Alba** tiene 42 años, tres hijos, un divorcio y una historia traumática de golpes, intimidación y miedo por culpa de quien parecía una nueva pareja dispuesta a llenarla de amor, detalles y proyectos en común. Pronto, todo se convirtió en una pesadilla. La huella de la violencia física y psicológica por parte de su expareja aparece cuando un equipo de Mutante la escucha en una sala. Mientras Alba habla, de repente se oye un golpe seco por la caída de unas cajas afuera, junto a la ventana donde estábamos. El sonido la perturba y su cuerpo salta.

“¡Ay, Dios!”, exclama. “Perdón. Es que ya cualquier ruido o movimiento brusco me asusta mucho”, dice. Lo que para el resto de quienes estábamos en el lugar no pasó de un ruido, para ella fue un susto enorme.

El miedo acompaña a Alba. Es el miedo a que la encuentre Luis*, su expareja, diez años menor que ella y a quien denunció ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar en 2018. Antes de denunciar había planeado huir del país, pero su viaje se frustró. Después decidió al menos salir de Bogotá y empezar una nueva vida en otra ciudad, que por seguridad prefiere no identificar, donde la conocen por otro nombre.

“Los golpes pasan; nos quedan las secuelas, pero si tú tienes la posibilidad de empezar una nueva vida en otro país, como lo pensaba hacer yo, era como el camino que me hubiera podido dar la paz que no tengo ahorita, la paz que no voy a recuperar nunca”, cuenta Alba. Donde vive actualmente –dice– al menos siente alivio de poder salir a comprar el pan sin tener a alguien al acecho o alivio de quedarse sola en el negocio que montó.

En 2021 (el último año con cifras consolidadas) se registraron 116.302 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, según datos de un informe del Instituto Nacional de Salud, basado en información del SIVIGE (Sistema Integrado de Información de Violencias de Género). La violencia física representó el porcentaje más alto de notificación con un 49,3 %, seguido de violencia sexual (24 %), negligencia y abandono (16,8 %), y violencia psicológica (9,9 %). El documento señala que “la vivienda es el escenario en el que más frecuentemente ocurren las violencias” y detalla que el 42% de los agresores son parejas, exparejas o personas conocidas por la víctima. 

Alba cuenta que no solo tuvo que sufrir la violencia de su expareja durante seis años. También lamenta con rabia que una vez que decidió denunciar –porque por mucho tiempo no quiso hacerlo por temor– tuvo que aguantar unas veces el maltrato y otras, la indiferencia e inoperancia de las autoridades a las que acudió. Incluso tras la denuncia –que lleva en una carpeta junto a otros papeles sobre su caso– se sintió en mayor riesgo. 

“Desde el primer momento empecé a sufrir, lo que sufre uno en el proceso ante la justicia”, señala. 

La degradación de un vínculo

Alba y Luis se conocieron en un prestigioso club de Bogotá donde trabajaban. Él era mesero y ella, que trabaja en artes y manualidades, se encargaba de la decoración de eventos. Empezaron a conocerse; él aprovechaba cada momento para coquetear con ella, sobre todo en público. También le empezó a llevar con frecuencia serenatas, flores, dulces y otros regalos. Los compañeros de trabajo, impresionados con los detalles, le animaban a que estuviera con él. Y aunque esos gestos al principio la avergonzaban, al final aceptó. Después poco a poco Luis también se fue ganando el cariño y la confianza de los hijos de Alba. 

Cuando habían pasado nueve meses de relación, Alba tuvo que mudarse al departamento de Tolima por una mejor oportunidad de trabajo. No había planes de vivir juntos, pero él la sorprendió con la idea de acompañarla. “Llegó allá con todo el trasteo. A partir de ese momento empecé a ver su obsesión”, cuenta la mujer. 

Fue una primera señal a la que no le dio importancia. Los meses pasaron y Luis comenzó a mostrar actitudes que incomodaban a Alba, después siguieron los reclamos sobre cómo se vestía, con quién hablaba, cómo le servía la comida, le controlaba las salidas y las llegadas. Todo fue subiendo de tono, las peleas se hicieron más frecuentes hasta que la golpeó por primera vez tras una escena de celos. “Me sentó una cachetada y me empezó a golpear” en la cara, recuerda Alba. De ahí en adelante las golpizas se volvieron rutina y los pedidos de disculpas de él, también. Luis empezó a hacerle a Alba amenazas veladas al recordarle que sus hijos eran su “talón de Aquiles” o comentarle que sabía dónde estaban y qué hacían ellos. Eso la silenció. No denunció y sus hijos –que no vivían con ella– tampoco sabían nada. 

En una ocasión, recuerda Alba, “me golpeó contra el mueble (…) Perdí el equilibrio, él me subió, me tiró a la cama y en la cama me intentó ahorcar y le salía la voz como si fuera de poseído y (decía): ‘Muérase. La quiero ver muerta. Si usted no está conmigo, no está con nadie. Muérase, muérase, triple gran ta ta ta ta…”.

Después de otra golpiza, para que los vecinos y familiares de Alba no se dieran cuenta de lo que ocurría, Luis la mantuvo encerrada durante cuatro días, y cuando le preguntaron dónde estaba, ella dijo que de viaje. 

“Yo me quería morir. Yo me intenté quitar la vida tres veces”, dice entre sollozos. Alba recuerda y narra todos los dolorosos detalles de los episodios que cuenta, se le entrecorta la voz, se le llenan los ojos de lágrimas y luego sigue con el relato. La última agresión ocurrió cuando ya estaban viviendo en Bogotá de nuevo: bofetadas, puñetazos, patadas mientras estaba caída en el piso, intentos de asfixia. Sufrió una ruptura en el cráneo y tenía una de sus manos destrozada por pisotones. 

“En la última golpiza ya no me pude parar. En las otras él me golpeaba y me agredía, pero así fuera a rastras yo me paraba. Esa vez no me pude levantar”, cuenta Alba. Su sobrino, que había llegado a la casa, la llevó al hospital donde la trataron, la valoraron y llamaron a la Policía para tomarle la primera de varias declaraciones. Luego fue a Medicina Legal, entidad que determinó 10 días de incapacidad. “Me hubiera matado. ¡Me hubiera matado!”, exclama Alba.

En 2018, el mismo año que Alba fue examinada por Medicina Legal, esa entidad reportó 49.669 valoraciones médico-legales en clínica forense por violencia de pareja, lo que representó casi el 20 % del total de casos de lesiones no fatales. 

Decidirse a denunciar y luego arrepentirse

Alba despertó en un hospital al lado de sus hijos. El mayor le advirtió: “O denuncias ya a ese tipo o yo lo mato”. Finalmente decidió denunciarlo. Acudió a la URI de Paloquemao en Bogotá. Allí, un policía tomó su caso y recibió pruebas, entre ellas la historia clínica del hospital. “El policía ingresó mis datos como agresión física, no como violencia intrafamiliar”, cuenta Alba, que en ese momento no se dio cuenta de la diferencia. En el segundo caso hay que probar el vínculo familiar y la sanción es mayor. 

Luego, en el encuentro con la primera fiscal a cargo de su caso, recuerda que tuvo que aguantar también sus maltratos y recrea el diálogo:

— Usted es una vergüenza para el género (…) Claro, van y se las calientan en la cama y después les dan en la jeta. Vienen y denuncian y se hacen las pendejas haciendo una denuncia por agresión física —dice Alba que le dijo la fiscal.

— Yo no sé, doctora. Allá me recibieron una denuncia en la URI y yo fui a comentar…

— Eso no es agresión física, eso es violencia intrafamiliar agravada. Y se me sale de la oficina.

“Me sacó a empujones” porque ese tipo de casos debían atenderlos en otro lugar. Entonces, fue redireccionada a otro despacho. Allí abrieron una indagatoria por violencia intrafamiliar agravada y comenzó una montaña rusa de trámites y frustraciones para Alba. También tuvo una medida de protección que nunca se hizo efectiva.

Alba dice que tras la denuncia, su expareja siguió amenazándola por mensajes y sintió que gente cercana a él la perseguía. Luis no aceptó los cargos que le fueron imputados por violencia intrafamiliar. Desde que Alba puso la denuncia, hace cuatro años y medio, las audiencias han sido aplazadas siete veces por diferentes razones, según consta en la Consulta Unificada de Procesos de la Rama Judicial. Esto incluye tres veces en las que la defensa de Luis solicitó el aplazamiento y se lo concedieron; y otras tres, en las que a pesar de haber sido citado a las audiencias, el señalado no asistió. 

Alba dice que las fotos, videos y audios que aportó en algún momento no aparecen. 

En marzo de 2023 el juzgado que conoce el caso declaró “la extinción de la acción penal” en favor de Luis “por haber operado el fenómeno de prescripción”, según consta en el proceso. La Fiscalía apeló la decisión. La respuesta a esta apelación fue un nuevo fallo a favor de Luis.

El proceso solo le ha traído a Alba desgaste, decepción y tristeza. Cuando Alba escuchó la noticia del caso de Érika Aponte, asesinada por su expareja en su trabajo, recordó la impotencia que ella misma sintió frente a cómo opera el sistema a pesar de las alertas y denuncias.

“Cuando yo denuncié. ¿Qué pasó? Se me vino el mundo encima. Era ahí contar mi historia a unos personajes que no les importó nunca nuestro dolor. Y eso es lo que nos pasa a las víctimas. A ellos no les importa el dolor que nosotros sintamos o por qué lo vivimos. A ellos simplemente les importan las cifras”, afirma Alba.

Con incentivar la denuncia no basta, dice: “Es una maldita campaña donde tú tienes que denunciar, tienes que denunciar, ¿para qué? Para que te suelten allá como un caballo desbocado y que tú te estrelles con la vida. Denunciaron 1.000, 2.000, 5.000 mujeres, pero qué pasó con esos 5.000 procesos? No pasó nada”.

“Esto no es nuevo en este caso, pues hay una queja permanente sobre la Fiscalía. La Fiscalía no actúa prontamente, no actúa con debida diligencia porque revictimiza a las mujeres con diferentes expresiones, formas y estereotipos. No es que todos los fiscales sean así, pero sí es muy recurrente esta situación”, señala María Eugenia Sánchez, responsable de la línea de incidencia de la organización Casa de la Mujer.

La experta señala que además de la alerta que debe existir por feminicidios, también debe haber una alerta sobre la deficiencia del sistema de justicia. “Las mujeres dicen: ‘¿Para qué denuncio si salgo peor de lo que estaba?’. Sin embargo, también se puede y debe denunciar ante la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo. Pero hay que denunciar y hay que exigir que la Fiscalía y el Estado operen”, dice.

Según la corporación Sisma Mujer que analizó datos de la Fiscalía de 2021 se evidencian “altos niveles de impunidad” en los casos de violencia intrafamiliar cuando el presunto agresor es la pareja o expareja. El 83 % de los casos se encuentran en etapa de investigación. “Solamente un 16,09 % de casos se encuentran en juicio y tan solo un 0,8 % en ejecución de penas”. 

En relación con casos de feminicidios, la impunidad ronda entre el 80 % y el 93 %, según cifras publicadas en medios que citan a ONU Mujeres, la organización Casa de la Mujer y el Observatorio Colombiano de Feminicidios.

En el caso de violencia de Alba, ella dice que no ha podido recibir atención psicológica ni asesoría jurídica. Explica que le aconsejaron ir a varias organizaciones y que incluso una juez le dio un número de teléfono para buscar ayuda, pero solo le hicieron llenar un formulario, le dijeron que analizarían el caso y la llamarían. Nunca lo hicieron.

Mientras tanto Alba intenta seguir con su vida junto a una nueva pareja, en un lugar al que huyó para ocultarse, y con un diagnóstico reciente de cáncer a cuestas. “Inclusive con una persona que ya no me lastima, que me ha apoyado, que ha estado conmigo en estos momentos, y sobre todo ahorita con ese diagnóstico; ni siquiera teniendo el cariño y el amor de él yo he logrado quitar este dolor de acá”, se lamenta.

*Este texto fue reporteado por Andrés Felipe Pacheco Girón y editado por Jeanneth Valdivieso Mancero.

**Cambiamos los nombres por pedido de la mujer que hace las denuncias para proteger su identidad.