Dos años después de la puesta en marcha de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, son múltiples los cuestionamientos que se hacen sobre su viabilidad, así como las sentencias de fracaso por parte de los más pesimistas. Uno de los mayores interrogantes tiene que ver con la dificultad de sacar adelante los Espacios de Conversación Sociojurídicos de Construcción de Paz Urbana, que se instalaron públicamente en 2023 con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín, Buenaventura y Quibdó, y que todavía no cuentan con un marco jurídico.

En las zonas urbanas de Colombia habita el 82% de la población, según datos del Banco Mundial, y es en sus calles y barrios donde se produce buena parte de los homicidios del país: “Por cada 3,2 homicidios urbanos se presenta un homicidio rural”, de acuerdo con información ofrecida por la Delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional para Medellín y el Valle de Aburrá. Así pues, la inclusión de las urbes en el proyecto de Paz Total representa una apuesta novedosa en relación con las políticas públicas de paz anteriores, cuyo enfoque fue casi exclusivamente rural. 

No obstante, esa buena intención inicial del Gobierno parece haberse estancado, al menos en el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, que se anunciaba como el piloto de construcción de paz urbana en el país cuando el excomisionado Danilo Rueda lideró las fases exploratorias en 2022 y la posterior instalación y acompañamiento de estos espacios.

Desde junio de 2023, el espacio de conversación en la cárcel La Paz de Itagüí entre los delegados del Gobierno y los 16 voceros que representan el 90% de las estructuras criminales del Valle de Aburrá, había logrado algunos avances, como la construcción de protocolos de funcionamiento, una agenda de seis puntos y los llamados ‘gestos de paz’: el compromiso de las estructuras armadas para colaborar en la reducción de algunos indicadores de violencia (homicidios, desplazamiento forzado, vinculación de menores, no involucramiento en la comercialización de drogas como el fentanilo); no intervenir en el proceso de elecciones locales y regionales de 2023; y cesar unilateralmente las afectaciones a la vida el fin de semana de madres de 2024. 

Además, desde el inicio, las organizaciones de la sociedad civil han expresado que “sin paz urbana no hay paz total”, y se han reunido periódicamente para contribuir con propuestas a la construcción de la paz en la ciudad, constituyendo un “espacio autónomo” que en febrero de 2024 hizo público un Manifiesto por la Paz Urbana de Medellín y el Área Metropolitana (suscrito por 302 organizaciones y 190 personas) y que también ese mismo mes convocó a una Asamblea Ciudadana de Paz Urbana,  con una nutrida asistencia. 

El respaldo ciudadano es evidente y los voceros de las estructuras aseguran mantener firme su compromiso con el espacio. Lo que nadie entiende es por qué la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha aprobado la agenda acordada por las partes, que se iba a hacer pública a finales de 2023, pero que desde la llegada del comisionado Otty Patiño se encuentra “congelada”. Tampoco se entienden las razones para debilitar a la delegación gubernamental al no renovar los contratos de los dos profesionales que la apoyaban técnicamente.

Ante esta situación, el 14 de junio y el 5 de septiembre se celebraron la primera y segunda parte de la Audiencia Pública sobre Paz Urbana en el Valle de Aburrá,  organizadas por el Senado de la República y lideradas por la senadora de la bancada oficialista, Isabel Zuleta. La senadora insistió en el interés del Gobierno en sacar adelante el Espacio de Conversación Sociojurídico y le atribuyó al mismo la reducción de los homicidios (hasta un 27%) y extorsiones (38,4%) en Medellín, pero no tuvo cómo responder por el silencio y la ausencia de Otty Patiño, que envió a un delegado que ni intervino: al analista Fernando Quijano.

Las múltiples peticiones y reclamos en el espacio, por parte de las y los líderes sociales y comunitarios, académicos y académicas y del vocero presente de las estructuras armadas, se dirigieron hacia los mismos puntos críticos: exigir la presencia y respuestas por parte del Alto Comisionado; aprobar la agenda; presentar el proyecto de ley de sujeción o sometimiento a la justicia; y fortalecer el equipo de la delegación gubernamental. Con un llamado  directo a los mandatarios locales, al Alcalde del Distrito de Medellín y al Gobernador del Departamento de Antioquia, para que “en lugar de considerar el espacio como una amenaza a la seguridad de la ciudad y la región, lo vean como una oportunidad para avanzar en la construcción de Estado local y para instaurar referentes de autoridad y orden democráticos en los barrios”, como se puede leer en el pronunciamiento público del Grupo de Investigación “Conflictos, Violencias y Seguridad Humana” de la Universidad de Antioquia.

Al cierre de la Audiencia Pública, la senadora Zuleta anunció que había sido creada la Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Congreso (antes una comisión accidental) y que también se había aprobado la solicitud para constituir una comisión accidental que acompañe los Espacios de Conversación Sociojurídicos de Paz Urbana, en la búsqueda de alternativas para la definición de un marco legal que permita desarticular las estructuras criminales y el sometimiento o sujeción a la justicia de sus integrantes. Y, en días recientes, comenzó a circular en medios de comunicación la noticia de que el Gobierno prepara el decreto para dejar claras las reglas operativas de la Paz Total.

Son noticias alentadoras, aunque seguimos sin conocer las razones de la parálisis por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la búsqueda de la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Ojalá, además del decreto presidencial de marco normativo, el Congreso presente y apruebe el marco jurídico lo más pronto posible, pero también, ¡ojalá!, en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recuerden con urgencia cumplir la promesa que hicieron a finales de 2022 de tomarse en serio la inclusión de las zonas urbanas en el proyecto nacional de la paz. 

*Docente de cátedra e investigadora del Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. 

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