El fenómeno está fuera de control. Más allá del escándalo y la indignación generados por los casos de Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) vinculados a extranjeros en Medellín, esta alianza periodística encontró que la mayoría de los victimarios son nacionales. Además, casi todos son hombres con roles comunes y corrientes: padres, familiares; un político, un trabajador social, un profesor de voleibol, un policía y proxenetas. Casi toda la sociedad a gran y baja escala está involucrada. Un ejemplo es el caso de un exconcejal de Santuario, un municipio ubicado al oriente de Antioquia, detenido por el delito de demanda de explotación sexual comercial de una menor de 18 años. 

Para lograr este nivel de detalle, Cuestión Pública, con apoyo de La Liga, revisaron centenares de documentos de la Fiscalía, a los que tuvo acceso gracias al consorcio internacional Narcofiles. De esta manera, esta alianza construyó una base de datos única con 831 denuncias, que abarcan desde 2008 hasta mayo de 2022.

No es lo único. Para validar esta reconstrucción propia, esta alianza pudo contrastar sus datos recopilados con la base de datos oficial de la Fiscalía. Esta última contiene un universo de 2.813 casos en Antioquia durante los últimos 14 años. La información fue obtenida, en primera instancia, a partir de derechos de petición a la Fiscalía y, luego, concretada con la información hallada en Datos Abiertos, la página web que expone datos públicos de diversas entidades estatales. 

Lo más impactante y doloroso es que en este flagelo de los 2.813 casos se encuentran identificadas 4.921 víctimas que confiaron en la justicia al presentar sus denuncias ante fiscales. Al recabar la información también se hizo notorio que, en efecto, se abrían los casos, pero después de este paso inicial, no había quién llevara a los victimarios hasta los juzgados.

De esta manera, se pudo establecer un abismo llamado impunidad, que consumió de un bocado al 93 % de las denuncias que tiene la base de datos de la Fiscalía.

Solo el 7 % logró pasar esta barrera, y en 189 denuncias los casos llegaron a la etapa ejecución de penas. Así, esta investigación evidencia cómo el ente investigador y acusador no solo revictimiza, sino que también fracasa en su labor de protección y acusación, perpetuando un flagelo que sigue arraigado en una sociedad explotadora.

De acuerdo con las cifras del ente acusador, 1.631 procesos, es decir el 58 % están inactivos. De estos, 1.190 casos fueron archivados en las etapas de indagación e investigación. 

Se identificaron subregistros en la información reportada por el ente acusador en al menos 21 municipios de Antioquia, entre ellos: Don Matías, Ebéjico y La Estrella.

Hay 27 casos que no fueron incluidos dentro de los 2.813 casos de la entidad. 

Para esta investigación realizamos un trabajo de reportería en la capital de Antioquia, en la que trabajamos con la Mesa Contra la ESCNNA Medellín. Allí pudimos conocer varias historias y lograr entrevistas con cuatro de las víctimas. 

Las víctimas*

Camila es una menor de 16 años que conoció a Manuel Rivera**, un trabajador social que, según información judicial en poder de esta alianza, visitaba a su hermana Wendy como parte de una medida legal para restablecer sus derechos. 

En una oportunidad este hombre, según la declaración que está en poder de la Fiscalía, le pidió a la madre de Camila el número de su hija. Manuel comenzó a llamarla y a decirle “que era una negrita muy linda”.

Días después, la madre de Camila necesitaba dinero, y le pidió a la menor que llamara a Manuel para que le prestara 300 mil pesos. Lo que parecía ser un préstamo se transformó en una especie de transacción sexual en la que Camila terminó siendo el pago por el préstamo. Así, el trabajador social llevó a la menor de edad a un hotel en cuatro oportunidades, según el testimonio de la denunciante, que reposa en la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación se ha preguntado, ¿cuántos de los funcionarios que prestan un servicio de atención a la niñez podrían ser abusadores o depredadores sexuales? Por lo pronto, el caso de Camila figura entre sus bases como inactivo porque precluyó.

En cualquier caso, Camila al igual que muchas niñas, niños y adolescentes, hace parte de este 93 % de impunidad de la Fiscalía que tiene como epicentro el departamento de Antioquia. 

Los datos públicos del ente de control muestran que, después de Medellín, que concentra el 53 % de los casos, el municipio con más denuncias por explotación sexual de menores es Bello, que hace parte del área metropolitana del Valle del Aburrá.

Desafortunadamente, Camila no es la única joven que ha tenido como explotador a un hombre con un cargo de poder.

En agosto del 2021 Susan, una niña de 12 años, se encontraba en Facebook cuando recibió la solicitud de amistad de un contacto llamado Rodolfo Antonio Giraldo. Días después acordaron encontrarse, por lo que Liliam del Socorro Garcés recogió a la menor y la llevó hasta su casa. Según el escrito de acusación encontrado por esta alianza, Liliam del Socorro Garcés era la asistente del concejal y “encargada de hacer el primer contacto” con Susan. 

Una vez llegaron hasta el lugar, se habrían reunido con Rodolfo Antonio Giraldo, quien para ese entonces era concejal de Santuario por el partido Centro Democrático.

La denuncia cuenta que, una semana después del primer encuentro, Susan se reunió con el concejal para tener relaciones sexuales, por las que este hombre le pagaba 100 mil pesos, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Esta denuncia por explotación sexual expuso que dicha situación se repitió en dos oportunidades más. La alerta a las autoridades la dio la hermana mayor de Susan, cuando leyó las conversaciones de la menor con Rodolfo por Facebook, y el 10 de noviembre del 2021 fueron capturados, tanto el concejal como su asistente.

El proceso se encuentra activo en la Fiscalía a la espera de una sentencia por parte de un juez. No obstante, ya va a acumular tres años sin sentencia.

De acuerdo con los casos registrados en la base construida por Cuestión Pública y La Liga, dos de las redes sociales usadas por los presuntos victimarios para aproximarse a los menores fueron Facebook y WhatsApp.

Los registros de la Fiscalía revelan que 2021 y 2019 marcaron los picos más altos en casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Antioquia, con 339 y 287 respectivamente. Aun así, casi la mitad de estos procesos ya se encuentran inactivos. Solo uno de cada 26 tiene una condena.

En contraste, durante 2020, en el contexto de la pandemia por COVID-19, las denuncias disminuyeron a 231, una cifra similar a la de 2018. Sin embargo, el número de casos archivados llegó a 45 %, es decir, casi la mitad de las denuncias no llegaron ni siquiera a un juez. Se trata de la cifra más alta de casos archivados en los últimos siete años.

La mayoría de las víctimas de explotación sexual en Antioquia eran niñas, lo que representó el 77 % del total de las denuncias. Mientras el 18 % correspondió a niños. En los demás casos, la Fiscalía no estableció el género de la víctima.

El ente de control también pudo establecer el rango de edad al que pertenecía la mayoría de los presuntos victimarios. Un tercio eran adultos entre los 27 y los 59 años, y un 5 % eran adultos mayores de 60 años. Aun así, en uno de cada diez casos se reportó como indiciados a menores de edad.

Relato de ‘Una noche en Medellín’

Al descender del aeropuerto José María Córdova, se aprecia la imponente extensión de Medellín. El trayecto por la Avenida Las Palmas ofrece una vista que refleja la constante afluencia de turistas que llegan a la “ciudad de la eterna primavera”, como le dicen a la meca paisa. Según el Sistema de Inteligencia Turística, solo en 2023, Medellín recibió 340 mil extranjeros, de ellos 147 mil provenían de Estados Unidos. 

Aunque las noticias virales sobre Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en 2024 destacan casos donde extranjeros figuran como responsables, la exfiscal María Victoria Salazar afirmó que la mayoría de las denuncias señalan a victimarios colombianos. Según datos de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en lo que va del 2024, se han capturado 24 personas por delitos relacionados con este flagelo: 12 de ellos extranjeros y 12 nacionales.

Esta es apenas una de las formas en la que se registran los delitos ligados a la explotación sexual en Medellín.

Al caminar de noche por las calles que rodean el Parque Lleras, se puede ver cómo muchas mujeres, entre ellas menores de edad, se reúnen en esta zona a la espera de que algún hombre contrate sus servicios. La escena es tan natural como pasmosa. 

En efecto, es una realidad que salió a relucir cuando el investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Eduardo Ospina, afirmó que este es un delito que alimenta a varias economías de la ciudad, desde el entretenimiento hasta el transporte. Lo dijo durante el conversatorio “La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA): el ABC del Delito, sus Implicaciones y Casuística”, que se realizó el pasado 24 de septiembre en Medellín y al que Cuestión Pública asistió.

A partir de los 831 casos reconstruidos por esta alianza periodística, identificamos hechos de explotación sexual de menores que habrían ocurrido en el espacio público, en establecimientos de comercio y hoteles.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, todos los prestadores de servicios turísticos están obligados a denunciar los delitos de ESCNNA. En su página web, la entidad agrega que se debe denunciar incluso solo cuando se ofrezca o pregunte por este tipo de servicios de manera directa o indirecta.

Cerca al centro de la ciudad vive Juliana, una adolescente de 16 años que un día paseó a su mascota junto a su hermana menor, y un señor que se hizo llamar Andrés, se les acercó con la excusa de ayudarlas a entrenar al perro, y con este pretexto, le pidió el número a Juliana.

Tras hablar durante unos días con Andrés, este le pidió a la menor que le enviara imágenes de sus partes íntimas, y a cambio, le obsequiaría ropa y maquillaje. Este hombre resultó ser un policía del grupo de Infancia y Adolescencia de Medellín, a quien no identificamos para evitar poner en riesgo a la víctima. La denuncia de estos hechos, según figura en la Fiscalía, se realizó en abril del 2021.  

Este proceso en particular se encuentra aún activo a la espera de que haya justicia.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la ESCNNA, es una clara vulneración de derechos en la que se utiliza el cuerpo de las y los menores de edad con fines de lucro a cambio de una promesa de retribución.

Es decir, cada persona que ofrezca algún intercambio por la sexualización de una menor de edad estaría haciendo parte de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Además, Cuestión Pública y La Liga identificaron que los indiciados ofrecían a las víctimas desde 6.000 pesos hasta el pago de recargas a celular. En ocasiones también les daban regalos como ropa y maquillaje, se ofrecían a pagarle el arriendo, o le ofrecían dinero en efectivo a las madres.

Para María Victoria Salazar, exfiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) en Medellín, la barrera principal para llegar a una condena es el Código de Procedimiento Penal, porque este hace que la manera de obtener la información contra un sospechoso sea muy lenta, lo que en algunas ocasiones genera un reproceso.

Aunque decir “pornografía con menores” y “prostitución” podría ser visto como un error, cuando esta alianza periodística le preguntó a la Fiscalía, mediante derecho de petición, cuáles son los delitos que conforman la explotación sexual de menores, la entidad respondió con la siguiente lista:

• Constreñimiento a la prostitución
• Demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años
• Estímulo a la prostitución de menores
• Inducción a la prostitución
• Pornografía con menores
• Proxenetismo con menor de edad
• Trata de personas
• Turismo sexual
• Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años

De hecho, el término ‘pornografía de menores’ ha sido criticado por organizaciones como Te Protejo, por tratarse de niños y niñas. En 2017 se lanzó en Bogotá una campaña para cambiar el nombre de este delito a ‘material de abuso sexual infantil’.

No obstante, ambos términos siguen siendo términos tipificados como delitos por parte de la Fiscalía y tenidos en cuenta dentro del contexto de la ESCNNA a la hora de la imputación de cargos.

Crimen organizado detrás de las ESCNNA

Melissa es una menor víctima de explotación sexual a quien pudimos entrevistar a través de videollamada. 

Ella nos contó que cuando tenía 14 años su mamá se encontraba en el hospital debido a una cirugía de corazón, y al no tener sustento económico para pagar el arriendo, la joven comenzó a vender su cuerpo.

Una tarde salió junto a su amiga Leidy a un encuentro con un extranjero que las invitó a una rumba donde consumieron drogas. “Es normal”, nos cuenta. 

En un segundo encuentro fueron al apartamento del hombre, y después de consumir ‘tusi’ (una mezcla de diferentes narcóticos teñida de rosa), ella no se acordó de nada. “Nunca me había pasado”, dice, por lo que le preguntó a su amiga si a ella le había ocurrido lo mismo, pero no obtuvo ninguna respuesta. 

Al llegar a su casa Melissa siguió con la intriga de qué era lo que había pasado. Ella no volvió a ningún otro encuentro con este extranjero. Tiempo después se enteró que el explotador sexual fue capturado en flagrancia cuando estaba con su amiga Leidy, por lo que Melissa decidió dar su testimonio a la Fiscalía sobre lo que pasó en ese último encuentro. 

Después de dar su testimonio en el caso contra el extranjero, Melissa fue amenazada por dos hombres de uno de los combos delincuenciales que opera en su barrio. Por eso, con miedo, ella decidió mantener distancia del caso. “Yo no soy una persona de problemas”. 

Melissa es apenas una de las víctimas de un fenómeno que llena los archivos de la Fiscalía en Antioquia. Pero aquí no termina todo. 

Carolina es una mujer que tuvo que vivir de cerca este fenómeno desde uno de los municipios de Antioquia donde el Clan del Golfo hace presencia. Ella nos contó en entrevista, cómo durante las fiestas que realizaban los integrantes de esta organización criminal, contactaba a menores de edad para ser explotadas sexualmente. 

Cuestión Pública y La Liga hallaron, en los documentos de la Fiscalía, que entre los presuntos victimarios se encuentran miembros de la iglesia a la que asistían los menores, sus familiares como padres, madres biológicas, cuñados, padrastros, entre otros.

Así mismo, pudimos recabar varios casos que involucran al Clan del Golfo. El 13 de febrero del 2019, 10 integrantes de la subestructura Julio César Vargas fueron capturados por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años. 

Es que para entender el contexto detrás de la ESCNNA, especialmente en la ciudad de Medellín y Antioquia, la profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro de la Mesa contra la ESCNNA Jazmín Santa señaló en entrevista con este medio, que se deben conocer los factores que se evidencian a través de la hipersexualización de los niños, niñas y adolescentes, además de comprender la narco herencia que aún mancha esta región.

Medellín es una ciudad en la que, según el periodista Nelson Matta, “los grupos delincuenciales tienen una tendencia a meter las manos en todas las actividades económicas”. La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes no les es ajena. 

Esta alianza periodística consultó este tema con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, quien afirmó que la alcaldía de Federico Gutiérrez tiene conocimiento que hay bandas criminales detrás de la ESCNNA, sin embargo, al preguntarle por la identificación de estas bandas aseguró que es información reservada. 

Para la exfiscal Salazar, en algunas ocasiones la víctima no se siente víctima porque son personas muy vulnerables, y entonces piensan que les están haciendo un favor. Lo que lleva a normalizar este delito. 

Se intenta, pero no se concreta

En el Congreso se aprobó a mediados de noviembre, en cuarto debate, el proyecto de ley #SonNiñasNoEsposas, el cual busca prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

Según cifras expuestas en el informe de ponencia de este proyecto, Antioquia es uno de los departamentos donde más casos hay, con 364 matrimonios inscritos en la Registraduría Nacional desde 2019 a abril del 2023. 

Para Alexandra Vásquez, representante del Pacto Histórico, y una de las autoras de este proyecto junto a la representante Jennifer Pedraza, “hay niñas y adolescentes uniéndose de manera temprana en todo el país y las consecuencias son alarmantes, el embarazo infantil aumenta, no vuelven al colegio, son víctimas de violencia y enfrentan ciclos de pobreza”. 

Según le explicó a Cuestión Pública la representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, en algunos matrimonios con menores de edad, existe un intercambio material o monetario con los padres para poder realizar la unión. Esto sería una forma de Explotación Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes, camuflada en un matrimonio legal, según analizaron las congresistas autoras del proyecto de ley.

Por otra parte, en el Congreso también se encuentra un proyecto de ley que busca combatir la ESCNNA, y en el cual se dictan medidas para contrarrestar esas prácticas. Esta iniciativa está liderada por la representante del Partido Conservador, Ruth Caicedo. 

Este proyecto se ha presentado en otras dos oportunidades. Actualmente, se encuentra de nuevo en primer debate en la Cámara de Representantes. 

En el informe del proyecto 061 de 2023, el ICBF registró que entre 2012 y 2019, 1.954 niñas, niños y adolescentes ingresaron al proceso administrativo de restablecimiento de derechos por ser víctimas de ESCNNA en todo el territorio colombiano. 

En este proyecto también se pretende tipificar el grooming, que es el acoso sexual virtual a menores de edad utilizando herramientas tecnológicas con el fin de inducirlos a conductas sexuales como un delito, ya que actualmente no está clasificado como un delito independiente y es una modalidad recurrente en la ESCNNA. 

Como es el caso de Lorena y sus amigas. Lorena tiene 10 años, y vive en un barrio popular al occidente de Medellín. Ella estaba estudiando; en Facebook tenía un contacto con el nombre de Andrea Marín. Al ver que este usuario tenía a varias de sus amigas en común, no ve nada raro en comenzar a hablar con ella.

Luego de entrar en confianza, Andrea le dijo a Lorena que ella podría vender paquetes de sus fotos íntimas por una jugosa cantidad de dinero, la menor al escuchar la propuesta de Andrea decidió enviarle las imágenes.

Lorena solo le hablaba a sus amigas del barrio sobre Andrea Marín y el dinero que recibió por las fotos. Luego de ese primer envío, Marín le propuso a las menores de edad encontrarse con un hombre mayor, y les dijo que podían ir en grupo para que se sientan más seguras. Las menores aceptaron reunirse con él. 

Durante el encuentro, la amiga de Lorena entró sola a la habitación con el hombre; sin embargo, en el momento que este intentó quitarle la ropa, esta se asustó y decidió salir corriendo del lugar.

Una vez puesta la denuncia, durante la investigación judicial se descubrió que en realidad Andrea Marín, como aparecía en Facebook, nunca existió y que detrás de ese perfil estaba Luis Alfonso Maigual Rueda, el hombre que cuadraba encuentros con las menores. Al menos 10 de ellas habrían sido engañadas por este sujeto, a quien capturaron el 13 de septiembre del 2021 en flagrancia y en compañía de otras dos menores de edad, en un apartamento en el barrio Laureles de Medellín.

Hasta ahora ni en Medellín ni en Antioquia se han ejecutado acciones para evitar que historias como las de Lorena, Carolina, Camila, Melissa, Susan, Leidy y Juliana y otras 4.921 víctimas documentadas por la base de la Fiscalía.

Con el propósito de destacar la urgencia de garantizar justicia para las futuras generaciones, dado que para la generación expuesta en esta investigación reinó la impunidad, esta alianza intentó en múltiples ocasiones contactar a Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación, incluso a través de su equipo de prensa. Pero, al igual que muchas de las denunciantes de este informe, no obtuvimos respuesta de la Fiscalía. 

*Todas las víctimas de ESCNNA expuestas en esta investigación tienen sus nombres protegidos. ** Se cambió el nombre debido al fallecimiento del presunto victimario antes de una sentencia.

Metodología

Cuestión Pública, en alianza con La Liga Contra el Silencio, creó una base de datos única que identificó 831 casos de explotación sexual entre 2008 y 2022, en el departamento de Antioquia. Las denuncias fueron reconstruidas a partir de documentos oficiales de la Fiscalía, al que accedimos a través del consorcio Narcofiles, liderado por OCCRP y CLIP, y 40 variables que almacenan información de las víctimas, indiciados, detalles del hecho y estado judicial de los procesos. Los datos alojados pasaron por un proceso de verificación.

Si bien Cuestión Pública en su investigación Ningún turismo sexual, es explotación infantil remarcó los datos recabados por la Mesa contra la ESCNNA, es decir, tomamos los 3 014 procesos judiciales de Medellín, ahora el panorama presentado por la Fiscalía parece distinto, incluso, podría generar suspicacias de subregistro.

No obstante, esto no fue posible determinarlo porque al intentar hacer el contraste con la cifra de la Fiscalía, los rangos de fechas no coincidían. La Mesa contra la ESCNNA manejó un periodo que comprendió del 2010 al 2022, y los de la Fiscalía, que pudo conocer recientemente este medio, van de 2010 al 2024.

Otra razón que rodea la falta de contraste entre ambos datos es que la información de la Mesa salió del informe ‘Sobre la situación de la ESCNNA y recomendaciones para la administración distrital (febrero 2024)’. Y no tenemos acceso a la base de datos. 

Las cifras de impunidad presentadas en esta investigación se basan en los casos que para la fecha de publicación no llegaron a una sentencia, fueron archivados, precluidos y/o presentaron una terminación anticipada sin sentencia. Además, se tuvieron en cuenta los casos activos que se mantienen en indagación, investigación y juicio.

Para esta investigación realizamos un trabajo de reportería en la capital de Antioquia, en la que trabajamos con la Mesa Contra la ESCNNA Medellín. Allí pudimos conocer varias historias y lograr entrevistas con cuatro de las víctimas. Además de entrevistar a funcionarios y personas clave para el tema. 

Respuestas de contraparte:

Al cierre de esta investigación no recibimos respuesta del señor Rodolfo Antonio Giraldo y la señora Liliam del Socorro Garcés. Nos comunicamos con su abogada y nos dijo que iba a hacer lo posible para que sus clientes respondieran nuestro cuestionario. 

Para buscar la versión de Luis Alfonso Maigual Rueda, nos comunicamos con quien fue su abogado durante el proceso, este nos dijo que él no daba ningún tipo de información sobre sus casos.

Créditos 

Dirección editorial: Diana Salinas. Investigación y reportería: Tatiana Antolínez, Ketty Roqueme y Valeria Báez. Colaboración de editores: José Marulanda, Edier Buitrago y Andrea Rincón. Producción y coordinación editorial: Ilse Cárdenas. Fact check: Sergio Retavisca, Sara Cely, Ketty Roqueme y Valeria Báez. Diseño: Heidy González. Audiencias: Ían Schnaida, Laura Tovar y Natalia Gómez. Webmaster: Paola Téllez.

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