Hace seis meses conocí a doña Lorena, la mamá de Sergio Andrés Pastor González, un joven de 35 años detenido hace casi cuatro. “A mi hijo le hicieron un juicio moral antes que uno real”, me dijo la noche del 31 de octubre de 2024 en un salón de belleza, el negocio de su otra hija. Y así me empezó a contar la historia de su hijo, uno de los jóvenes que fueron capturados y judicializados por hechos asociados al estallido social del 2021 en Colombia. 

El jueves 22 de mayo se llevó a cabo en el Congreso la Audiencia Pública “Voces judicializadas en el marco de la protesta social”. En ella participaron congresistas como Alirio Uribe y Jahel Quiroga quienes aseguraron que les “hubiera gustado tener más avances” sobre este tema, pues ningún proyecto de ley de amnistía ha sido aprobado, y el decreto de voceros de paz fue tumbado por la Corte Constitucional. Además, se presentaron virtualmente varias personas privadas de la libertad desde distintas cárceles. Entre ellas Sergio Pastor. 

Su mamá es una mujer de baja estatura; tiene el cabello rubio, los ojos oscuros y una mirada fuerte que se impone cuando comienza a hablar sobre algo que la hace llorar. Crió a sus tres hijos en Ciudad Bolívar, una localidad ubicada al sur de Bogotá y reconocida por ser la número 19. Ese es también el apodo de su hijo: Diecinueve (19). 

A ella le cambió la vida el 28 de julio del 2021 cuando le notificaron que Sergio, quien hacía parte de la Primera Línea del punto de movilización en el Portal Resistencia (o Portal de las Américas) había sido capturado. A partir de esta fecha comenzaron las audiencias preliminares, durante las cuales la defensora de Sergio sostuvo que él se encontraba ejerciendo legítimamente su derecho constitucional a la protesta.

El 1 de noviembre de 2022, fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 175,5 meses de prisión (14 años y medio), por los delitos de tortura y concierto para delinquir. En la sentencia quedó consignado que la abogada afirmó que Sergio “padece de diversos problemas de salud física y mental, tales como una lesión en su pierna derecha a causa de un platino y un proyectil allí incrustados, así como depresión”. 

Según el censo realizado por distintas organizaciones sociales y de víctimas de Estado, con fecha de corte al 25 de febrero de 2025, se registraron 305 personas judicializadas por hechos asociados a las movilizaciones sociales, entre 2019 y 2021. De ellas, 118 personas fueron privadas de la libertad en algún momento y 48 aún lo están.

Sergio lleva casi cuatro años en la cárcel y durante este tiempo su salud ha desmejorado radicalmente. Ha tenido cuatro intervenciones quirúrgicas y varias complicaciones relacionadas con la falta de cuidados y salubridad que evidencian la crítica situación para quienes viven con una enfermedad u otro problema de salud en la cárcel. “Las condiciones de hacinamiento y la falta de atención médica han convertido enfermedades comunes en sentencias de muerte para las personas privadas de la libertad”, reconoció la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión en el informe presentado en abril de este año.

Diecinueve es un personaje que ha generado incomodidad también al interior del movimiento social. Hay algunos sectores que aseguran no reconocerlo como un líder o no recogerse en el marco de sus pronunciamientos y acciones debido a que tuvieron dinámicas de protesta que no se coordinaron con las suyas. Aún así, su caso es emblemático  de las fallas para el acceso al derecho a la salud en la cárcel y las organizaciones del estallido siguen exigiendo su liberación, así como la de “todos los presos por luchar”. 

El 25 de marzo viajé a la cárcel de Cómbita, ubicada en el departamento de Boyacá, en el municipio de Cómbita, a dos horas y media de Bogotá. En un patio cerrado, destinado para las visitas, me recibió Sergio: un joven delgado, de unos 1,90 metros de altura y tatuajes en varios lugares del rostro que caminaba con dificultad. 

Natalia Duque: Sergio, me gustaría escucharte a ti hablando de ti. Se habla del 19 que estuvo en el Portal Resistencia, del 19 que participó en las movilizaciones y que fue capturado. Pero antes de eso también existió Sergio. ¿Tú cómo describirías a ese Sergio de ese entonces? ¿A qué se dedicaba? 

Sergio Pastor (19): Yo era una persona, tal vez, del común y del ámbito del proletariado, como dicen, la clase obrera. Toda mi vida fui amante de la música rap. He cometido errores, estuve anteriormente preso también por malas decisiones, pero no por malas decisiones mías, sino por malas decisiones administrativas del gobierno. Entonces tuve que tomar también caminos oscuros donde escogí el “lazo del mal”, por decirlo así, e hice cosas no muy agradables. Tampoco tan malas, pero al igual lo malo es malo. 

Me considero una persona tranquila, sociable, alegre; una persona con sueños, con un futuro que siempre ha deseado. 

Toda mi vida he soñado con un cambio, no solo por mí, sino por mi futuro, por mis hijos, por mi familia, por mi hogar. Siempre he creído en la revolución, pero una revolución sana, con efecto, y por eso salí a las calles. 

Sergio llegó al Portal Resistencia el 14 de mayo de 2021, cuando la movilización llevaba 16 días. En Bogotá, así como en otros lugares del país, las protestas no se detenían en el día ni en la noche. Así, se conformaron varios puntos de resistencia o de concentración donde permanecían los manifestantes. 

“Ese día cogí mi escudo de madera y salí para allá”, recuerda. Para ese entonces Indepaz reportó 35 manifestantes asesinados en todo el país, tres de ellos en Bogotá. Además, se tenía conocimiento de 753 denuncias por abusos de poder, agresiones y violencia policial, y al menos 87 personas desaparecidas en el marco de las protestas, según cifras de la Defensoría del Pueblo. 

ND:¿Qué es lo que más recuerdas de ese momento?

19: Yo me organizo con un grupo a nivel nacional, de los cuales obviamente habían infiltraciones de la policía, pero uno es muy sano en eso, porque nuestra intención no era de terroristas, sino de un cambio popular. Un cambio basado en algo que realmente hiciera efecto en el país.

Una de las fotos que más se vio fue la foto de la tanqueta. Esa foto me la tomaron el 17 de mayo y fue la primera vez que me paré al frente de la primera línea del portal. Ahí se mete la tanqueta con el chorro y yo salgo al frente porque en realidad sabíamos que nos iban a matar. Y yo pongo mi escudo y diría la mano de dios en ese momento, porque usted sabe que ese chorro lo bota a uno. Y esa foto se hizo representativa a nivel mundial. Sé que ganó mucha plata, mientras que el que estuvo en la foto o el que la hizo posible, está preso, condenado como el máximo terrorista de la primera línea. 

ND: ¿Cuando tú estabas allá en medio de todo eso, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza que las cosas podrían terminar así? 

19: Sí, yo les dije a muchachos: seamos sinceros, a nosotros nos van a matar o nos van a encarcelar. Alguna de esas dos opciones tenemos.

La captura de Sergio y sus audiencias fueron presentadas por los medios de comunicación como un gran logro por parte de las autoridades. “Condenan a ‘Alias 19’, cabeza de la Primera Línea en Bogotá”, dicen los titulares. En principio, Sergio estuvo detenido en La Picota (Bogotá) y después fue trasladado a La Tramacúa (Valledupar), una cárcel de alta y mediana seguridad, reconocida por ser el destino de los presos que tienen un mayor rango de peligrosidad. Allí, según su mamá, su salud empezó a empeorar. 

El 4 de junio de 2022, Sergio se cayó mientras jugaba fútbol en la cárcel y, desde ese momento, empezó a tener dolor en la pierna derecha, la misma en la cual tenía unos platinos que correspondían a un accidente que tuvo nueve años antes, en libertad. 

Un mes después, el 9 de julio, tuvo otro accidente en el patio. 

ND: ¿Qué te pasó ese día?

19: Llevaba ocho meses en La Tramacúa y nos sacaban todos los viernes a la cancha, a hacer ejercicio. Un día yo estaba haciendo barras cuando se suelta la cancha (arco) de fútbol, me cae en el cuello y me rompo las vértebras C6 y C7. El cuello me quedó desprendido de la cabeza. Me trasladan a sanidad y nunca se me va a olvidar que el médico que estaba ese día me dice que eso no es nada, que ibuprofeno. 

Me dejaron tres días en un cuarto de sanidad sin poderme mover. No podía comer porque si tragaba me dolía. Hasta que entró el director de la cárcel y le dije “o usted me saca de acá o me tiro de la camilla así me mate”. Ahí sí me sacaron para un hospital, me hicieron rayos X y efectivamente estaba fracturado.  

El 11 de julio doña Lorena, su mamá, recibió una llamada de otro interno. “Su hijo haciendo barras tuvo un accidente y se lesionó bastante y está perdiendo la movilidad del cuerpo. Lo están llevando en ambulancia a Valledupar”. Allí fue trasladado a una clínica donde tuvo que esperar diez días para que le pusieran el platino, debido a la falta de insumos médicos y después de personal, según se lee en los reportes clínicos diarios emitidos por esa clínica. 

Es decir, Sergio ya tenía dos materiales extraños en su cuerpo: uno en la pierna derecha y otro en las vértebras. 

ND: ¿Por qué se demoraron en llevarte al hospital? 

19: No sé, tal vez negligencia, órdenes. 

La ley 65 de 1993 es la que regula el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) son las entidades encargadas de coordinar y garantizar el bienestar de las personas que están, tanto en medida intramural como domiciliaria. 

La red prestadora de servicios de salud está compuesta por unos prestadores intramurales y otros extramurales. Estos últimos se activan cuando al interior de las instalaciones no es posible prestar la atención que se requiere. En estos casos, el Inpec es el encargado de trasladar a los presos. 

Para Daniel Echeverry, coordinador del área de cárceles del Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), este sistema es deficiente, pues las contrataciones de médicos se hacen por muy poco tiempo. “Hemos encontrado incluso contratos de dos semanas, tres semanas y ese nivel de rotación del personal médico hace que no se le puedan hacer seguimiento a los casos y que la experiencia que logran tener los profesionales se pierda”. 

A esto se suma, según Echeverry, que es un modelo reactivo y no preventivo. En ese sentido, los casos que antes no eran tan graves, ante la falta de cuidados, empeoran con el tiempo. 

El 1 de noviembre de 2022, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá emitió la sentencia condenatoria de Diecinueve “Se determinó la existencia de una organización criminal conformada desde el 28 de abril hasta julio de 2021, en el marco de las protestas sociales”. Así inicia el documento que emite la sentencia. Según el juzgado, esta “organización criminal” era liderada por Sergio y otros tres jóvenes. 

En la misma sentencia que lo condenó a prisión durante catorce años y medio, el juzgado ordenó su traslado a la cárcel de Cómbita (Boyacá) e hizo un llamado para prestar atención a su situación de salud. “Pese a que se amparó por vía de tutela su derecho fundamental a la salud por parte del Juzgado 4 de Valledupar, no se ha acatado dicha orden; tanto el INPEC como el centro carcelario donde se encuentra recluido su prohijado no han garantizado la atención en salud requerida para tratar sus padecimientos”, dice el documento.

En Cómbita “empieza el resto”, asegura doña Lorena. Luego de enviar varios derechos de petición, el 6 de mayo de 2024 operaron a Sergio de la pierna en la que tenía dolor desde hace más de dos años. “Desafortunadamente tanto afuera como acá adentro para ganar algo así toca o demandar o entutelar o hacer otro tipo de gestiones menos legales”, cuenta él. 

Diez días después de la cirugía la herida de la operación se hinchó, cambió de color y, para el final de ese mes, los puntos empezaron a reventarse por la misma hinchazon. 

ND: ¿Cómo fueron los cuidados posoperatorios?

19: Es difícil porque no se tiene el mismo tema de salubridad. Por ejemplo, la pierna que me la operaron una vez, tuvieron que  volverla a sacar para hacerme otra cirugía. ¿Por qué? Porque acá se me infectó la cirugía anterior que me habían hecho.  

O sea, no es que la recuperación sea muy fácil acá en todos los sentidos de la palabra. Si escasamente contamos con bajos recursos en sanidad para hacer las terapias que me corresponden y falta aún más maquinaria para ello, pues imagínese para una recuperación de una cirugía.

La Comisión de Seguimiento a la vida en prisión también ha identificado otros problemas para el acceso a la salud. Una es la intermediación y la tercerización, la cual dificulta la relación entre los reclusos y las entidades encargadas del derecho a la salud. Otra es el uso de la acción de tutela como principal mecanismo para acceder a servicios médicos, tratamientos o medicamentos. Por ejemplo, la mamá de Sergio recuerda haber tenido que presentar al menos tres tutelas durante los casi cuatro años que su hijo lleva preso.

Según Echeverry, esto de entrada representa un acceso desigual a la salud por parte de las personas privadas de la libertad, pues quienes no tienen la posibilidad de presentar un recurso legal como este ya están en desventaja. También el Inpec suele restringir más los traslados en las cárceles que están más lejos de los hospitales, como es el caso de Palo Gordo (Santander), Palmira (Valle del Cauca) y Cómbita (Boyacá). 

ND: Después de lo de la pierna, ¿cómo siguió tu situación de salud?

19: Ahí comienzan los problemas de salud más graves. El dolor acá, el dolor en todo lado. A veces ni me daban ganas de levantarme. En diciembre de 2023 iba a intentar comer y se me devolvía la comida. Me dolía al comer y me dolía al respirar. 

Entonces yo empiezo a preguntar acá en sanidad y me dicen que puede ser una infección o amígdalas inflamadas o paperas. Lo que pasa es que el Inpec llega hasta cierto punto administrativo y de ahí para allá es la Uspec.

Más de una vez agotamos todos los recursos para que me prestaran atención. Y cuando ya pasan seis, siete meses de estar muy mal, un sábado del año pasado quedé templado en la cama de la celda de un parcero. No me podía mover, tenía el cuello totalmente paralizado, mis brazos y mis piernas estaban perdiendo movilidad.

Sergio afirma que en la enfermería le dijeron que lo único que podían hacer era esperar la campaña de rayos X, porque en la cárcel no contaban con esa máquina. “Realmente dentro de los establecimientos no existen las capacidades para atender situaciones con una mayor complejidad”, asegura Echeverry, del CSPP.

Las cárceles no cuentan con los equipos ni con el personal necesario para atender a 103.593 personas que se encuentran allí detenidas, según datos oficiales del Inpec. En 2024 había un médico contratado por cada 400 privados de la libertad, de acuerdo con los cálculos  de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fondo de Salud PPL, la entidad encargada de los recursos para la salud de esta población. 

El 14 de septiembre de 2024 doña Lorena envió una carta al director de Cómbita y a Gareth Sella, quien para ese entonces era viceministro de juventudes. “Ese día el teniente me llamó y me dijo que no tenía conocimiento de lo de mi hijo porque allá no reposaba ninguna historia clínica”, cuenta Lorena.

Sergio fue trasladado finalmente a un hospital en Tunja y pudieron realizarle una cirugía el 14 de octubre de 2024, cuando por fin tuvieron acceso a su historia clínica. Su diagnóstico, según el memorial presentado al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá (el mismo que emitió su sentencia), era de “disfagia, daño de médula, radiculopatia crónica, pérdida de movilidad del 70% por ciento en el brazo derecho y del 75% de movilidad en sus piernas y desplazamiento de materia en el área cervical”.

Con ella también Lorena se dio cuenta de que no se siguieron las recomendaciones que hicieron los médicos después de la cirugía de vértebras, quienes solicitaron  30 terapias de rehabilitación pero, según ella, solo recibió doce.

ND: ¿Qué sentiste apenas despertaste de la cirugía?

19: Miré mis piernas y tenía cero movilidad. Mi voz también quedó así, pero me dijeron que era producto de la tráquea y a la intervención que me hicieron. Me dijeron que podía recuperar mi voz en un mes, dos meses, pero han pasado siete y mira cómo quedó. 

El pronóstico no fue bueno. Al haber sido retirado tanto tiempo después, el material había cicatrizado contra la faringe. Según el comunicado de la Campaña Objetivo Libertad, quien ha hecho un acompañamiento a él y su familia, Sergio tenía un pronóstico de daño de médula espinal y paraplejia. 

ND: ¿Cómo fue para ti recibir ese diagnóstico?

19: Que le digan a uno que uno no va a caminar después de caminar toda la vida es duro. Yo recién operado me tiré de la camilla. Cómo creen que queda uno. Yo me quería morir, la verdad. Tuve pensamientos de suicidarme. Claro que los tuve. 

Pasé un mes en la clínica internado, me trajeron para acá y se gestionó la silla de ruedas por medio de mi madre y por personas que afuera que también me ayudaron a gestionar unos medicamentos que son bastante costosos, que desafortunadamente el Inpec no los cubre. Comienza mi martirio acá adentro.

ND: ¿A qué te refieres con eso último?

19: Pues tras de que uno está preso, ahora en silla de ruedas. No es nada fácil porque uno no depende de uno para irse a bañar, para alcanzar cosas. Todo es muy difícil acá. 

Entonces, entré como en un proceso de depresión bastante doloroso y duro, noches en las que no quería salir de mi celda, días en los que lloraba constantemente, pensaba quitarme la vida. Mil maneras pensé en hacerlo, pero mis hijos, mi madre, todo me detenía. 

“Si mi hijo está preso por tortura, cómo le llamamos a esto entonces?”, dice doña Lorena, recordando los dolores que ha padecido su hijo durante los cuatro años que lleva en la cárcel. El año pasado hicieron varias colectas de dinero, utensilios de aseo y ropa para el frío, pues ella está desempleada y no ha contado con los recursos suficientes para que Sergio tenga todo lo que necesita en la cárcel.

ND: ¿Qué papel han jugado otros privados de la libertad en tu detención aquí y en tu recuperación?

19: La gran mayoría de colombianos que no han estado acá en esta situación o que no tienen a sus familiares en esta situación, piensan que somos unos monstruos, que los que están acá son mejor dicho, lo peor. 

Pero acá hay gente buena, gente con corazón, que siente y ellos han tomado un papel importante porque ellos son los que me han ayudado a mi recuperación. Los que estuvieron insistiéndome cuando lo necesitaba. Cuando necesitaba pasarme de la silla de ruedas a una silla normal para echarme mis cocadas y bañarme, los que me alcanzaban mi comida, los que me alcanzaban la toalla, la pijama, hasta me lavaban la ropa. 

Entonces creo que la fraternidad y el lazo familiar que se hace acá adentro no sé cómo explicarlo porque no lo entenderían. Eso solo lo vive el que lo está pasando. Pienso que acá se hace más que amistad, es una familia interna, porque esta gente que está acá tiene mucho corazón, incluso tiene más corazón que la gente que está afuera.

Doña Lorena está convencida de que las cosas hubieran podido ser distintas si Sergio hubiera recibido atención médica a tiempo o si hubiera tenido mejores condiciones para cuidarse. “El servicio médico y de salud a veces termina siendo simplemente para sobrevivir a la cárcel, pero no para obtener salud dentro de la cárcel”, afirma Echeverry, quien también ha acompañado en varias ocasiones a la Comisión de Seguimiento de la Vida en Prisión. 

Luego de un derecho de petición enviado por doña Lorena, el Inpec remitió una historia clínica en marzo de este año. En ella se hace un recuento de las fechas y procedimientos que esa institución ha facilitado a Sergio en la Cárcel de Cómbita. Allí está la evidencia de que, a pesar de que ya había conocimiento de los dolores de Sergio, los procedimientos definitivos se demoraron en ser ejecutados.

Por ejemplo, desde el 4 de noviembre de 2023, seis meses antes de la cirugía de pierna, hay registros de las consultas que hizo por dolores en la pierna. Y desde septiembre de 2023, casi un año antes de la última cirugía, hay registros de las consultas que hizo por dolores en el pecho y la garganta, así como de un examen médico que reveló erosión en la vértebra C7. 

Mutante buscó una declaración del Inpec por primera vez en noviembre del año pasado pero no hubo respuesta. El lunes 17 de mayo de 2025 se volvió a contactar a la institución para el mismo, sin embargo, para el momento de publicación de esta entrevista, aún no había respuesta. 

Fidel Ignacio Espitia, director general de la Uspec, aseguró durante la Audiencia del jueves 22 de mayo que hay establecimientos de alta seguridad o difícil acceso, como la Cárcel de Cómbita, donde hay personal médico durante las 24 horas del día para consultas de medicina general, procedimientos menores de odontología y enfermería. “Hay un listado de procedimientos mínimos de forma intramural, si la capacidad del establecimiento lo permite”, dijo. Además, enlistó una serie de equipos que siempre deben estar disponibles: camilla fija, escalerilla, tensiómetro, martillo de reflejos, cinta métrica.  

“Desde la Upec estamos comprometidos en generar las respectivas soluciones”, aseguró Espitia después de escuchar a Sergio y a las otras personas privadas de la libertad que también denunciaron obstáculos para el acceso a la salud desde sus cárceles. 

ND: Mirando hacia atrás, ¿qué cosas crees que los funcionarios del Inpec o la Uspec pudieron haber hecho distintas con relación a la atención que te dieron?

19: Lo que pasa es que acá los privados de la libertad no tenemos muchos derechos, por decirlo así, porque dicen que no somos aptos para la sociedad. 

Así te estés muriendo acá adentro, si eres peligroso, afuera no van a hacer nada. Aunque hay medidas legales como una domiciliaria, por ejemplo, para personas que están en una condición como la mía. Acá hay un muchacho que es de mi patio, lleva cuatro años en silla de ruedas, y no le han resuelto nada. Imagínese a uno.

Ellos hubieran podido tomar cualquier otro tipo de medidas y no quisieron hacerlo, porque acá la vida de uno no vale nada para ellos. Simplemente somos un número. 

Aunque en octubre de 2024 los médicos pronosticaron que posiblemente no volvería a caminar, Sergio ha hecho ejercicios de terapia de manera autónoma. Actualmente sí puede moverse pero aún con dificultad. 

ND: ¿Cuál es el diagnóstico que tienes en este momento? 

19: Una lumbalgia a nivel bajo de la columna que requiere tratamiento, terapia, medicación por vario tiempo, cuidados paliativos bastante delicados. Ese es el diagnóstico. De la garganta hace un mes y medio que me dijeron que mi voz no la iba a recuperar. Quedar afónico hablando como si fuera un perro atorado es bastante complejo, además de que se me dificulta mucho porque me toca esforzar mucho la garganta, se me rasga mucho esta zona y es bastante doloroso.

ND: De todo lo que ha pasado. ¿Qué es lo que te ha generado un mayor duelo? 

19: Aparte de estar encerrado, creo que el mayor de los duelos fue la silla de ruedas. Estar encerrado y en silla de ruedas. Estar acá es una cosa de locos, no es eterno pero se te corta la vida. 

Su defensa pidió que se considerara la prisión domiciliaria, al ser la reclusión incompatible con la vida. Para eso deben valorarlo en medicina legal, una solicitud que hizo en octubre de 2024, pero que aún no se ha hecho efectiva. 

Actualmente 48 personas, incluido Sergio, están privadas de la libertad por hechos asociados a las movilizaciones entre 2019 y 2021. De estas, 36 están con medida intramural y las otras doce en prisión domiciliaria. Hace dos años Sergio solicitó la absolución de su condena, pero aún no ha llegado una respuesta. 

Tanto él como su mamá esperan que el gobierno de Gustavo Petro cumpla con la promesa que hizo en diciembre de 2022 de liberar a todos los jóvenes judicializados por el estallido social. Sin embargo, más de dos años después, ninguno de los jóvenes ha sido liberado o absuelto por acción del gobierno. “A mí no me ha venido a visitar nadie del gobierno”, aseguró Sergio el 22 de mayo de 2025 durante una Audiencia Pública del Congreso.

“Nosotros no necesitamos que nos pongan una casa o que nos mantengan. Pero sí exigimos que mi hijo al menos sea ya llevado a una casa por cárcel, por su condición”, asegura doña Lorena. “Ya cómo más me lo quieren entregar o qué más le van a hacer. A mí hijo lo capturaron caminando, yo exijo que me lo entreguen caminando”. 

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