Entre la media noche y la madrugada del sábado 24 de febrero de 2024, durante más de una hora, las familias de al menos cinco comunidades del pueblo indígena wiwa, en la Sierra Nevada de Santa Marta, escucharon los disparos de un combate. Al día siguiente, cuando cesaron las balas, algunas personas de las veredas de El Limón, Contadero, La Laguna, Guamaca y Múcura empezaron a bajar tímidamente desde la Sierra para resguardarse en otros lugares y avisar a la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona (OWYBT), instancia de liderazgo colectivo de todas las autoridades wiwas. 

Ese mismo sábado y según un comunicado del consejo comunitario Palenques de Juan y Medio, del corregimiento de Juan y Medio, en zona rural de Riohacha y a unos 18 kilómetros de estas comunidades indígenas, hubo otro combate entre los mismos actores: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ASCN) y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército―antes Autodefensas― Gaitanista de Colombia). El enfrentamiento dejó a una comunidad entera encerrada durante dos días y el rumor sobre dos muertos. El mismo comunicado afirmaba que llamaron al secretario de Gobierno Departamental, Misael Velásquez, y al secretario distrital, Wilson Rojas, pero nadie fue a Juan y Medio, ni siquiera el Ejército. 

El domingo a las 5:30 de la tarde, la Comisión de Mujeres de la OWYBT, encabezada por Anairis y Edilma Loperena, decidió subir a la Sierra para acompañar a las familias que se desplazaron. En la carretera del sur de La Guajira pararon a comprar bollos de mazorca ―al menos 300― para llevarle a la gente. Al pasar por Juan y Medio vieron un letrero: “Se vende queso”. Pitaron. Pitaron más y nadie salía. 

Al rato, cuando Anairis se bajó del carro, por fin salió una mujer y les vendió el queso. El plan era subir más hacia la Sierra, atender a las mujeres embarazadas y a los niños y movilizarlos en varios carros que dispuso la OWYBT para llevarlos hasta Riohacha. Las líderes cuentan que durante el recorrido a pie, la población vio drones que los siguieron casi hasta Juan y Medio. Ese domingo solo estuvieron de pasada en ese corregimiento, donde algunos docentes y líderes de la población les ayudaron a organizar a las personas desplazadas. Ningún indígena durmió esa noche en Juan y Medio. Los últimos, a los que les tocó caminar, llegaron a Riohacha el lunes 26 de febrero.

Fue esa tarde en la que por fin aparecieron hombres del Batallón Cartagena del Ejército, cuando ya no había nada que ver, y se fueron en la madrugada del martes 27 de febrero. A las 5:00 de la mañana, cuando la gente abrió las puertas de las casas, encontraron una bolsa negra y un saco (costal) anaranjado con extremidades humanas en la calle principal del pueblo, al lado de la casa de Yoanis Mejía, una líder comunal. “Yo me levanto temprano a barrer el patio. Yo veía el saco y pensaba que era otra cosa. Esto no había pasado antes, la gente cogió miedo”, relata una mujer, que prefiere resguardar su identidad, y que después de este hecho se desplazó a Riohacha.

En medio del pánico, los siguientes días más personas se desplazaron hacia Riohacha y San Juan del Cesar. Llegaron también integrantes del pueblo kogui. Y, entre marzo y abril, más afros de Juan y Medio, sobre todo después del 26 de marzo, cuando fue asesinado el docente Roberto Carlos Mejía. Algunos medios de comunicación reportaron que cuatro hombres fuertemente armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda del profesor y le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. 

Esta alianza de medios, junto al personero de Riohacha, visitó Juan y Medio a principios de mayo. En ese momento había solo seis casas habitadas con no más de 15 personas en total, de los más de 850 habitantes que tiene el pueblo. En los tres meses que han pasado desde el recrudecimiento de los enfrentamientos y el desplazamiento masivo, tanto el pueblo wiwa como la comunidad afro se han pronunciado a través de comunicados dirigidos a las autoridades locales y nacionales, e incluso ante el relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. 

Pero la situación empeoró. De acuerdo con la Alcaldía de Riohacha, 1.611 personas han sido desplazadas. Esto tiene que ver con que los combates que originaron el desplazamiento fueron solo la manifestación más evidente de la guerra librada por dos grupos armados en buscan del control de la Sierra Nevada.

La disputa

Desde hace más de un año, en San Juan del Cesar y en Riohacha empezaron a circular panfletos con listas de nombres y un anuncio de “limpieza social”, es decir, de la práctica ya conocida de asesinatos selectivos. Y hubo varios. Pero fue a partir de octubre de 2023 cuando el conflicto se intensificó. Tanto así que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia que ya vaticinaba “enfrentamientos con interposición de la población civil”, además de masacres, reclutamiento, amenazas, tortura, entre otros, en Riohacha y Dibulla.

El conflicto, y el riesgo para los civiles, obedece a una disputa territorial entre dos grupos paramilitares: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las AGC. El primero está conformado por gente de la región y, según lo documentado por la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), su pretensión es controlar los tres departamentos donde está la Sierra Nevada: Cesar, Magdalena y La Guajira. El segundo, por el contrario, es el grupo criminal más grande del país, con presencia en 24 departamentos, y funciona como una empresa criminal que envía hombres a los territorios que quieren copar y “subcontrata” grupos locales. Ambos quieren controlar las rentas ilegales: extorsión, narcotráfico, turismo, entre otras, como ha documentado la organización Crisis Group.

Lerber Dimas, coordinador de la PDHAL, explica que en esta región hay una máxima: “el que domina la montaña, domina las zonas urbanas”. Dominar la Sierra significa  tener una posición de privilegio sobre los municipios aledaños que pertenecen al Cesar, el Magdalena y La Guajira. 

Y los actores se han encontrado. En La Guajira ocurrió un primer enfrentamiento en la cuenca del río Jerez (Dibulla), en octubre de 2023. “Nosotros tenemos registros de que en un primer combate hubo al menos 15 muertos de las AGC”, explica el defensor de derechos humanos. Como resultado, las ACSN avanzaron hacia La Guajira, cerca de los límites con el Cesar. Es ahí donde ocurrió el segundo, que terminó por desplazar a las familias wiwa. “Hubo unos 7 muertos de las AGC en el segundo combate”, agrega. Las AGC decidieron entonces consolidar su presencia en la parte baja de La Sierra. 

El control

Los líderes y lideresas del pueblo wiwa han recibido amenazas. Muchas no han sido denunciadas por temor, según precisa Jomary Ortegón, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que acompaña al pueblo wiwa ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El colectivo de abogados, además, denunció la ocupación de casas de algunos líderes por parte de los actores armados. 

Algo similar señaló la comunidad de Juan y Medio a través de un comunicado. “Miembros del Clan del Golfo (…) alquilaron una casa en la segunda calle del pueblo donde vivían normalmente en esa comunidad y en otras como El Carmen, Cascajalito, La Sierra, Todonovan, El Totumo; llegando con mucha frecuencia a las tiendas, a las galleras, a las cantinas, a los billares y comunidad en general del caserío de Juan y Medio”.

Desde la PDHAL, también se ha documentado otras formas de control en las poblaciones de la Sierra. “[…](las AGC) les han cogido los teléfonos, les han revisado los chats de WhatsApp para ver con quiénes hablan, si tienen interlocución con la Fuerza Pública o con algún miembro de las ACSN”, explicó Lerber Dimas.

Este año, el control pasó a ser violencia directa. Dimas sostiene que la PDHAL tiene registro de nueve casos de violencia sexual cometida por actores armados en contra de niñas indígenas de la Sierra Nevada en el Magdalena y La Guajira. Aunque la Comisión de Mujeres del pueblo wiwa afirma no conocer ningún caso, Edilma Loperena, consejera de Mujer de este pueblo, dice que el riesgo es altísimo. Lo que sí han registrado es el reclutamiento de menores de edad.

El pueblo wiwa, además, está sufriendo una violencia que es invisible para el resto, pero que rompe con sus tradiciones: se trata de la contaminación espiritual del territorio. Los muertos que han quedado de los combates, aunque no los ha encontrado la Fuerza Pública, sí los han visto las comunidades y los defensores de derechos humanos. Tanto Dimas como Edilma Loperena, sostienen que los grupos recogen sus muertos y los desaparecen. 

Si esos cuerpos que son ajenos a esa tierra y que murieron de forma violenta son sembrados ahí, se genera un desbalance espiritual, de acuerdo con los pueblos indígenas. A esto se suma que se han estado perdiendo las tumas de los pagamentos que han hecho los wiwa en sitios sagrados para, precisamente, mantenerse en armonía. También hubo un incendio reciente reportado en la comunidad de Corual (Dibulla) que consumió tres casas ceremoniales. 

“En el 2002, cuando salimos por primera vez desplazados, el ataque fue vital: a los líderes, a las niñas que estaban aprendiendo para ser sagas (líderes espirituales) y a los niños que estaban aprendiendo para ser mamos (líderes espirituales). Fue un ataque espiritual. En ese entonces había un objetivo y era hacer la represa del río Ranchería y tomarse el Cerro del Oso (donde hay una base militar)”, afirma Anairis Loperena, y se pregunta: ¿qué buscan ahora?

La inconsistencia de la paz total

El 31 de diciembre de 2022 el Gobierno Nacional expidió varios decretos de cese al fuego entre la Fuerza Pública y distintos grupos armados. Entre estos, con el Clan del Golfo y las ACSN. Solo 13 días después, la Fiscalía anunció que no suspendería las órdenes de captura contra los representantes de estas estructuras, pues no gozaban de un estatus político que les permitiera entrar en una negociación. El ofrecimiento fue someterse a la justicia, cosa que los grupos rechazaron.

A pesar de esto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) sostuvo conversaciones con ambos grupos, y en mayo del 2023 anunció que se iniciaría una mesa con las ACSN, pero durante varios meses no pasó nada. Aún así, el grupo armado, a través de “Camilo”, uno de los voceros, aseguró que estaban comprometidos con la paz y que no descartaban el sometimiento. Con el otro grupo, el Clan del Golfo, el cese al fuego se rompió en marzo, después del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Y, en julio, el Gobierno retiró las resoluciones de facilitación de paz.

Aún con esto, en la Sierra Nevada las esperanzas de paz se renovaron en septiembre de ese mismo año, cuando la OACP llegó al territorio a instalar algo que llamó la Misión Paz. En medio de pendones y carpas con logos gubernamentales, el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, anunció diálogos privados, pero sin marco jurídico.

En el evento, además, hubo conversaciones con organizaciones campesinas e indígenas sobre temas tan amplios como el cuidado del territorio y del agua. Esto generó altas expectativas en la población, que confió en que ese proceso llevaría la paz a la Sierra. Pero la verdad es que no pasó más. En marzo de este año, la OACP le dijo al Cajar, a través de una respuesta a un oficio, que “tales encuentros se encuentran congelados”, sin más explicaciones. Esta alianza de medios buscó un pronunciamiento de la OACP sobre el tema durante más de tres semanas, pero a la fecha de la publicación del artículo no obtuvo respuesta. 

Lerber Dimas constató el abandono del Estado en el territorio. “A finales de enero (2024) las Autodefensas Conquistadores de la Sierra citaron a una reunión y nos pidieron que acompañáramos como Plataforma de Defensores de Derechos Humanos. Dijeron que venía el Alto Comisionado para la Paz (Otty Patiño), la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, etcétera, y dijimos: ok, siempre que haya una voluntad”, cuenta. Dice, además, que para demostrarla, las ACSN decidieron recoger sus hombres en Santa Marta cinco días antes de la fecha del encuentro y, tras dos semanas con ocho homicidios, la ciudad estuvo más de una semana sin registros de alguno. A los cinco días, los defensores de derechos humanos subieron a la Sierra. Sin embargo, una vez allá, los representantes del grupo anunciaron que las instituciones no irían. El encuentro ocurrió sin el Estado, pero bajo las carpas con los logos del gobierno. 

¿Por qué? “Me dijo (uno de los comandantes de las ACSN): lo que pasa es que cuando vinieron los de Misión Paz y se acabó la reunión, todo el mundo se fue y dejaron todo botado, entonces nosotros lo recogimos y lo pusimos acá”, cuenta Dimas. 

La llegada de Otty Patiño como alto comisionado para la paz tampoco le dio aire a esta posibilidad de diálogo. Por el contrario, el 18 de abril del 2024 la Fuerza Pública capturó a César Gustavo Becerra Gómez, conocido como “Camilo”, el comandante de las ACSN que había insistido en dialogar con el gobierno. 

“Por ahora la opción que tienen en el gobierno es el uso de la fuerza”, explica Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. “Algunas comunidades salieron a protestar, no sabemos si es por la captura de él o porque esto finalmente le pone la lápida a un proceso de paz sobre el cual la comunidad tenía bastante expectativa”, agrega.

Según Tobo, las operaciones que la Fuerza Pública pueda emprender tendrían repercusiones en la población civil, pero “no tienen ese nivel de efectividad como para generar daños al grupo armado o generar seguridad para la población”. 

Un colegio lleno de polvo, un coliseo a reventar y el olvido en San Juan del Cesar

La Institución Educativa Juan y Medio lleva dos meses en silencio. A ese colegio volvió a mitad de mayo una mujer de 60 años, quien ha estado encargada de la limpieza en la institución. Encontró una escuela polvorienta y varios caminos de comején en los libros de la biblioteca.

“Estoy haciendo aseo para ver que pasa, echando ACPM para ahuyentar a los comejenes, estoy preocupada porque el colegio está solo, le tengo mucho amor a este sitio”, dice. Estuvo dos meses en Riohacha, donde viven algunos familiares, pero decidió volver a su pueblo, donde no se siente extraña, para preparar la escuela y esperar que también los niños y niñas regresen. 

Pero en Juan y Medio hay solo seis casas abiertas. Al frente de una, una matrona de 84 años se recuesta en un taburete. Volvió al pueblo porque en Riohacha estaba pasando hambre y no tenía cómo pagar un arriendo. Su yerna la acompañó en el regreso. “Uno tiene nervio aún, el Ejército llegó, pero solo lo vemos en horas de la madrugada, en el día son ausentes como ahora que ustedes llegaron”, cuenta. “Ya cuando llegaban las seis de la tarde me ponía: ‘ya viene la noche, viene la noche’, escuchaba una moto o un carro y ya estaba temblando”, recuerda. La ansiedad la mandaba a la cama y el miedo no la dejaba ir al monte ni al río. 

Ambas mujeres, aunque regresaron, reconocen que no hay condiciones para que todo el pueblo retorne. Lo reconoce también Yeison Deluque, personero de Riohacha, parado frente a una casa cerrada en Juan y Medio. “Las familias están dispersas huyendo del conflicto armado. Para el retorno se debe establecer un protocolo, pero el panorama es desolador. Todavía se siente el temor, persiste el miedo y se observa la preocupación en el rostro de quienes de manera voluntaria decidieron regresar”.

En Riohacha, por el contrario, hay dos lugares a los que no les cabe una persona más: el coliseo Eder Jhon Medina Toro y la Casa Indígena. Los dos lugares están alojando casi 200 familias hacinadas (un total de 500 personas), sin espacios privados y sin agua permanente, además de niños y niñas que intentan estudiar en medio del ruido que causan el resto de integrantes de sus familias.

Por otro lado, al casco urbano de San Juan del Cesar llegaron en marzo alrededor de 12 familias, 9 de ellas están instaladas en la sede antigua del colegio José Eduardo Guerra y otras 3 están en casas de familiares en uno de los barrios del municipio. Allí tuvieron que pasar un buen tiempo sin acceso al agua mientras la alcaldía local habilitaba el servicio. Según la lideresa indígena, las listas reales de personas desplazadas no están actualizadas, dado que el temor sigue avanzando en las comunidades, obligándolas a salir del territorio. 

En el colegio José Eduardo Guerra el espacio es amplio, pero a las familias no les suministraron hamacas y otras dotaciones para la vida diaria, en vez de ello, por ejemplo, llegaron algunas colchonetas deportivas muy delgadas. Los niños y niñas reciben clases en dos de los salones que fueron habilitados para ello, un maestro de la comunidad trata de que todos tengan acceso a este derecho, pero no hay materiales y con hambre es difícil estudiar. 

Según Anairis Loperena, todo lo que piden para el retorno es la garantía de que podrán habitar en sus comunidades en paz: “Durante la reunión del ministro de Defensa con nuestro Cabildo Gobernador, en Achintukua, se le pidió resolver para garantizar la vida y la tranquilidad del territorio. Después fuimos a Bogotá, estuvimos sentados con otros tres ministros, incluso con la directora de la Unidad de Víctimas y ella nos dijo que nos podía garantizar el retorno, pero el territorio no es seguro”. 

En una respuesta escrita a esta alianza de medios, el Ministerio de Defensa afirma que han trabajado con diferentes entidades “para avanzar en los requerimientos y solicitudes de esta comunidad”. Pero hacen una salvedad. “Hemos estado atentos para brindar toda la seguridad en el traslado de esta población, pero esto no depende exclusivamente de nosotros. Aunque podemos proporcionar condiciones de seguridad, el regreso de la comunidad no depende del Ministerio de Defensa”.

La Unidad para las Víctimas, también a través de una respuesta escrita, afirma que ha participado de más de seis Comités Territoriales de Justicia Tradicional para definir la medida de retorno de la población, pero esto no se puede hacer sin garantías. “Hasta tanto no se brinden las garantías de seguridad por parte de la fuerza pública persiste la vulnerabilidad (de la población en zona de conflicto)”, dice la entidad.

Un acuerdo humanitario

A la fecha de la publicación de este artículo, once familias (39 personas) que estaban desplazadas en Riohacha habían decidido retornar a su territorio en las comunidades de Contadero y Las Casitas, incluso sin garantías de seguridad ni acompañamiento institucional, porque no soportaban continuar viviendo en hacinamiento. Pero la situación de violencia en la Sierra Nevada continúa.

La Unidad para las Víctimas ha entregado ayudas humanitarias (alimentos no perecederos y kits de aseo) en dos ocasiones a la población desplazada en Riohacha, y en las primeras dos semanas de junio, la población desplazada en San Juan del Cesar recibió ayuda humanitaria a través de giros directos. Con esto han podido comprar alimentos para sostenerse en el territorio, pues de momento descartan el retorno. 

Mientras tanto, la violencia en la Sierra sigue afectando a la gente. En la comunidad de Palmor, de Ciénaga (Magdalena), la población campesina se desplazó en total soledad. El 6 de mayo, en Fundación (Magdalena), dejaron una cava de icopor que contenía un cuerpo desmembrado. Y el 27 de mayo dos personas fueron asesinadas en Juan y Medio. 

La escalada de violencia en la Sierra no se corresponde con el silencio gubernamental. La población insiste en la necesidad de dialogar para encontrar una solución pacífica al conflicto, pues la última vez que vivieron el desplazamiento (en 2002), la Sierra Nevada fue militarizada y el resultado fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles que hoy investiga la Jurisdicción Especial para la Paz.

Para Jomary Ortegón, abogada del Cajar, hay una posibilidad que escapa a la encrucijada de dialogar o someter a la justicia a estos grupos armados: hacer acuerdos humanitarios. “La normativa constitucional e internacional le da suficientes facultades al Gobierno para que pueda adelantar diálogos humanitarios, de manera que existan ciertas condiciones en las que la población pueda seguir viviendo en su territorio”, Y agrega: “Si el Gobierno es incapaz de hacerlo, las autoridades indígenas, de acuerdo con la Constitución, tienen soberanía sobre su territorio. Así que, si no es la voluntad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, debería facultar a las organizaciones indígenas para que lo hagan”.  

Wilson Rojas, secretario de Gobierno de Riohacha, aseguró que “el retorno es inminente”, y el pasado 15 de junio visitó el corregimiento de Tomarrazón, junto a la Policía, el Ejército y otros funcionarios, para “evaluar las condiciones mínimas vitales” para el retorno. Sin embargo, hoy ninguna autoridad puede garantizar que, incluso si la población vuelve a sus tierras, la violencia no la vuelva a desplazar. 

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