes más afectadas por la contaminación son el río Magdalena y el caño El Rosario que desemboca en el caño San Silvestre y en la Ciénaga del mismo nombre. “Dentro de las causas de los eventos sobresalen los generados por efectos de la lluvia, concretamente el rebosamiento de canales y estructuras que contenían residuos de hidrocarburos”, resalta el documento.

El 20 de enero de este año, dos hombres intentaron dispararle a Yuli, mientras estaba con su familia en la casa. Todos se tiraron al piso antes de que las balas los alcanzaran y los hombres salieran corriendo. “Querían que dejara de denunciar estos hechos”, dice Yuli. 

“Una de las mayores preocupaciones de las defensoras no es el riesgo que corren sus propias vidas, sino también las amenazas y ataques a otros miembros de su familia, especialmente a sus hijos e hijas […] Esta táctica es utilizada en mayor medida contra las defensoras, en contraposición con sus compañeros varones”, explica un informe de Oxfam de 2019 que ahonda en las violencias que viven las defensoras de la tierra y el medio ambiente en Colombia.

De acuerdo a la base de datos de Tierra de Resistentes, un proyecto periodístico sobre los fenómenos de violencia a los que se exponen quienes defienden la naturaleza en América Latina, 11 mujeres fueron amenazadas y 20 fueron asesinadas por ejercer estos roles en Colombia de 2009 a 2020. Por su parte, Global Witness, evidenció que en 2019 se produjo un fuerte aumento en el número de muertes de defensores de la tierra en Colombia. Fueron 64 personas asesinadas en todo el territorio nacional, una de cada diez de ellas era mujer. 

Ser mujer, líder y defender el medio ambiente en Colombia es atravesar la violencia de formas muy específicas. “Está el riesgo de ser líder, de ser mujer y el hecho de que los liderazgos femeninos son mal vistos por algunos sectores que tienen ideas conservadoras sobre el rol que debemos desempeñar”, explica Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores.

Carolina recuerda que en una de las muchas reuniones a las que asistió para buscar condiciones dignas de trabajo como pescadora, uno de los asistentes le dijo que mejor se dedicara al fogón. “En otro espacio me dijeron: ‘aquí hablamos los hombres’. En otro, ‘usted es de la casa, las mujeres no piensan’”.

A esto se suma una paradoja, explica Castro. “En estos casos se enfrentan a intereses que están siendo impulsados por el Estado y el Estado a la vez debe brindarles garantías de protección. Acá hay una elevación del riesgo. Hemos visto que la defensa de los intereses del Estado está por encima de los derechos de quienes defienden los intereses comunitarios. Es importante que el Estado reconozca que una democracia robusta necesita estos liderazgos y se comprometa, por ejemplo, con la implementación del Acuerdo de Paz”.

EL DESTINO DEL AGUA QUE SE PROTEGE

Yosselin dice constantemente que las mujeres que ejercen roles de liderazgo generalmente tienen independencia económica. Ella, por ejemplo, ha logrado sostenerse a sí misma y a su hija trabajando en un pequeño cultivo de palma y colaborando con el mantenimiento de las plantas eléctricas de la misma. Como ella, el 90% de la población wilchense trabaja en este sector, según la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 

Hay 60 mil hectáreas de este cultivo en Puerto Wilches y 129 mil hectáreas en los municipios aledaños de Bolívar y Santander, como Sabana, Cantagallo, Barranca y Aguachica. Así lo afirma Leonardo Gutiérrez, quien además de hacer parte del comité evaluador de los proyectos piloto, es presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Palmicultores.

Gutiérrez explica que cuando se realicen estos pilotos se va a encarecer la mano de obra para la palma porque la gente va preferir trabajar con el petróleo. Y agrega: “aquí una producción es de 22 toneladas de fruto por hectárea al año. En cambio en el Llano o en la Costa es de 16 toneladas por hectárea al año porque no tienen la cantidad de agua que tenemos acá. Si nos dañan los acuíferos, vamos a perder productividad en el aceite”.

La palma africana es la reina del paisaje de Puerto Wilches. Solamente basta andar unos cuantos minutos para observar que en kilómetros y kilómetros de tramo no se ve nada diferente a estos cultivos. Un asunto que implica una paradoja para las lideresas porque el agua que defienden termina siendo utilizada por esta industria que tiene efectos nocivos, como la pérdida de la capa orgánica y los nutrientes de los suelos, la alteración de la calidad del agua, la pérdida de la biodiversidad y el desplazamiento de algunas especies, según lo advierten algunos científicos.

“Yo sé que la palma es super contaminante”, afirma Yosselin. “No hay ningún control ambiental en el municipio, pero tampoco hay alternativas económicas para los que dependemos de ella. Tenemos más de 60 años de historia cultivando la palma y eso se puede ver amenazado por los pilotos”.

Activistas en contra del fracking en la región que prefieren mantener el anonimato, nos explicaron que, aunque no quisieran, han tenido que hacer alianzas con el sector palmicultor para evitar que el fracking entre a Puerto Wilches. “Sabemos lo oscuro y perverso que es la actividad palmera. Han asesinado a compañeros sindicalistas que se oponen a ella. No es la salvación. No queremos que el extractivismo palmero reemplace al petrolero, pero en este momento es preocupante el tema del fracking”, nos dijo uno de ellos.

Yuli, quien vive de cerca la negligencia estatal y la falta de garantías de empresas a las que ya ha denunciado antes, dice que el escenario de aprobación del fracking comercial: “Sería el peor desastre ecológico que existiría en la historia del Magdalena Medio. Si con la contaminación que ya hay, por ejemplo en la Ciénaga de San Silvestre, ya se sabe qué medidas se pueden tomar para mitigar el daño y aún no se ha hecho nada, imagínese qué puede pasar con esto. Nadie va a repararlo”, sentencia.

Por ahora, mientras se sigue desenvolviendo el tema a través de diálogos y decisiones estatales, Carolina, Yuvelis, Yuli y Yosselin siguen apostándole a lo que pueden hacer desde sus espacios personales y sus luchas sociales.

Carolina resume la manera en la que ve su rol como lideresa y con esto simbólicamente describe la valentía de muchas de las mujeres que deciden cuidar la tierra en un país como el nuestro, lleno de heridas y contradicciones: “Yo sé que un día a pesar de que yo ya no esté, dejaré una huella que nadie puede borrar. Va a ser una huella que diga: era una mujer aguerrida y aunque no era rica, salía y organizaba, porque creía en su país”.

* ​​Este texto fue realizado gracias a la Beca de Investigación sobre crímenes ambientales de la organización noruega GRID- Arendal. Hace parte de nuestra conversación #HablemosDeLasDefensorasAmbientales.