En memoria del niño Leonel Cala Suárez y su familia

“A las personas que se fueron sin voz. Quedamos los que los recordamos y los que
quisimos Justicia”. Magaly Cala, hermana de Leonel

Dos fotografías registraron los acontecimientos del domingo 11 de octubre de 1981 en el estadio Alfonso López Pumarejo de Bucaramanga, nombre que tuvo hasta junio de 2024. Entre una y otra pasaron apenas unas horas.

La primera se tomó a las tres y media de la tarde. Se ve la tribuna repleta, banderas, brazos en alto, un temblor de camisetas amarillas que corrían como una mancha festiva en las páginas del periódico. El pie de foto que publicó El Tiempo, dos días después, dice: “3:30 de la tarde en el ‘Alfonso López’. Eran la algarabía y el entusiasmo del público, cuando el partido no había comenzado y la tragedia era aún insospechada”.

Estadio Alfonso López 3:30pm

La segunda es de esa misma noche, sobre el mismo césped. Se ven soldados con casco, cuerpo a tierra, los fusiles apuntando hacia una tribuna que queda fuera del encuadre. El pie de foto dice: “La fuerza pública, en pie de guerra”.

En pie de guerra. Un domingo. Contra la tribuna popular.

Entre una fotografía y la otra caben un partido de fútbol y una compañía del Ejército disparando contra la gente que había ido a verlo. La cifra oficial de esa tarde fue de cuatro muertos. Nadie ha creído su veracidad.

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El Atlético Bucaramanga recibía al Junior de Barranquilla en un partido decisivo. Con  la victoria, el primero quedaba a un paso de la liguilla final y de la primera estrella que la hinchada esperaba desde los inicios del club, 32 años antes. Si el Junior empataba, lograba su clasificación. Era todo o nada. Lo sabían en la ciudad; desde al menos una semana atrás no se hablaba de otra cosa.

Un día antes, en la noche del sábado, cientos de personas acamparon alrededor del estadio departamental. Fogatas improvisadas, cánticos, aguardiente, risas. El domingo se puso a la venta el resto de la boletería y se vendieron más entradas de lo que el estadio podía contener. Los registros del periódico El Tiempo dicen que entraron más de veinticinco mil personas, aunque no hay cifra exacta. Cuando la entrada se volvió un caos, la policía abrió las puertas de par en par y dejó pasar a todos, incluso a los que no tenían boleta. Adentro circulaba el licor sin control. 

Manuel entró con su esposa, María, y con su hija, Katherine. Como ellos, entraron miles de obreros, tenderos, estudiantes, familias enteras de los barrios populares de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca. La clase que llena las tribunas al sol, porque en el estadio la sombra cuesta.

Detrás de la tribuna, al otro lado del muro, queda la guarnición de la Quinta Brigada del Ejército, donde hoy funciona la Segunda División. Esa tarde había soldados acuartelados, oyendo el ruido del estadio como quien percibe una fiesta ajena. Se habían formado en un país que llevaba tres años bajo el Estatuto de Seguridad, el decreto que Julio César Turbay Ayala firmó en septiembre de 1978, un mes después de posesionarse, y que entregó a los militares facultades de policía judicial, llevó civiles a consejos verbales de guerra y volvió delito la protesta y la “propaganda subversiva”. En esos años los cuarteles se llenaron de estudiantes detenidos por sospecha y Amnistía Internacional documentó las torturas cometidas en distintas guarniciones del país. 

Era la doctrina del enemigo interno, aprendida y perfeccionada durante dos décadas, la que dictaba que toda multitud es una amenaza, toda protesta esconde a la subversión, todo desorden se resuelve a plomo. “Con el estado de sitio podían matar al que se le diera la gana”, escribieron Acevedo Tarazona y otros autores en el libro “Estado de excepción, limpieza social y represión en Bucaramanga, 1978-1990”, publicado por la Universidad Industrial de Santander (UIS). 

Cuando a esos soldados les tocó entrar a una cancha de fútbol, hicieron lo que sabían hacer.

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El Bucaramanga de 1981 era la sensación del campeonato. Lo dirigía un técnico argentino y lo asistía Américo Montanini, el máximo goleador en la historia del club. Un ídolo tan grande que el estadio terminaría llevando su nombre desde 2024. En la tribuna occidental estaba esa tarde Martha, la hija del jugador, de trece años, que había ido al partido sin su permiso.

Apenas conocieron los nombres del cuerpo arbitral, los directivos locales le pidieron a la Dimayor que lo cambiara. No les ofrecía garantías porque consideraban que sus integrantes no eran los más indicados para conducir un partido de tal categoría; al menos así lo registró El Tiempo en una nota del 13 de octubre de 1981. La solicitud no fue atendida. Después de la masacre, la Dimayor negó que esa petición hubiera existido.

A los diez minutos de iniciado el partido, el Bucaramanga se puso uno a cero y el estadio fue una sola fiesta. En el segundo tiempo, el Junior empató de tiro libre y a los veintiocho se puso arriba, mientras la tribuna rechiflaba una posición adelantada que el juez de línea no marcó. A los treinta y uno un delantero local cayó derribado dentro del área y el árbitro, Eduardo Peña, no pitó nada. Poco después, una falta contra otro jugador del Bucaramanga tampoco mereció sanción.

A los treinta y ocho llegó la jugada que lo encendió todo. Saturno, el puntero argentino del Bucaramanga, encaró al defensor del Junior en el borde del área. Lo intentó una vez, lo intentó otra, chocó con su hombro y se fue al suelo reclamando penal. Cuarenta años después, el defensor Jesús “Toto” Rubio concedió una entrevista al periodista Francisco Figueroa, le contó, con la tranquilidad del que ya no se juega nada en la cancha, que: 

—Sergio Saturno insiste en pasarme, hace varios movimientos con su cuerpo, yo le respondo con amagues y le quito la pelota, se tropieza con mi hombro y se tira al suelo dentro del área argumentando una falta que se debería castigar con penalti. 

Peña señaló saque de meta. El argentino recogió el balón, lo puso con rabia en el punto de los once metros y Peña terminó sancionándole mano.

Al día siguiente, el corresponsal de El Tiempo calificó el arbitraje de “falto de claridad y con visibles fallas” y cerró su recuento de la jugada con tres palabras: “¡Luego fue Troya!”.

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Corrían cuarenta y un minutos del segundo tiempo cuando la tribuna oriental derribó las mallas. El cuerpo técnico local había entrado a la cancha a gritarle “vendido” al árbitro. Detrás del cuerpo técnico entró la tribuna popular. Peña se dirigió hacia el túnel, mucho más rápido que cuando iba a amonestar a un jugador, escribió la periodista Martha Milena para El Tiempo, y los planteles de ambos equipos corrieron con él.

La policía golpeaba con bolillo a los primeros invasores y se vio rebasada en minutos. Pidió refuerzos que estaban al lado, detrás del estadio. Llegaron con fusiles.

El comandante de la Policía de Bucaramanga llamó al Batallón, días después, en el Senado, argumentó que la situación se les había salido de las manos y por eso pidió refuerzos. De la guarnición salió una compañía de soldados de contraguerrilla —por lo menos cien hombres, según estableció después el Consejo de Estado—  que entró por la puerta del costado sur, se apostó en la grama y empezó a disparar contra los aficionados que estaban en la cancha y en las graderías, como lo reconstruyó el columnista Felipe Antonio Zarruk en Vanguardia, cuatro décadas después. En las tribunas, la gente gritaba que eran balas de salva, una munición diseñada para simular un disparo sin tener un proyectil que salga del arma.

No lo eran.

Desde una cabina, Edgar Perea describió lo que veía sin acabar de entenderlo 

 —Los soldados repartiendo culatazos, la gente se enardecía más mientras más la golpeaban, los disparos saliendo de todas partes. “¡Pa, pa, pa! Y el humo que sale de los fusiles”.

El arquero del Junior también creyó que eran balas de salva. Lo creyó hasta que vio los cuerpos desplomarse sobre el pasto; se tiró al suelo y llegó rodando hasta la puerta del camerino, según contó Juan Carlos Delménico al periodista Francisco Figueroa en La Cháchara, en 2021. Un exsoldado, que ese domingo estaba en la tribuna, como un hincha más, no tuvo esa duda ni un segundo, sabía distinguir el sonido. A su lado empezaron a caer muertos y heridos, de acuerdo con el testimonio de William Avellaneda que recogió Zarruk en su columna “Balas de salva”, publicada en Vanguardia en 2022.

Martha trepaba una malla para escapar de la avalancha cuando vio a un hombre arrastrarse por el césped con un hueco en la espalda del que la sangre salía a borbotones; así lo reconstruyó Martha Milena Martínez en El Tiempo, en 2019. Patricia Janiot, la hija del técnico, salía por una rampa de la occidental cuando vio a los soldados tirarse al piso, acomodarse en posición de disparo y apuntar hacia la gradería. Cuatro décadas más tarde seguía sin poder olvidar los fogonazos, de acuerdo con la entrevista que dio para el libro “La primera estrella del leopardo”, de Marocco.

La fuerza pública lanzó gases lacrimógenos hacia las tribunas. El pánico corrió hacia las puertas y encontró varias cerradas. La gente cayó una encima de otra, pisoteada, asfixiada, mientras las balas seguían saliendo de los fusiles. Manuel, María y Katherine corrieron con el resto de la gente por la occidental, como lo relató Manuel Murillo al periodista Pablo Dylan Escobar en una  crónica publicada en el 2020. Entre la multitud, registró El Tiempo al día siguiente, iban numerosos menores.

El reporte que la agencia AP (The Associated Press) envió esa misma noche registró que cuando faltaban ocho minutos para terminar el partido, entre los heridos había cinco bomberos, y que las emisoras locales habían optado por suspender la transmisión.

Después circuló en prensa una versión del Ministro de Defensa, Luis Carlos Camacho Leyva. De acuerdo con ella, un hincha habría intentado arrebatarle el fusil a un soldado, el arma se disparó sola y los demás entendieron que tenían permiso para proceder. No apareció nunca un testigo que la sostuviera o la desmintiera. Lo único que quedó establecido, desde el primer día, fue la confusión: “No se estableció quiénes dispararon, si policías o efectivos del ejército”, cablegrafió la AP. La Sección Tercera del Consejo de Estado, años más tarde, estableció que los disparos fueron del Ejército.

Décadas después, en el 2022, Zarruk recogió y dejó grabado un testimonio que apunta en otra dirección. Fernando Fiorillo, jugador del Junior, le contó que, cuando los planteles buscaron el camerino norte y encontraron cerrada la puerta del túnel, oyó a un capitán del Ejército dar la orden de disparar. Según Fiorillo, la orden tuvo un motivo: “el capitán dio la orden de disparar porque los hinchas se vinieron en contra y no eran uno o dos, eran miles”. Es la única voz del archivo consultado que dice haber oído esa orden.

Un testimonio recogido por algunos investigadores de la UIS va más lejos. A los soldados, dicen, “les dijeron: vayan y acaben con la gente”.

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En el camerino, mientras afuera sonaban los fusiles, los jueces de línea se quitaron las camisetas negras y quedaron de blanco, para que no se supiera quién era quién. Peña se afeitó el bigote. Cuando el kinesiólogo del Bucaramanga entró a reclamarles por el resultado, los disparos dieron por terminada la conversación. Así lo recordó el propio kinesiólogo, Orlando “Pocheche” Morales, en la crónica de Martha Milena Martínez para El Tiempo, en 2019.

Los jugadores del Junior pasaron horas encerrados, oyendo la balacera y los golpes de la gente que intentaba tumbar las puertas, y salieron custodiados por soldados hacia la guarnición vecina, según el testimonio de Toto Rubio y Juan Miguel Tutino a La Cháchara cuarenta años después. Pasadas las siete de la noche los tres árbitros fueron sacados del estadio en vehículos del Ejército y llevados al batallón; esa misma noche viajaron a Bogotá con custodia especial, por decisión del coronel Gustavo González Puerto y del veedor de la Dimayor, Alirio Torres, como informó El Tiempo el 13 de octubre de 1981.

El Estado, que no pudo —o no quiso— proteger a la gente de las tribunas, montó un operativo impecable, con blindaje y escolta, para poner a salvo al árbitro.

“No hubo penal”, insistió Peña. Así mismo tituló El Tiempo dos días después de la tragedia.

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El lunes 12 de octubre, El Tiempo abrió su primera página: “Disturbios en estadio: 4 muertos, 30 heridos”. Disturbios, la palabra con la que se escondió la a soldadesca. Unos centímetros más allá, en la misma portada, sonreía la nueva Reina del Turismo.

José Germán Martínez Robayo tenía veinticuatro años y murió con una herida de bala en la espalda. Le dispararon mientras corría. Sostenía a cuatro hermanas, tres de ellas menores de edad. Luis Hernando Ortegón Ariza tenía ventitrés, estudiaba derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y era promotor de Acción Comunal; la primera versión de la prensa le calculó dieciséis. Recibió tres impactos de bala. El tercero se llamaba Leonel Cala Suárez y de él la prensa apenas fijó el nombre, entre edades cruzadas —diecisiete, catorce, dieciséis— que nadie se ocupó de verificar. Un tiro de fusil le destrozó el cuello y, cuando los soldados quisieron llevarse el cuerpo, dos amigas suyas se aferraron a él y no lo permitieron, a pesar de la paliza que recibieron. Con ayuda de otros hinchas lograron sacarlo hasta una ambulancia.

“Mi hermano tenía apenas catorce años cuando la Quinta Brigada del Ejército Nacional cegó su vida en un partido de fútbol”, dice hoy, y para esta reconstrucción, su hermana, Magaly Cala.

El Tiempo informó “a última hora” sobre la cuarta víctima. Sin nombre. Cuarenta y cinco años después sigue sin tenerlo.

La cifra oficial, cuatro muertos y una treintena de heridos, quedó escrita en esa primera versión de El Tiempo, un día después. Los testigos llevan cuatro décadas y media contradiciéndola. 

Pedro Anchila, el fotógrafo de El Heraldo que acompañaba al Junior, le contó al periodista Francisco Figueroa que esa noche las volquetas grises del municipio entraban vacías al estadio y salían llenas de muertos camuflados en bultos; el testimonio se publicó en La Cháchara. Los jugadores del Bucaramanga, los últimos en salir escoltados por el Ejército, recordaron un campo de juego convertido en cementerio y bolsas plásticas ensangrentadas en las puertas, según la crónica de Escobar. Zarruk, por su parte, sostuvo en Vanguardia, en 2022, que fueron más de treinta los muertos, además de centenares de heridos y de aficionados de quienes no se volvió a saber nada. Un testimonio recogido en el libro “Estado de excepción, limpieza social y represión en Bucaramanga, 1978-1990”, de Ediciones UIS, dice que hubo cerca de veinte. El propio Figueroa escribió que centenares de familias nunca encontraron a los suyos.

Resulta imposible saber el número total de víctimas porque el dato oficial descansa, desde el primer día, sobre la palabra de la misma institución que disparó.

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La Dimayor emitió un comunicado y el resultado quedó en firme, dos a uno, victoria del Junior, que siguió su camino hacia la final. El estadio fue cerrado treinta días por los destrozos: mallas caídas, rejas rotas, hierros torcidos entre basura y prendas abandonadas. El director de Coldeportes Santander y sus asesores inventariaron al día siguiente los daños materiales: más de un millón y medio de pesos de la época, casas dañadas en el vecino barrio San Alonso, doce de las dieciocho cabinas radiales averiadas. El Tiempo registró el inventario 13 de octubre de 1981, con una diligencia que jamás se aplicó al conteo de las víctimas.

El aparato estatal que acababa de disparar, dentro de un estadio lleno, encontró con rapidez a su culpable: la radio. El Ministerio de Comunicaciones consideró que las transmisiones habían “exaltado” a la gente, según recordó Pulzo en 2022, y multó con cinco mil pesos a dos emisoras de Bucaramanga, Radio Bucaramanga y Atalaya, por no haber grabado la transmisión del partido. Se culpó también al sobrecupo, al licor, al calor, al árbitro. En el batallón, mientras tanto, se cerraban filas. A los soldados les prohibieron hablar y a los integrantes de la patrulla los trasladaron de cuartel, según el testimonio del exsoldado William Avellaneda que publicó Zarruk.

Las investigaciones, como recogieron Pulzo en 2022 y Canal TRO en 2024, nunca establecieron quién dio la orden de disparar, ni siquiera si hubo una orden. Hubo  indemnizaciones administrativas ordenadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado tras las demandas de las familias, el fallo condenó a la Nación y obligó el pago directo por sostenimiento y afectaciones patrimoniales. Para su resolución tuvieron que esperar entre cuatro y cinco años, en el caso de la familia Cala, la indemnización se fue en gastos de trámites administrativos; en cambio, ningún soldado fue juzgado, ningún oficial fue destituido. Nadie pidió perdón. En el país del Estatuto de Seguridad, los muertos de una tribuna popular cabían, enteros, dentro de la carpeta sobre asuntos de orden público.

Para la familia Cala, la justicia llegó tarde y a medias. Don Ernesto, el padre, no alcanzó a ver el resultado del proceso judicial. “Mi papi nunca vio Justicia para su hijo, porque falleció a los dos años de una pérdida que no pudo soportar”, cuenta Magaly.

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A los pocos días de ese 11 de octubre, el Senado citó al ministro de Defensa, el general Luis Carlos Camacho Leyva. La vocería la llevó el senador Jaime Castro, quien era también el presidente de la Dimayor. Castro sostuvo que quienes protestan en un estadio incurren a lo sumo en contravenciones policivas, recordó que no había un solo detenido ni un solo juzgado por los hechos y calificó la respuesta del Ejército de “excesiva, desproporcionada”. Le puso nombre a lo que estaba en el centro de la discusión: “Cada vez que se presenten desórdenes, la fuerza pública, frente a los exaltados fanáticos, apelará al uso de las armas de fuego”.

El ministro “se salió por la tangente”, tituló El Tiempo. Manifestó extrañeza por la citación, acusó a Castro de “bivalente” por su doble condición y sostuvo que el debate no debía ser sobre la conducta de la fuerza pública sino sobre la “inmoralidad” y el “negocio turbio” que se habían apoderado del fútbol colombiano. Atribuyó el primer tiro al “nerviosismo de algún soldado”. Y remató con una frase que es a la vez descargo y confesión: si los uniformados no hubieran disparado al aire, “serían 374 los muertos, ya que ese fue el número de municiones gastadas”. El expediente judicial determinó la cifra de 370 cartuchos, calibre 7,62, disparados por 48 soldados, parte de una compañía de cien militares, número total de uniformados que ingresaron al estadio según la sentencia del Consejo de Estado. 

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El lunes 12 de octubre, un día después de la masacre, cerca de cinco mil soldados bachilleres juraron bandera en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Ceremonia militar sobre el césped, saludo castrense, formación cerrada. El Tiempo anotó que era la primera vez que una parada de ese tamaño se celebraba en un campo deportivo del país. Nadie explicó por qué justo entonces ni por qué justo ahí. Tampoco hacía falta, el país acababa de ver lo que sus soldados eran capaces de hacer dentro de un estadio, y el Estado eligió ese día para llenar de uniformes militares al estadio más grande de Colombia, por entonces.

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Eduardo Peña sostuvo hasta el final que no hubo penal.

En 2021, cuarenta años después, la prensa regional escribió, por primera vez, con todas sus letras y sin matices, la palabra que los sobrevivientes usaban desde 1981: masacre.

El técnico del Bucaramanga, que solo una hora más tarde supo lo que su familia había vivido en las gradas, juró no volver a un estadio y perdió buena parte de su amor por el fútbol. Martha, en cambio, nunca dejó de ir. Su padre, el ídolo cuyo nombre lleva hoy el estadio, murió en noviembre de 2023. Manuel Murillo pasó ya los setenta años, y sigue subiendo a la tribuna. Cada 11 de octubre se conmemora allí el Día del Hincha Caído.

“En un suceso tan cruel y que lamentablemente ya casi ni siquiera recuerda Bucaramanga, es importante contar esa historia, nunca olvidar, y hacer memoria de los horrores sufridos por las víctimas en Colombia para su no repetición”, dice Magaly Cala.

En el estadio no hay una placa.

Quedan las dos fotografías. En la primera, tomada a las tres y media de la tarde, la tribuna está llena. En la segunda, unas horas después, los fusiles apuntan hacia una tribuna que quedó fuera del encuadre.

SUMARIO JUDICIAL

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por lo ocurrido en el estadio; ningún fallo identificó quién dio la orden. El resumen de las decisiones judiciales es el siguiente:

Caso Martínez Robayo. Sentencia del 21 de junio de 1985, radicado 3483, magistrado ponente Eduardo Suescún Monroy. Declaró responsable a la Nación-Ministerio de Defensa por la muerte de José Germán Martínez Robayo. Calificó la conducta del Ejército de “imprudente, exagerada, reprochable desde todo punto de vista” y la tuvo por una “clara y ostensible falla del servicio”. Reconoció perjuicios morales a los padres y hermanos, y materiales a las hermanas menores que dependían de él.

Caso Ortegón Ariza. Sentencia del 6 de febrero de 1986, radicado 3575, magistrado ponente Julio César Uribe Acosta. Declaró responsable a la Nación-Ministerio de Defensa por la muerte de Luis Hernando Ortegón Ariza, alcanzado por tres disparos. Dio por probado que 48 soldados dispararon 370 cartuchos calibre 7,62 y que nada indicaba que las circunstancias obligaran a usar armas de fuego. Ordenó pagar perjuicios morales a los padres y hermanos menores; negó los materiales.

Caso Prada López. Fernando Prada López, vendedor de lotería, quedó en silla de ruedas por un disparo. El Tribunal Administrativo de Santander negó su demanda porque el Ejército no lo incluyó en la lista de heridos; el Consejo de Estado dejó sin efectos ese fallo en un recurso extraordinario de revisión y condenó a la Nación, tal como lo registró Vanguardia en el 2023, así como el abogado del caso, Óscar Humberto Gómez Gómez; no se ubicó el radicado.

Caso Cala. La familia de Leonel Cala demandó al Estado y ganó. El proceso tardó tanto que la indemnización se gastó en honorarios como lo precisó Vanguardia en el 2023. Su padre falleció en 1983, según su familia, no logró soportar la perdida.

No se halló registro de proceso en la justicia penal militar y policial, consejo de guerra ni sanción disciplinaria. La investigación que anunció el ministro de Defensa nunca dio resultados conocidos. La única condenada fue a la Nación.

*Esta crónica es una reconstrucción de lo ocurrido el 11 de octubre de 1981 en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. Se basa en la revisión de archivo hemerográfico y de notas de prensa publicadas a lo largo del tiempo, desde las ediciones de octubre de 1981 de El Tiempo y La Opinión hasta las conmemoraciones de Pulzo (2022) y Canal TRO (2024). 

Los relatos en primera persona fueron recogidos por otros periodistas y autores, a quienes corresponde el crédito: Francisco Figueroa Turcios en La Cháchara (2021), con los testimonios de Jesús “Toto” Rubio, Juan Carlos Delménico, Juan Miguel Tutino y Pedro Anchila; Martha Milena Martínez en El Tiempo (2019), con los de Orlando “Pocheche” Morales y Martha Montanini; Pablo Dylan Escobar en la plataforma de periodismo de la UPB Bucaramanga (2020), con el de Manuel Murillo y los de varios jugadores del Bucaramanga; Felipe Antonio Zarruk en Vanguardia (2022), con los de William Avellaneda y Fernando Fiorillo; Marocco en el libro La primera estrella del leopardo (2024), con el de Patricia Janiot; y Álvaro Acevedo Tarazona y otros autores en Estado de excepción, limpieza social y represión en Bucaramanga, 1978-1990 (Ediciones UIS).

La información judicial proviene de las reseñas oficiales de ambos fallos en Consejo de Estado, Sección Tercera, Graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Jurisprudencia básica del Consejo de Estado desde 1916 (2017), pp. 197-198, donde se asocian los fallos al caso: “masacre del estadio Alfonso López en 1981”.

Rodrigo Torrejano Jiménez es investigador de Archivos del Búho. 

*Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Memorias colectivas, Derechos Humanos y Resistencias de FLACSO, magíster en geografía  y candidato a magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la UNAL. Relator del informe “Una búsqueda que no termina: el caso de los 19 comerciantes desaparecidos en 1987”  (2026) y autor del libro “Entre próceres y rebeldes: disputas por la Plaza Central de la Ciudad Universitaria de Bogotá” (2026).

Prensa de la época (archivo, 1981)

1. El Tiempo (12 de octubre de 1981). “Disturbios en estadio: 4 muertos, 30 heridos” [portada y pág. 3-D]. Corresponsal: Pedro Meza R.
2. El Tiempo (13 de octubre de 1981). “¿Quién fue el responsable?”. Por Jesús Medina S., enviado especial.
3. El Tiempo (13 de octubre de 1981). “‘No hubo pénal’: Peña” [pág. 3-C].
4. El Tiempo (13 de octubre de 1981). “Dice Junior: ‘Somos ajenos al problema'”. Por Gustavo González Hans, Barranquilla.
5. El Tiempo (13 de octubre de 1981). “La tragedia de Bucaramanga” [páginas gráficas, 1-C y 2-C]. Fotos: Luis Enrique Flórez.
6. El Tiempo (13 de octubre de 1981). “Destrozos obligan cierre del estadio por 30 días” y “Vigilancia adecuada”. Por Pedro Meza R.
7. El Tiempo (13 de octubre de 1981). “De Lima a Bucaramanga: Dos tragedias que empezaron igual” [pág. 4-C]. Por Víctor Rosas A.
8. El Tiempo (13 de octubre de 1981). “Comunicado de la Dimayor”.
9. El Tiempo (13 de octubre de 1981). “Otro muerto” [nota sobre Hernando Ortegón Ariza; foto de Vanguardia Liberal].
10. El Tiempo (13 de octubre de 1981). “Soldados bachilleres” [breve; foto de Hernando Medina].
11. El Tiempo (22 de octubre de 1981). “Jaime Castro replica: Mindefensa se salió por la tangente” [debate en el Senado al ministro de Defensa, general Luis Carlos Camacho Leyva, sobre la conducta de la fuerza pública el 11 de octubre].
12. La Opinión (octubre de 1981). “Tres aficionados fallecieron y 30 salieron heridos en juego de fútbol” [despacho de AP fechado en Bucaramanga el 11 de octubre; recorte compilado con fecha 22 de octubre de 1981].
13. La Opinión (22 de octubre de 1981). “Sancionadas dos emisoras de Bucaramanga”.
14. La Opinión (1981). “Fútbol, pasión y tragedia” [columna de opinión; alude a la tragedia del estadio Murillo Toro de Ibagué, del 18 de noviembre de 1981, por lo que sería posterior a esa fecha].

Piezas retrospectivas

1. Martínez, M. M. (11 de octubre de 2019). “El día en que la fiesta del gol tiñó de sangre a un estadio colombiano”. El Tiempo.
2. Escobar, P. D. (11 de diciembre de 2020). “Memorias de una trágica jornada del fútbol santandereano”. Plataforma UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga.
3. Figueroa Turcios, F. (16 de octubre de 2021). “Toto Rubio, Juan Carlos Delménico y Juan Miguel Tutino recuerdan la tarde apocalíptica en el partido Bucaramanga y Junior, hace 40 años”. La Cháchara.
4. Redacción BLU Radio Santander (11 de octubre de 2021). “Hace 40 años soldados dispararon en el estadio de Bucaramanga: cuatro muertos y 32 heridos”. Blu Radio.
5. W Radio (11 de octubre de 2021). “Tras 40 años de la masacre en el estadio Alfonso López jugarán los mismos equipos”.
6. Pulzo (30 de mayo de 2022). “Recuerdan episodio más violento en un estadio de fútbol colombiano”.
7. Zarruk Diazgranados, F. A. (9 de octubre de 2022). “Balas de salva” [columna de opinión]. Vanguardia. https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/felipe-zarruk/2022/10/09/balas-de-salva/
8. Acevedo Tarazona, Á., Méndez Villamizar, R., Pachón Soto, D., Álvarez Orozco, R., Mejía Jerez, A., Correa Lugos, A. y Betancourt Ortega, D. K. Estado de excepción, limpieza social y represión en Bucaramanga, 1978-1990. Ediciones UIS, Universidad Industrial de Santander [2024].
9. Marocco, A. (2024). La primera estrella del leopardo. Editorial Sin Fronteras. Capítulo “Domingo 11 de octubre de 1981: el día de la derrota y la sangre”; incluye entrevista a Patricia Janiot.
10. Pita Navarro, J. F. (11 de octubre de 2024). “La Masacre del Estadio Alfonso López. Un recuerdo doloroso en la historia del fútbol colombiano”. Canal TRO.