“Si me hubiera llamado un minutico antes hubiera oído los pipetazos que están sonando. Estamos acorralados, hermano. Estamos es confinados directamente”. La voz al otro lado del teléfono es de un hombre que, minutos antes, puso como condición para hablar que su identidad no fuera revelada por el riesgo en que se siente. 

El hombre contestó la llamada el pasado jueves 6 de julio en la tarde desde San Miguel, un corregimiento del municipio Medio San Juan, en Chocó, mientras alrededor continuaban los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, conocidas como Clan del Golfo) que comenzaron hace varias semanas.

¿Y por qué se están enfrentando? “La verdad eso sí queda como grande pa’ saberse, no veo motivo ni razón. Por el territorio, será”, responde el hombre. Su voz se corta por momentos porque la señal de celular es inestable, como en la mayoría de municipios de la zona, donde la penetración de internet no supera el 1 %. Se trata del San Juan, subregión del sur chocoano que comprende 11 municipios en las cuencas media y baja del río que lleva el mismo nombre.

El episodio más reciente de esta crisis comenzó el 2 de julio, cuando el ELN y las AGC se enfrentaron en el corregimiento Chambacú, de Sipí. En medio del fuego cruzado fue asesinado José Florencio Hurtado, un civil de 50 años. Uno de sus hijos, menor de edad, quedó herido y tuvo que ser trasladado al hospital del municipio de Istmina.

“El 4 de julio fuimos a ayudar a la gente de la comunidad de Chambacú y los del Clan del Golfo nos agarraron a plomo y no nos dejaron arrimar”, cuenta el hombre. Dice que tuvieron que tirarse al río para llegar a la comunidad y recoger a la gente que “salió sin nada”. 

Mientras unas comunidades como la de Chambacú se han desplazado, otras han quedado confinadas, como la de San Miguel o Lomas de Chupey. Desde ese corregimiento de Sipí, una mujer que también pidió no mencionar su nombre predijo: “Esto está pa’ largo”.

Cuenta que llegó hace varios años a la región desde otro departamento: “Yo me quedé aquí por la tranquilidad que había, pero ya veo que me da igual vivir aquí o en la ciudad”. Calcula que los desplazamientos, enfrentamientos y paros armados que están padeciendo las comunidades del San Juan vienen, por lo menos desde el 2007 y la crisis más reciente empezó con confinamientos desde mayo, pero que antes de iniciar julio tuvieron un fin de semana en el que pudieron circular. 

Desde su experiencia explica qué es el confinamiento, uno de los fenómenos más graves que han ocurrido después del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, pero también de los menos visibles y mediáticos. El confinamiento “es cuando a uno le dicen que no puede ir ni para allá ni para acá, sino que tiene que estar quieto en la misma comunidad. Nosotros no podemos salir para el municipio de Istmina, que es donde uno sale a buscar las cosas necesarias, no dejan salir ningún transporte”, cuenta la mujer. 

Según la Defensoría del Pueblo se trata de la restricción del ejercicio pleno de derechos y libertades individuales y colectivos a través de acciones de fuerza que afectan a comunidades negras, indígenas, campesinas e incluso urbanas.

En el caso de las comunidades del San Juan, dependientes de la actividad agrícola, el confinamiento les impide salir a las parcelas rurales en las que trabajan “porque uno no sabe a quién se puede hallar y lo pueden detener a uno”, dice la mujer. Coincide con el hombre de San Miguel, quien explica que también hay quienes se dedican para subsistir a actividades ilícitas.“Para nadie es un secreto que otra cosa que ayuda a la gente es lo que llaman ilícito y la minería, pero ya va pa’ dos años que lo ilícito no está funcionando acá, desde que empezó esta situación”, señala, refiriéndose a la guerra entre ELN y las AGC. 

Los municipios del San Juan hacen parte de la Zona PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) creadas en el Acuerdo de Paz para las regiones más golpeadas por el conflicto armado y con peores índices sociales. El PDET Chocó tiene una incidencia del 68 % en pobreza multidimensional, según un estudio de la Agencia para la Renovación del Territorio en 2019, además de 57 % de pobreza extrema y 27 % de pobreza moderada.  

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), actualmente existe una “delicada situación humanitaria” en el Chocó por cuenta de los enfrentamientos e incursiones de los grupos armados. Solo en la zona del Bajo Baudó, 4.100 personas de comunidades indígenas y afro están confinadas, incluidos 2.220 niños, niñas y adolescentes. Como los eventos son “recurrentes y prolongados” esto aumenta el impacto y las necesidades de ayuda humanitaria, señala.

Dos años de confinamientos

Mientras continúan los enfrentamientos, el hombre que habla desde San Miguel hace un breve resumen: “Nosotros aquí prácticamente vamos para dos años, en septiembre, que estamos pasando por esto. Afloja un mes o dos meses y otra vez vuelve el mismo problema”.

Jhon Edwin Mejía, integrante de la Red de Derechos Humanos del Pacífico, reseña que esta situación de orden público podría remontarse hasta el 2018. Según un informe de derechos humanos realizado por el Semillero de investigación en Perspectivas Críticas de Paz y publicado por la Red de Derechos Humanos, “la disputa del control territorial de las zonas dejadas por las FARC, más el fortalecimiento militar de la fuerza pública para atacar al ELN, puso al San Juan en el blanco de la violencia estatal”. Ese año se desplegó la operación ‘Alfa’ contra las unidades del Frente de Guerra Occidental del ELN, “pero quienes resultaron lesionadas y afectadas fueron las comunidades de esta cuenca”, según dice ese informe.

En ese contexto, se instaló una base militar en el corregimiento Noanamá, de Istmina, según Mejía sin ningún tipo de consulta con las comunidades negras o indígenas del territorio. “Las comunidades han restado legitimidad al Ejército colombiano y al mismo Estado por hacer presencia en el territorio tan sólo como expresión armada y no como institución garante de derechos básicos”, señala el citado informe.

La salida de las FARC significó, por un lado, la consolidación del Frente Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN en la región, pero también el creciente interés de las AGC desde el 2015 por ingresar a la región, con sospechas de parte de las comunidades de algún nivel de connivencia o tolerancia por parte de la fuerza pública. Estos dos factores se tradujeron en enfrentamientos, pero en 2017 los dos grupos llegaron a un pacto de no agresión dividiéndose la región: de Istmina hasta parte del Medio San Juan estarían las AGC, y desde ahí hasta Litoral de San Juan estaría controlado por el ELN. 

Según Mejía, este pacto se logró gracias a la acción de líderes sociales de la región, pero desde el 2021 el grupo narcoparamilitar comenzó a expandirse más allá de lo acordado y a incursionar en las comunidades, lo que rompió el pacto de no agresión y reavivó los enfrentamientos que se vienen intensificando en el último año. 

El hombre de San Miguel nos contó que, desde el 2021 “se metió el Clan del Golfo a la comunidad y nos tocó huir a Istmina”. Allí estuvieron casi dos meses, hasta que pudieron regresar. Pero en septiembre del 2022 los grupos armados se enfrentaron dentro del corregimiento y, de nuevo, causaron confinamientos y desplazamientos. En ese momento, el Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan) informó que las 72 comunidades y 15 mil personas que reúne estaban en alto riesgo.

A principios de la semana pasada, la mujer de Lomas de Chupey recibió en su celular un audio reenviado en el que un hombre hablaba a nombre del Frente de Guerra Occidental del ELN. Esa voz “denunciaba” la incursión paramilitar en Chambacú el 2 de julio. “Debido a estas acciones contra la población civil declaramos un paro armado indefinido desde las 00:00 horas del día 4 de julio de 2023 en toda la región del San Juan”, anunciaba aquel audio, y ordenaba cesar cualquier circulación en la región.

Chocó concentra el 80 % del confinamiento

El conflicto en el país persiste tras la dejación de armas de las FARC, pero los niveles de victimización se han ido reduciendo. La gran excepción es el confinamiento, que es el único hecho victimizante que viene incrementando, según cifras de la Unidad para las Víctimas.

En el periodo entre noviembre del 2016 hasta marzo de este año, se registró un incremento de 1.367 % en las víctimas de confinamiento, con unas 112.406 víctimas. Y según el último reporte del Registro Único de Víctimas, las personas afectadas por este hecho ya son 121.598.

Este registro de víctimas se queda corto frente a las cifras que presenta la Defensoría del Pueblo. En su más reciente informe sobre estos hechos, aseguró que solo en 2022 sufrieron confinamiento 62.380 personas, en 132 eventos. De estos, 65 (49 %) fueron en Chocó.

Y según informó Carlos Camargo, defensor del Pueblo, en la presentación de ese informe el pasado 23 de junio, en 2023 se han presentado 89 eventos de confinamiento que han afectado a 16.155 personas. Estas cifras no alcanzan a recoger lo que ha pasado en la subregión del San Juan en las últimas dos semanas, pero sí señalan que el 80 % de casos de confinamiento ocurridos este año han ocurrido en el Chocó. En cuanto al número de eventos de desplazamiento forzado masivo, con 12 episodios, Chocó y Valle del Cauca comparten el segundo lugar después de Nariño (20).

La Defensoría también señala en su informe que, pese a que la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno en 2021 que regule el procedimiento de respuesta nacional y territorial frente a las víctimas de confinamiento, por ahora solo hay un borrador de resolución por parte de la Unidad de Víctimas. Además, la Defensoría señala algunas barreras que existen para la atención de estas comunidades, como la imposibilidad de tomar testimonios durante la ocurrencia de los hechos. Consultamos a la Unidad de Víctimas y esta nos respondió, a través de su Dirección de Gestión Social y Humanitaria, que ese borrador ya está en proceso de firmas de los ministerios del Interior y Defensa, el Departamento para la Prosperidad Social y la misma Unidad de Víctimas. Además, aclararon que esa resolución es apenas un piloto que después tendrá que ser elevada a decreto.

Según Jhon Edwin Mejía, las comunidades del Pacífico chocoano manifiestan que no hay suficiente presencia institucional para atender y prevenir los impactos de esta crisis humanitaria. Y según el hombre de San Miguel, aunque las alcaldías de Medio San Juan y de Sipí han tratado de brindar ayudas, “no hay alcaldía que aguante esta avalancha”.

Dice que las personas desplazadas apenas han recibido un par de colchonetas y que los kits de ayuda no han logrado llegar por tierra. Solo en San Miguel, además de sus pobladores, permanecen los habitantes de otras tres comunidades, que se tuvieron que desplazar desde sus lugares de origen por los enfrentamientos y ahora están confinados.

“Esto va a quedar desolado”

Ante la misma situación de conflicto, la respuesta de las comunidades es distinta. Mientras unas se ven obligadas a desplazarse, otras se tienen que confinar. Según Mejía, los desplazamientos ocurren cuando las confrontaciones se convierten en incursiones a las comunidades, como sucedió en Chambacú con las AGC, o cuando hay señalamientos, persecuciones, asesinatos selectivos “y se impone toda una lógica de control” en la que, incluso, los paramilitares llegan a señalar a las comunidades de cercanía con el ELN.

Y el confinamiento, según él, es como una “alerta naranja” frente a un riesgo latente que genera zozobra, pero que no les obliga a desplazarse, sino a aquietarse. Y esto, agrega, puede darse tanto porque los actores armados les ordenen no moverse, como con el ELN y su paro armado, o porque aún sin una orden directa los pobladores perciben el riesgo que les rodea.

A través de espacios como la Red de Derechos Humanos y Acadesan, las comunidades han participado de espacios relacionados con la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN, pero de allí no ha salido nada concreto, cuenta Mejía. Y aunque el 3 de agosto comienza un cese al fuego con esa guerrilla, este no involucra a las AGC, por lo que no impactaría la dinámica de confrontación en la subregión del San Juan.

“Estamos a la voluntad de Dios”, asegura la mujer de Lomas de Chupey. Son casi las 5 de la tarde cuando responde a la llamada con la voz de quien ya busca descanso. Nos dijo que cerca de las 6:30, cuando oscurece, se va a dormir porque en la mayoría de la comunidad la electricidad es intermitente, pero también por los riesgos que perciben en las horas más oscuras: “Uno no sabe a qué horas llegan, a qué horas se puede meter alguien”. 

Ella, que no ha podido ver en semanas a sus hijos que estudian en Istmina y no pudo ir a la graduación de una de ellos a finales de mayo por el confinamiento, dice que muchos de quienes han salido desplazados no quieren regresar. “Con el tiempo, esto va a quedar desolado”, sentencia.