En la tierra se gesta la vida, se siembra, se pisa, se excava, se contempla…. También se apropia, se expropia y se acapara, sobre todo en Colombia, donde el 1% de las fincas de grandes extensiones ocupan el 81% de la tierra, según Radiografía de la Desigualdad, un informe publicado por Oxfam en el 2018.  

Por eso es clave que esta semana (19 al 21 de marzo) se haya celebrado la Conferencia Internacional: Acaparamiento Global de Tierras en Bogotá. En ella participaron representantes de organizaciones sociales, campesinas, académicos y funcionarios de 63 países. Una de las asistentes y organizadoras es Diana Ojeda, doctora en geografía, profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Indiana, y experta en ecología política y conflictos socioambientales. Mutante la entrevistó sobre los debates que se dieron en la conferencia en torno a la tierra, la desigualdad, la conexión de lo agrario con la crisis climática, el agua y el control de los recursos.  

Natalia: ¿Por qué es importante y pertinente en este momento hablar sobre acaparamiento de tierras? ¿Cuáles son los principales focos en esta conferencia?

Diana: La conferencia está organizada por un grupo que se llama Land Deals Politics Initiative (LDPI), que es como la iniciativa sobre las negociaciones, las transacciones de tierras. Empezó desde el 2008, con la crisis financiera, cuando hubo un boom con el acaparamiento de tierras. Estábamos viendo un aumento en la demanda de comida, alimentos para animales, actividades extractivas, de los agronegocios y combustibles.

Entonces empieza toda esta discusión y el grupo tiene muchas paticas en distintos países. Es un grupo de seis académicas y académicos que están trabajando en varias instituciones y  han seguido la discusión en diferentes espacios. Es una conversación interdisciplinaria alrededor de la concentración y acaparamiento de la tierra y del agua, la desigualdad, cómo eso se conecta con la crisis ambiental de nuestro momento, cómo se conecta con el control de los recursos y el monopolio de muchos de ellos. En la conferencia confluye gente de muchos países, con perspectivas localizadas sobre lo que está pasando en sus contextos, trata de ser una conversación entre gobierno, movimientos sociales, organizaciones campesinas, academia. 

N: ¿Por qué se eligió a Colombia como país anfitrión para la conferencia?

D: Por el momento político. Tal vez no nos hemos dado cuenta pero en este momento Colombia es la fuente de esperanza de muchos países. Mientras en otros ha habido un giro a la derecha, en Colombia estamos hablando de reforma agraria, por ejemplo. Creo que los temas que ha puesto sobre la mesa el movimiento social, porque a eso se debe el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, son impresionantes: un esfuerzo por entender, de larga data, el acaparamiento, el despojo, el desplazamiento forzado, la destrucción ambiental. Y también pensar en soluciones. 

N: Para esta conversación ¿qué tan pertinente consideras que sigue siendo hablar de un despojo legal, o formas más “sutiles” de acaparamiento de tierras en Colombia? 

D: Es muy importante porque en Colombia el debate ha estado centrado en la violencia paramilitar de principios del 2000 con el despojo. Pero parte de mi trabajo ha sido mostrar cómo el despojo no solo puede ser visto en términos de la propiedad de la tierra, porque incluso campesinos que quedaron con los títulos de propiedad han sido despojados y despojadas, por ejemplo, a través de la concentración y acaparamiento del agua en distintos lugares del país. La propiedad no es suficiente garantía de que no haya despojo, pues la propiedad de la tierra no es un fin en sí mismo sino un medio para que las comunidades puedan vivir vidas dignas.

De igual forma, estas formas de violencia continuaron a lo largo del tiempo, no se detuvieron en el 2006, con la salida de los paramilitares. La transformación de estas estructuras a formas más “sutiles” permitieron la continuación de ese despojo y acaparamiento de concentración de tierras. 

Para mí es importante pensar, más allá de las hectáreas, cómo esas formas de poder bajan a la vida cotidiana, se vuelven ordinarias.

N: Cuando los ecosistemas se convierten en un instrumento financiero, ¿quién se beneficia? ¿qué consideraciones hay por hacer ahí frente a la justicia climática? 

D: El tema de los mercados de bonos de carbono está muy documentado y hemos visto cómo estos programas son un motor para el acaparamiento de la tierra porque terminan beneficiando a los empresarios. En general, es claro que estos proyectos de “mitigación del cambio climático” han demostrado que son un fracaso porque terminan acentuando el problema del acceso a la tierra en países del sur global como Colombia. Y no solo ocurre con este ejemplo de los bonos de carbono en bosques, sino también con los bonos azules, mercados de carbono en ecosistemas acuáticos como manglares, ciénagas. 

Yo estudié la teca, la melina y la ceiba en Montes de María con esta idea de descarbonización por despojo. Una de estas empresas beneficiadas ha sido Argos y tiene un prontuario tremendo en términos de violaciones de derechos humanos. No ha podido probar que adquirió de buena fe los terrenos que tiene en Montes de María, pero logró que estas plantaciones forestales fueran entendidas como depósitos de carbono. Es un negocio redondo porque termina propiciando el acaparamiento. 

Se supone que esto es para el bien de las comunidades, pero lo que hemos estado escuchando estos días en la conferencia es que lo que les llega a las comunidades son centavos. Realmente no es la fuente de ingreso que se prometió, sino que al contrario sí profundiza las presiones ambientales sobre estos distintos lugares, así como el acaparamiento de agua y tierra.

N: Desde hace un tiempo, además de “extractivismo”, se empezó a hablar de “neoextractivismo” para referirse no sólo a la extracción tradicional de minerales. ¿Cómo ha mutado ese concepto? 

D: El neoextractivismo fue uno de los conceptos que empezó a usarse, sobretodo en el contexto de gobiernos de izquierda de la “ola rosa”, Rafael Correa, Evo Morales… Era extractivismo ya no solo en términos de la explotación para enriquecer empresas, sino que era el mismo Estado diciendo “necesitamos el extractivismo para proveer bienes públicos”. La crítica es que esto sigue siendo extractivismo y es problemático, porque estamos diciendo que sí se justifica o se legitima esta forma de producción, que le deja muy poco a las comunidades locales. Incluso vestirlo de algo bueno no nos está ayudando. 

Al mismo tiempo hay otra movida. Al principio solo hablábamos de extractivismo minero y de hidrocarburos, pero el concepto empieza a pasarse a formas extensivas de agricultura o acuicultura (salmones, camaroneras), también destructoras porque ponen en riesgo el sostenimiento de la vida. Ahí comienza la idea de hablar sobre extractivismo agrario, por ejemplo, con la soya en Bolivia o las plantaciones de palma aceitera en Colombia. 

Incluso formas de extractivismo verde que conectan estas nuevas tecnologías verdes y “soluciones” al cambio climático también son extractivas y siguen sobre una base extractiva minera. Todos los carros eléctricos, los paneles solares, dependen de la minería de litio. Esto tiene que ver con un momento del capitalismo que es claramente insostenible. 

N: ¿Cuáles son los retos para Colombia, para que esa “esperanza” que mencionabas al principio no se quede solo en un sueño sino que se pueda materializar?

D: Creo que es un momento de mucha esperanza y mucho potencial transformador. Nunca me imaginé estar discutiendo la reforma agraria en Colombia antes de morirme. Sin embargo, luchar contra las formas estructurales de poder es muy difícil en un país tan clasista, tan racista, misógino, basado en una estructura desigual en el acceso a la tierra y al agua. Tenemos que sacudir las bases de todo esto y no necesariamente tenemos las herramientas. La reforma agraria tiene cosas maravillosas, pero al mismo tiempo está estructurada como una reforma a través del mercado.

También, aunque ha habido avances impresionantes desde la restitución de tierras para que las mujeres accedan a los títulos de tierras, se sigue pensando la familia como la unidad a partir de la cual giran muchos temas agrarios, y la familia es una unidad patriarcal de análisis, de distribución. Estas discusiones tienen que ser pensadas desde el feminismo o sino, no tienen sentido. Entonces es todo un reto, porque estamos pensando cómo transformamos un orden que históricamente ha marginalizado a la gran mayoría para el beneficio de unos muy pocos.

N: Ya hemos hablado de  los problemas, pero creo que también hay oportunidades valiosas ocurriendo, como el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios hace un par de semanas. En esta vía ¿qué lugar ocupan las propuestas o alternativas de las organizaciones sociales o campesinas?

D: Tendemos a pensar que esas propuestas vienen para el futuro y que son cosas que van a ocurrir, pero no, las alternativas ya existen, están acá, la gente ya lo hace y lo hace muy bien. 

Me he encontrado con ejemplos impresionantes en la sabana de Bogotá, un lugar atravesado por los monocultivos de flores. Por ejemplo, la Asociación Herrera es una organización de mujeres que tiene principios agroecológicos, de economías solidarias y comunitarias, principios ecofeministas de cómo relacionarse con la tierra. En Montes de María me he encontrado con una forma muy crítica de aproximarse a la producción de la comida. Las mujeres Wayuú, defensoras de los ríos en la Guajira o las mujeres sembradoras de manglar en el norte de Cartagena. 

Muchas veces pensamos que el Estado es el que tiene que solucionar un montón de problemas, desde una mirada muy patriarcal del padre protector. Pero hay montones de alternativas que no pasan ni por el Estado ni por el mercado, y lo que tienen en el centro es el sostenimiento y la defensa de la vida.