“Estamos intentando reparar un avión mientras seguimos volando en el avión”, dijo la exministra de Ambiente del gobierno colombiano, Susana Muhamad, para resumir el dilema que delegados de 57 países, académicos, organizaciones sociales y sindicatos intentaron resolver durante la última semana en Santa Marta: ¿cómo construir un mundo que abandone el petróleo antes de que este y otros combustibles fósiles acaben con la vida en el planeta tal como la conocemos?

La pregunta atravesó las conversaciones de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, convocada por Colombia, en Santa Marta, entre el 24 y el 29 de abril. Fue el primer evento de este tipo a nivel mundial que abordó directamente la transición a economías que no dependan del petróleo, el carbón y el gas.

Es una discusión que no se había dado de fondo en las Conferencias de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). Aunque es la máxima instancia de decisión global en términos ambientales, las normas de la COP establecen que las decisiones se toman por unanimidad. Por lo tanto, cualquier país tiene el poder de vetar las decisiones y declaraciones que vayan en contra de sus intereses. Y esa ha sido la estrategia de los países petroleros, como Arabia Saudí y China, para evitar ser obligados a abandonar las economías fósiles.

Para superar el bloqueo de las negociaciones en Brasil, Colombia planteó un escenario distinto, una “coalición de los dispuestos”, como la describió Stientje Van Vedhoven, ministra de Clima de Países Bajos, país coanfitrión de la cumbre en Santa Marta. Esta última conferencia reunió a países que ya tienen algunos avances en la transición hacia otras formas de energía, abiertos a conversar sobre cómo seguir esa ruta.

Un desafío de creatividad

La principal dificultad en Santa Marta fue imaginar cómo cambiar un mundo en el que el poder sigue concentrado en el control del petróleo, como ha quedado demostrado este año con los ataques de Estados Unidos, primero a Venezuela y luego a Irán. En ambos casos, las acciones militares estuvieron motivadas por los recursos petroleros de estos países.

“La industria de los combustibles fósiles nos ha quitado la imaginación: la posibilidad de siquiera imaginar un mundo sin petróleo”, apuntó en uno de los paneles del evento Tzeporah  Berman, ambientalista canadiense y presidenta de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (Fossil Fuel Treaty en inglés). 

Este tratado es la estrategia global para abandonar el petróleo, pero hasta el momento solo ha sido suscrito por 18 países, en su mayoría pequeñas islas del Pacífico muy afectadas por el cambio climático, como Vanuatu y Tuvalu. Colombia se convirtió  en el primer país con más de 45 millones de habitantes en sumarse al tratado y, hasta ahora, es el único de América que lo ha hecho.

La conferencia de Santa Marta no cambió este panorama, pero tuvo algunos logros parciales. “Ya es una victoria que estemos reunidos aquí”, le dijo a Mutante la exministra Muhamad, quien desde 2025 también es enviada especial del Fossil Fuel Treaty. 

El principal logro fue la creación de tres mesas de trabajo enfocadas en conseguir avances sólidos hacia la descarbonización. La primera estará dedicada a que cada país participante cree una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles. Colombia presentó oficialmente su propio plan en febrero de 2025, a cargo del Ministerio de Minas y Energía; durante la conferencia en Santa Marta dio a conocer un segundo plan, esta vez en cabeza del Ministerio de Ambiente. 

La segunda línea de trabajo tendrá el apoyo del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, y se enfocará en diseñar rutas financieras para que los países pequeños y medianos puedan pensar en opciones alternativas al petróleo. Una posibilidad que en la actualidad, y según resaltaron los expertos, no tienen las economías más vulnerables, dependientes de las rentas petroleras.

“Muchas economías, como las pequeñas islas, están invirtiendo en infraestructura fósil. No porque quieran, sino por necesidad. La transición les implicaría un riesgo económico que no pueden tomar”, explicó durante la conferencia en Santa Marta Jwala Rambarran, experto en financiación climática y miembro del Grupo de Trabajo sobre Clima y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional.

La exministra Muhamad coincide con esa lectura: “El sistema del petróleo y el gas fue impuesto por los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial para impulsar su propio desarrollo. En el fondo, esta es una discusión sobre cómo redistribuir el poder en el mundo”.

La tercera línea de trabajo acordada en Santa Marta es abrir un diálogo entre productores y consumidores de petróleo para identificar oportunidades de transición. Esta línea contará con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Este tercer logro cobra mayor importancia porque se apartó de la lectura de que el problema central del negocio fósil en el mundo es la demanda, en cambio, puso el foco sobre la oferta: cuestiona a los productores y los interpela a buscar otras alternativas. 

Estas victorias parciales, no obstante, tienen un asunto pendiente: la discusión sobre cómo dejar el petróleo, por sí misma, no garantiza justicia ni un cambio real para las personas más afectadas por el sistema actual. Puede ser, en el peor de los casos, solo un cambio en la fuente de las injusticias.

La justicia empieza por los trabajadores 

Las injusticias en el proceso de salida de los combustibles fósiles pueden encontrarse en el contexto colombiano. En 2021, la minera multinacional de carbón Prodeco renunció anticipadamente a sus títulos de explotación en Cesar. El resultado: en un día, alrededor de 7.000 trabajadores se quedaron sin trabajo y sin opciones laborales a futuro.

Para Ana Catalina Herrera, investigadora enfocada en la transición energética justa, el caso de Cesar es una alerta de lo que podría ocurrir con otras salidas de las industrias extractivas en Colombia y otros países en los que las multinacionales obtienen materias primas. 

Herrera encontró que el desempleo en el municipio de La Jagua pasó del 8 % en 2019, antes del cierre, a cerca del 25 % después de la salida de la mina. Además, Prodeco promovió procesos judiciales contra los sindicatos en un intento por despedirlos, sin tener en cuenta el fuero sindical que los protege, y aprovechó los vacíos en las leyes colombianas para acelerar un cierre sin tener que negociar con los trabajadores.

“La renuncia intempestiva a títulos mineros expuso los vacíos normativos, la débil capacidad y la ausencia de mecanismos de protección para las comunidades y los trabajadores”, concluye un documento elaborado por Herrera luego de varios años de investigación del caso de Cesar.

El riesgo mayor es para las zonas usadas como economías de enclave: es decir, territorios dedicados casi exclusivamente a la extracción y explotación de un recurso en concreto, como el carbón. La empresa de Carbones Cerrejón, que opera en La Guajira, ya anunció su salida de operación gradual para 2034, lo que le pone un tiempo límite a la creación de mecanismos de protección para los trabajadores que dependen económicamente de esa mina. 

Uno de ellos es Orlando Cuello, empleado de Cerrejón y secretario general de Sintracarbón, que reúne a empleados de varias industrias del sur de La Guajira y del Cesar. Para Cuello, la prioridad es construir un marco institucional sólido que obligue a las empresas a cumplir con garantías laborales durante los cierres, incluido el reconocimiento de tratamientos por enfermedades laborales. 

Un informe de 2024 del Ministerio de Trabajo encontró un total de 12.874 enfermedades deportadas por los trabajadores del sector minero, y advirtió indicios de que gran parte de estas no están siendo reconocidas como patologías laborales por las empresas mineras.

Otro punto importante es la creación de nuevas alternativas educativas para los trabajadores. William Llanos, habitante de Santa Marta, fue uno de los afectados por el cierre de Prodeco en 2021. Toda su formación estaba pensada para la industria del carbón: estudió una técnica en electrónica industrial con el objetivo de convertirse en maquinista de ferrocarril. Trabajaba como tripulante en los ferrocarriles al momento del cierre, y quedó sin un área laboral en la cual aplicar sus conocimientos.

Una de las alternativas que encontraron trabajadores como William Llanos fue la asociatividad. Establecieron cooperativas y asociaciones dedicadas a áreas que podrían ser relevantes económicamente en el futuro, como la industria de los paneles solares, las economías agroindustriales, entre otras. Algunas de estas asociaciones tienen planes piloto educativos con instituciones como la Universidad de Magdalena, con el objetivo de formar a los antiguos trabajadores del carbón en nuevas áreas productivas.

En suma, y de acuerdo con Ana Catalina Herrera, el caso del cierre de Prodeco dejó en evidencia “que la transición no puede reducirse a un discurso técnico o ambiental: debe ser una estrategia de justicia social y laboral”.

De la fiebre del petróleo a la fiebre del níquel y el cobre

El cambio a otras fuentes de generación de energía, como los paneles solares o los generadores eólicos, requiere de un sistema económico en el que también las materias primas están en el centro. En ese caso, en lugar de pozos petroleros o minas de carbón, hay una demanda de minas para extraer cobre, níquel, oro, plata y otros elementos claves para la industria renovable.

Durante la conferencia en Santa Marta se discutieron maneras para evitar que se repita la historia del carbón y el petróleo, y que los lugares de extracción de los minerales de la transición se vuelvan “nuevas zonas de sacrificio de un modelo pensado para los privados”, en palabras de Isabel Preciado, investigadora del Centro de Empresas y Derechos Humanos.

Colombia tiene algunas de las zonas con mayores reservas de cobre y níquel del mundo. Varias explotaciones ya están activas, como en Cerro Matoso, donde está ubicada la mina más grande de América del Sur, dedicada desde los años 80 a la extracción de ferroníquel y , desde 2015, propiedad de la empresa australiana South32. 

La multinacional busca reenfocar el negocio de Cerro Matoso hacia la extracción únicamente de níquel, un mineral requerido para la elaboración de las baterías de litio que usan los carros eléctricos. Para Juan Pablo Vera, profesor e investigador de la Universidad Javeriana, en el caso de los minerales estratégicos se están reproduciendo muchas de las injusticias asociadas al modelo extractivo.

“Se está reproduciendo una cooptación de la consulta previa por parte de las empresas, la fragmentación de las comunidades para negociar con los sectores que no oponen resistencia al proyecto. También se está reproduciendo la militarización de la minería, la mina asociada al batallón minero, y el involucramiento de grupos armados ilegales”, apunta Vera.

De fondo, agrega Preciado, hay mecanismos internacionales diseñados para favorecer a las empresas. Es el caso del arbitraje de diferencias empresa-estado (ISDS, por sus siglas en inglés), creado para resolver las diferencias entre compañías privadas y un “Estado anfitrión” en el que la empresa ejecuta su proyecto. 

En 2018, Colombia fue el país más demandado del mundo ante tribunales de arbitraje internacional por multinacionales amparadas por este mecanismo que, en la práctica, ha servido para “disciplinar” al Estado colombiano y limitar su capacitad de proteger a los trabajadores o a las comunidades en áreas de influencia de proyectos extractivos.

Zonas como el Cesar y La Guajira, que han sido centros de extracción de carbón, podrían pasar a ser canteras de cobre. El gobierno de Gustavo Petro ha lanzado subastas para buscar inversionistas que quieran explotar cobre en esta zona del país.

Para Susana Muhamad, el rol del gobierno como árbitro es necesario para una transición energética justa. “Si le dejamos esto al mercado, va a pasar lo mismo que con el carbón en La Guajira. Nos vamos a volver simplemente exportadores de cobre por 40 años, sin que eso signifique mejoras sociales para las comunidades y con todos los impactos ambientales que eso puede traer”. 

“¿A quién estamos tratando de salvar? ¿A las economías del sector renovable? ¿O estamos tratando de salvar al mundo?”, se preguntó durante la conferencia Maina Talia, ministro de Ambiente de Tuvalu, una pequeña isla en el Pacífico de menos de 26 kilómetros cuadrados y uno de los lugares más vulnerables a los efectos de la crisis climática, como el aumento del nivel del mar o tifones cada vez más extremos.

Tuvalu fue elegida como sede de la segunda conferencia para abandonar los combustibles fósiles, en 2027. La pregunta del ministro Talia anticipa el corazón de la discusión después de Santa Marta: la relación de los seres humanos con la energía está estrechamente ligada con los valores con los que entendemos el mundo. Sin una discusión ética, podemos ser testigos de un cambio en las fuentes de energía que deje las desigualdades intactas.